Para el mundo entero está claro que el paramilitarismo en Colombia es parte integral de una política de Estado, que tiene como misión desarrollar de manera encubierta las operaciones de eliminación física de los opositores del sistema, encubriendo al Estado y protegiéndolo de los riesgos políticos que estos delitos implican contra su legitimidad. La diferencia […]
Para el mundo entero está claro que el paramilitarismo en Colombia es parte integral de una política de Estado, que tiene como misión desarrollar de manera encubierta las operaciones de eliminación física de los opositores del sistema, encubriendo al Estado y protegiéndolo de los riesgos políticos que estos delitos implican contra su legitimidad.
La diferencia de este gobierno con los anteriores ha sido su afinidad con el paramilitarismo. Desde mucho antes de llegar a la presidencia a Uribe se le han conocido sus amistades y proximidades territoriales con los paramilitares. El fenómeno de la para-política, no es otro que la expresión de apoyo de los paramilitares a la elección y reelección suya, así como de todos los políticos, hoy presos, afines con Uribe y con el interés paramilitar.
El proceso de Ralito, las favorabilidades de la ley de justicia y paz, no son más que una estrategia de limpiar de culpas a los paramilitares de los centenares de masacres y los miles de crímenes contra la población indefensa.
Pero Uribe ha llegado más lejos, nadie se esperaba que desconociera la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha negado al paramilitarismo la posibilidad de ser considerado sedición. Ahora pretende pasar por encima del poder Judicial, inventándose otras argucias para tratar de equiparar la insurgencia con el paramilitarismo.
Pero Uribe ha llegado más lejos, nadie se esperaba que desconociera la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha negado al paramilitarismo la posibilidad de ser considerado sedición. Ahora pretende pasar por encima del poder Judicial, inventándose otras argucias para tratar de equiparar la insurgencia con el paramilitarismo.
El derecho internacional establece que el delito político son hechos punibles que implican un ataque contra la organización política fundamental del Estado. A quienes realizan dichos ataques la jurisprudencia los define como «delincuentes por convicción», y se los considera rebeldes porque están alzados en armas para cambiar las estructuras políticas y jurídicas de un Estado.
No existe ningún hecho en la historia de este conflicto, desde el año 1981, donde un grupo paramilitar hubiese atentado contra la organización política del Estado, sino todo lo contrario, ha sido un defensor más del régimen imperante, o como ellos mismo lo dicen, trataron de llenar el vació del Estado, y de qué manera.
Los nexos del paramilitarismo con las fuerzas armadas del Estado, terminan de reforzar esta verdad. Ramón Isaza así lo corrobora, pues recibió todo tipo de apoyo de un General de la República como Faruk Yanine Díaz, y con él sigue la larga lista de generales que están implicados en denuncias reales: Harold Bedoya, Rito Alejo del Río, Martín Orlando Carreño, y otros que la historia terminará por sacar a la luz pública, tal como aconteció en Argentina y Chile.
Pretender equiparar la Insurgencia con el Paramilitarismo, es lo mismo que equiparar el delito político con el común.
Los gobiernos anteriores a Uribe, por lo menos mantuvieron distancia en este punto, el paramilitarismo ha sido considerado un delito común, pues quienes actúan como tales lo hacen como defensores del establecimiento, apoyados por éste en contra de la sociedad o parte de esta que es opositora al Estado. A más de lo anterior todos sus jefes actuaron y actúan movidos por intereses particulares y no por convicciones o compromisos ideológicos. La mayoría compraron franquicias de grupos armados para defender su negocio de narcotráfico, todos ellos disponen de inmensas fortunas personales y familiares.
Su actuación, los asesinatos entre ellos mismos, la carencia de un mando responsable, su ausencia de ética los separa un abismo de los revolucionarios.
En el ELN no existe ninguna fortuna personal, existe un mando responsable y encarnamos un proyecto político de cambios para Colombia.
Uribe en la pretención de darle estatus político al paramilitarismo, optó por favorecer a los criminales y condenar a las víctimas.
Con la fuerza moral que existe en Colombia, por más imposiciones que quiere hacer Uribe, seguirá el rechazo a su política; las víctimas del paramilitarismo y el terrorismo de Estado seguirán clamando hasta que la historia las reconozca. El mundo ha definido un camino que reivindica a los pueblos contra la barbarie, este no puede ser otro que el camino de la verdad, la justicia y la reparación.
Montañas de Colombia
Agosto 30 de 2007
Comando Central ELN
Agosto 30 de 2007
Comando Central ELN