Para el Equipo de Comunicación Mapuche en «NguluMapu» y el Equipo de Derechos Colectivos: «Son múltiples las injusticias y desigualdades que predominan en Chile. Hoy, los graves problemas que existen, se relacionan con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El brutal modelo económico neoliberal, amparado en un régimen político opresor cuya matriz es la Constitución […]
Para el Equipo de Comunicación Mapuche en «NguluMapu» y el Equipo de Derechos Colectivos: «Son múltiples las injusticias y desigualdades que predominan en Chile. Hoy, los graves problemas que existen, se relacionan con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El brutal modelo económico neoliberal, amparado en un régimen político opresor cuya matriz es la Constitución Política que coarta y privatiza transversalmente diversos derechos humanos como salud, educación, previsión, aguas, entre otros, fija asimismo formas coloniales de dominación contra los pueblos originarios y establece candados legislativos en temas fundamentales, promoviendo amparos e impunidad para potenciar privilegios de ciertos grupos de elit, por ello resulta urgente que el mundo democrático revise los acuerdos comerciales que sostienen con el Estado chileno, porque se contraponen al bien común».
Para los Equipos de Trabajo, es grave que un Estado impulsado por un gobierno como el de Piñera, abiertamente viole los derechos humanos, atente contra la libertad de expresión, atente contra la vida e integridad de manifestantes y que los diversos organismos internacionales de derechos humanos manifiesten alarma frente a estos hechos y el gobierno no tenga remordimiento alguno, agregando: «Al 30 de diciembre de 2019, con registros oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde el 18 de octubre, iban 9.589 personas detenidas, incluyendo a 1.100 niños, niñas y adolescentes. 3.583 personas heridas por disparos de distinto tipo de municiones, incluye 359 casos con estallido o mutilación ocular, que se ha convertido en una practica estatal, estimándose que el número de muertes en el marco de este estallido social, serían unas 30 personas«.
Para los equipos «Se entiende que los Tratados de Libre Comercio deben someterse a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la violación de las mismas debería provocar la suspensión inmediata del acuerdo comercial, sin embargo han pretendido imponerlos como herramientas legales de grupos privados que empujan por mantener una apertura comercial indiscriminada en los países donde se exportan materias primas y ciertos productos. Esto se realiza a través de los llamados temas regulatorios o temas asociados al comercio, por ello, los gobiernos que se dicen democráticos no pueden hacerse cómplices de las atrocidades cometidas en Chile, porque dichas violaciones se relacionan directamente con mantener a la fuerza el status quo imperante y el régimen político primitivo que se ampara en la actual Constitución Política».
«El Estado chileno está lejos de cumplir sus obligaciones en Derechos Humanos. El estallido o rebelión social en Chile a partir del 18 de octubre del 2019 y extendido activamente hasta el presente, con históricas manifestaciones, ha apuntado directamente al régimen político – económico neoliberal que domina al País y que es controlado por un selecto grupo económico que incluye al presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera, que es parte del problema en contubernio con ciertas empresas transnacionales, bajo una red de corrupción política y militar, incluyendo a descontroladas fuerzas represivas policiales que cometen actos criminales desde hace mucho tiempo, quienes viven la mayor decadencia en los últimos 46 años desde que se instaló el neoliberalismo con la dictadura militar de Pinochet», señala el Equipo de Comunicación Mapuche y el Equipo de Derechos Colectivos.
Los grupos indicaron que no es suficiente el pronunciamiento del gobierno Alemán en diciembre pasado, quien llamó a condenar «enérgicamente» las violaciones a los DD.HH. denunciadas en Chile, ni tampoco las declaraciones de alarma sobre los miles de detenidos efectuadas por el actual Presidente Argentino, Alberto Fernández, cuando por otro lado se siguen manteniendo intactas las relaciones comerciales que justamente contribuyen a promover esas violaciones de derechos humanos.
Finalmente se señala: «Es impresentable que el gobierno de Chile haya desconocido y rechazado el informe de la organización internacional Amnistía Internacional como ocurrió el 22 de noviembre del 2019, tal como se hacía durante la dictadura militar, más aún, haya guardado silencio ante las amenazas de muerte que recibió la directora de dicho organismo en Chile y que fue denunciado el 26 de dicho mes, lo que da cuenta de la gravedad, las responsabilidades y complicidades en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El mundo democrático no puede guardar silencio ante lo que se vive en Chile».
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