El escándalo por corrupción generado en torno a Chiledeportes salpicó también ahora a dos importantes figuras de la derecha opositora y amenaza con extenderse con fuerza sobre todo el sistema político chileno. Medios locales revelan que el ex candidato presidencial, el millonario Sebastián Piñera, y la ex diputada, Lily Pérez, dirigentes ambos de Renovación Nacional […]
El escándalo por corrupción generado en torno a Chiledeportes salpicó también ahora a dos importantes figuras de la derecha opositora y amenaza con extenderse con fuerza sobre todo el sistema político chileno.
Medios locales revelan que el ex candidato presidencial, el millonario Sebastián Piñera, y la ex diputada, Lily Pérez, dirigentes ambos de Renovación Nacional (RN), también presentaron facturas de la empresa fantasma «Publicam Ltda» para justificar gastos electorales. La firma, de la que nadie conoce aún quienes son sus propietarios, está cuestionada por pagos recibidos de Chiledeportes, vinculados en su mayoría a gastos ficticios de candidatos políticos del oficialismo y ahora de la oposición, en las elecciones del pasado diciembre. Piñera y la ex diputada también incluyeron en su rendición de campaña facturas consecutivas, emitidas el mismo día que una de las presentadas por senador del oficialista Partido por la Democracia, Guido Girardi, señalan los medios. Según los registros del Servicio Electoral sobre los gastos de campaña 2005, el empresario presentó en su rendición de primera vuelta una factura por concepto de «fabricación e instalación de letreros publicitarios», por casi cuatro millones de pesos (ocho mil dólares).
En tanto, la candidata al Senado por Santiago Oriente y ex diputada, Lily Pérez, entregó en su rendición otra factura, emitida el mismo día y por el mismo monto que a su correligionario, por concepto de «arriendo de letreros». Por ahora se desconoce a quién o quiénes más facturó ese mismo día la empresa Publicam, pero curiosamente a Girardi, vicepresidente del PPD, le entregó otro comprobante de pago con la misma fecha y por conceptos similares por casi 19 millones de pesos (36 mil dólares). Dos días después, la misma empresa facturó otros seis millones de pesos a ese senador oficialista, esta vez por «contratación de servicio puerta a puerta en comando de campaña», con una numeración anterior a las emitidas a los candidatos opositores. La Sociedad Comercial Publicam Ltda. presenta graves problemas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). De acuerdo al registro público disponible en Internet del organismo fiscal, desde mayo de 2006 la empresa registra cinco anotaciones tributarias que la tienen inhabilitada para emitir documentos de venta.
«El contribuyente individualizado no ha sido ubicado en los domicilios declarados por él al SII o no se ha presentado al Servicio a cumplir con las notificaciones que se le han practicado», según nota del ente fiscalizador sobre la situación tributaria de esa empresa. La empresa en cuestión, de acuerdo a la investigación de la Contraloría, usó nombres falsos cuando fue constituida y además entregó diversas direcciones de oficinas que corresponden a otras empresas o instituciones. Como socios aparecen José Maira Rocha y Francisco Medel Valdés. El primero, sería un agricultor de Colina; el segundo, un marinero de un barco de Punta Arena. Ambos han señalado que jamás iniciaron actividades y que sus identidades fueron dolosamente usadas. Ayer el senador Girardi negó vínculos con firma cuestionada, aunque admitió que su comando de campaña estableció una relación con ella a finales de noviembre pasado, pero como una firma prestadora de servicios. Comercial Publicam Ltda. fue acusada por la Contraloría de recibir 18 mil dólares de Chiledeportes. Los fondos fueron otorgados al club deportivo Cruz Azul para mejorar su imagen corporativa. Pero según el tesorero de dicha entidad, ésta solo habría prestado su nombre. Tras los nuevos descubrimientos, funcionarios del Servicio Electoral han expresado su preocupación de que si se comprueba que la presentación de facturas con irregularidades es una práctica extendida habría que revisar la nueva ley de financiamiento electoral.