Las últimas movilizaciones de las fuerzas sociales han servido para dejar al descubierto el estado dictatorial fuertemente enraizado en los gobiernos de turno ya sean estos de derecha o de centro derecha (partidos renovados). La Ley de Seguridad Interior del Estado cuya tipificación permite aplicarla en diversos casos que quedan sujetos al juicio de las […]
Las últimas movilizaciones de las fuerzas sociales han servido para dejar al descubierto el estado dictatorial fuertemente enraizado en los gobiernos de turno ya sean estos de derecha o de centro derecha (partidos renovados). La Ley de Seguridad Interior del Estado cuya tipificación permite aplicarla en diversos casos que quedan sujetos al juicio de las autoridades, tiene por objeto principal no el resguardo de los ciudadanos del país, sino controlar las manifestaciones de descontento popular, frente a la inequidad y abuso de un sistema que tiene como paradigma el lucro, la segregación de clases y la diferencia abismante entre las ganancias de los grandes grupos económicos y los sueldos exiguos de los trabajadores.
Frente a las protestas ciudadanas el gobierno insiste en criminalizar la violencia de algunos sectores de estudiantes y pobladores cuya marginalidad y desesperanza los lleva a manifestarse en la única forma que conocen: la violencia, y de la cual, son víctimas a diario.
El Ministro del Interior habla de la violencia de los encapuchados, vándalos delincuentes que perturban el orden y la paz tan necesaria para el crecimiento económico del país; crecimiento que sólo beneficia a un sector minoritario. Pero olvida hablar de la violencia cotidiana que sufren los chilenos. Empresas de ritail, que lucran al mil% con los sectores más pobres, Isapres con ganancias gigantescas a costa de sus cotizantes, intereses exorbitantes en créditos de consumo donde se llega a pagar casi el doble de lo prestado, servicios de salud pública donde la gente se muere esperando turno para ser atendida.. A esa violencia, a la cual está sometida la mayor parte de la población hay que agregar una fuerza policial que actúa descontroladamente sin rendir, al parecer, cuentas a nadie.
El poder operativo de carabineros, sus protocolos, los cuales se desconocen, ha llegado a sobrepasar el accionar de esta institución durante la dictadura. Un ejemplo claro de esto fue la operación que se llevó a cabo contra los hinchas de Colo Colo, actuando como verdaderos guardianes del confort del sector ABC1. En una actuación inédita, los efectivos subían a los buses y bajaban a los hinchas por el hecho de portar estos una bandera de su equipo. Claro que advertían que no estaban detenidos sino «retenidos». El caso es que retenidos o no igual terminaron en la comisaría sin un motivo justificado, o mejor dicho el motivo implícito era que pertenecían mayoritariamente a sectores bajos de la población. Es posible deducir que el orden y seguridad en este país consiste en apartar a los sectores pobres o marginales de la población de aquellos que gozan de una situación acomodada, a menudo a costa de la pobreza de los otros.
Esto no se considera violencia. Los encauchados están amenazados con todo el rigor de la ley; nada se ha dicho sobre el carabinero que mató un adolescente de la población Jaime Eyzaguirre, ni menos sobre aquel energúmeno que le metió la Uzi en la parte baja de la espalda a un manifestante o el que le pegó a un camarógrafo. Es claro que hay distintas definiciones de violencia.
Si bien es cierto que siempre las fuerzas especiales han sido represivas, se observa un nivel de descontrol mayor y se perciben algunos cambios significativos que se han producido en el último tiempo.
En primer lugar se puede observar un uso creciente del sistema de infiltraje, que si bien no es algo nuevo se hace cada día más evidente. Personal de civil que toma fotografías, provocadores encapuchados, valoración del soplonaje.
Se está efectuando una Incentivación de la delación a todo nivel. Spots publicitarios que llaman a «informar» sobre cualquier acto sospechoso a ciudadanos vigilantes que son denominados «héroes anónimos». Este soplonaje se conocía anteriormente sólo a nivel del hampa y en tiempos de dictadura entre enemigos ideológicos con las funestas consecuencias que todo el mundo conoce.
Otro aspecto es la criminalización de las manifestaciones de descontento. De hecho se puede observar que mientras hay una turba destruyendo señaléticas y vitrinas, carabineros está reprimiendo a los estudiantes que están pacíficamente marchando o en algunos casos se observa que no actúan hasta que los destrozos son mayores. Esta política cuenta con el apoyo de los medios de comunicación que entregan gran cobertura a los actos violentos enfatizando la calidad de víctimas de carabineros agredidos arteramente. Estos .reportajes permanecen 2 o 3 días en pantallas a diferencia de las manifestaciones a las que dedican unos pocos minutos.
Lo anteriormente señalado es aprovechado por el gobierno para efectuar una serie de amenazas y anuncios de endurecimiento de las penas y aumento de los castigos. Este régimen se ha caracterizado por la fundamentación del castigo para solucionar todos los problemas que entorpezcan el accionar del mercado. Lo más preocupante es la actitud de intromisión que tiene hacia los otros poderes del estado, verdadera intervención no conocida anteriormente. La velada amenaza a los jueces, realizada recientemente es un ejemplo de esta intervención.
Ahora bien, hay que dilucidar como se produjo este empoderamiento de carabineros, más allá de lo que ejercían comúnmente frente a los «desmanes» de los que protestan.
La razón de estos cambios más otros que son internos de Carabineros es consecuencia de una nueva política del Ministerio del Interior que ha contado con la injerencia de la policía norteamericana, concretamente de los asesores de Rudolph Giuliani y su política de tolerancia cero. El ex jefe de la policía de Nueva York (NYPD) Louis Anemone, estuvo como asesor de carabineros durante los últimos cuatro meses, según reportaje de El Mercurio, edición del domingo 2 de octubre sección D página 15.
Anemone no estuvo solo. Lo acompañó el comisionado de policía William Bratton y Michael Berkow quien fue jefe de policía en Los Angeles y otras ciudades de EUA. Berkow además fue llamado a Londres para trabajar con la policía después de los atentados de julio del 2005.
El comisionado Bratton es el creador de Compstat ( Computer Static o Comparative Statics) un sistema estadístico de control de los delincuentes y que se aplicará en Chile con el nombre de STAD cuyas siglas corresponden a Sistema Táctico de Análisis Delictual.
Esta asesoría nos va aclarando los nuevos protocolos de Carabineros. Si tomamos en cuenta que los delitos han aumentado, que las poblaciones siguen igual de desprotegidas y que los femicidios siguen perpetrándose es dable pensar que el STAD se está enfocando a otros quehaceres, y, su funcionamiento requiere de medidas que se manifiestan en acciones como las señaladas anteriormente.
El sistema de represión se funda en medidas de amedrentamiento y control. Por eso no es casual que las detenciones sean masivas y luego los jueces deban poner en libertad a los detenidos por falta de pruebas. Es evidente que al detener a los manifestantes estos deban entregar su cédula de identidad y algunos datos de residencia, lo cual proporciona una buena fuente de información para engrosar los datos del STAD.
Según El Mercurio, este programa está orientado al trabajo de las distintas unidades de Carabineros para mejorar su funcionamiento, pero no hay que ser genio para pensar que el objetivo principal es el control de los ciudadanos. El hecho que se le pida a cada Jefe de Comisaría, «conocer al dedillo la realidad de su comunidad» [1] hace pensar en las redes que se van a emplear para este conocimiento en profundidad. De allí el interés en una política de delación y soplonaje. De pasada sirve para ir fraccionando la solidaridad poblacional y barrial e ir creando un clima de desconfianza. Ya lo vimos en la dictadura; lo habíamos olvidado. Nadie mejor que este gobierno para recordarnos a
[1] Textual del artículo «»la desconocida trama tras la «revolución» que promueve el Gobierno en Carabineros del citado El Mercurio.