Con el siglo XXI, han emergido de la sociedad civil española, tres pulsiones de fondo, vectores sociales o fuerzas motrices que con sus acciones rebasan los acuerdos explícitos, implícitos o posteriormente añadidos, de la transición política, 1977-1978. Fuerzas sociales de distinto tipo, relativamente convergentes, que marcan la última década la trayectoria política en España, demandando […]
Con el siglo XXI, han emergido de la sociedad civil española, tres pulsiones de fondo, vectores sociales o fuerzas motrices que con sus acciones rebasan los acuerdos explícitos, implícitos o posteriormente añadidos, de la transición política, 1977-1978. Fuerzas sociales de distinto tipo, relativamente convergentes, que marcan la última década la trayectoria política en España, demandando un nuevo pacto social, constitucional y territorial. Me refiero a la memoria histórica, los indignados y el nuevo nacionalismo catalán.
Memoria histórica. Una de las buenas nuevas que trae la globalización -tiene varias caras- es la mundialización de los derechos humanos. En el siglo XXI el derecho internacional insta a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de las dictaduras y las guerras, lo que afecta de manera directa a España (también a América Latina). Las víctimas de la dictadura de Franco han sido, como es sabido, las grandes olvidadas de la vieja transición. La derecha española, con el sostén del PSOE, ha reinterpretado la Ley de Amnistía de 1977, pensada para sacar de las cárceles a los presos políticos antifranquistas, para no juzgar a los represores del franquismo, confundiendo la reconciliación de los bandos de la guerra civil con la impunidad para los crímenes franquistas de lesa humanidad, cometidos contra civiles entre 1936 y 1977.
Ha habido un silencio sepulcral, entre 1977 y 2000, sobre las víctimas de la dictadura de Franco, hasta que Emilio Silva, nieto de un fusilado de la guerra civil, abre públicamente en León, con la ayuda de amigos y compañeros, la primera fosa de desaparecidos en España. Lo que dio lugar a la creación de la primera Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Actualmente existe una vasta red de asociaciones activas en favor de la memoria histórica por toda España, pese a la falta de apoyos institucionales desde 2011 (primer Gobierno de Rajoy). A pesar de la Ley de Zapatero (2007), han sido muy escasas las políticas públicas para la excavación de fosas y demás tareas ineludibles a favor de la memoria histórica. Nada que ver con la experiencia argentina, o incluso chilena y brasileña. Por poner un ejemplo, en España no existe todavía una Comisión de la Verdad. En lo tocante a memoria histórica vamos por detrás de América Latina, lo que señala una vez más la baja calidad de nuestra democracia.
El movimiento de la memoria histórica, así y todo, tiene voluntad de continuidad y es cada vez más influyente. Su mayor éxito -simbólico- es haber logrado, el 24 de octubre de 2019, la exhumación de Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, ejecutada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez con el sostén parlamentario de Podemos y los partidos nacionalistas. Queda todo por hacer, ojalá se constituya y perdure en el tiempo una mayoría de gobierno que pueda relanzar la tarea histórica de la memoria en España.
Indignados. El segundo motor del cambio social en la España reciente que consideramos es el movimiento de los indignados, que llamamos 15-M porque se inició el 15 de mayo del año 2011 . Ese día, de manera más o menos espontánea, a través de móviles y redes, se reunieron en Madrid, y en otras ciudades, un gran grupo de jóvenes alarmados por las consecuencias que las políticas derivadas -a partir de 2010- de la aceptación acrítica por parte del Gobierno socialista de las directrices de austeridad que venían de Alemania y la Comisión Europea. Los recortes y la recesión generaron un desempleo espantoso que se cebó, específicamente, en los licenciados universitarios.
Un movimiento nuevo, pues, de centenares de miles de jóvenes al calor de la experiencia pionera de Túnez y el Norte de África (que la prensa bautizó como primavera árabe), que arrastró a otros sectores de la sociedad y ejerció en España una significativa influencia, hasta el día de hoy. Las encuestas de aquel momento daban un apoyo del 70-80 % de la población española a los indignados. Coreaban por las calles: «Lo llaman democracia y no lo es», también «No nos representan, no». Criticaban a la democracia representativa exigiendo más democracia.
Del movimiento español de los indignados, a diferencia de los restantes países, surgió en 2014 un partido político denominado Podemos , que está resultando clave en 2019 para la formación del Gobierno de España.
Cataluña. Una gran ola de presión social, política e ideológica surgió, en tercer lugar, en Cataluña a partir del 11 de septiembre del año 2012, cuando que se manifestaron un millón de catalanes a favor de la independencia. Se trató de un movimiento sorpresivo porque Cataluña estaba, en principio, satisfecha -o resignada, dirán otros- con el autogobierno conquistado en la transición. La población catalana evolucionó hacia la independencia a causa de una acumulación de agravios, principiada en 2006 cuando en Cataluña se redactó legalmente un nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento autonómico, ratificado en referéndum por los catalanes y después respaldado mayoritariamente en el Congreso de Diputados de Madrid. El Tribunal Constitucional en lugar de validarlo, lo rechazó, por entender que no cabía dentro de la Constitución, muy en esa idea de las derechas españolas de reinterpretar conservadoramente la Constitución de 1978. Confirmando cierta continuidad con el franquismo en los altos tribunales españoles, como consecuencia de la falta de ruptura entre la dictadura y la democracia.
A partir de tamaña frustración la gente en Cataluña, pasa del autonomismo a posiciones independentistas, que alcanzan en algún momento el 50% de la población. El independentismo ha venido ganado las últimas elecciones, controlando la Generalitat de Cataluña. En 2017 organizaron un referéndum ilegal a favor de la independencia, y el Parlamento llegó a declarar la independencia de Cataluña. La respuesta del Estado se redujo más bien a la represión, lo que mantuvo vivo hasta la actualidad el movimiento independentista, pese a no tener opciones de futuro. Se detuvo a los dirigentes más importantes de los partidos catalanistas y las asociaciones civiles a favor de la soberanía, sentenciados con dureza por sedición el 14 de octubre de 2019.
Cataluña ha sido, y es, un factor constante de inestabilidad política en Cataluña y España, coadyuvando en las pasadas elecciones del 10 de noviembre al auge inédito de la ultraderecha española (VOX), que pretende terminar con el Estado de las Autonomías y regresar a un centralismo de corte franquista. Situación que no se revertirá, pensamos muchos, mientras no se imponga la vía del diálogo y la negociación política para adaptar al siglo XXI el artículo 2 de la Constitución del 78 sobre la plurinacionalidad española, donde se viene a decir que España es como la Santísima Trinidad: una y varias (naciones) a la vez.
Memoria histórica, indignados (históricamente, vector principal del cambio) e independentismo catalán convergen en lo mismo: superar el llamado Régimen de 1978 alcanzando una nueva estabilidad que reconcilie a la sociedad con sus representantes políticos.
La primera victoria que consigue el movimiento de los indignados, y sus ramificaciones políticas y mediáticas, directas o indirectas, es la derrota de la corrupción. Ha habido en los últimos años múltiples juicios, de enorme impacto, que afectan o han afectado a los dirigentes tanto de la época del PSOE como -sobre todo- del PP. Una especie de «manos limpias», finalmente transversal. Se habla más de la corrupción que hubo que de la corrupción que hay, de alguna manera los partidos más afectados han aprendido de la experiencia. Al principio se decía que no tenía efecto sobre los votos, resultó lo contrario y tanto el PSOE primero, como el PP después, perdieron millones de votos por la corrupción. Un éxito diferido de la indignación que nació en las plazas con el 15M e impregnó progresivamente al conjunto de la sociedad, incluyendo parte de la judicatura y los medios de comunicación.
El segundo efecto, asimismo visible y revelador, es el cambio radical del sistema de partidos. Pasamos del bipartidismo de las últimas cuatro décadas al pluripartidismo, que refleja mejor el pluralismo social e ideológico e impugna también las instituciones de la democracia, limitadamente representativa, que salió de la transición de los años 70. En 2014 nace, según ya dijimos, el partido Podemos que proviene del movimiento del 15-M. En el año siguiente, 2015, nace el partido Ciudadanos, que se decía que iba a ser el «Podemos de la derecha» y se ha quedado en pura derecha. En 2019, vimos como aflora el partido ultra reaccionario VOX, una especie de franquistas recalcitrantes que buscan imitar a lo que es ahora la ultraderecha en el mundo (Salvini, Le Pen, Trump, Bolsonaro). Se pone así fin al régimen de doble «partido único» donde se alternaban en el gobierno el PP y el PSOE por medio unas mayorías absolutas que ahora se fueron para no volver como muestran, nuevamente, los recientes resultados de las votaciones del 10 de noviembre de 2019.
El multipartidismo es, entonces, otro efecto irreversible de las pulsiones de fondo que atraviesan la sociedad española en los albores del siglo XXI. La verdad es que hace tiempo que en toda Europa lo normal es el pluripartidismo y los gobiernos de coalición. En España, por el contrario, hubo fuertes resistencias por parte de los beneficiarios políticos, económicos y mediáticos, de la rigidez bipartidista. El PP se ha adaptado primero, desde el momento en que su espacio electoral se fragmenta en tres partes. No tanto el PSOE, el partido socialdemócrata por antonomasia en España que ha disfrutado, desde 1982, de esa alternancia en el gobierno con la derecha: le ha costado mucho adaptarse a la emergencia de un nuevo partido a su izquierda con millones de votos. Se vio en la negativa final del verano pasado, por parte del PSOE, a formar un gobierno de coalición con Podemos: causa primera de la repetición de elecciones en noviembre.
Podemos aseverar que los españoles estamos ante una nueva transición en marcha, se quiera o no. Para variar, los políticos van detrás de la sociedad, salvo excepciones. Esta segunda transición da pasos adelante en la práctica, sin declaraciones previas, a diferencia de la transición 1977-1978, cuando un pacto entre grandes figuras y representantes de tendencias distintas, incluso contrapuestas, negociaron la legalización del PCE, las primeras elecciones y la Constitución democrática. Hoy los cambios en curso no se están pre-programados por las alturas, se hacen realidad mediante mecanismos democráticos, sea manifestaciones sea elecciones, decisiones parlamentarias y acciones de gobierno. Estamos, por tanto, ante una transición a plazos, más lenta, con progresos y retrocesos, sin que nadie asegure los resultados.
Este proceso de cambio dimana de la sociedad civil y contagia sobremanera a la sociedad política, unos se muestren favorables y otros contrarios. Intensa bipolarización en la ideología y las actitudes sociales que no se había visto desde el tardofranquismo y la transición, como corresponde a todo cambio histórico verdadero, relativamente dilatado en nuestro caso. Una transición a plazos, en suma, que concuerda bien con la Historia Contemporánea de España.
La revolución burguesa del siglo XIX no giró alrededor de un acontecimiento fundador como en el modelo francés (1789), sino a través de avances acumulativos y regresiones que duraron todo el siglo XIX, dividiendo a la sociedad española en liberales y conservadores. En el siglo XX la irrupción del movimiento obrero también generó una bipolarización entre izquierda y derecha que llega hasta hoy. La bipolaridad existente en la España actual continua de este modo la tradición española de los dos últimos siglos, que nos ha permitido llegar la prosperidad presente (desigualmente repartida, desde luego). El pesimismo de los intelectuales decimonónicos sobre las «dos Españas», olvida que su dialéctica ha conducido finalmente a grandes progresos, por mucho que los privilegiados y cortos de espíritu, se hayan resistido.
En 2018 y 2019, cuaja de modo creciente y organizado esta bipolaridad izquierda / derecha, progresistas versus conservadores. Los agudos problemas sociales y políticos que sufrimos, y sus alternativas, salen a la luz extremando el voto, y no se trata sólo, ni principalmente, de un problema entre políticos como se puede pensar superficialmente. En el último año se han conformado dos opciones políticas, mediante acuerdos y convergencias entre partidos, cara a la resolución -o el agravamiento, con el polo conservador- de las tensiones de fondo que exhortan a una nueva estabilidad fundamentada en un nuevo pacto social, político y territorial. Cara a las dobles elecciones de 2019 se perfilaron así una alternativa de progreso y una alternativa de «regreso».
La alternativa de progreso nace en la primavera de 2018 cuando el Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas periféricos se ponen de acuerdo para echar al PP del Gobierno a través de una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. A partir de ahí, y durante once meses, funcionó en España un Gobierno del PSOE apoyado desde el Congreso de Diputados por Podemos y los grupos de la moción de censura, que subió el salario mínimo en un 22,30 % (900 euros) y sacó la tumba de Franco del Valle de los Caídos, entre otras medidas progresistas. Experiencia «a la portuguesa» que se agotó pronto (también en Portugal) y obligó, ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos, a convocar elecciones generales para abril de 2019. A partir de esa breve experiencia de Gobierno de más o menos de izquierdas, las tres derechas reunidas en la Plaza de Colón de Madrid (PP, Ciudadanos y VOX), se juntaron en un frente nacionalista español de carácter reaccionario -nunca mejor dicho- a fin de recuperar el Gobierno, asegurar los intereses de los grandes poderes, prolongando la impunidad del franquismo y restringiendo libertades y derechos reconocidos en la Constitución, cuando no volviendo al Estado centralista anterior a la transición a la democracia, so pretexto de la situación en Cataluña.
Hoy, 12 de noviembre de 2019, acaba de anunciarse por parte del PSOE y de Podemos un preacuerdo de Gobierno de progreso que habría de llevar a la práctica las reformas sociales y políticas demandadas en este nuevo siglo por la sociedad civil española. Así sea.
Carlos Barros. Red Académica Internacional Historia a Debate.
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