El latifundista, el patrón, cree que toda esa tierra mapuche heredada de décadas de despojo le pertenece. El estado chileno, el gobierno, llega aun más lejos. Es el Wallmapu, es decir, todo el territorio, lo que le pertenece, de la misma forma que lo piensa George W. Bush respecto del planeta entero. Asi de simple […]
El latifundista, el patrón, cree que toda esa tierra mapuche heredada de décadas de despojo le pertenece. El estado chileno, el gobierno, llega aun más lejos. Es el Wallmapu, es decir, todo el territorio, lo que le pertenece, de la misma forma que lo piensa George W. Bush respecto del planeta entero. Asi de simple y dramático. Por eso, cuando el patrón de fundo ve invadida su propiedad, recurre a las leyes y los tribunales que legitiman y defienden su patrimonio, de la misma forma que lo hace el Estado cuando el Pueblo Mapuche reclama al sur del Bio-Bio el derecho sobre su territorio.
Kiñe
El problema de las autoridades y políticos chilenos frente al denominado conflicto mapuche no es político. Es ideológico. O pero aun, es de mala fe. El mismo sistema jurídico-institucional vigente, con sus consabidas imperfecciones pinochetistas, valdría para darle al Pueblo Mapuche los espacios de libertad política que reclama. Lo que sobra es mala fe. Y una idea de estado unitario anacrónica y a todas luces contraproducente con el Chile globalizado y moderno que nos intentan vender las luminarias de la Concertación. «Un estado, una sola nación», se escucha porfiadamente en La Moneda, en el parlamento y en las comandancias castrenses. Lo que varía es el tono, el volumen del chovinismo, pero unos y otros coinciden en lo principal. El estado chileno, al igual como Inglaterra respecto de Irlanda o Israel respecto de los Palestinos, concibe al Wallmapu como parte de su propiedad. Por eso, cuando los mapuche o sus miembros se levantan reclamando derechos territoriales, el estado-propietario lo toma como un ataque a sus derechos inalienables de soberanía. Chocan, entonces, dos derechos opuestos. El de los vencedores para dominar. El de los vencidos para liberarse. El del estado para gobernar. El de los mapuches, para autodeterminarse.
Epu
El latifundista, el patrón, cree que toda esa tierra mapuche heredada de décadas de despojo le pertenece. El estado chileno, el gobierno, llega aun más lejos. Es el Wallmapu, es decir, todo el territorio, lo que le pertenece, de la misma forma que lo piensa George W. Bush respecto del planeta entero. Asi de simple y dramático. Por eso, cuando el patrón de fundo ve invadida su propiedad, recurre a las leyes y los tribunales que legitiman y defienden su patrimonio, de la misma forma que lo hace el Estado cuando el Pueblo Mapuche reclama al sur del Bio-Bio el derecho sobre su territorio. Por cierto, Bush enviaría portaaviones, marines y misiles. También a la CNN y multinacionales prestas a reconstruir lo anteriormente destruido. Lagos, menos bruto y con algunos destellos de estadista, prefiere costosas campañas de marketing que gusta denominar como políticas de «nuevo trato». Según Lagos, pensiones, proyectos y subsidios deberían impulsar el desarrollo en los obedientes y capaces. Desempolvadas leyes antiterroristas y jóvenes fiscales adictos a las cámaras y la adrenalina, harían lo suyo por el resto. La vieja estrategia circense de la zanahoria y el garrote. El ying y el yang Concertacionista. La piedra angular de la política indigenista / asimilacionista chilena.
Kila
El accionar represivo del gobierno chileno no se desarrolla sin experiencias y pruebas anteriores. La experiencia de los organismos de inteligencia / represión de la dictadura militar de Pinochet, constituyen un antecedente. No se trata de una campaña de exterminio como aquellas que caracterizaron el accionar de una CNI en los oscuros años ochenta, lo reconozco. Tampoco de una campaña de persecución política anti-mapuche sistemática y repulsiva. El escenario político es distinto. Sin embargo, los métodos represivos implementados solo se adecuan a las circunstancias. No se trata hasta el momento de una rebelión generalizada. Ningún mapuche o grupo organizado se ha propuesto hasta la fecha responder con violencia a la violencia. En dicho escenario, sospecho que la respuesta estatal nada tendría que envidiar a los criminales métodos de Moren Brito, Krassnoff y Cia. Karl von Clausewitz, estratega militar, sugería que en un contexto de guerra es necesario regular el esfuerzo propio de acuerdo con la capacidad de resistencia del adversario, que se manifiesta en los medios materiales al alcance y en la fuerza de voluntad de los individuos que conforman uno y otro bando. Algo de eso habrán aprendido en los setenta Lagos, Insulza y Cía.
Meli
Los estados aprenden de sus pares para golpear mejor. También para ignorar a su oponente. La estrategia del estado chileno frente a los mapuche, se asemeja mucho a la implementada por Inglaterra frente al desarrollo del nacionalismo emancipador irlandes. El 1 de marzo de 1981, 10 presos políticos irlandeses iniciaron una huelga de hambre en el Bloque H de la cárcel de Maze, Inglaterra. El Bloque H, más que una sección, era un centro de torturas y vejámenes. Allí eran trasladados desnudos, todos los presos del IRA que se negaban a usar el uniforme de «delincuentes comunes». Encabezados por Bobby Sands, los presos exigieron su derecho a ser considerados presos políticos. Luego de 66 días de huelga, ciego por completo y en los huesos, Sands murió. Días más tarde lo siguieron Francis Hugues, Fraymond McCreesh, Ptsy O’Hara, Joe Mc Donnel, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas Mc Elwee y Michael Devine. Durante la huelga, Margaret Thatcher, primera ministra británica, no cedió ni un ápice. En Angol, trás 51 días en huelga de hambre, seis presos políticos mapuche terminaron hace poco en el hospital. Exigian, además de su libertad, el fin de la persecución contra sus comunidades. Ninguna autoridad escuchó sus demandas. Solo sus familiares. Ya lo dice el mito popular. Chilenos, los ingleses de Latinoamérica.
Kechu
Mentir, mentir, que algo queda. El pasado 15 de abril, en su exposición ante la ONU, Jaime Andrade Guenchucoy negó la existencia en Chile de presos políticos mapuche. «La imputación a determinadas personas ha estado establecida por el delito y el resultado de las investigaciones, y no por el orígen de los imputados», señaló el diminuto subsecretario de Mideplan en el alfombrado Palacio Wilson. Se trataría entonces de presos comunes, simples delincuentes rurales cuya reclusión lo exigiría tanto el derecho como la sociedad. José Lincoqueo, abogado mapuche, tampoco considera como presos políticos a los numerosos líderes de nuestro pueblo encarcelados en el sur de Chile. Mucho menos delincuentes comunes. Para Lincoqueo, se trataría de «prisioneros de guerra» y en virtud de esta denominación, exige en los jueces su liberación de acuerdo a los Convenios de Ginebra. En la corte de Temuco, los ministros suelen escuchar a Lincoqueo como quién escucha predicar a un loco. En el extranjero, sin embargo, sus teorías son escuchadas con respeto y admiración. A menudo le toca viajar y exponer en facultades universitarias. Derecho indiano, le llaman los que saben a su teoría. Una importante rama del actual derecho internacional.
Kayu
Mao Tse Tung, lider comunista chino, escribió alguna vez que el campesino es a la revolución lo que el agua es al pez. Políticamente hablando, y desde la perspectiva de quienes buscan destruir los movimientos revolucionarios, el objetivo principal en toda confrontación es quitarle el agua al pez. En el caso mapuche y desde la perspectiva del Mideplan, el agua serían las comunidades y el pez el escenario de agitación y descontento social existente. ¿La respuesta? millones de dólares en inversión asistencialista de urgencia para generar división, dispersión y aislamiento. Eso es el Programa Orígenes y lo demás demagogia o palabrería. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, el agua sería la CAM y el pez la amenaza de un probable levantamiento étnico. ¿La respuesta? Millones de dólares en nuevos equipos represivos, formación de agentes especiales, militarización de vastas zonas y aplicación de leyes antiterroristas para llevar a los rebeldes ante la justicia. Eso ha sido en La Araucanía la Reforma Procesal Penal. Lo demás es demagogia o palabrería. Quién lo diría. Mao Tse Tung y Milton Friedman. Juntos en el pluralista gabinete de la Concertación.
Regle
En su edición del pasado 14 de abril, el vespertino La Segunda publicó en portada y con destacadas letras rojas «Loncos mapuches amenazan a ex ministro desde prisión». Todo ello, a propósito de una carta emitida por los dirigentes desde su encierro en los frios muros de la cárcel de Traiguén. ¿Amenaza? Para nada. En su carta, los loncos solo declaraban a Juan Agustín Figueroa como su principal enemigo, opinión compartida por muchos ciudadanos mapuches y chilenos respetuosos de Neruda y su legado. Ejercicio de la libertad de expresión, le llaman en democracia. Según la legislación chilena, constituyen delitos terroristas los enumerados en el artículo 2° de la ley 18.314. Es decir, aquellos delitos comunes muy graves, pero en los que además concurren algunas de la circunstancias que allí se enumeran. Una de ellas, que el delito se cometa «con la finalidad de producir en la población o una parte de ella, un temor justificado de ser víctima de un delito de la misma naturaleza». Exijo, por tanto, una querella del Ministerio del Interior en contra del director del diario La Segunda. ¿El cargo? injurias graves terroristas y con publicidad contra los ciudadanos Pascual Pichún y Aniceto Norin. Ley pareja no debiera ser dura. Eso, al menos, en un supuesto estado de derecho.
Purra
Para el Intendente Ricardo Celis, diálogo a veces rima con represión. El pasado 21 de abril, una veintena de comunidades decidieron movilizarse por la falta de tierras que les afecta. Tras cinco años de trámites burocráticos y promesas incumplidas por la CONADI, comuneros de Ercilla, Collipulli, Lumako, Imperial y Galvarino, ocuparon media docena de fundos y marcharon hasta Temuco. Allí, frente a la Intendencia, permanecieron tres días, con sus trutrukas, kullkules y lienzos cargados de dignidad, exigiendo a las autoridades tomar cartas en el asunto. Al tercer día, el Intendente decidió escucharlos y programar una mesa de trabajo. Al día siguiente y cuando los dirigentes esperaban conversar sobre dicha mesa, Celis ordenó a sus centuriones de las fuerzas especiales desalojar la Intendencia y detenerlos a todos por «ocupación ilegal de dependencias públicas». 25 personas, entre hombres y mujeres, entre ellos una lamngen embarazada, resultaron golpeados, detenidos, encarcelados y, en cuestión de horas, condenados. 20 por «desacato a la autoridad» y 5 por «desórdenes públicos», que es como la justicia llama -en el caso mapuche- al derecho de los ciudadanos a la legítima defensa. De la mesa de trabajo, nunca más de supo. Eso es el diálogo, según el evangelio de San Ricardo.
Aylla
En la particular visión de Ricardo Celis, en la región no existirían conflictos de tierras ni mucho menos descontento en las comunidades. Por el contrario, reinaría la calma y la satisfacción. En la particular visión de Celis, las últimas movilizaciones mapuche solo tendrían una motivación electoral y su principal impulsor no sería otro que Aucán Huilcamán, el Bin Laden de turno de la administración regional. Huilcamán, reconocido dirigente y fogueado werken internacional, emprende por estos días una campaña que le permita inscribir su testimonial candidatura a la presidencia de Chile. Reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas, ratificación de convenios internacionales, respeto a la diversidad étnica del país, establecimiento de una educación intercultural, reconocimiento de la medicina mapuche, mayores espacios de participación política, son, entre otras, las subversivas y peligrosas propuestas de su eventual gobierno. Rodolfo Stavenhaguen, relator especial de las Naciones Unidas, recomendó las mismas medidas en un reciente informe sobre los derechos humanos en Chile. Stavenhaguen poco interés tiene en ser Presidente de Chile o en sublevar a las comunidades. No descarto que Celis opine exactamente lo contrario.
Mari
El neoindigenismo chileno se nutre de variados experimentos. Uno de ellos, es el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) del gobierno mexicano, implementado en Chiapas en los ochenta y que posteriormente los zapatistas, haciendo gala del humor negro que los caracteriza, bautizaron simplemente como «Pronasoledad». En concreto, se trató de una millonaria inversión de recursos para mitigar los elevados índices de pobreza, analfabetismo y cesantía presentes en aquella zona del sureste mexicano. También de una acción de contrainsurgencia que, tras la rebelión del 1 de enero de 1994, demostró ser un absoluto fracaso. Para el gobierno de Salinas de Gortari, el «problema indígena» era un problema de pobreza. Nada más y nada menos. Eso le indicaban sus asesores y señalaban a gritos desde el Banco Mundial. Siguiendo una lógica parecida, en Chile hizo su estreno el año 2001 el Programa Orígenes. Millones de dólares del BID en inversión «social». En Chiapas, Pronasol sólo sirvió para engordar los bolsillos de aquella tropa de corruptos caciques locales que lo implementaron. En Chile, Orígenes avanza a paso firme, plagando las comunidades más pobres del país de invernaderos y sedes sociales de zinc. La versión étnica de «Un Techo para Chile».
* Artículo publicado originalmente en Periódico Mapuche Kimun Nº30, Mayo de 2005.