En éstos primeros tres meses del segundo mandato del presidente Uribe, se han destapado hechos profundamente graves para la democracia colombiana y en los cuales aparecen involucrados funcionarios de alto nivel en el Gobierno y congresistas de las diferentes fuerzas del uribismo, al igual que de fraudes y estafas relacionadas con su programa bandera, la […]
En éstos primeros tres meses del segundo mandato del presidente Uribe, se han destapado hechos profundamente graves para la democracia colombiana y en los cuales aparecen involucrados funcionarios de alto nivel en el Gobierno y congresistas de las diferentes fuerzas del uribismo, al igual que de fraudes y estafas relacionadas con su programa bandera, la «Seguridad democrática».
Esta semana la Fiscalía General de la República llamó a indagatoria al ex jefe del DAS, Jorge Noguera, por actos de corrupción al haber puesto esta entidad al servicio de grupos ilegales. Hay que recordar que este personaje fue jefe de campaña del presidente Uribe en el 2002 en el Magdalena y después de que se retiró del DAS por los hechos denunciados por su jefe de informática, Rafael García, Uribe lo nombró como Cónsul en Milán (Italia).
El ex embajador en Chile, Salvador Arana, hoy prófugo de la justicia por haber participado, según la Fiscalía, en el homicidio de un alcalde en el departamento de Sucre, fue nombrado por el presidente Uribe como su representante en el citado país.
La canciller María Consuelo Araújo, utilizando su investidura de alta funcionaria del Estado, solicitó una reunión con el Fiscal el pasado fin de semana para averiguar si cursaban allí investigaciones sobre su hermano, presidente de la Comisión Quinta del Senado, Álvaro Araujo, quien según los medios de comunicación es investigado por la Corte Suprema de Justicia por relaciones con grupos ilegales.
El pasado lunes la Fiscalía decidió llamar a indagatoria a un mayor y un capitán del Ejército por los famosos «falsos positivos», de los cuales el país debe recordar que el presidente de la República, Álvaro Uribe, en una alocución televisada hizo una defensa, legalizando sus actuaciones y absolviendo a los militares de toda responsabilidad. El Ministro de Defensa, dos días antes en un comunicado de prensa, denunciaba los «falsos positivos» e involucraba a estas personas.
Las medidas de aseguramiento que ha dictado la Corte Suprema de Justicia-Sala Penal y la Fiscalía General de la República contra congresistas que pertenecen al uribismo, por sus relaciones con actos que van desde masacres hasta la utilización de los dineros públicos para empresas de carácter ilícitos se suman a los anuncios de que otros congresistas, también allegados a los partidos políticos del Presidente, serán llamados a indagatoria por hechos afines a los primeros.
Las declaraciones de los testigos y las pruebas allegadas a estos procesos muestran el poder de corrupción que carcome a todo el Establecimiento, y de qué manera al Presidente, quien se ufana de ser el paladín de la lucha contra este flagelo. La realidad de todos estos hechos muestra que el uribismo esta untado de este mismo mal y que algunos de sus dirigentes están detenidos y otros prófugos de la justicia. Todo indica que esta es apenas la punta del iceberg y en la medida en que se siga profundizando en el proceso judicial, se anuncia por los medios de comunicación que la lista de los políticos involucrados se incrementará.
Si a lo anterior le sumamos el último estudio que realizó Confecámaras sobre la corrupción en el Estado en materia de licitaciones y contratos, nos arroja un cuadro macabro, de cómo los dineros del Estado terminan siendo embolsillados por personas naturales o jurídicas allegadas al Palacio de Nariño, es decir, que la corrupción en estos últimos años en el gobierno de Uribe, en vez de disminuir, ha aumentado notoriamente.