A dos semanas de la elección de convencionales para la nueva Constitución, la violencia estatal recrudece. Tampoco ha habido justicia para las víctimas de la represión de 2019.
La Plaza de la Dignidad, núcleo y símbolo de la revuelta social chilena, amaneció el viernes 12 de marzo sin caballo ni jinete. Tras 93 años de permanencia en ese lugar, la emblemática estatua del general Manuel Baquedano fue retirada temporalmente por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Con honores del Ejército de Chile y durante la madrugada, en la que rige el toque de queda en todo el país, la escultura del militar –cuya figura ha sido impugnada por participar en la ocupación de la Araucanía y en la guerra del Pacífico– fue removida para su restauración tras los daños que sufrió a partir del 18 de octubre de 2019. Los últimos intentos de prender fuego la estructura y, luego, de derribarla colmaron la paciencia de las autoridades.
Aun cuando sólo quedó en pie la base del monumento, esa misma tarde hubo un inaudito despliegue de carabineros por la Alameda. Algunos videos de residentes del sector registraron un verdadero desfile de carros lanzaagua y lanzagases, patrullas, tanquetas y retenes móviles por la principal arteria de Santiago y en el entorno de la Plaza de la Dignidad. En cumplimiento con el mandato del CMN, la Policía realizó un masivo operativo para resguardar el pedestal de la escultura: en ese bloque de piedra se halla la tumba del soldado desconocido, en cuyo interior descansan los restos de un militar caído en combate durante la guerra del Pacífico y encontrado muerto en Tacna, Perú.
Tamaña exhibición truncó el mínimo amago de descontento popular ese 12 de marzo. Fue el día inaugural de una nueva estrategia de control de orden público, según reconoció Carabineros al día siguiente, con 1.000 efectivos policiales desplegados durante ese y todos los viernes sucesivos. El 19 de marzo, en efecto, la Policía uniformada replicó el operativo y volvió a actuar con extrema dureza. A esa fecha, la Intendencia Metropolitana, según directrices del CMN, ya había instalado un muro perimetral de 3 metros de altura para proteger la base del monumento, lo que gatilló fuertes críticas entre la opinión pública.
«Hay un recrudecimiento de la violencia estatal y una actitud de provocación en distintos espacios de movilización social. El más visible es la Plaza de la Dignidad. Con el intendente Felipe Guevara, cuya formación es pinochetista, Carabineros ha utilizado una estrategia militar, tomando la plaza y demostrando el poder del Estado por sobre las expresiones democráticas de la gente», dice a Brecha Hassan Akram, cientista político y profesor de políticas públicas de la Universidad Diego Portales.
Ambos viernes consecutivos, las brigadas de salud que asisten a personas heridas o intoxicadas sufrieron el rigor de la represión. El 12 denuncian haber sido acorraladas y expulsadas de sus puestos de atención a golpes, empujones y lanzamiento de gases lacrimógenos. «Nunca nos habían sacado de los puestos, pero esta vez no respetaron nada: nos querían quitar los escudos, usaron todo el arsenal represivo, nos dieron patadas», cuenta a este semanario Claudio Salinas, voluntario de la Brigada Rescate B, presente desde febrero de 2020 en Plaza de la Dignidad. La semana siguiente, agrega Salinas, la violencia estatal no varió su tenor, por lo que piensa que «Carabineros ha ido afinando sus métodos hasta hacerlos más específicos. Ya no es una represión tan generalizada, sino que ahora es más selectiva hacia la primera línea, hacia la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], hacia los reporteros».
De hecho, el mismo viernes 19 se conoció una denuncia de la periodista independiente Claudia Aranda, quien acusó haber sido torturada por el personal policial cuando se encontraba detenida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron sobre el presunto hecho y recordaron que, «en casos abusivos de la fuerza policial en protestas sociales, el Estado debe iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial e independiente, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento». Esto sin contar las declaraciones públicas de medios alternativos que denuncian hostilidad y persecución a manos de los agentes del Estado.
No es solo en Dignidad
Leticia Silva Valdés lleva dos semanas sintiendo el zumbido de un dron que sobrevuela su casa, en la comuna santiaguina de San Bernardo. Cada tanto, dice, la persigue un automóvil blanco sin patente. También recibe a menudo amenazas telefónicas desde un número desconocido. Y, para colmo de males, le hackearon algunas cuentas de la Fundación Ecolety, cooperativa popular que da empleo a mujeres en el área de reciclaje textil. Silva es una de las voceras de la organización.
«Ellos saben que nosotras movemos entre 250 y 300 mujeres organizadas en el territorio. Nos quieren meter miedo, pero no dejaremos las calles, no cerraremos nuestro espacio. Hemos explicitado a quienes nos han brindado su apoyo que ninguna de nosotras tiene ganas de suicidarse», afirma Silva. Lo dice porque desde los orígenes del estallido social se han develado sospechosos casos de «suicidios» en las comisarías.
Lo sucedido en San Bernardo se repite en sectores populares. Lo padecieron la ciudad norteña de Iquique y el barrio santiaguino de Lo Hermida, víctimas de violentos allanamientos en los últimos días y, sobre todo, el comedor solidario Luisa Toledo de Villa Francia. El sábado 13 de marzo, un nutrido contingente de Carabineros irrumpió en la olla común y detuvo a 26 personas, muchas de ellas jóvenes, bajo el cargo de incumplir las normas sanitarias de aforo permitido por la pandemia.
«Cuando entraron a una olla común en Villa Francia, un lugar histórico de resistencia contra Pinochet, utilizaron la multicancha como un espacio de detención para los jóvenes. Es exactamente la misma práctica de la dictadura cívico-militar. Cuando Sebastián Piñera llegó por primera vez a la presidencia, habló de los cómplices pasivos y señaló que él representaba a una nueva derecha que no estaba manchada con el legado de la dictadura. Lo que hemos visto en su segundo gobierno es una mentira: de derecha democrática, con aprendizaje de un nunca más, no hay nada», complementa Akram, doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad de Cambridge.
Otro caso ampliamente comentado en las redes sociales fue un procedimiento policial en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. El sábado 20 de marzo, un grupo de carabineros ingresó en una feria libre y roció con gas pimienta a personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños. La peor parte la sacó un bebé de cuatro meses que resultó con quemaduras. La Fiscalía abrió una investigación para determinar la eventual responsabilidad de la Policía.
Según el abogado y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, la arremetida oficialista en un país socialmente fracturado obedece a «la profundización de una regresión autoritaria. No sólo se mantienen las políticas de violación al derecho de reunión en la Plaza de la Dignidad, sino que se agudiza la violencia hacia los sectores populares. En ese sentido, la pandemia ha sido un acelerante en esta respuesta ante cualquier forma de manifestación».
Peor aun, Akram cree que el gobierno de Piñera ha usado la estrategia sanitaria como excusa para imponer su agenda política contra la población más desfavorecida: «Chile es el país que más vacunas ha puesto, arriba de Israel incluso, pero están aumentando los casos de forma dramática porque el gobierno levantó todas las restricciones. Esta administración ha sido completamente negligente a la hora de controlar la crisis sanitaria y encuentra en una olla común la necesidad de meter presas a las personas». Sobre el toque de queda, que se ha extendido por más de un año en todo el territorio nacional, Akram sostiene que «en teoría es una buena medida, pero, como no ha ido acompañado de medidas adicionales, ha sido utilizado para reducir y controlar la movilización social».
Actualmente, Chile registra tasas alarmantes de contagios: el sábado 20 de marzo el Ministerio de Salud reportó más de 7.000 casos nuevos, un récord desde el inicio de la pandemia. Desde ayer, jueves, casi el 70 por ciento de la población chilena se encuentra en cuarentena total. A las recriminaciones a Piñera por el mal manejo de la pandemia se le sumó un nuevo dolor de cabeza: el 14 de marzo la periodista Alejandra Matus reveló un supuesto conflicto de interés del presidente, que firmó, entre gallos y medianoche, un decreto para salvar de la quiebra inminente a los casinos Enjoy. Según el reportaje de Matus, dos empresas que administran el fideicomiso ciego del mandatario tienen millonarios recursos comprometidos en Enjoy.
Incumplimiento del Estado
A dos semanas para las «megaelecciones» del 10 y 11 de abril –excepcionalmente se celebrarán en dos días e incluyen la votación de los convencionales que escribirán la nueva Constitución (véase «Recién comienza», Brecha, 30-X-20) y de alcaldes, concejales y gobernadores regionales–, la vulneración de los derechos humanos alerta al académico Nash. No sólo por la violencia en las calles, dice, sino por el accionar de la fiscalía y del Poder Judicial en términos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia estatal desde el 18 de octubre de 2019 (véase, por ejemplo, «Matar, torturar y mentir», Brecha, 6-XII-19).
El Primer Informe de Seguimiento de Recomendaciones del INDH, presentado el 2 de febrero, abona el sentir del experto de la Universidad de Chile. El documento analizó el cumplimiento de las recomendaciones al Estado chileno en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 17 de octubre de 2019 y el 5 de noviembre de 2020. Las conclusiones fueron lapidarias: tres de las cinco recomendaciones figuraban como «pendientes de cumplimiento», entre ellas, la referida a «asegurar una efectiva justicia para las víctimas». De las 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos en el marco del estallido social hasta el 20 de marzo de 2020, 42 causas habían sido formalizadas (1,5 por ciento del total) y sólo un imputado recibió condena. Esto llevó al director del INDH, Sergio Micco, a declarar, durante la presentación del informe, que «estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia».
«El informe da cuenta de un incumplimiento de todo el aparato de poder público para responder a las recomendaciones formuladas en 2019. Esto es muy grave porque implica ya no sólo la responsabilidad del gobierno, sino de todo el Estado de Chile, lo cual habilita la vía a la responsabilidad internacional a través de los mecanismos del sistema interamericano, de Naciones Unidas y eventualmente el sistema penal internacional», asegura Nash.
De igual forma, analiza este doctor en derecho, «hay un alineamiento de los distintos poderes del Estado en esta respuesta autoritaria. El Ejecutivo mantiene la política de criminalización de la protesta; el Congreso no pone cortapisas e incluso ha aprobado leyes en ese sentido, y el Poder Judicial no juega el rol de garante que uno esperaría que cumpliera».
Con todo, Akram descarta que el gobierno actual haya mutado a una dictadura «en sentido estricto», ya que «los ciudadanos sí eligieron a Piñera como presidente». Prefiere decir, en cambio, que «Chile tiene una democracia de muy baja calidad». Respecto de los compromisos en beneficio de las víctimas ignorados por el Estado, Akram lamenta la falta de una «profundización de la perspectiva de derechos humanos en toda la institucionalidad chilena, que frente a estas convulsiones sociales no es capaz de responder bien».
Puesto que esa institucionalidad está en el ojo del huracán, Akram cree que es importante que en las próximas elecciones, claves para el futuro del país, haya representantes de las candidaturas acompañando la custodia de las urnas durante la noche del sábado 10 de abril. Según determinó el gobierno en una primera instancia, el resguardo de los votos tras el primer día de los comicios quedará a cargo de las Fuerzas Armadas, las mismas que contribuyeron a reprimir las protestas durante la declaración del estado de emergencia en octubre de 2019 (véase «Soldados en la calle», Brecha, 24-X-19). Finalmente, en medio de la polémica desatada por esta decisión, las autoridades aceptaron que un apoderado civil de cada mesa acompañe a los militares en la custodia de las urnas selladas. «No creo que haya fraude, pero si queremos ayudar a la transparencia del proceso, debe haber participación de todas las personas», cierra el analista político.