Son los primeros días de enero de 2020, después de semanas convulsas por las movilizaciones y la violencia policial y estatal ejercida sobre quienes se han manifestado en las calles del país. Pareciera ser una mañana tranquila del 8 de enero en Punta Arenas, momento en que nos encaminamos a la oficina regional del INDH […]
Son los primeros días de enero de 2020, después de semanas convulsas por las movilizaciones y la violencia policial y estatal ejercida sobre quienes se han manifestado en las calles del país. Pareciera ser una mañana tranquila del 8 de enero en Punta Arenas, momento en que nos encaminamos a la oficina regional del INDH para conversar con Cristian Figueroa, su director local, sobre lo sucedido en los últimos meses a propósito del estallido social o rebelión popular y la consecuente violación a los derechos humanos.
Tristemente, ni en las postrimerías del año nuevo la represión policial perdonó a quienes transitaban cerca de la plaza Dignidad, ni aún en las semanas consecutivas del primer mes del año.
Nuestra ciudad parece tranquila ante tanta violencia en el país, incluso si no se hacen las averiguaciones necesarias, o no se ha estado sin cesar todos los días en las calles movilizándose, podría creerse que el actuar de los agentes de represión estatal ha estado moderado, sin mayores situaciones que grafiquen un atentado contra la dignidad humana y el respeto a los DDHH, pero la realidad es otra, y las prácticas de violación de los derechos humanos, como decía el informe de la ONU, se hace extensivo en el tiempo y el espacio en nuestro país, no quedando ajena nuestra ciudad.
1. ¿Qué nos puedes comentar sobre lo ocurrido a propósito del estallido social y los DDHH en Magallanes?
R: En Punta arenas y Magallanes la cosa no ha sido distinta a la del país. Pudimos ver grupos heterogéneos, de distintas edades con distintas demandas reclamando más justicia social, como no más AFP, las agrupaciones de Pueblos originarios reclamando el derecho consuetudinario, grupos ambientalistas contra la salmonicultura, grupos contra la explotación minera, etc. El primer diagnóstico es que los intereses son diversos, y que hubo un grupo importante de adolescentes, de los cuales un buen número fue detenido.
Se constató, como en todo el país, violación a los derechos humanos; hasta el momento hemos presentado 18 querellas, fundamentalmente por tratos crueles, inhumanos o degradantes, principalmente en el contexto de las detenciones. Hemos presentado dos querellas por torturas, también acciones judiciales por acciones que van contra el derecho a manifestarse, cuestión que Chile ha ratificado de manera internacional, y en ese sentido, es preocupante los números que manejamos; ya van 90 denuncias y 18 querellas, y los próximos días van a llegar a 20, y la mayoría de ellas están vinculadas a detenciones policiales. La justicia tiene que investigar; el Estado debe hacer sus esfuerzos para avanzar en verdad; debe establecer a los responsables y luego venir un proceso de reparación, que es lo que ocurre cuando hay un una violación masiva de DDHH; un proceso de reparación integral a las víctimas, y el Estado debe hacer un esfuerzo para la no repetición.
2. En el informe de hace unas semanas atrás que acaban de publicar, tratando de explicar un poco este estallido social, mencionan que se vulneran constantemente los derechos sociales, faltando en el Estado «una arquitectura institucional capaz de responder a las obligaciones de respeto, garantía y protección de los derechos humanos». ¿cuál es la magnitud de ello y en que realidades sociales y territoriales lo podemos graficar?
R: Los derechos económicos, sociales y culturales, que son los DDHH de segunda generación, incluso hablando de los derechos ambientales, que algunos hablan de tercera generación, son o habían sido hasta antes del estallido, los derechos humanos menos visibilizados por el peso que tienen. Lo que nosotros hemos venido señalando en todos nuestros informes (ya llevamos 9), que Chile es un país absolutamente desigual; hay desigualdad en el ingreso, en el acceso a la salud, a la educación, pensiones indignas. Y hay otro factor, que es el derecho territorial, de tener las mismas oportunidades de acceder a la pléyade de derechos, donde en las regiones se genera dificultades al acceso y goce de estos derechos. En la encuesta nacional sobre DDHH realizada durante el 2018, para los magallánicos aparecía como uno de los derechos más vulnerados es el acceso a la salud. Allí hay un tema pendiente.
3. Y en cuento a lo territorial, ustedes tienen un mapa de los conflictos socioambientales, vinculados al modelo primario exportador y sus efectos en la salud y el medio ambiente ¿esto lo podemos vincular a la idea de violación de DDHH?
R: Son 167 conflictos identificados; hemos estado recabando mayores datos para que ese mapa esté más al día con la conflictividad en Chile. Los focos que hay son las vulneraciones hacia las personas de vivir en un medio libre de contaminación, que es el segundo derecho que a nivel nacional la gente reconoce como el derecho más vulnerado, y allí el Estado tiene una deuda gigantesca, al haber permitido que existan zonas de sacrificio en el país; Quintero-Puchuncaví son casos emblemáticos, Ventanas también, donde incluso ha habido juicios contra el Estado que ciudadanos han ganado después de muchos años; y qué pasa con la infancia, niños y niñas que viven allí, donde el consejo de la infancia ha señalado como vulneración grave de derechos humanos, y en ese sentido, el mapa muestra las disputas que hay entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, organizada o no, y ahí el Estado debe garantizar los derechos. Ahí tenemos una deuda pendiente; todo esto está indicado en los informes de la OCDE, en el mapa que tiene las Naciones Unidas situadas a nivel mundial, donde se la ha señalado al Estado de Chile para que haga todos los esfuerzos para poder garantizar la no vulneración de estos derechos; y por otra parte, tenemos en Chile la agenda 2030 que tenemos comprometida; todos esos elementos brindan un panorama donde el Estado tienda a tener un país mucho más justo territorialmente, y en donde estos derechos tan importantes no se vulneren.
4. Y ese escenario cómo lo podemos pensar y vincular al formato actual del sistema político-institucional y del modelo económico en Chile.
R: El problema que tenemos como país, es cómo hacemos mediar un modelo empresarial que esté en sintonía con los desafíos que tenemos en materia medio ambiental, por ejemplo. Hay ejemplos internacionales que permiten pensar esto donde han podido convivir la industria con el respeto a los DDHH en materia ambiental; por su parte, también tenemos que pensar en renovar nuestra matriz energética, y que ya no podemos seguir quemando carbón, sacándolo de esta zona para llevarlo a las zonas de sacrificio con todo lo que eso significa, no solo quemarlo, sino la degradación de los lugares donde se quema o extrae el material, en este caso como reservas ecológicas, donde hay evidencia científica clara.
5. Entiendo que el INDH y carabineros tienen convenios de trabajo en materias de DDHH. Cuéntanos un poco cuáles son esos tipos de trabajos; cómo uds los asesoran de alguna manera, en caso de ser así.
R: Nosotros no capacitamos a carabineros, nosotros los apoyamos, generamos jornadas de sensibilización, o trabajar con ellos respecto a áreas críticas donde tienen que fortalecer los DDH, pero la principal responsabilidad de capacitar a sus funcionarios es de la propia institución, en sus propias escuelas; ellos tienen que propender que su formación policial vaya acompañado con una sólida formación en DDHH, tanto en la escuela de formación policial, como en la escuela de oficiales. Nosotros lo que hemos hecho ahí, en los últimos dos años, levantando alguna información crítica respecto a los procesos de formación en sus escuelas, y claramente el resultado a grandes rasgos, es un proceso feble desde el punto de vista de los DDHH, que es un proceso que carece de la cantidad de tiempo y de horas, incluso de académicos, para fortalecer esa área.
6. Yo tengo entendido que son oficiales en retiro quienes hacen estas formaciones.
R: Muchas veces es el propio personal de carabineros el que hace la formación, efectivamente. Y ahí lo que nosotros hemos dicho es que carabineros tiene que fortalecer ese trabajo. Partiendo de la premisa de que los principales responsables de la formación de carabineros en todas sus áreas, es la propia institución, no obstante, nosotros hemos estado apoyando este proceso con la unidad de DDHH que ellos poseen, y que creemos que a esta altura demostró ser una unidad bastante…he…yo diría que hay que potenciarla, hay que fortalecerla, y en esa línea, estamos llanos a trabajar con carabineros. Acá en la región hemos hecho jornadas de sensibilización con carabineros, pero no ha sido suficiente, porque si nos damos cuenta que carabineros es una institución que está viviendo con los cuestionamientos que tiene en materias de procedimientos y DDHH, y que no son videos extranjeros como dijo el presidente, claramente lo que ha quedado en evidencia es que la formación en DDHH en carabineros es débil, y que se debe trabajar seriamente y de una vez por toda en este tipo de materias. Ese es el desafío. Los protocolos no debieran ser vulneratorios a los DDHH; incluso eso es algo que la ciudadanía no ha leído bien, porque la gente piensa, erradamente, muchas personas, que carabineros si no hace un procedimiento sin violar los DDHH no hace su trabajo; entonces cuando uno hace esa reconsideración de la ciudadanía, se da cuenta que falta avanzar en materia de educación de DDHH. Y en ese sentido, creemos que carabineros tiene una tarea pendiente.
7. Pero ha vuelto a posicionarse la palabra «para que nunca más en Chile…» ¿qué pasó?
R: En Chile aún estamos muy lejos de cumplir los desafíos para que todos y todas las personas de este país entendamos que una sociedad democrática no se puede concebir sin derechos humanos; que éstos son un amplio paraguas, desde los derechos civiles, políticos, sociales y hasta ambientales. Nuestra historia reciente nos mostró una parte de las violaciones graves a los DDHH en dictadura, y yo creo que también tergiversaron el concepto. En el INDH estamos empeñados en generar ese proceso educativo de promoción de DDH. Por otra parte, asesoramos a la institucionalidad pública, y volviendo a tu pregunta, tenemos un desafío de país en educar sobre lo que son los DDHH, y Carabineros no está ajeno. La sociedad completa tiene que arrimarse a trabajar por una cultura más respetuosa. El Estado tiene grandes desafíos, y lamentablemente quedó en evidencia que éste no está trabajando por el respeto a los DDHH. Lo que viene ahora es la reparación integral a las víctimas, y garantías de no repetición, porque lo que viene ahora es un proceso duro, no solo en materia judicial; los responsables van a tener que ser juzgados, y después de eso viene el proceso de re-encuentro; son desafíos bien grande.
8. En el informe del INDH del 2015 sobre la función policial se hicieron análisis y varias recomendaciones, las cuales no se han cumplido dado que AI, HRW y la ONU, en sus respectivos informes, advierten las prácticas que uds recomendaban cambiar ya desde el año 2012, por ejemplo, focalizar la acción represiva no en los manifestantes, sino en individuos que generaran desorden público, portar la identificación del personal, actualizar la normativa sobre el derecho a reunión, entre otras. ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Hay voluntad en Carabineros de aplicar las recomendaciones?
R: Nosotros creemos que esa voluntad ha sido muy débil, y ha sido tan débil que hoy en día queda demostrado con los casos que tenemos. Si bien carabineros ha hecho avances, no son suficientes para fortalecer esos procesos. Efectivamente, las recomendaciones que hemos hecho vienen de hace bastantes años, como el apego al uso regulado de la fuerza, el hecho de que porten su identificación; porque una cosa puede ser una marcha autorizada o no, y otra cosa es el derecho a manifestarse; también lo que ha dicho HRW sobre el uso de las escopetas disuasivas, donde ha quedado demostrado el uso indiscriminado de perdigones, las lesiones oculares de 347 personas; ahí queda de manifiesto que el uso regulado de la fuerza no se respetó. Tenemos hoy día casos de connotación sexual en varias regiones, acá por suerte no tenemos un número significativo de tortura con connotación sexual; por tanto, lo que decimos es que el control de los medios disuasivos que utiliza carabineros explica, entre otras casusas, una indebida autonomía de Carabineros, que se ha exhibido desde el inicio de la vuelta a la democracia, respecto a la autoridad civil, y esa situación debe ser corregida. Carabineros no actúa solo, y es una institución de Estado regulada por el poder ejecutivo, y éste tiene que tomar las responsabilidades institucionales para que Carabineros u otras instituciones no se generen violación a los DDHH. El Estado tiene que hacer un esfuerzo y carabineros debe entender que no son autónomos, de que hay protocolos y procedimientos que deben cumplir y que ellos deben buscar las mejores fórmulas para potenciar a su personal en estas materias, y que nosotros como Instituto estamos a disposición de. Yo acá no me he entrevistado con el nuevo general que llegó… (Justo llama el coronel de gendarmería para avisar la visita que haría al director del INDH regional posteriormente a esta entrevista, y tratar sobre un sumario administrativo donde un reo adolescente se suicidó en la cárcel de la ciudad). Lo que nosotros esperamos que nuestras recomendaciones no sea letra muerta; hemos visto un uso indiscriminado de gases lacrimógenos al interior de escuelas, hospitales; la distancia del lanzamiento de estas bombas, donde a Fabiola Campillai le destrozaron su rostro; hay que revisar la composición de estos elementos, como los balines que contenían en un 80% plomo; las detenciones de carabineros deben ajustarse a la legalidad; tenemos una cantidad de denuncias importantes sin que los detenidos hagan uso de sus derechos, como llamada telefónica, y que tampoco le han dicho a las personas por qué se las detiene, y eso es una situación vulneratoria, y que las personas detenidas deben ser tratadas dignamente. Una de las principales tareas de carabineros es velar por los derechos humanos, y no podemos entender por qué dentro de la doctrina de carabineros este tema no se haya fortalecido, potenciado en el tiempo. Lo que viene ahora es un desafío en esa línea.
9. ¿Qué rol juega en todo esto la doctrina de seguridad nacional en ese entendido?
R: Yo creo que en materia de seguridad nacional, las instituciones tendrán que hacer su trabajo, pero no olvidemos que todo este trabajo tiene que ser con apego al respeto por los DDHH. La institucionalidad (el poder ejecutivo, judicial y legislativo) reciben todos los años los informes que el Instituto por ley levanta; año a año hacemos este informe y se lo entregamos a los tres poderes del Estado, los que deben propender que el respeto a los DDHH debe ser la columna vertebral para nuestra vida democrática; hay cuestiones que no pueden ser normalizadas. Nosotros hemos dicho que se debe fortalecer la labor que hacen los fiscales para poder esclarecer los distintos casos de DDHH y que no caigamos en la impunidad; la no impunidad es fundamental para poder avanzar. Los jueces también deben avanzar en lo que significa este concepto. Están hoy día los tratados internacionales que Chile ha firmado y que tienen un carácter judicial, y esos tratados pasan a ser supra-constitucionales y se incorporan a nuestra regulación judicial; por tanto los jueces deben aplicar esto para dirimir en las distintas causas que están revisando, y yo creo que si hacemos ese esfuerzo en los tres poderes del Estado estaremos avanzando en respeto a los DDH.
10. Dado los escándalos delictuales al interior de las filas de carabineros, como los millones en desfalco, bandas dedicadas al robo, tráfico de armas con los narcos, y ahora la gravísima violación a los DDHH ¿qué podemos reflexionar sobre su cultura institucional?
R: Carabineros de Chile es una policía militarizada. Yo diría que única en América y en el mundo, y eso la hace una institución bastante especial. Lo que hoy día se espera respecto a la labor de las policías es que sea promotor y garante de los derechos humanos, y esas garantías pasan por una reestructuración. Hoy día los organismos internacionales, los informes que se han entregado, incluso los del INDH, señalan que absolutamente prioritario una reestructuración en Carabineros de Chile, respecto a las cadenas de mando, al apego a los protocolos, respecto a entender que son una institución que le debe obediencia al poder ejecutivo, que no son autónomas y que necesitan sólidos procesos de formación, las que deben ser además potenciadas con agentes externos; no puede ser que Carabineros se siga autocapacitando con los propios funcionarios que salen de la institución, entendiendo que hay académicos y centros de pensamiento crítico que pueden hacer una contribución significativa al proceso de formación; fortalecer el proceso de elección de Carabineros, es decir, que los perfiles de las personas que ingresan a Carabineros sean acotados, que tengan ciertas características y que evidentemente esos procesos de selección sean más rigurosos en lo que significa el reclutamiento de personal a futuro, y que esta reestructuración sea una que permita a los ciudadanos de este país las garantías de no vulneración de derechos humanos. Lo que hoy día necesitamos en Chile es volver a confiar en nuestra policía; hoy día ha quedado en entredicho Carabineros de Chile, y el paso que deben dar ahora es hacer una reestructuración para potenciar la institución y que todos y todas volvamos a entender que Carabineros de Chile es una institución importante para la vida nacional y que necesitamos una policía acorde a los desafíos que tenemos como país.
11. El presidente ha hablado de paz y de guerra. Pese a ello ¿qué se puede esperar por parte del gobierno y del Estado? teniendo en cuenta su manera de entender el conflicto social y que aún se siguen violando los DDHH.
R: Lo que uno espera del Estado, en este caso del gobierno de turno es que de todas las garantías para que se establezca la verdad, eso es lo primero, respecto a las violaciones a los derechos humanos en este periodo. Esperamos que el Estado entienda que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no pueden seguir esperando, hay que dar pasosos significativos en lo que significa crear un sistema educativo mucho más equitativo e igualitario para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país; que el acceso a la salud no se siga restringiendo; que el acceso a la vivienda también se entienda como un derecho; que una jubilación digna no se siga restringiendo; es decir, que el sistema completo esté orientado a una ciudadanía que hoy en día demanda derechos, que por muchos años han sido de alguna manera mutilados, y que por otra parte se avance en esta agenda social de manera significativa hacía un país más justo, equitativo e igualitario. Mientras eso no ocurra vamos a seguir teniendo este anhelo por más justicia social. Esas demandas no son gratuitas ni espontáneas, son demandas justas respecto a lo significan los tratados internacionales que Chile a suscrito; no es algo etéreo, son tratados internacionales que desde el punto de vista de lo que significa avanzar en un país más justo, el Estado debe dar pasos significativos para ir solucionando estas problemáticas. Vuelvo a insistir, todo esto puede ocurrir, se puede generar una agenda que se vaya fortaleciendo, sin embargo no vamos a poder avanzar si no hay un compromiso real de no repetición a las violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido, ahí tienen que avanzar todas las instituciones.
12. Finalmente ¿empiezan a haber desde el Estado, en la dimensión de los 3 poderes, señales o acciones respecto a verdad, justicia y reparación?
R: Yo creo que a partir de los datos que el Estado ha ido recibiendo, en este caso generados por el INDH en observaciones en las manifestaciones en todo Chile, observaciones de las personas detenidas en los cuarteles y centros de salud con las personas lesionadas, el Estado debe enfocar su esfuerzo en establecer la verdad, investigar los hechos (el Estado en su conjunto), y dar las garantías de que estos hechos van a ser investigados; que exista justicia en los hechos donde ha habido vulneración de derecho; justicia para garantizarle el derecho a las víctimas y a la sociedad completa respecto a conocer la verdad y sancionar a los responsables, ese es un gran desafío que tenemos. Y en reparación, devolver a las víctimas su condición anterior a la violación de sus derechos, a su vida normal y cotidiana. Cómo vamos ahora pensar en reparar a personas como Gustavo Gatica que perdió sus dos ojos, o el caso de Fabiola Campillai; cómo les vamos a reparar para que puedan continuar con su vida a como la estaban haciendo hasta antes de este episodio, y aquí hay una responsabilidad del Estado, y eso se llama reparación. Se tendrán que buscar los mecanismos de reparación económica, médica, psicológica, jurídica. Y todo esto significa que el Estado debe asumir las medidas de no repetición en reformas institucionales, como en Carabineros, que estén orientadas a garantizar el absoluto respeto a los derechos humanos de todos y todas, así como medidas para ir preservando la memoria histórica; esto debe documentarse, de esto va a haber un informe documentado para que a partir de todos estos hechos tan tristes y violentos para la vida nacional, se pueda preservar la verdad, y que la memoria en este caso, sirva para que las nuevas generaciones que vengan a futuro no vuelva a repetir este tipo de situaciones.
Aquí ha habido un debilitamiento del Estado democrático en todo este proceso, y por lo tanto los actores políticos y sociales tienen la responsabilidad de buscar todas las vías, todos los caminos de salida para recuperar la paz, pero esa paz no va a volver sin que el Estado garantice el ejercicio de los derechos humanos, y que también se responda eficazmente a las demandas de justicia social. Si no logramos hacer confluir todo ese escenario, es probable de que esto simplemente haya tenido hoy día una pausa y que se pueda reactivar en cualquier momento, por lo tanto esa justicia social se debe buscar para garantizar la paz.
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