En 2001, la chilena Rosa Arce se rebeló contra la discriminación que sufren las mujeres casadas bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal y denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo se llegó a una solución amistosa, que no se ha cumplido. El 28 de febrero de 1976, Arce […]
En 2001, la chilena Rosa Arce se rebeló contra la discriminación que sufren las mujeres casadas bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal y denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo se llegó a una solución amistosa, que no se ha cumplido.
El 28 de febrero de 1976, Arce contrajo matrimonio con Patricio Salinas bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, instituido en 1857 y que otorga al marido la facultad de administrar los bienes propios, los de la familia y los de su esposa, algo que ella, como la mayoría de las chilenas, ignoraba cuando se casó.
Al ser hasta hoy el sistema «predeterminado» en la legislación, las parejas quedan casadas bajo esa modalidad a menos que manifiesten explícitamente su preferencia por las otras dos alternativas existentes: la separación total de bienes o la participación en los bienes gananciales.
Este último régimen, instaurado con poco éxito en 1994, implica que durante la vigencia del matrimonio cada cónyuge dispone por separado de su patrimonio, pero si se produce un divorcio o fallecimiento, cada parte tiene derecho a la mitad de los gananciales, excedentes, conseguidos mientras duró el vínculo.
Las estadísticas indican que 44,8 por ciento de las mujeres chilenas están casadas, 64,8 por ciento de las cuales lo está bajo la sociedad conyugal. No obstante, en los últimos años esta modalidad ha ido perdiendo terreno a manos de la separación de bienes, que pasó de 22,9 por ciento del total de matrimonios en 1995 a 34,7 por ciento en 2005.
Arce descubrió muy tarde, cuando llevaba 10 años separada de hecho, que este régimen subordinaba a la mujer a las decisiones de su marido.
Una vez que falleció su padre, en abril de 1993, y su madre, en junio de 1994, heredó con sus hermanos los derechos sobre un inmueble que todavía no ha podido vender porque requiere de la autorización de su esposo, cuyo paradero desconoce hasta hoy.
Aunque Arce podía solicitar permiso de los tribunales para la venta, proceso largo y tedioso que puede demorar varios años, decidió jugarse a terminar definitivamente con esta discriminación legal.
En 2001, la no gubernamental Corporación La Morada, de la cual nació Corporación Humanas, que hoy lleva el caso, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron en su nombre una denuncia contra el Estado chileno ante la CIDH, con sede en Washington.
La denuncia fue por violación a los derechos y garantías establecidos en seis artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, y de otros seis de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), ambos ratificados por Chile.
La CIDH admitió el caso el 10 de octubre de 2003, y dos años después, el 18 de octubre de 2005, se inició el proceso de solución amistosa entre las partes, que finalizó con un acuerdo de siete puntos, el 5 de marzo.
Uno de esos puntos establece que el Poder Ejecutivo debe dotar de «urgencia» un proyecto de ley que duerme desde 1995 en el Congreso legislativo, el cual «modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones».
Pese a que el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) ha renovado tres veces el carácter de urgencia simple del proyecto –30 días para su discusión–, éste aún no ha sido aprobado. Al buscar una explicación, IPS sólo obtuvo respuestas contradictorias.
El proyecto, presentado por ocho diputados oficialistas y perfeccionado por el Poder Ejecutivo, proponía la derogación de la sociedad conyugal por ser discriminatoria contra las mujeres y su reemplazo, como regla general, por la llamada comunidad de gananciales, resultante del mejoramiento del actual régimen de participación en los gananciales.
La principal diferencia entre el nuevo sistema propuesto y el mecanismo instaurado en 1994 es que al finalizar la sociedad conyugal se crea una «comunidad de bienes», que debe dividirse por la mitad para proteger al cónyuge más débil.
Pero en su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, la discriminatoria sociedad conyugal se repuso, con algunas reformas, como régimen alternativo. Con todo, esta fórmula fue aprobaba en general por todos los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y el proyecto quedó listo para ser votado por todos los senadores.
Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador oficialista José Antonio Gómez, retrasó la votación, pidiendo un segundo informe, decisión que la abogada de la Corporación Humanas, Helena Olea, que representa a Sonia Arce, considera «inexplicable».
Marco Rendón, jefe del departamento de reformas legales del Sernam, dijo a IPS que la entidad «desconoce las razones del presidente de la comisión para aplazar la votación», siendo que éste era un paso «muy relevante» para la aprobación del proyecto. El senador Gómez indicó a IPS a través de su encargado de comunicaciones que no daría explicaciones a este medio.
La abogada de Corporación Humanas también responsabiliza al Ejecutivo. «Creo que falta voluntad y capacidad de acción del gobierno. En su trabajo de cabildeo no le está diciendo a los congresistas que el Estado se comprometió a avanzar hacia a la aprobación de esta ley, no les está diciendo que si esto no se resuelve puede terminar en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos», afirmó Olea.
¿Resulta contradictorio que esto suceda en el gobierno de Michelle Bachelet, que ha enarbolado la bandera de la igualdad de género? «Hay una distancia entre la voluntad de la presidenta, de la cual no dudo, y las acciones que toma la gente del gobierno. Ahí tenemos un problema», aseguró.
No obstante, la ministra del Sernam, Laura Albornoz aseveró a IPS que se había jugado por entero por sacar adelante el proyecto, pero que encontró dos obstáculos: la dificultad de introducir en los debates de la Comisión de Constitución los temas de familia y la resistencia de algunos senadores de la oposición derechista.
Hay congresistas «que quieren revisar en qué forma el cambio (de régimen) puede afectar el orden familiar», dijo la funcionaria, quien pidió a la Cámara Alta la creación de una comisión especial que tratara exclusivamente los proyectos de ley que atañen a la mujer y la familia.
Por ahora, no hay avances ni en el proyecto de ley ni en la conformación de esa comisión.
Además, a fines de junio, Olea dijo a IPS que el gobierno de Bachelet no había cumplido con otros dos compromisos suscritos ante la CIDH: publicar en el Diario Oficial un recuadro divulgando la solución amistosa y reproducir íntegramente el acuerdo en las páginas web del Sernam y del Ministerio de Relaciones Exteriores durante un plazo de tres meses.
La dirección de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a IPS a través de su departamento de prensa que, para cumplir los compromisos, «el gobierno está esperando la homologación del acuerdo por parte de la CIDH, que podría ocurrir entre septiembre y octubre de este año».
Pero esta versión no coincide con el procedimiento que sigue la CIDH en estos casos, según el cual los acuerdos de solución amistosa deben ser cumplidos por las partes a partir del minuto en que se firman.
Sólo si se registran avances procede la homologación y, en caso contrario, la Comisión continúa la tramitación del caso, que puede resultar en una demanda contra el Estado de Chile presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
En abierta contradicción con la postura de la cancillería, y mientras IPS investigaba este asunto, el 6 de este mes el Sernam decidió subir a su página web el texto del acuerdo.
«Entendí que era una obligación y así se hizo», dijo Rendón a IPS, evitando desmentir o confirmar si las indagaciones de esta agencia de noticias motivaron el procedimiento.
El acuerdo de solución amistosa también establece que dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la ley, el Estado deberá distribuir en forma permanente a la ciudadanía folletos que informen sobre los distintos regímenes patrimoniales e implementar un programa de capacitación para todos los funcionarios del Servicio de Registro Civil.
Arce renunció a su derecho a una indemnización pecuniaria a cambio de ser invitada al acto de promulgación de la ley, cuando su caso deberá ser mencionado como «emblemático» en la lucha contra la discriminación de género.
Además, las partes solicitaron a la CIDH que elaborara un estudio jurídico sobre la compatibilidad de las prácticas de violencia económica contra la población femenina, por su condición de tal, con la Convención Americana y con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.