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¿Es necesario un nuevo modelo de solución política al conflicto social-armado en Colombia?

Fuentes: Rebelión

Durante estos cinco años después de firmado el “Acuerdo de Paz” con el anterior Secretariado de las FARC-EP, que no tiene nada ni de “acuerdo” ni ha resuelto nada por “la paz” (estable y duradera como se pregonó en su momento), han surgido muchas reflexiones dentro de las FARC-EP que se suman a las ya expuestas, que fueron los motivantes para no ir al proceso de desmovilización de la más antigua organización guerrillera en el mundo.

Las FARC-EP no ha renunciado a la solución política: Ésta hace parte de nuestros principios, está plasmada en nuestros documentos constitutivos que siguen siendo nuestra ruta inquebrantable para la solución del conflicto social-armado que persiste en el país, nuestra organización escucha al pueblo colombiano quienes nos plantean el diálogo como primer paso, pero este paso no debe ser solo de voluntades, no se puede quedar en palabras, debe iniciar con un proceso de desmilitarización de la vida civil, donde cese la estigmatización, criminalización y asesinato a cualquier forma de oposición, donde el contradictor no sea considerado como enemigo.

Un acuerdo de paz con un Gobierno distinto: Uno de los primeros factores fue no reconocer palmariamente el carácter del gobierno con el que se pretendía negociar, un gobierno que, siendo títere de Estados Unidos, siendo representativo de la oligarquía más violenta de Latinoamérica, nunca iba a desobedecer ni las orientaciones gringas, ni estaría dispuesto a reversar las medidas que por muchos años afianzaron el modelo neoliberal en Colombia, ese fue el mayor de sus inamovibles. Se trataba en ese momento de contraponer programas y visiones distintas de país y solo una parte estuvo dispuesta a ceder, pues como vemos, transcurridos cinco años de “El Acuerdo de Paz”, todas las concesiones que hizo el establecimiento quedaron simplemente en el papel.

El primer elemento del nuevo modelo de solución política es entonces la negociación con un Gobierno distinto, que de verdad piense en la transformación de la sociedad colombiana, que entienda que hay diversos actores del conflicto que deber ser reconocidos con altura y escuchados de igual a igual, que crea que los acuerdos a los que lleguen las partes deban cumplirse. Un Gobierno que tenga la paz como ruta rectora para el desarrollo del país y no como mera consigna electoral.

Se necesita una contraparte que no imponga y un diálogo que no se apresure ante las presiones, ni mediáticas, ni internacionales, se necesita una comunidad internacional que presione sobre lo acordado y genere condiciones para su cumplimiento y que no mire como cómplice silencioso como desbarajustan lo que ellos respaldaron en su momento.

Implementación de un nuevo acuerdo con las armas del pueblo en las manos: No podrá contraponerse al acuerdo, la desmovilización, ni el desarme inmediato de las insurgencias como condición para avanzar; por el contrario, son las armas las que nos llevan a la mesa y será el cumplimiento de un porcentaje significativo del nuevo acuerdo pactado, lo que permitiría la dejación y posterior entrega de las armas. La confianza debe construirse a partir de los hechos, la historia nos demuestra que “la buena fe” o “la voluntad” siempre ha sido violentada y traicionada. Las armas en manos de las insurgencias y la movilización social siempre serán las formas de presión para que el Gobierno con quien se pacte un nuevo acuerdo, cumpla.

No se puede aislar a las insurgencias de su sujeto político, ni del movimiento social:

Aunque poco se haya analizado, el primer paso hacia la derrota y posterior incumplimiento que significó el “Acuerdo de Paz”, fue permitirse el traslado de las delegaciones de Gobierno e insurgencia hacia la Habana Cuba, esto definitivamente desencadenó un aislamiento que terminó condicionando tanto a las bases militantes, como al movimiento social y sus organizaciones que tenían visiones de país que requerían ser escuchadas sin el filtro que convertía la participación en foros o los viajes a Cuba en todo un privilegio. La Paz con Justicia social en Colombia no puede ser un privilegio, todas las voces que quieran apostarle a ese nuevo proceso deben ser escuchadas, hay que evaluar y replantear los mecanismos de participación a los que el pueblo colombiano ha accedido en su historia y, convertir la participación en una acción real y efectiva. Quienes participen reconocerán el nuevo acuerdo como propio y lo defenderán a ultranza, la débil participación refleja el surgimiento de un nuevo discurso movilizador que pone en segundo plano la consigna de “el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, reduciéndola al anhelo de un grupo nostálgico cada vez menos significativo en el país.

¿El “Acuerdo de Paz” de la Habana un punto de partida?: Quienes pretendan que la consigna “cumplimiento del Acuerdo de Paz” es el factor principal para llevarnos a una mesa de diálogo o desmovilización, se equivocan; el proceso para llegar al acuerdo firmado entre las partes en la Habana y el anunciado fracaso en el proceso de implementación, sirve como elemento de referencia, reflexión y análisis, que deberá ser estudiado y replanteado en temas como: dejación y/o entrega de armas, sustitución gradual o erradicación inmediata, la concentración de la tierra, garantías integrales para excombatientes que se acojan a los acuerdos, la discusión de la doctrina militar, entre otros elementos del acuerdo actual. Así mismo, discutir y acordar en favor de las comunidades y la naturaleza, temas como la minería, el cumplimiento a los acuerdos con las Organizaciones Sociales y el impulso a sus iniciativas históricas, la participación de la juventud, las mujeres, la experiencia de las y los adultos mayores e indiscutiblemente los problemas en las ciudades donde se refleja de muchas formas, el histórico conflicto social y armado. Una verdadera agenda para llegar a acuerdos que nos conduzcan hacia la Paz con Justicia Social debe ser nutrida y mandatada por el pueblo, jamás circunscribirse solo a las propuestas del Gobierno y nuestra Organización, debe ser un mandato social y popular. Esta es nuestra mayor diferencia con la Organización Segunda Marquetalia, nosotros no somos producto del incumplimiento a un acuerdo, nos separamos de este proceso antes de que se pactara.

Somos las FARC-EP que se mantuvo en armas en defensa de los intereses del pueblo colombiano, no somos disidencia, somos resistencia y también estamos dispuestos y dispuestas a ser parte de la alternativa.

Así las cosas, Colombia debe reflexionar sobre un modelo distinto de solución política al conflicto social-armado, un modelo que reconozca con altura a los actores del conflicto, los actores sociales y los actores armados, un modelo sobre la base de la discusión y no la imposición, las trampas y negocios bajo cuerda desde las partes, un acuerdo que recoja todas las voces. Un acuerdo que permita trazar la ruta para la construcción de la Nueva Colombia, a eso estamos abiertos, la paz por la que empuñamos las armas siempre será nuestro anhelo.

Camilo Arenas – Guerrillero Columna Móvil Jaime Martínez.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.