Todas las negativas previas han sido inútiles y falsas. El gobierno de Rajoy, el que iba a sacarnos de la crisis por el mero hecho de constituirse, apenas transcurridos cinco meses, ha sido forzado a solicitar el rescate de España a la UE, por una cifra que puede llegar a los 100.000 millones de euros, […]
Todas las negativas previas han sido inútiles y falsas. El gobierno de Rajoy, el que iba a sacarnos de la crisis por el mero hecho de constituirse, apenas transcurridos cinco meses, ha sido forzado a solicitar el rescate de España a la UE, por una cifra que puede llegar a los 100.000 millones de euros, todos destinados a salvar el sistema bancario. Es un acontecimiento histórico, que lejos de cerrar un período de incertidumbre y agitación, no hace más que abrir una nueva fase en la crisis de la economía española, cuyo desenlace sigue abierto a muchas incógnitas, muchos peligros y muchas amenazas a los derechos y condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos.
El gobierno pretende hacernos creer que esa «ayuda», una suma ingente de euros, se presta incondicionalmente, cuando hace apenas unos días la UE expuso claramente que era necesario endurecer las políticas de ajuste y recortes, y así hablaron de adelantar la aplicación de la ley de pensiones, endurecer la contrarreforma laboral, subir el IVA, recortar prestaciones por desempleo y elevar las tasas de algunos servicios públicos. Sin duda, y con la cadencia conveniente, todas estas propuestas las irá traduciendo el gobierno en nuevas agresiones para cumplir con los poderes económicos europeos y los compromisos del «Tratado de estabilidad» o pacto fiscal, cuya ratificación está en trámite parlamentario. Un pacto, que dicho sea inmediatamente, será más difícil de cumplir pues los intereses del préstamo europeo en este y sucesivos años incrementará el déficit, tratándose de reducir otros gastos públicos y con ello acentuándose la depresión económica en una espiral siniestra. Todo ello se enmarca en la concepción y las propuestas ideológicas neoliberales, que son compartidas con la misma vehemencia por el PP, los partidos nacionalistas burgueses y el PSOE.
La gravedad del desastre económico, social y político que significa el «rescate» no ha podido ser ocultado ante la opinión pública a pesar de los vanos intentos de manipulación del gobierno. Con el «rescate» España queda intervenida, tutelada y con una pérdida de soberanía palpable, como se verá a lo largo de los trámites de ejecución, y la economía española incrementa sus pasivos exteriores en la cantidad de los préstamos que reciba, agravándose su insostenible posición exterior.
Un aspecto esencial del rescate es que mientras se acometen ajustes y recortes de todo tipo por cantidades ridículas muchas veces comparadas con el montante del préstamo exterior, provocando muchos sufrimientos, injusticias y degradación general del Estado del bienestar, a la banca se le inyecta liquidez por un canal de gran calibre. Y a fondo perdido y sin ninguna garantía de recuperación de las aportaciones publicas, que se harán a través de ese organismo de camuflaje llamado FROB. Cuando los mineros reclaman subvenciones para mantener la vida en sus regiones y se lanzan a la lucha, los banqueros obtienen ayudas con sólo amenazar desde sus despachos. Y quien dice mineros, dice profesores, profesionales sanitarios y todo tipo de trabajadores. Ni un duro de las ayudas europeas se está dispuesto a utilizar en suavizar las restricciones al resto de la sociedad, algunas siniestras hasta la crueldad.
Como no podía ser de otro modo, el «rescate» organizado atiende también los intereses generales de los banqueros europeos, cuyas posiciones acreedoras frente a la banca española en quiebra quedan en parte trasladadas a los fondos públicos europeos que suministraran la liquidez acordada. Al vilipendiado Estado acuden los capitalistas sin tapujo alguno para socializar pérdidas y cubrir todos sus errores y desmanes.
Dos consideraciones más. Los beneficios que pueda transmitir la banca al resto de los agentes económicos facilitando financiación serán mínimos, si los hay, pues las ayudas del préstamo europeo no vienen a mejorar las condiciones de préstamos de la banca sino a tapar agujeros y compensar la desvalorización de sus activos, después de haber sido un elemento imprescindible en el inflado de la burbuja inmobiliaria con sus abusos y corrupción. Por otra parte, la situación de bancarrota, de quiebra del país, por su posición deudora frente al exterior no mejora ni un ápice. Posiblemente se ha superado un momento de tensión extrema, se ha podido ganar algo de tiempo, pero los fundamentos de la crisis española siguen intactos y las incógnitas y la inestabilidad de la zona euro abiertas.
En esta situación que aboca a España por la senda de Grecia, es hora de plantarse ante los falsos «rescatadores» de la Unión Europea; mostrar la puerta al gobierno del PP, incapaz y embustero al servicio de los ricos de España y Europa; denunciar por ilegitima a una Constitución que ha sido transformada para proteger los intereses de la banca europea; convocar a la ciudadanía víctima de la crisis a poner en marchar en un proceso constituyente; a conquistar, en fin, el control de la economía, de sus instrumentos y recursos para ponerla al servicio de las personas.
Es hora de unirse y movilizarse para derribar las murallas que protegen a las élites especuladoras y a sus servidores corruptos, y abrir la esperanza de una sociedad más justa, libre y solidaria.