En menos de un mes el Congreso se ha saturado por una avalancha de proyectos centrados en vigilar y castigar. Se trata de una batería de leyes como la «nueva Ley Mordaza», que sanciona filtraciones a la prensa de procesos judiciales, la «agenda corta antidelincuencia», que incluye un polémico control preventivo de identidad, y una […]
En menos de un mes el Congreso se ha saturado por una avalancha de proyectos centrados en vigilar y castigar. Se trata de una batería de leyes como la «nueva Ley Mordaza», que sanciona filtraciones a la prensa de procesos judiciales, la «agenda corta antidelincuencia», que incluye un polémico control preventivo de identidad, y una reforma de fondo a la ley antiterrorista, que busca ampliar sus posibilidades de aplicación en el contexto del conflicto entre el Estado, el latifundio y las forestales contra el pueblo-nación mapuche. Todos estos proyectos legislativos han contado con el aval del ministro del Interior, Jorge Burgos, que en ocasiones ha actuado como patrocinante de indicaciones de algunos parlamentarios, y en otros casos los ha presentado directamente.
EL REGRESO CAMUFLADO DE LA DETENCION POR SOSPECHA
El ministro Burgos ha justificado esta batería de leyes bajo una necesidad técnico-policial o procesal. Pero nadie, entre los entendidos y especialistas le cree. Ello es evidente con la reinstauración de la detención por sospecha bajo el nombre de control preventivo de identidad. La ley faculta para efectuar allanamientos sin autorización judicial y para retener hasta por 4 horas a cualquier persona, si existen indicios de que hubiere cometido algún delito y no portare cédula de identidad(1). El foco de la norma apunta a perseguir delitos de robo, hurto y receptación, los típicos «delitos del pobre». Como señala el profesor Mauricio Duce, de la UDP, «toda la evidencia indica que estas facultades no se ejercen respecto de todas las personas sino que se enfocan en ciertos grupos jóvenes, minorías y sectores vulnerables».
No es extraño que esta normativa haya encontrado la oposición activa de la Corte Suprema, del Defensor Nacional, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, de Unicef, y de una larga lista de profesores de derecho penal de distintas universidades del país. El periodista Daniel Matamala observó que los senadores patrocinantes de esta cláusula argumentaron que el control preventivo sería igual al que permiten las leyes de Francia y España. Pero el informe en derecho comparado, elaborado por la Biblioteca del Congreso, mostró justamente lo contrario: «En España, el control ‘debe ser necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad’ (Art. 20.1 COPSC)», y «en Francia, debe haber ‘peligro para el orden público directamente ligado al comportamiento de la persona controlada'».
La «agenda Burgos» parece anclada en razones estrictamente ideológicas. Como apunta Mauricio Duce, trasluce el interés de otorgar más poder a Carabineros, y «aumentar sus poderes legales y disminuir los controles a su ejercicio» en un contexto de abierta sospecha pública hacia Carabineros por razones objetivas. Existen dudas fundadas respecto al control efectivo de la policía por parte de la autoridad civil. Carabineros históricamente ha buscado afirmar su autorregulación interna, y mantiene un talante autoritario en el ejercicio de sus funciones. La formación del personal policial posee un currículum anacrónico, que privilegia el corporativismo institucional de corte militar, antes que la formación del juicio crítico individual, propio de las policías modernas y profesionalizadas. Se conservan prácticas de alta rotación del personal que amparan situaciones de abuso, en un contexto de baja formación profesional. La dirección de Carabineros parece desvinculada de las redes asistenciales y los servicios públicos que se arraigan en los territorios: la escuela, el consultorio, la municipalidad, etc. No se ha buscado crear una «policía de cercanías», centrada en la prevención, que se articule con las políticas sociales, sino mantener una policía represiva que ve a la ciudadanía como la eterna sospechosa.
Los especialistas denuncian que junto a la «agenda corta antidelincuencia» no existe una «agenda larga» que apunte a las causas estructurales de la criminalidad en el mundo popular. Impera, en palabras del sociólogo Loïc Wacquan «la nueva doxa punitiva» que se expresa en «el debilitamiento y retroceso del sector social del Estado y el despliegue de su brazo penal». O como decía Pierre Bourdieu, se achica la «mano izquierda» del Estado, que trata las insuficiencias más intolerables de la lógica del mercado, mientras se alarga la «mano derecha», que actúa sobre sus efectos, vía represión y castigo.
ARROGANTES CON LOS DEBILES, SERVILES CON LOS PODEROSOS
Junto al «apriete» represivo a los pobres, la «agenda corta antidelincuencia» del ministro Burgos también incluye un desvergonzado blindaje a las elites económicas y políticas bajo la forma de la denominada «Ley Mordaza», que intenta poner fin a la ola de denuncias que han trascendido a la opinión pública, sancionando las filtraciones de causas judiciales en curso. Esta norma permite ampliar la reserva de las investigaciones de la Fiscalía de 40 a 90 días. Por esa razón la ciudadanía tardará casi dos meses en enterarse de las causas que ejecuta el Ministerio Público. Por eso el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, comentó que es casi como volver al «secreto del sumario» que rigió en dictadura y hasta fines de los años 90. A la vez se aplica pena de presidio -que va desde los 61 días hasta los 541 días- a quienes participen de filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación. Como ha comentado el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, se trata de penas mayores a las que actualmente se aplican al delito de cohecho, como las que podrían afectar al ex líder de la UDI, Pablo Longueira.
En declaración pública cuatro premios nacionales de periodismo señalaron que esta cláusula «recuerda, aunque sea vagamente, a las constantes limitaciones que se imponían a la libertad de expresión en plena dictadura de Augusto Pinochet», ya que «resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las ‘filtraciones a la prensa’ -una herramienta que los propios políticos han utilizado hasta el cansancio con los medios para avanzar sus posiciones u obstaculizar las de sus adversarios- justo cuando la Fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico. De haber existido, y de haberse aplicado rigurosamente, una potencial ley como esta, el país no se hubiera enterado como lo ha podido hacer del caso Penta, del caso Soquimich o Caval, de la colusión de las papeleras, los pollos, las farmacias, de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más».(2)
¿A QUIÉN BENEFICIA LA AGENDA BURGOS?
Esta agenda legislativa no se puede explicar desde razones «técnico-jurídicas» que justifiquen su aplicación. Cada uno de estos proyectos ha sido abiertamente cuestionado por los especialistas en el ámbito académico, por las autoridades judiciales, por organismos internacionales. La agenda corta incluso ha quebrado a la Nueva Mayoría a la hora de ser votada en el Congreso. Pero nada ha detenido su curso porque han logrado aunar el apoyo de la derecha con los de los sectores más conservadores de la DC y el PPD. Por lo tanto, esta avalancha legislativa, claramente restrictiva de derechos, sólo se puede explicar por una razón de carácter puramente político-estratégico, que no tiene ninguna relación con el supuesto afán antidelincuencial o antiterrorista. Simplemente pone en evidencia que está en marcha una articulación operativa entre la derecha y el núcleo conservador de la NM que actúa y se coordina con absoluta prescindencia de la institucionalidad formal de los partidos, de los demás ministros e incluso, de la propia presidenta de la República.
El interés inmediato es mostrar quién manda en la coalición de gobierno. Acallar a quienes acusan a los conservadores de la NM de ser irrelevantes. En palabras de Ignacio Walker: «No veo por qué tenemos que regalarle los empresarios a la derecha». Pero a largo plazo, de forma estratégica, se busca sentar las bases de un entendimiento post-binominal que permita justificar el fin de la Nueva Mayoría e inaugurar un pacto, de largo aliento, con la derecha liberal (y no tan liberal) que coquetea de forma impúdica con los grandes barones de la DC y el PPD. Un romance que se cuece en el caldo de la «agenda antidelincuencia», de las trampas de la reforma laboral, y en un sinnúmero de pequeñas complicidades cotidianas, destinadas a dar contexto, marco y contenido a un romance político que ya está en curso, y que sólo cuenta las horas para salir de su armario.
(1) Una hora en caso de menores de 18 años mayores de 14.
(2) Los Premios Nacionales de Periodismo que se oponen a la «Ley Mordaza»: Sergio Campos, Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Mönckeberg, Faride Zerán.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 849, 15 de abril 2016.