La sola aceptación a exponer esta denuncia en la ONU, ya es un logro importante en materia de derechos humanos para el Pueblo Mapuche, e implica un reconocimiento de la persecución política contra el vocero histórico de la CAM Héctor Llaitul, así como de otros presos políticos mapuche con causas penales abiertas y en condición de prisión preventiva.
El jueves 21 de marzo, en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, se presentó una denuncia contra el Estado de Chile por violación de los derechos del Pueblo originario Mapuche. La denuncia se explica por la violenta escalada de la vulneración en Chile de las normativas del derecho internacional, en un marco de militarización, criminalización y persecución contra comuneros mapuche encarcelados y con procesos penales abiertos por defender la vida, su cosmovisión y el territorio.
El abogado Alberto Espinoza, en representación del preso político mapuche Héctor Llaitul, fue quien expuso ante la ONU esta denuncia. El caso de Héctor Llaitul es paradigmático en la persecución del Estado chileno contra comuneros del Pueblo Mapuche que resuelven enfrentar, desde su visión de mundo originaria, la maquinaria del despojo de los grandes intereses capitalistas como las empresas forestales que operan en el sur de Chile, territorio histórico mapuche. El werken (vocero) de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, ha sido condenado a 23 años de prisión por la anacrónica Ley de Seguridad del Estado, que castiga el pensamiento y la palabra de Héctor Llaitul Carrillanca e impone a la lucha mapuche la categoría de «enemigo interno», propia de la dictadura pinochetista.
La denuncia presentada ante el organismo internacional señala que «el Estado chileno ha desarrollado una legislación heredada de la dictadura militar para reprimir y criminalizar al pueblo Mapuche, la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado han permitido articular institucionalmente al poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial con la misma finalidad represiva, desconociendo la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que se ha materializado en la persecución obstinada y personalizada en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, Werken (vocero) y líder de la Coordinadora Arauco Malleco, actualmente condenado a 23 años de cárcel, 15 de los cuales corresponden a una condena por apología a la violencia, por sus opiniones y discursos reivindicativos del territorio mapuche y la autonomía cultural. Cumple esta injusta y arbitraria condena, bajo un régimen carcelario inhumano y degradante que afecta directamente su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Esta persecución penal se ha desatado en contra de su hijo Pelentaro Llaitul, a quien el Ministerio Público y el Ministerio del Interior del gobierno del presidente Boric pide 100 años de cárcel».
La sola aceptación a exponer esta denuncia en la ONU, ya es un logro importante en materia de derechos humanos para el Pueblo Mapuche, e implica un reconocimiento de la persecución política contra el vocero histórico de la CAM Héctor Llaitul, así como de otros presos políticos mapuche con causas penales abiertas y en condición de prisión preventiva.
El abogado Alberto Espinoza lee una síntesis de la denuncia en el siguiente video. Comienza refiriéndose al carácter histórico de la política de «persecución, discriminación, racismo y criminalización» del Estado de Chile contra el pueblo mapuche por «su resistencia a la dominación y por su lucha sostenida en el tiempo por su territorio, su cultura y cosmovisión. Territorio usurpado por la colonización y actualmente por empresas transnacionales auspiciadas por el Estado chileno». Asimismo, se refiere a la forma en que está diseñada la legislación chilena, «heredera de la dictadura militar», en torno a la cual se articulan todos los poderes del Estado. Realidad que se evidencia en el caso del werken Héctor Llaitul.
La denuncia presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU termina exhortándole «a adoptar medidas conducentes a garantizar y respetar los derechos del Pueblo Mapuche, el derecho de autodeterminación, y que demande del Estado de Chile el cese de la militarización del Walmapu (territorio Mapuche) y la libertad de Héctor Llaitul y de los presos políticos Mapuche, el fin de los regímenes carcelarios inhumanos y degradantes, y la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el Convenio 169 de la OIT».