La extradición hacia Chile de Facundo Jones Huala el miércoles 12 de septiembre, ha generado gran conmoción desde la perspectiva de los derechos humanos tanto en Chile como en Argentina. Ello dado que esta acción contraviene la Medida Cautelar en su favor otorgada por el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas el pasado […]
La extradición hacia Chile de Facundo Jones Huala el miércoles 12 de septiembre, ha generado gran conmoción desde la perspectiva de los derechos humanos tanto en Chile como en Argentina. Ello dado que esta acción contraviene la Medida Cautelar en su favor otorgada por el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas el pasado 05 de septiembre, en la que el Comité requirió al Estado argentino «suspender la extradición de Francisco Facundo Jones Huala mientras su caso se encuentre pendiente de examen ante el Comité». Dicha situación genera gran preocupación ya que deja en evidencia la falta de cumplimento de la República Argentina de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, precedente que podría ser replicado por el Estado de Chile.
Es importante hacer presente que Facundo Jones Huala es imputado por su presunta participación en el incendio de un inmueble registrado en 2013 en el fundo Pisu Pisue, en la comuna de Río Bueno, hecho por el cual cuatro de los co imputados resultaron absueltos de los cargos, y la Machi Millaray Huichalaf resultó condenada a la pena de 61 días por el delito de encubrimiento, caso que actualmente se encuentra en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es en el contexto de dicho caso que a Facundo Jones Huala se le imputan también los delitos de porte ilegal de munición, porte ilegal de armas e infracción a ley de extranjería
Cabe dar cuenta también, que tanto Facundo Jones Huala, la Machi Millaray Huichalaf y los demás imputados por el incendio referido han estado involucrados en la defensa del Río Pilmaiquén , en cuyas aguas se proyecta la instalación de dos centrales hidroeléctricas (Central Hidroelectrica Osorno y Central Hidroeletrcica Los Lagos) , pertenecientes a la estatal noruega Statkraft, una de las cuales inundaría el Complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante , espacio sagrado para las comunidades mapuche williche.
Aunque el Observatorio Ciudadano ha manifestado en reiteradas oportunidades su condena a hechos de fuerza en el marco de los conflictos por tierras en la Araucanía y regiones aledañas, provenga esta del Estado o de comunidades mapuche, no podemos dejar de subrayar que estamos frente a un caso de criminalización de la protesta mapuche en defensa de sus derechos, protesta legítima que requiere de resolución política.
Es desde esa perspectiva que la extradición de Facundo Jones Huala a Chile, reviste una condición especial, relacionada con la definición política de los Estados de Chile y Argentina de criminalizar la protesta social del pueblo mapuche en estos países, buscando construir nexos entre los procesos de resistencia en ambos lados del Wallmapu, tal como lo pretendían hacer mediante el fallido montaje judicial conocido como operación Huracán.
Por lo mismo instamos al Estado de Chile a buscar caminos políticos para abordar los conflictos generados con el pueblo mapuche en el contexto de proyectos de inversión que afectan sus derechos, única vía de superarlos de manera efectiva y duradera.