A muchos parecieron inesperados los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Realizada en diciembre -cuando estaban en su apogeo las denuncias de corrupción, en medio de la crisis del PPD y cuando se producía la muerte y el funeral de Pinochet-, la derecha esperaba una caída en el apoyo al […]
A muchos parecieron inesperados los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Realizada en diciembre -cuando estaban en su apogeo las denuncias de corrupción, en medio de la crisis del PPD y cuando se producía la muerte y el funeral de Pinochet-, la derecha esperaba una caída en el apoyo al gobierno y un alza en sus aspiraciones electorales, apoyadas en una oportunista e hipócrita campaña de denuncias. Eso no ocurrió. La presidenta Michelle Bachelet subió seis puntos en relación a la misma encuesta de junio-julio de 2006. Superó incluso el apoyo que tuvo el presidente Ricardo Lagos en sus primeros cuatro años de gobierno, en que no superó el 50 por ciento. La Concertación mantuvo sólido respaldo y la derecha, como oposición, recibió sólo un 24 por ciento de apoyo. Los principales personajes políticos de la Concertación mantuvieron amplia ventaja sobre los de la derecha, entre los que descolló Sebastián Piñera.
La corrupción no fue achacada exclusivamente a la Concertación. El 59 por ciento de los encuestados atribuyó un manejo poco probo tanto a la Alianza como a la Concertación, responsabilizando a ambos conglomerados por igual y los instó a trabajar juntos para arreglar las cosas. Lo más importante: la encuesta mostró que la opinión pública consideraba que la corrupción se extendía. Los partidos políticos, los tribunales de justicia y el Congreso mostraron las cotas más altas. Los siguieron los municipios y las empresas públicas. Las Fuerzas Armadas no se libraron. Las tendencias evidenciadas por la encuesta CEP son concordantes con otras realizadas en marzo por diversas empresas del rubro. Se trata, en definitiva, de un panorama previsible. La Concertación continúa siendo la principal fuerza política y la derecha no se perfila todavía como capaz de arrebatarle el gobierno. La opinión pública -que incluso pide actuaciones conjuntas- hace análogas, al parecer, a la Concertación y a la Alianza. Las diferencias estarían más bien en las personalidades y el peso de la herencia de la dictadura. Entretanto, Michelle Bachelet aumenta su nivel de confiabilidad en casi veinte puntos con relación a octubre-noviembre de 2005, cuando todavía era candidata. Sin embargo, casi el 59 por ciento de los encuestados opina que la presidenta es débil ante las presiones, y la política económica de su gobierno no recibe buena nota. Sin embargo, sería un error analizar la encuesta como una de tantas. Tiene importancia adicional porque entrega pistas que tienden a pasar inadvertidas. Es una nueva señal que reafirma la existencia de una creciente brecha entre la actual institucionalidad y los intereses de la inmensa mayoría de la población. Es un problema de legitimidad institucional, que la clase política se niega a aceptar. Esta «democracia» está en crisis. Se necesita otra, una verdadera. Se impone una refundación del Estado que ni la Concertación y menos la Alianza, se atreven a proponer. Hay muchas razones que explican la crisis.
La democracia sigue cautiva de los consensos con la derecha, gracias a un sistema electoral que también beneficia a la Concertación. La dictadura, con sus delitos atroces y su corrupción, se ha visto legitimada por la impunidad dispensada a sus principales actores, civiles y militares. Esa impunidad pesa en la conciencia colectiva y degrada la ética social. Los poderosos siguen mandando y las transnacionales disfrutan de granjerías inaceptables. Los militares tienen la protección del Código de justicia militar. Los magistrados de los tribunales civiles forman una cofradía que se autoprotege, en detrimento de una justicia que, desde que existe la República, arroja el peso de la ley contra los pobres. Que el Congreso, los partidos políticos, los municipios y el gobierno, así como los jueces, sean considerados corruptos es algo grave. Tanto como ese indicio que apareció en una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según ella, un número significativo de chilenos considera que la democracia no es mejor que la dictadura. O como la marginación de los jóvenes del sistema político, o los estallidos de violencia -que se producen casi sin motivo aparente- en concentraciones, manifestaciones masivas o al interior de las poblaciones.
No se trata de hacer una defensa de la institucionalidad democrática formal, ni del sistema de elecciones periódicas, ni de instituciones más a menos representativas, ni de aparatajes que disimulan la profunda marginación del pueblo de las decisiones que lo afectan. Se trata, eso sí, de buscar otro tipo de democracia. Una democracia real, que exprese verazmente la voluntad del pueblo para que éste pueda satisfacer sus anhelos y aspiraciones a través de su participación y control. Una democracia que recupere la plenitud de la soberanía y garantice la justicia social, el progreso y el bienestar colectivos. Algunos observadores lúcidos de la realidad nacional, como la revista jesuita Mensaje, aunque defensora del libre mercado, no titubean en señalar las causas profundas de la crisis, generadas por el liberalismo a ultranza que la Concertación se esmera en fortalecer. «…Parte importante de las nuevas fortunas -editorializa Mensaje (554, nov. 2006)- se han hecho a costa del bienestar de todos los chilenos. Conocemos las irregularidades en las privatizaciones que se hicieron durante el gobierno militar. También hoy el Estado tiene una capacidad de fiscalización limitada, posibilitando los abusos laborales, la elusión y evasión de impuestos, junto con otras anomalías que favorecen la inequitativa concentración de la riqueza». Más allá de las denuncias de corrupción y la coyuntura política, se abren horizontes que deberían motivar a las organizaciones populares.
¿Cómo aspirar a una verdadera democracia? ¿Cómo definir sus perfiles, que serán en el fondo socialistas? ¿Cómo alcanzarla? Son preguntas difíciles y metas complicadas, pero deberían constituirse en temas presentes en las luchas y propuestas cotidianas como perspectiva y punto de orientación. Sin perder de vista que una refundación democrática significa Asamblea Constituyente y plebiscitar una nueva Constitución. Y eso implica un sistema electoral que termine con el binominalismo y la corrupción asociada a él. Significa también una reforma educacional, ahora. Y no acepta tampoco la mantención de hipotecas sobre la soberanía nacional y las riquezas que son patrimonio de todos y que pertenecen, también, a nuestros descendientes. Quiere decir latinoamericanismo e integración regional. Significa todo eso y más. Porque en el fondo, son los anhelos y la voluntad de construir un nuevo país para una sociedad fraterna.