Otra mirada El aumento de los homicidios de líderes sociales en Colombia, que ya se había hecho evidente durante las negociaciones de La Habana y que ha sido ampliamente difundido por los medios en las últimas semanas, no solo deja muchos interrogantes sino consternación ante la posibilidad de que vayamos hacia una nueva explosión de […]
Otra mirada
El aumento de los homicidios de líderes sociales en Colombia, que ya se había hecho evidente durante las negociaciones de La Habana y que ha sido ampliamente difundido por los medios en las últimas semanas, no solo deja muchos interrogantes sino consternación ante la posibilidad de que vayamos hacia una nueva explosión de violencia como la que condujo al genocidio de la Unión Patriótica.
La reacción inmediata – y el principal énfasis de los medios- ha consistido en señalar como presuntos responsables a unos grupos que de manera más bien vaga se califican como «los paramilitares», «la mano negra» o simplemente «las fuerzas oscuras».
Pero en vez de tratar de dilucidar la incógnita sobre los culpables, en este artículo propone volver la mirada sobre las víctimas, sobre los líderes asesinados, sobre las organizaciones a las que pertenecían y sobre las agendas que murieron defendiendo.
Esta mirada inductiva busca contribuir a corregir la tendencia a la normalización de la violencia en Colombia y a sugerir categorías que ayuden a dilucidar el carácter sistemático de este fenómeno, así como a entender por qué esta estrategia atroz sigue dándoles resultados a quienes la utilizan.
Protectores del agua y del territorio
Los reportes de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Somos Defensores y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como los informes de la prensa nacional, muestran una gran diversidad entre las organizaciones sociales, políticas y comunitarias a las que pertenecían los líderes asesinados de manera reciente.
Sin embargo, a partir de esta información y del estudio de la Asociación Campesina y Ambiental del Losada y Guayabero (Ascal-G), entidad que sufrió el asesinato de tres miembros -Erley Monroy, Didier Losada y Víctor Hugo Cuellar- en San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta), es posible identificar un grupo que está siendo perseguido en todo el país y que denominaré «comunidades protectoras del agua y del territorio».
Ascal-G fue creada en 1996 por un grupo de campesinos.
Aunque se trata de comunidades heterogéneas, ellas comparten algunas características:
- Tienen organizaciones comunitarias con alta cohesión, amplia trayectoria y un elevado nivel de autonomía, y por lo general están constituidas formalmente.
- Están conformadas por campesinos, indígenas o afrocolombianos que llevan a cabo actividades agropecuarias de pequeña escala, o por desplazados y víctimas del conflicto que se identifican como campesinos, indígenas o afrocolombianos.
- Tienen relaciones de arraigo profundo con la tierra, la cual ven no solo como un valor económico sino también social, cultural, ambiental y político.
- Han hecho de la protección del medio ambiente y, en particular, del agua, un eje central de sus agendas.
- Aunque en ocasiones sus miembros son o han sido reconocidos como propietarios, predominan las relaciones informales de tenencia de tierras.
- Su fortaleza tiende a ser mayor en zonas que han estado bajo el control guerrillero durante décadas y menor o nulo en zonas que fueron o son controladas por grupos paramilitares (o sus sucesores), ya que en estas últimas fueron duramente reprimidas.
- Los líderes y miembros de estas organizaciones tienden a ser estigmatizados como guerrilleros, y la autonomía que exhiben sus asociaciones comunitarias suele ser interpretada como una amenaza para ciertos actores locales y regionales.
- Sus agendas han incluido la búsqueda del reconocimiento estatal y por eso es común que tengan una historia de trabajo conjunto con algunas entidades públicas y que acudan a medidas como la formalización de la propiedad o a figuras jurídicas como las zonas de reserva campesina (ZRC) y a la creación o ampliación de resguardos indígenas o territorios colectivos.
- Tienen alianzas con otras organizaciones comunitarias.
- Identifican las actividades petroleras, mineras y agroindustriales, así como la construcción de obras de infraestructura a gran escala (represas, carreteras…) como amenazas al medio ambiente, al agua y a su subsistencia.
El caso de Ascal-G
La historia de Ascal-G permite ilustrar cómo opera una de estas comunidades protectoras del agua y del territorio, así como el tipo de agendas que estas comunidades promueven.
Ascal-G fue creada en 1996 por un grupo de campesinos de la región comprendida alrededor de los ríos Losada y Guayabero, ubicada en el municipio de La Macarena, en límites con San Vicente del Caguán, al suroccidente del departamento del Meta.
La región del Losada Guayabero forma parte del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), una zona de gran importancia ecológica que comprende cuatro parques nacionales naturales (PNN), además de tres distritos de manejo integrado de recursos naturales. Según el Ministerio del Medio Ambiente la región del Losada Guayabero constituye «el último cordón que comunica los ecosistemas andinos con la Amazonía y la Orinoquia, permitiendo que el flujo genético entre ellos continúe», por lo que es considerada un ‘reservorio de la humanidad’.
Desde su creación, Ascal-G ha promovido un cambio en las prácticas de colonización que predominaban en la región y que se basaban la degradación indiscriminada del medio ambiente. Para ello Ascal-G incluyó entre sus normas medidas como la conservación de un porcentaje de bosque primario en cada parcela y la protección de las rondas de los ríos. Igualmente, en el año 2000 concertó el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Alternativo Interfluvio Losada Guayabero junto con entidades públicas como el Ministerio de Medio Ambiente, Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Actualmente Ascal-G representa a cerca de 3.000 familias y comprende 68 veredas con una extensión de 380.000 hectáreas, de las cuales una tercera parte pertenece a los Parques Nacionales Naturales Serranía de Picacho y Tinigua. Sus prácticas de protección han sido decisivas para preservar el valor ambiental de la región del Losada Guayabero.
Esto ha sido reconocido por Julia Miranda, directora de Parques Nacional Naturales de Colombia. En sus palabras: «[Erley Monroy] junto a ASCAL-G fue gestor de los recientes e importantes acuerdos de deforestación evitada de 1.200 hectáreas en estos Parques, y del trascendental acuerdo de restauración participativa 70/30 que permitió el trabajo conjunto entre la comunidad y la institución». La agenda de Ascal-G, y particularmente de Erley Monroy (uno de los líderes asesinados), estaba enfocada en dos puntos principales:
- Oponerse al ingreso de la empresa Hupecol, de capital estadounidense y con sede en Dallas (Texas), propietaria de las licencias de explotación de varios pozos petroleros en la zona. Para ello, Monroy promovió cabildos abiertos y audiencias públicas. Esto dio pie a un escándalo mediático que acabó en la revocatoria parcial de la licencia ambiental sobre 14.000 hectáreas ubicadas en cercanías a Caño Cristales y al Parque de La Macarena en abril de este año. Sin embargo, dado que la ANLA le otorgó una licencia ambiental sobre 16.000 hectáreas a la empresa, las tensiones en la zona se han mantenido hasta hoy.
- Lograr el reconocimiento formal de la zona de reserva campesina (ZRC) del Losada-Guayabero. La creación de esta ZRC es inminente luego de que el pasado 8 de octubre se llevara a cabo una audiencia pública donde participaron representantes de la Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Meta y las alcaldías locales, entre otras entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Dado que la ZRC prevé mecanismos de reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra de los pequeños colonos, además de medidas que protegen el medio ambiente y evitan la concentración de la propiedad, su reconocimiento formal es «uno de los anhelos más importantes de la organización».
Las organizaciones comunitarias y la paz
La implementación del Acuerdo de paz implica al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo para las organizaciones comunitarias protectoras del agua y del territorio. Por un lado, la desmovilización de la guerrilla permitirá apreciar la valiosa y heroica tarea de protección ambiental que estas organizaciones han llevado a cabo en diversas regiones de la Colombia profunda. Y sin duda esto ayudará a erradicar la desconfianza y el estigma que durante años pesó sobre ellas y que acabó por legitimar el uso de la violencia contra sus integrantes.
La implementación del Acuerdo de paz implica al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo para las organizaciones comunitarias.
Además, un nuevo escenario de paz permitirá crear lazos más estrechos con una gama amplia de movimientos y organizaciones urbanas interesados en la protección del agua y los recursos naturales.
Sin embargo, la desmovilización de la guerrilla también aumentará la vulnerabilidad de los miembros de estas comunidades, quienes ya empiezan a ser víctimas de acciones violentas de carácter sistemático. Dado que el éxito de esta estrategia intimidatoria radica en producir miedo, desesperanza e impotencia, sentimientos que acaban por debilitar la organización comunitaria o por justificar las acciones de «defensa» por parte de las disidencias guerrilleras, es fundamental apoyar a Ascal-G y a las demás comunidades protectoras del agua y del territorio en su compromiso con la resistencia no violenta.
Natalia Pérez, Economista de la Universidad de los Andes, magister en Política Social y Desarrollo del London School of Economics and Political Science y estudiante de doctorado en Geografía Humana en Simon Fraser University.