Poner fin a la confrontación armada y relegar el ejercicio de la violencia, de la amenaza, del atentado, al pasado, constituye un acontecimiento histórico para nuestra nación. Un sueño que no cabe en corazones obligados a callar ante la ignominia. Un ideal de convivencia que permitiría consagrar las energías colectivas a curar tantos estragos, tantas situaciones sociales catastróficas que matan o laceran a diario cuerpos y espíritus en nuestro país. Este enfoque mueve el compromiso y la memoria del representante de la oposición Iván Cepeda Castro.
En nuestra nación, la paz ha sido un sueño que, a fuerza de atrocidades, no volvimos a abrigar. Nos acostumbramos a sobrevivir en medio del horror: pan nuestro de cada día. La degradación de la confrontación armada fue de la mano con la consolidación de una narcoeconomía ligada a la guerra contrainsurgente e insurgente (1), en la que el gobierno de los Estados Unidos participó decisivamente. El gobierno anterior catapultó los puntos de fusión entre el Estado, el paramilitarismo y el narcotráfico.
Sin fusionarse en una totalidad, las reservas éticas del país emergieron frente al criminal designio. Los movimientos sociales hicieron sentir su voz. La veta del decoro de la nación se opuso al proceso de legitimación institucional del narcoparamilitarismo, con sus filones de periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, colectivos de abogados, sectores de los trabajadores, campesinos, estudiantes, maestros, mujeres, artistas, y de pueblos originarios y afros, franjas de partidos políticos.
La Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno no había logrado cooptar, fue perseguida desde el DAS a partir de 2007 por emitir sentencias en Derecho, contrarias al control absoluto de la institucionalidad. Como respuesta, no tardó la persecución a los magistrados ponentes por la red de intereses que convergían en un régimen con pocos precedentes en la región: narcoestado colonial (2).
En el escenario dantesco heredado, que consume las energías de la nación e invaluables recursos sacrificados en una guerra con sus altares en las fuentes de utilidades, irrumpió la noticia en los últimos días del mes de agosto, del «Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) con base en las conversaciones exploratorias que sostienen en La Habana desde febrero del 2012.
Con el aire fresco de esta noticia, acudimos el martes 11 de septiembre al cuarto piso del Congreso Nacional para escuchar a Iván Cepeda Castro, defensor de los derechos humanos, representante a la Cámara, vocero del Movice, una voz que sabe del conflicto, de la muerte y las penas insondables, y sabe también de la vida que reverbera en nuestro territorio y nuestras gentes; una voz con la capacidad de examinar diversas facetas de un proceso de paz que instalará su mesa de acuerdos en Oslo en los primeros días de octubre.
Al momento de ingresar a su oficina, el ambiente tiene tensión. Vía twiter llegó un informe que revela una orden del jefe de seguridad de Tomás Uribe, mayor Herrera Ariza: interceptar todas las comunicaciones de Cepeda y hacerle un seguimiento durante las 24 horas. El representante marca en un gesto el esfuerzo para concentrarse en la conversación, comunica por vía telefónica a un asesor la información que ha recibido, y de paso, con un humor que suspende el aliento, se lo dice al Mayor. A renglón seguido, Iván aleja de su mente el riesgo anunciado, pero algunas líneas de su rostro revelan las graves responsabilidades que pesan sobre sus hombros en este tiempo decisivo. A la pregunta ¿qué factores pueden, en este momento, potenciar la esperanza en el fin de la confrontación armada?, no hay un silencio. «Hay que partir de la conciencia sobre lo que significan más de 50 años de conflicto y de entender que el proceso en marcha busca una respuesta compleja a ese acumulado de violencia, como también que en la nación hay un gran cansancio de la guerra; madura, avanza una conciencia colectiva que siente y comprende la necesidad de conquistar la paz. Hay sectores de la élite que ven en el conflicto armado una barrera objetiva, un gran obstáculo para sus intereses económicos».
El contenido de las declaraciones del gobierno nacional y de las farc, y la precisión en los temas de la agenda que esta vez están sobre la Mesa para explorar los acuerdos de fondo y las condiciones para hacerlos definitivos, desatan la contenida esperanza -después de más de cinco décadas de salvaje confrontación y fallidos procesos por ponerle fin- de cerrar, esta vez sí, la página de barbarie que tanta sangre, sufrimiento y miseria marcan a nuestra nación.
Antes, sin dar espacio para otra pregunta con respecto a los intereses del poder, Iván reflexiona sobre la Colombia percibida como una nación no competitiva en los foros internacionales, que puede no importar al sector que ascendió al poder con Álvaro Uribe, pero sí preocupa al entorno del presidente Santos. Además, las transformaciones en otros países del área, con procesos democráticos y de participación social, hacen aparecer a Colombia como una excepción con peso en el retardo de los procesos de integración regional que la situación mundial exige.
Los últimos ministros de Defensa subrayan una y otra vez «el comienzo del fin», y ninguno de quienes aspiran a la paz tienen duda de que las farc han sufrido golpes muy fuertes. Iván Cepeda mira dentro del Estado, las instituciones, la sociedad y la insurgencia. «En la mesa de acuerdos, las partes no llegan derrotadas pero sí debilitadas, cada una desde su perspectiva. El Gobierno y el Estado han sufrido un desgaste muy fuerte que no obedece sólo a la confrontación armada con la insurgencia sino también a los métodos que se han usado. El Estado decidió en estos años de guerra sacrificar su legitimidad, sacrificar la Constitución Nacional, para emplear métodos criminales que han degradado cada vez más la confrontación y que le han causado un profundo daño a la legitimidad de las instituciones; todos los poderes púbicos han sufrido sus propios colapsos, sus propias rupturas. El Congreso, para no ir muy lejos, ha sufrido escándalos gigantescos y el poder judicial otro tanto, y algo similar podemos decir del ejercicio presidencial. Este daño crea la necesidad de sentarse a pactar las condiciones para que desaparezca el conflicto, por lo menos en su forma armada, creando unas condiciones que hagan innecesario e incluso imposible el uso de las armas».
Las patas de la Mesa
Con diferentes tonos, las partes han coincidido en la voluntad de lograr un acuerdo para terminar el conflicto armado, que tiene características diferentes de la agenda de otros acuerdos. Iván Cepeda reflexionó sobre esas diferencias. «En el ayer cercano hubo diálogos exploratorios, incluso pactos, pero esta es la primera vez que tenemos una agenda definida, pactada. En el Caguán llegaron a tomar como referencia un conjunto de temas, pero nunca a decir en consenso ‘estos son los puntos sobre los cuales vamos a pactar’. El acuerdo que se acaba de firmar se logró en medio de confrontaciones muy candentes: del lado de la guerrilla -estando en esas conversaciones-; contaron las muertes de su comandante y de su líder militar, Alfonso Cano y Jorge Briceño. Del lado del Estado, éste no ha podido evitar los recios ataques de la guerrilla en muchas partes. Y pese a todo, hoy llegamos a este punto. Es más, la guerrilla ha dicho que no se levantara de la mesa hasta lograr un acuerdo, y algo similar dijo el Gobierno». Una valoración, por supuesto, con sentido positivo del nuevo escenario.
Tierra y uso del poder
En el viento está la pregunta ¿Cuáles son los temas decisivos e imprescindibles para lograr acuerdos que pongan fin a la confrontación armada? En la voz pausada de Iván Cepeda se han fusionado los timbres de una conjugación de consecuencias del conflicto. Hijo de un espíritu artístico y severo militante comunista andino; hijo de una dulce y extraordinaria organizadora social y líder popular de la costa atlántica; hijo de un hombre íntegro que resistió el calvario del exterminio sistemático de sus amigos y compañeros, y años de veinte amenazas cobardes cada día, hasta ser acribillado por el terror de Estado; hijo de un país que ha visto bajar la muerte y prevalecer la impunidad, en calles y veredas, con protección del poder: «Hay dos grandes asuntos al final de este camino: dos aspectos estructurales que son causa de la confrontación: La reforma del mundo rural, uno, y las libertades y garantías del ejercicio de la oposición política y social, otro. Ningún proceso de paz ha producido transformaciones de carácter socioeconómico, estructurales. En cambio, sí se ven transformaciones políticas que les permitieron a las fuerzas que antes estaban en la insurgencia llegar a fuerzas gobernantes. Sudáfrica, Norte de Irlanda, por ejemplo. Espero que en los acuerdos de paz que puedan darse se tomen decisiones que trasciendan el asunto de las libertades políticas, y que repercutan en la transformación del mundo rural, de su pobreza, y de ese inmenso desequilibrio que hay entre el campo y la ciudad en Colombia». Pero, ¿qué sectores resultarán afectados para ese país distinto?
«La Ley de Tierras no ha podido avanzar porque no basta una ley. No basta la creación de unos tribunales. No basta la decisión que toma una institución como el Incoder. Y no basta porque, en las zonas donde se ha presentado el despojo, el Estado está puesto en función de una máquina criminal y de acumulación de riqueza. Por eso, si la reforma agraria no toma en consideración el poder local, será letra muerta. Es evidente que hacer una reforma agraria pasa por enfrentar poderes locales entroncados con los terratenientes, ganaderos y agroindustriales más improductivos. Si no los enfrenta, la reforma tendrá alcances muy limitados, como los tiene la propia restitución. La restitución es apenas un tímido ejercicio para rasguñar ese poder que tiene siglos».
Y continúa con gran precisión: «Muchas zonas rurales, periféricas, requieren una revolución democrática. Y mucho más: el marco general del país requiere democratizar el poder, hacer que las elecciones sean transparentes; que las personas que vayan a gobernar en los municipios, en las ciudades intermedias, no sean asesinadas. Que las organizaciones sociales puedan ejercer libremente su trabajo; que quienes son castas familiares que gobiernan en esos lugares con métodos criminales, desde tiempos inmemoriales, sean reemplazados y judicializados, que la contratación del Estado no sea un botín. Por ejemplo, siete gobernaciones de la costa atlántica siguen contratando con la señora Enilce López. Lo relacionado con el funcionamiento de los juegos de azar en la Costa está en manos del narcotráfico y el paramilitarismo», denuncia.
En su gravedad y largo tiempo, el conflicto marca otros temas aledaños, que el Representante maneja y domina en sus intervenciones no escuchadas, y menos meditadas, por muchos de los congresistas: «El narcotráfico, el poder político en las regiones, y la reparación política del exterminio de la UP y los atentados y crímenes contra otras organizaciones. Son temas que implican mutuas concesiones, porque de eso se trata una negociación. La historia del país muestra el trasfondo de un sector muy poderoso que es contrario a cualquier cambio y cualquiera pérdida de privilegios que han ganado por medio del ejercicio más despiadado de la violencia y la asociación con el crimen organizado. Es significativo que en la mesa de negociación el Gobierno no llamara, por lo menos hasta ahora, a ese sector, el más furioso opositor a un proceso de solución política. Que ese sector habla por boca del ex presidente Álvaro Uribe no es un secreto. En ese conjunto radica una parte fundamental del problema, porque al mismo tiempo que ese sector ha hecho del ejercicio del poder una práctica autoritaria, con utilización de la fuerza pública para reprimir y silenciar violentamente a opositores, esa criminalidad estatal tiene fusión con la criminalidad organizada, característica de la violencia estatal en Colombia».
La elección a la Cámara del representante Cepeda significó para muchos el ascenso del decoro, la memoria y el compromiso con la verdad de las víctimas del poder. Su campaña y sus intervenciones día tras día, que señalan a buena parte del poder local, llaman a pensar sobre la bárbara división social que produjeron la Conquista y la Colonia. Una casta y un sector racial que se atribuyeron todos los privilegios, en el proceso de usurpación titulada de la tierra, bajo la consideración de la amplia mayoría nativa, negra y mestiza como una raza inferior, sin derechos. Un orden injusto que nutrió una prolongada confrontación que devino más compleja al comenzar el siglo XX por los intereses del hiperpoder global y su necesidad de controlar territorios y población. Hay quienes insisten en que no es posible comprender nuestro pasado sin saber cuál es el punto en el que se cristalizó el pacto entre sectores del Estado y la criminalidad organizada.
Algunos investigadores señalan que durante el gobierno de Ronald Reagan, 1981 marcó el momento de la diplomacia y los pactos que concedieron licencia de funcionamiento a sectores del narcotráfico dispuestos a participar en la guerra sucia, no sólo contra las guerrillas sino asimismo contra cualquiera de las expresiones contrarias al control global del territorio (3).
Iván Cepeda tiene una reflexión y un conocimiento propios frente al tema, en los días que corren: «Ha habido muchos momentos, pero hay uno en particular importante. Así dejamos dicho en el debate de control político sobre el general Mauricio Santoyo y su historia. El punto en el que, por ejemplo, la policía nacional sacrificó su legitimidad como institución, cuando el pacto hecho para perseguir y dar muerte a Pablo Escobar. En la decisión de enfrentar a Escobar con los mismos métodos que él utilizaba, y por tanto aliarse con el cartel de Cali, con la casa Castaño, con la banda de La Terraza, con el paramilitarismo del Magdalena Medio. Ese fue un pacto en el cual facciones del Estado operaban de manera encubierta con el paramilitarismo y con el narcotráfico, y las consecuencias de ese pacto vinimos a verlas en el año 2002, cuando se produjo el ascenso, la entronización en el poder, de ese sector».
Pacto mafioso y genocidio
A nuestra nación, desde hace décadas, le birlan la soberanía y la verdad sobre los intereses que hay detrás de las decisiones de los intereses foráneos impuestos sobre su destino. Así sucedió en 1945, cuando, decretado el genocidio del movimiento gaitanista, se ordenó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Después, en 1985, cuando emergió la Unión Patriótica, una alianza siniestra entre el fundamentalismo anticomunista, los intereses del capitalismo atlántico y sectores del narcotráfico habían decretado de antemano el genocidio contra esta organización que buscaba hacer política de avanzada. Hemos sido objeto de campañas sistemáticas contratadas con agencias internacionales para manipular el imaginario colectivo y tender un manto de confusión que evite conocer la red de intereses que han hecho del Estado un instrumento de control del territorio y la población.
Este momento inaugural de un nuevo proceso de paz saca a debate, con un mayor tamaño, no completo, el entramado de lo que acontece en Colombia. La verdad oculta no puede brillar en medio de la violencia, y el representante Cepeda recalca que el momento real de la verdad se dará una vez que termine el conflicto y no pese sobre los actores, los testigos, las víctimas, la espada de Damocles del propio uso de la violencia. Cree que una vez que fructifique un pacto de paz deberemos entrar en un proceso de verdadero esclarecimiento y responsabilidad de todos los hechos que acontecieron. Considera el congresista que es comprensible, aunque no justificable, que en medio de una negociación las partes sigan sosteniendo tesis y discursos que son propios del conflicto, negando su responsabilidad sobre diferentes hechos e intentando convencer a la opinión de que no se ha incurrido en ciertas prácticas. Y que eso es válido tanto para la guerrilla como para el Gobierno.
Es el comienzo de la Mesa, sin el despertar y el clamor de todos, ni la presencia del conjunto y la diversidad de las dinámicas sociales […] Con sentimiento, sin la entonación artificial de los oradores de carrera, el vocero de Movice continúa señalando que: «llegará el momento en el que la sociedad exigirá la verdad porque el Gobierno, por su lado, pide que la guerrilla debe dejar de reclutar niños, de secuestrar, pero no reconoce su responsabilidad […] en los desaparecidos, en las amenazas y los ‘falsos positivos’. Impugna a la guerrilla por incurrir en narcotráfico, pero acabamos de ver hace pocas semanas que el Jefe de Seguridad del Palacio de Nariño fue extraditado como un hombre a sueldo del paramilitarismo y del narcotráfico, en el Palacio Presidencial. Quienes han hecho uso de esos métodos tendrán que reconocerlo. Si llegamos a un proceso de paz en el cual el debate público sustituya a la confrontación armada, la gente no va a creer ni a legitimar tesis, argumentos, justificaciones, que de suyo son inadmisibles».
Paz y medios de comunicación
Las noticias de abrir y los titulares no cambian su sentido. Ofrecen unas visiones recortadas de la confrontación, de sus orígenes, de sus actores, y ahora, con el proceso de paz en marcha, insisten en divulgar una mirada que no recoge la complejidad del proceso, las diferentes ópticas que convergen en la mesa de acuerdos, la gravedad de la crisis social (4). Buscan un efecto, y aunque la participación ciudadana no depende de los medios de comunicación, sí es desviada, disminuida en su presión por el tipo de trabajo que desarrollan. Desde nuestro lugar alternativo, independiente, nos inquieta el papel de los medios de comunicación y su responsabilidad frente al proceso de paz y al escenario de la participación ciudadana. Al respecto, Iván Cepeda considera que en estos procesos se va llegando a una madurez, tanto de quienes negocian como de quienes están realizando procesos sociales concomitantes a esa negociación.
Cree y quiere pensar, que independiente de su signo ideológico, los medios han aprendido a establecer el equilibrio necesario entre el deber de informar y el deber de respetar los procedimientos de una negociación de paz. «Yo esperaría eso».
Ante nuestro gesto dubitativo, Iván con la velocidad mental y el aplomo quindiano que casi estamos seguros que heredó de su padre, Manuel Cepeda Vargas, director del periódico Voz, secretario de organización de su partido, periodista, congresista, puntualiza que ciertos comunicadores actúan bajo el impulso de su interés particular. «Me refiero concretamente a Francisco Santos, que intenta justificar la filtración espectacular de la agenda de negociación como si se tratara simplemente de un asunto de audacia periodística, cuando constituyó una forma de entorpecer o torpedear el proceso en su embrión». En la pausa de su hablar, pensamos que hoy en los corrillos está claro que afectó el tiempo, para alcanzar la conformidad y la vinculación del eln.
El representante Cepeda prosigue: «Todos debemos prepararnos para explicar, exigir incluso, que las negociaciones tomen en cuenta las voces, los requerimientos que durante años han hecho los movimientos sociales sobre la agenda temática. Para eso hay que crear mecanismos. En lo concerniente a la Cámara de Representantes y su Comisión de Paz y la Comisión de Paz del Senado, ya estamos en el trayecto de convocar siete grandes audiencias regionales, para conocer las ideas de la gente y canalizar esas opiniones mediante los mecanismos que cree la propia Mesa. Y advierte: Vendrá otro momento substancial en la hipótesis de llegar a un acuerdo de paz: la gran participación ciudadana deberá en ese momento tomar protagonismo. Por ahora, éste se encuentra en cabeza de quienes negocian. Pero luego, en la aplicación de los acuerdos posibles, deberá ser la movilización social, popular, ciudadana, la instancia que garantice los acuerdos, y la que activamente construya esas nuevas condiciones».
Crímenes de lesa humanidad y la justicia transicional
«Dada una negociación, el asunto adquiere un carácter bilateral». Cepeda, conocedor del marco de los Protocolos I y II del Derecho Internacional Humanitario, y asistente a visitas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos autorizó a los jefes paramilitares con condena allá, hace notar que la cuestión no es solamente si la guerrilla, sus comandantes, sus miembros, podrán ser o no objeto de justicia transicional sino también los agentes del Estado. Aún más, señala: los empresarios y los políticos que actuaron de la mano de paramilitares, ordenando y utilizando en múltiples atentados y de manera criminal la fuerza pública.
Sin negar que exista un marco jurídico internacional que determina estos asuntos, asume que sería ingenuo hacer abstracción de tales disposiciones y que esa institucionalidad internacional construida, con sus defectos y sus unilateralidades, implica que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los actos de genocidio, no pueden ser objeto de medidas de indulto, amnistía e impunidad. Una normativa por la cual «hay que construir un modelo que, satisfaciendo las exigencias de esos estándares, permita llegar a la paz».
Cepeda vislumbra por primera vez en la historia contemporánea «un nuevo poder en Colombia, distinto, un poder alternativo, que sí puede producir transformaciones estructurales; una posibilidad cierta de un escenario para el ejercicio de la política con libertad y sin discriminación ni exclusión por las ideas, por el origen de las cunas, la pobreza y la forma de pensar. Aquí no se trata solamente del problema de las armas sino igualmente de cómo se domina, se sustraen y se manipulan el sistema electoral, los medios, el producto nacional y las riquezas. Si en Colombia crece el acuerdo de paz, aunque no van a desaparecer los conflictos sociales ni me hago la ilusión de que de manera mágica llegue la solución de los graves problemas que tiene nuestra sociedad, estaríamos ante el resurgimiento de nuestra sociedad en una patria donde la violencia, en su formas más feroces, no sean el hábitat normal de la nación».
NOTAS:
1 Cocaine, death esquads, and the war on terror. U.S. imperialism and the class struggle in Colombia. Oliver Vilar and Drew Cottle.Monthly Review Press, 2011.
2 íd.
3 Ver Prohibido olvidar. Gustavo Petro y Mauren Amaya, Casa Editorial Pisando Callos, 2006.
4 Ver desde abajo Nº 184, septiembre 20-octubre 20, «La paz fácil».
Artículo originalmente publicado en www.eldiplo.info. Rebelión lo ha publicado con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.