Reflexiones sobre el PND 2022-2026
El gran problema al que nos enfrentamos hace décadas es cómo enfrentar, o superar, las tremendas “heridas” de nuestra sociedad. Y pareciese que hacia allí se direcciona el Plan de gobierno, al proponer que el país deje su liderato en violencia y se torne ejemplo en la defensa de la vida de la humanidad y la naturaleza. Se trata por tanto de convertir una necesidad sentida y real, en una especie de imperativo universal por medio del cual se armonizarían la actual sociedad con la naturaleza.
De aceptarse tal imperativo, lo esperable debería ser que todos los sectores sociales se dispusiesen a aportar sus recursos y esfuerzos en la consecución de tal fin superior. Y esto implicaría la existencia de voluntades que se auto-imponen actuar por la vía de la colaboración y la conciliación, de modo que los intereses particulares ceden espacio al cuidado de la vida, lo que sería necesario para que las injusticias y sus violencias dejen de operar como fuerza ordenadora de la sociedad, de aquí que el Plan mencione la construcción de un nuevo consenso o contrato social. Pero, ¿puede un Plan de Gobierno, formulado a cuatro años, al menos encaminar nuestra fracturada sociedad en esa dirección?
Con el fin de escudriñar respuestas a ese interrogante, aquí empezamos por describir brevemente los conceptos, criterios y pilares descritos en el Plan, luego se destacan aquellos aspectos novedosos y que representan avances con respecto a las políticas antecedentes, y finalmente se plantean una serie de inquietudes y restricciones que levantan dudas sobre los alcances del Plan. Por eso, eso se identifica la necesidad estratégica de que el movimiento social y popular continúe fortaleciéndose a fin de consolidar una verdadera salida popular a la crisis del país.
1. Los criterios y contenidos del Plan[i]
El Plan asume la vida como una especie de concepto universal del que emanan criterios éticos opuestos a la injustica y la violencia. Por así decirlo, funciona como guía de las transformaciones temporales que se soportan en tres dimensiones: i) ordenamiento territorial alrededor del agua, ii) transformación de las estructuras productivas hacia una economía verde y, iii) sostenibilidad social con equidad e inclusión. Entonces, partiendo de la prioridad del territorio y su espacialidad social, se tiene que el Estado puede entrar a reordenarlo, posibilitando a su vez una transformación productiva y social, debido a que su acción se entiende como complementaria al capital privado, y esto permitiría avanzar en la internacionalización de la economía, pero fortaleciendo la producción interna con actividades de alto valor agregado. En resumen, busca armonizar las relaciones entre capital, Estado y territorio (social) a fin de posibilitar la transición a la sociedad de la vida.
La búsqueda de esa armonización social contó con más de cincuenta diálogos regionales vinculantes que permitieron realizar aportes a las cinco transformaciones propuestas, sus catalizadores y sus más de treinta líneas programáticas, sintetizadas en el cuadro No 1. Éstas serían consistentes con una programación macroeconómica resumida en: una tasa de inversión del 24,6% del PIB, que da lugar a un crecimiento entre 3%-4%, de la productividad entre 0,6% y 1%, desempleo del 8%; en donde la inversión pública salta al 6% o 7% del PIB (entre 1995 y 2019 presentó un promedio cercano al 2%), y se dirige a infraestructura, transición energética, vivienda social, red terciaria, conectividad entre regiones, y ciencia y tecnología. Proyecciones que se espera tengan implicaciones en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, víctimas del conflicto, niñas y niños, grupos étnicos, jóvenes y personas con discapacidades, en un marco de paz total.
2. Lo destacable del Plan
El Plan resalta el criterio de responsabilidad ambientalista que convoca a asumir algunos de los grandes retos que enfrentamos como parte de la humanidad frente a la debacle ambiental causada por la destructiva lógica del capital. Así mismo, al valerse del concepto de territorio permite visibilizar el espacio social y sus organizaciones, rompiendo con la unilateral visión del desarrollo centrada en los poderes del gran capital. En particular, asume una mirada heterogénea de la estructura social y productiva que llama a reducir las brechas de desigualdad existentes entre campo-ciudad, regiones, al interior de las regiones, así como entre sectores.
Esto a su vez, permite realzar a algunos sectores normalmente excluidos como los campesinos, las mujeres, los mineros artesanales, o las Pymes. Por eso, las organizaciones sociales y comunitarias cobran la potencialidad de jugar un papel en las actividades del cambio y desarrollo social mediante las Asociaciones Público-Populares en ofertas de alimentos, renovación de viviendas, o construcción de vías terciarias. Es decir, una parte del Plan se orienta hacia una parte de las masas –votantes- del campo y la ciudad que han sido excluidas de medios de producción, conocimiento, ingresos y condiciones de vida, prometiéndoles su acceso gradual, en tanto que ciudadanos con derechos.
A su vez, es relevante que considera la necesidad de modificar la perspectiva desarrollista que ha prevalecido desde inicios de los años setenta, mediante la cual se colocaron los bueyes detrás de la carreta[ii]. Para comprender el cambio propuesto, es necesario tener en cuenta que bajo condiciones capitalistas “normales” de crecimiento, el papel de dinamizador lo cumple algún sector de la industria manufacturera, que es seguido por las industrias de servicios y comercio, cambios a los que se adaptan las áreas de construcción y de extracción de materias primas básicas. En forma contraria, desde esa época la política estatal ha colocado énfasis en la construcción y la extracción primaria como las fuentes desde las cuales se ha pretendido recuperar el fuelle que perdió el lánguido capitalismo colombiano.
En consonancia, las políticas estatales modificaron el sector bancario y financiero, para que mediante su privatización apalancará las constructoras privadas. Estos cambios ayudan a explicar la polarización del capital hoy existente, materializada en grandes grupos económicos de un lado, y alta informalidad del trabajo, del otro, así como el recurrente fracaso en salir de la crisis. Ejemplo de lo anterior es el largo ciclo de recuperación del beneficio entre 2002-2019, que al sustentarse en la construcción y extracción primaria no permitió un adecuado desarrollo de las fuerzas productivas. Al contrario, dichos sectores al encadenarse directamente con la actividad especulativa de la banca y las finanzas sólo permitieron la captura de rentas que brotan del uso de la tierra y del espacio construido. Por esa razón, es que no ha sido posible superar los determinantes de la larga crisis capitalista, y al contrario con el tiempo únicamente se han ampliado sus nefastas consecuencias sobre el empleo, la productividad y el medio ambiente, entre muchas por citar.
Por eso, la formulación del Plan en forma perspicaz convierte esa larga crisis en una oportunidad, y llama a transitar hacia una economía donde el conocimiento, las condiciones ambientales y de cuidado cumplan ese papel dinamizador del progreso. Por lo pronto, en forma genérica se destaca la necesidad de transición energética hacia fuentes no convencionales como hidrógeno, eólica o biogás, o actividades de la bioeconomía, movilidad sostenible, medicamentos, agroindustria, tecnologías de la información, o formula criterios genéricos tales como diversificar exportaciones, crear ciudades verdes y circulares, o logar encadenamientos y conglomerados productivos desde las regiones.
Sin embargo, aún no se precisa qué sectores específicos y bajo cuáles estrategias podrán cumplir el papel de locomotoras del recambio. Al respecto, queda la urgente necesidad de identificar productos alternativos que permitan sustituir las exportaciones primarias (petróleo, carbón) a fin de que la transición permita sostenibilidad al sector externo, y para que no se sigan desperdiciando oportunidades, como ya ha sucedido con el aprovechamiento industrial del cannabis, área acaparada por la industria canadiense. En tal sentido, el reto es mayúsculo si se toma en cuenta que los recursos públicos son totalmente reducidos frente a las demandas y retos que el Plan, por ahora, considera.
3. La situación política que condiciona la formulación del Plan
El documento del Plan es elocuente en describir las restrictivas condiciones que enfrenta el país y que son objeto de su transformación, sin embargo, resulta pertinente considerar, de pasada, el panorama político en que se inscribe, denotado por la amenaza de una recesión mundial que legitima el uso de políticas contracíclicas, las que fueron mal vistas hasta hace poco, mientras al interior del país el gobierno está compelido a sostener diversos consensos a falta de una base social estructurada en comparación con la maleable población votante.
Es de dominio público que la guerra en Ucrania moldea la geopolítica y cómo ella es producto de una sagaz y peligrosa estrategia de los EEUU, con la que el capital norteamericano ha recuperado parte de la hegemonía perdida en la última década. Esto, porque ha podido profundizar su política de cerco y ataque sobre Rusia, medio por el cual también aísla y afecta el crecimiento potencial de Rusia y China. Además le ha servido para subyugar a Europa a su agenda, e imponerle una dura recesión mediante la cual está impidiendo que fortalezca sus lazos comerciales con China. A lo anterior se suma que las empresas norteamericanas de energía, alimentos, agroinsumos y armamento están obteniendo enormes ganancias debido al incremento especulativo de precios. Más importante, es que los capitalistas de EEUU demuestran que pueden hacer la guerra desde las trincheras de la industria de la comunicación, y con ella movilizar y utilizar a terceros países como combatientes, revelándose todo como un mecanismo fundamental para apalancar la acumulación de capital en medio de la crisis y así sostener el poder por medio de una estrategia que resulta mucho más rentable que mandar marines y aviones propios.
En ese escenario se mantiene la tendencia hacia una nueva recesión de la economía mundial, siendo Europa y China las áreas más afectadas, mientras el gobierno de los EEUU ha podido, por lo pronto, suavizar sus efectos. Esta situación ha sido aprovechada mediante el incremento sucesivo de la tasa de interés, permitiéndose trasladar los costos de su crisis e inflación al resto del mundo, al fortalecer artificialmente el precio del dólar y con ello atraer capital para su relanzamiento. En consecuencia, áreas como América Latina son víctimas de esas políticas al ver reducidos sus flujos de inversión, cambio que deprecia sus monedas y en forma defensiva repiten la errada política de aplicar alzas sistemáticas de las tasas internas de interés, medidas con las que alientan procesos inflacionarios internos y desencajan las condiciones de estabilidad que exige el capital para mantener sus negocios o sus inversiones.
Es en este contexto que cobran relevancia las llamadas políticas contracíclicas que pueden aplicar los gobiernos. Con ellas, se designan incrementos del gasto e inversión estatal que permiten sostener los niveles de la demanda agregada a fin de amortiguar los efectos recesivos sobre el producto total, el empleo y los ingresos. En estas políticas es importante que, una parte de los recursos estatales se utilicen como incentivos auxiliares a la inversión privada con el fin de sostener sus niveles.
Lo interesante, es que ese tipo de políticas estaba mal visto en las dos décadas pasadas, de amplio domino neoliberal, situación que empezó a modificarse desde las crisis mundial de 2008. Así, desde el gobierno de Obama se vienen aplicando políticas dirigidas a suavizar los impactos de las recurrentes crisis, tendencia fortalecida en el gobierno de Trump y radicalizada por el de Biden, quien propuso un plan de amplísimo gasto público, del orden de seis billones de dólares, destinado a rehacer la maltrecha estructura productiva norteamericana. Tal giro hacia al neoinstitucionalismo ha legitimado las políticas que ya venían aplicando los gobiernos liberales de izquierda en América Latina, por tanto, las propuestas macroeconómicas del gobierno Petro encajan bien en ese contexto, de allí el apoyo del gobierno norteamericano a su gestión.
En síntesis, la amenaza de la recesión mundial permite legitimar un Plan de gobierno que se autodefine como contracíclico. Sin embargo, éste también debe pasar por los filtros políticos que definen las cargas de fuerzas al interior del país. Aquí, por brevedad, se puede recordar que el Gobierno Nacional es producto de la crisis de legitimidad del régimen de ultraderecha, quebrado por las protestas populares de 2019 y 2021, y de muy diversas alianzas partidistas[iii]. Esto hace que el Pacto Histórico cuente fundamentalmente con una población votante que puede ser maleable, de allí que enfrente retos por “derecha e izquierda”.
Inicialmente, el gobierno se enfrenta a una doble táctica desde los partidos que representan al capital. Por un lado, la derecha se ha incrustado a su interior y esto le permite una gobernabilidad tutorada, manifiesta en que continuamente debe recortar sus propósitos, tal como ya sucedió con la reforma agraria, o la tributaria que, descendió de setenta a sólo veinte billones, sombra que pesa sobre los objetivos en transición energética, pensiones y salud. A su vez, la ultraderecha teje su cerco sobre el gobierno usando la industria de la comunicación, los centros de producción ideológica, como Fedesarrollo, y la fuerza del capital especulativo que opera sobre la tasa de cambio, instrumentos que generan desinformación y descontento que es movilizado en las calles como protestas de masas.
Además, el gobierno se esfuerza por construir una relación más orgánica con los movimientos sociales y populares, porque ante una situación de crisis son quienes podrían prestarle fuerzas para sostener su gobernabilidad, dirección en la que juegan las más de cincuenta mesas regionales, o el desarrollo de la Convención Nacional Campesina, mediante las cuales ha buscado legitimar su iniciativa de Plan de gobierno.
Tal situación lleva a que las masas populares deban moverse en dos aguas que van a contracorriente. Una asociada a la necesidad de participar en los espacios institucionales abiertos a fin de promover soluciones a sus problemáticas, dinámica que puede ser usada hacia su apaciguamiento y cooptación con el fin de que funcionen como mero soporte del gobierno; sin embargo, también necesitan sostener sus protestas contra el capital y la institucionalidad que le es funcional, forma de proceder que ha removido la sociedad colombiana y la está impulsado a superar sus lastres históricos. Por tanto, la vinculación estratégica entre el gobierno y el movimiento social y popular dependerá de qué tanto madure, de un lado y de otro, la necesidad programática y organizativa destinada a consolidar una verdadera salida popular a la actual crisis.
En resumen, el Gobierno Nacional se mueve en medio de un equilibrio inestable porque los voceros del capital le imponen una doble estrategia de entronización y cerco, y del otro los sectores populares despliegan una estrategia dual de apoyo condicional y protestas, de allí que tenga la necesidad de una negociación continua sobre los medios y propósitos, hacia un lado y otro, condición que puede causar insatisfacciones que a la postre terminen por jugar en su contra, contexto dónde el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una carta clave, porque a través suyo se delinea, en buena medida, el mapa general sobre el cual se sucederá la disputa política en los próximos tres años.
4. Limites y críticas al Plan de Desarrollo
La postura dirigida a concertar o armonizar las contradicciones sociales de la sociedad capitalista no es nueva en la historia de la filosofía y la política. Sabido es que Kant y Hegel quisieron hacerlo suponiendo una razón universal, o la razón de Estado, o que los liberales radicales –en sus diferentes versiones- han pretendido alcanzar ese objetivo mediante la constitución de óptimos resultantes de la negociación de fuerzas contrapuestas, y que en forma más reciente Habermas y otros han echado mano de una supuesta eticidad comunicativa, o de la otredad que se supone capaz de ser universal y particularista para amoldarse a las condiciones conflictivas de la sociedad capitalista y posmoderna. En este caso, como ya se anunció, el gobierno convierte la crisis ambiental en una necesidad sentida y real a la cual todos deben acogerse y aportar con el fin supremo de preservar la vida planetaria.
En consecuencia, la defensa de la vida de las personas y de los demás seres vivos es convertida en el punto de conjunción bajo el cual todos los sectores sociales lograrían acceder a un vínculo de mutuo reconocimiento en cuanto colectividad de similares. Y aquí, lo fundamental es que la depredadora relación sociedad-naturaleza es colocada como el vínculo primordial desde el cual se formulan las alternativas políticas, siendo sobrepuesto al conjunto de relaciones sociales. Sin embargo, con ese proceder las relaciones y mecanismos mediante los cuales se reproduce la explotación y opresión capitalista, son desconocidos, invertidas o suplantadas por vínculos socio-espaciales genéricos[iv], permitiéndose que las clases y sectores sociales sean homogenizados y transfigurados en actores-ciudadanos que pueden ser reconocidos en tanto sujetos de derechos por cumplirse, perspectiva que impide cuestionar el “orden” del capital.
Tal proceder es el que permite que el territorio sea formulado como el vínculo mediante el cual se reconocen en forma abstracta los problemas sociales y funcione como columna vertebral del Plan. Y es de notar que si bien las relaciones sociales se suceden en un territorio, es el conjunto de relaciones sociales el que connota su acceso, propiedad, valoración, uso y función en la sociedad, y no al revés. Siendo también necesario recordar que el discurso de la territorialización, de factura posestructuralista (G. Deleuze ® D. Harvey), fue vendido desde los centros universitarios y convertido por los movimientos sociales en una trinchera, para desde ella desplegar sus tácticas defensistas a fin de enfrentar la cruel guerra desplegada en su contra durante las tres décadas pasadas. Pero esta situación ha sido modificada por el quiebre político del régimen ultraconservador y sobretodo por las últimas protestas en las que se ha recuperado la perspectiva del análisis y la lucha de clases. Sin embargo, la preponderancia de ese discurso durante tanto tiempo ayuda a explicar porque el discurso del reordenamiento territorial es sonoro entre parte de las organizaciones sociales y funciona como puente de identificación y conectividad con el gobierno.
Otra de las consecuencias de colocar como centro al territorio es que se tiende a dar mayor peso al área rural y esto lleva a reproducir, en cierta medida, el unilateral diagnóstico de que el principal problema del país proviene del campo, limitado discurso con el que se fraguó el Acuerdo de la Habana, y que permite disminuir el peso que tienen otros problemas, por ejemplo, el desempleo, que realmente cubre hasta el sesenta porciento de la población en edad de trabajar y del que depende el ingreso de la mayoría de las familias, situación que abiertamente es producto de la altísima polarización de la propiedad del capital, y que si bien es considerado en las bases del Plan, no cobra la centralidad que amerita.
En continuidad con lo anterior, la política de armonización social implica que no se cuestiona en forma decidida la altísima polarización de la propiedad en el país: ni de la tierra, ni del capital. Un ejemplo patente es el acuerdo con Fedegan que compromete sesenta billones de pesos a cambio de unas pocas tierras de las que concentran, perspectiva totalmente inconsistente porque el presupuesto nacional no da para ello, deduciéndose que la gran mayoría de los trabajadores del campo continuarán sin acceder a ese medio de producción y vida. Por tanto, no se cuestiona y continúa primando el interés privado de unos cuantos sobre las necesidades sociales del país.
Lo anterior lleva a que se plantee una política segmentada para dos economías que supuestamente se complementan:i) la popular-autogestionaria: para la cual se promueve la democratización de créditos, sin que se cuestionen los patrones individualistas y artesanales sobre los cuales funciona, de modo que las condiciones de bajos rendimientos y precarios ingresos podrían simplemente persistir; ii) la economía del gran capital: a la que cuando mucho se le conmina a pagar impuestos, pero que se deja intacta para que continúe tranquilamente su curso. Por ello, las bases del Plan dan a entender que las grandes obras de infraestructura continuarán sobre los esquemas de APP-privadas, mientras se promueven APP-populares para oferta de alimentos, arreglo de viviendas, o en las vías terciarias.
Más importante es señalar que una postura ambientalista y por el recambio de la matriz tecnológica centrada en combustibles fósiles es una impostura, si no se cuestionan las relaciones sociales sobre las que se levanta la acumulación de capital y el desastre ambiental. Curiosamente el presidente Petro ha sostenido esa crítica en instancias internacionales, mientras que en el Plan son inexistentes las propuestas tendientes a promover formas de propiedad y producción social dónde primen mayores grados de cooperación y propiedad social, bases desde las cuales se podrían estimular, cuando menos, “líneas de fuga” que animen a ir más allá del capital. Ante tan notoria ausencia, el discurso ambientalista simplemente se reduce a mera propaganda que favorece las industrias de punta de países avanzados como Alemania, porque son ellas las que producen y se benefician de la venta de autos eléctricos, de los generadores de hidrógeno verde, de las transformaciones y adaptaciones digitales, o las aplicaciones en biotecnología. Y en consecuencia, sólo se profundizaría la dependencia y el peso de las importaciones, favoreciendo a las grandes corporaciones mundiales y el gran negocio que viene apalancando el recambio tecnológico, aportando con ello a reproducir la lógica que sostienen la acumulación de capital.
De persistir tal faltante en el PND, se tendría que su orientación sólo sería funcional al capital, limitándose a desplazar las condiciones de la crisis mediante cierta adaptación de la estructura productiva nacional. Es en ese mismo sentido que la política de incrementar la inversión pública se podría ver reducida a un mero ejercicio de macroeconomía contracíclica, tendiente a suavizar los efectos de la recesión mundial sobre el capital local. Con ello, el anuncio de que el Estado juegue un mayor papel en la promoción del desarrollo sólo implicaría cambiar un mito por otro: el desplazamiento (trade-off) entre capital y Estado, por el mito de su complementariedad, argumento conveniente para una adaptación a las políticas de moda en los EEEUU. Con tal juego, se ahoga el hecho sustantivo de que los mayores grados de cooperación social son los que posibilitan que una sociedad incremente su productividad y bienestar, y que por tal razón, la planificación pública y social debe primar sobre los intereses individuales, siendo una necesidad creciente a la que no se puede renunciar si realmente se quiere que los mayores beneficios se irriguen en favor de todos, empezando por los trabajadores directos.
Un aspecto específico que merece centralidad, pero que en el Plan sólo se considera parcialmente, es la necesidad de acompañar el incremento de la actividad estatal con el fortaleciendo de la banca y los fondos públicos para fomentar la inversión. Este importante aspecto sólo se menciona en forma vaporosa cuando se habla del requerimiento de democratizar el acceso a medios productivos y de vida para sectores como las mujeres, los campesinos, las Pymes, o asociaciones comunitarias, política en la que se desconoce totalmente al proletariado. Tal abordaje resulta extremadamente limitado, porque el direccionamiento estratégico del país depende de hacia dónde fluyen los recursos de inversión, y como esas decisiones tienen severos efectos sobre la vida de todos en el país, es lógico que su carácter sea público. En consecuencia, es evidente que tal función social no puede delegarse al gran capital que, frente a la exigente tarea de acometer la innovación transformadora ha preferido, durante décadas, la fácil captura de rentas y sobre-ganancias que brotan de la explotación de los recursos de la tierra y de la construcción.
Por lo tanto, se trata de un aspecto substancial que no puede ser considerado de forma abstracta o gaseosa, porque es un delimitador real para valorar si el país está siendo enrumbando hacia una perspectiva que le permita recuperar la capacidad de dirección y control con la que se decide para dónde y cómo queremos ir, condición inseparable de la recuperación de la capacidad de generar el crédito desde el sector púbico, y que marca la posibilidad de que los recursos de inversión se dirijan con urgencia a la transformación de la estructura productiva a partir de sectores estratégicos de carácter público, posibilitando con ello realmente los objetivos que propone el Plan.
En resumen, se trata de un Plan de Gobierno que invierte el hecho de que son las relaciones sociales capitalistas las que han generado la amenaza ambiental, al definir como centro la depredadora relación sociedad naturaleza. Con tal inversión, se prefiere no reñir con la estructura productiva centrada en la alta polarización de la propiedad de los medios de producción, evitando cuestionar, y proponerse superar, las degradadas relaciones capitalistas. Pero, contra esta crítica se devuelve el significativo hecho de que, Petro en la campaña presidencial fue insistente de que su programa buscaba más capitalismo. ¿Entonces, porque exigirle aquello a lo que no se comprometió?
En principio, porque sigue siendo necesario ampliar la brecha política abierta para consolidar una verdadera salida popular a la crisis del país. En este sentido, ha sido la larga dinámica de protestas la que permitió dar un paso adelante al quebrar el régimen político ultraconservador, por eso es necesario que el conjunto del proletariado y demás sectores continúen presionando “en todos los espacios sociales para lograr que la rama se incline a su favor, y el fruto caiga de su lado”. En segundo lugar, porque existe el riesgo real de que en el país se reproduzca la dinámica de recambio pendular entre gobiernos reformistas y de ultraderecha, característica del ciclo político de América Latina, situación con la cual sólo se alargan las causas de la crisis, mientras los costos continúan recayendo sobre las condiciones de vida de los sectores y clases populares[v].
De mayor relevancia es que efectivamente la humanidad enfrenta ya las consecuencias del desastre ambiental, y este sólo puede sortearse superando las relaciones capitalistas que lo producen[vi], por eso, compete al movimiento social y popular avanzar programática y organizativamente para construir una verdadera salida popular a la crisis que ha generado e impuesto el poder capitalista, agenda que va más allá de un gobierno, y de un periodo gubernamental.
Edgar Fernández: Centro de Pensamiento y teoría Crítica Praxis
Notas:
[i] “Colombia, potencia mundial de la vida: bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, DNP, noviembre de 2022.
[ii] Esta problemática se trata en forma ampliada en “Industria y empleo en Colombia”, Revista Proletaria No 3
https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_a950638c4d47488e928a7a48d5fa47ef.pdf
[iii] El artículo “Crisis de la democracia, progresismo y salida popular a la crisis” amplia la descripción.
https://www.centropraxis.co/post/crisis-de-la-democracia-progresismo-y-salida-popular-a-la-crisis
[iv] En la misma dirección se puede citar la critica a Saito, quien pretende que la “«interacación metabólica» entre la humanidad y la naturaleza (sea) la contradicción fundamental del capitalismo””, mientras para Marx “el capitalismo es un sistema de «explotación brutal» de la mano de obra en la producción con fines de lucro, no de robo o despojo”, según Roberts. en “Saito: la grieta metabólica y el comunismo del crecimiento”, Revista Sin Permiso, 03/12/2022.
[v] https://www.centropraxis.co/post/crisis-de-la-democracia-progresismo-y-salida-popular-a-la-crisis
[vi] Latorre, Sergio. (2022, 3 de marzo). Cambio climático: un caso de miopía selectiva del capitalismo https://www.centropraxis.co/
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