Asturbulla
Hace un mes que se destapó el escándalo de algo que debiera haber sido mucho más que una simple «noticia» pero que no pasó de ser un suceso más de los habituales.
La empresa Gas Gijón, S. A., distribuidora oficial de Repsol, dedicada al reparto de bombonas de butano utilizaba a numerosas personas para realizar las entregas, a trabajadores sin contrato, sin afiliación a la Seguridad Social y sin relación alguna con algo que suene a riesgos laborales debido al peso de las bombonas y a un trabajo en el que se maneja un gas potencialmente peligroso. Estos repartidores cobraban 15 euros por toda la jornada de trabajo y, cuando eran necesarias dos personas, se repartían el «salario» de modo que a cada uno le correspondía 7,5 euros al día. Un trabajador presentó una denuncia en la comisaría de policía y dos gerentes de la empresa, y cinco implicados más, tuvieron que prestar declaración en el juzgado pero fueron puestos en libertad sin fianza y sin más requisitos. Hasta aquí la noticia, pero el resultado final del relato no pasó de ser un suceso más en las noticias locales de dos periódicos regionales (1) y tampoco hubo más seguimiento.
La denuncia presentada a principios de año requirió varios meses para concluir la investigación, para iniciar un proceso que ha terminado en nada. Casi una docena de trabajadores, ni siquiera se sabe cuantos ni tampoco durante cuanto tiempo, pasaron por estas condiciones de precariedad. No parece que ninguno de estos trabajadores esté en disposición de hacer nada más que mal sobrevivir y mucho más cuando se trata de inmigrantes extracomunitarios, comunitarios y alguno más de origen nacional.
Las «irregularidades» cometidas por Gas Gijón son numerosas: fraude a la Seguridad Social, fraude a Hacienda, temeridad en materia de seguridad por manipulación de sustancias peligrosas sin ningún tipo de prevención y el abuso y explotación de personas, todo ello de modo organizado y sistemático, a juzgar por la crónica de los diarios citados. Claro que todo lo dicho es en grado de presunción porque todavía nadie ha sido juzgado aunque, por otra parte, jamás lo será, de modo que la presunción adquiere el carácter exculpatorio definitivo.
¿Cual ha sido el proceso seguido con estas «irregularidades» (nunca son delitos)? Ante la denuncia del trabajador en la comisaría de policía, ésta lo comunica al juzgado y a la Inspección de Trabajo. Pero la Inspección carece, de hecho, de competencias y de medios materiales y humanos y, cuando puede y consigue enviar un informe a la Dirección de Trabajo, dependiente de la Consejería de Industria, ahí queda estancado o más frecuentemente va a la papelera. La disposición del Consejero, Graciano Torre, y la del Director General de Trabajo, Antonio González, no incluye, en absoluto, resolver y menos impedir estos abusos. Corrobora lo dicho los expedientes no realizados y los casos no resueltos.
Por otra parte, el juzgado, siguiendo la misma praxis que la Consejería, con el informe de la Inspección de Trabajo en vía muerta, el asunto se diluye. Paralelamente todavía queda, o debiera quedar, el ministerio fiscal, pero no parece que estas actuaciones constituyan delito, de modo que ni cuentan ni se persiguen y, el resultado, de hecho, es la indiferencia y el desamparo. Aún cuando en estos años de crisis los abusos han crecido de modo alarmante.
En la contratación laboral la desproporción de fuerzas y de posibilidades reales de negociación es abismal. Si la Consejería y la justicia pasan del tema, sólo queda como salida el que los trabajadores afectados «negocien» directamente con la empresa. Y, en estas circunstancias, qué remedio, se limitan a obtener una «compensación» lo más rápida posible y sin ninguna otra salida, ni siquiera la de ponerse al día en las cotizaciones porque, como de sobra saben, nunca llegarán a tener ni los años cotizados para una jubilación contributiva ni tampoco los meses necesarios de cotización para adquirir alguna retribución por desempleo. En resumen, tratan de cobrar lo que pueden sin más condiciones.
Este es sin duda el modelo de Estado de Derecho para un buen número de trabajadores sin recursos y sin medios para salir del círculo vicioso en el que se encuentran. No sólo tienen en frente la contratación abusiva, sino también a las instituciones que debieran ampararlos, incluyendo una legislación tan permisiva con esta delincuencia como tan represora cuando convenga y sea necesario.
Pero este Estado de Derecho, no sólo es abusivo con la contratación laboral fraudulenta, también se acentúa cuando a estos trabajadores se les ocurre manifestarse, encerrarse o emprender alguna acción reivindicativa, pacífica por supuesto. En este caso mantener el orden es esencial y tiempo le falta al Delegado de Gobierno, Antonio Trevín, para enviar los furgones necesarios con efectivos en abundancia para reprimir con toda violencia a los congregados sin que medie ninguna presunción de inocencia, o de razón, que no sea la fuerza bruta para imponer y mantener este Estado de Derecho.
Los ocho o quince euros diarios en ningún momento han producido alarma social alguna. Ni siquiera por tratarse de una empresa, Gas Gijón, dedicada a la manipulación de mercancías peligrosas que debiera estar especialmente controlada, dada su actividad. Es decir, a la indiferencia de las autoridades regionales y judiciales sobre esta abusiva explotación laboral, habría que sumar la irresponsabilidad sobre el inexistente control sobre la manipulación de sustancias peligrosas. Tampoco Repsol, responsable de algún modo, puede librarse de intervenir en este asunto y de conocer la fiabilidad de su distribuidora de butano y de cómo cumple o no la normativa sobre la manipulación de este gas.
Mientras, todo esto sucede en una comunidad gobernada o, mejor dicho, administrada por partidos de izquierda, por el PSOE e IU, tanto a nivel regional como municipal. En ningún momento, ni individual ni colectivamente, han dicho ni una sola palabra, ni oficial ni extraoficialmente sobre este suceso.
Queda la amarga sensación de vivir en una sociedad gobernada por Partidos Políticos arraigados en la insolidaridad institucionalizada orientados a la práctica de una «legalidad» constituida por varios Estados de Derecho que han sido dictados a medida, a la medida de según convenga a quien manda. Y manda este modelo económico, de mercado y de plusvalías sin límites, que necesita configurar, sin importar cómo, diferentes Estados de Derecho para así poder continuar con una economía delictiva e insostenible y ruinosa para los trabajadores.
Nota (1):
La Nueva España: Los seis detenidos por explotar a inmigrantes quedan en libertad
El Comercio: Por menos de ocho euros al día
Asturbulla: Gas Gijón, distribuidora oficial de Repsol, dedicada, presuntamente, a la explotación de trabajadores pagándoles de 8 a 15 euros al día
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