I. Represión al movimiento social. Frescas están las imágenes de la represión contra la minga indígena, esas imágenes recorrieron el mundo, mostrando el macabro salvajismo del régimen mafioso colombiano, no contentos con esto, y buscando silenciar la protesta, el terrorismo cometido la bajeza de asesinar al esposo de una dirigente indígena. El régimen se ha […]
I. Represión al movimiento social.
Frescas están las imágenes de la represión contra la minga indígena, esas imágenes recorrieron el mundo, mostrando el macabro salvajismo del régimen mafioso colombiano, no contentos con esto, y buscando silenciar la protesta, el terrorismo cometido la bajeza de asesinar al esposo de una dirigente indígena. El régimen se ha burlado de todos los acuerdos firmados con los indígenas, tratándolos como menores de edad. La misma represión contra los estudiantes, enviando al criminal ESMAD quien ha utilizado armas no convencionales para encubrir sus crímenes. A los desplazados también les ha enviado la policía antimotines, como única respuesta a sus demandas. Es decir al movimiento social, el gobierno no le ofrece interlocución para discutir las reivindicaciones, su única respuesta es la represión oficial. Ejemplos nos sobran.
Todo esto contrasta con el carácter benévolo frente a las bandas mafiosas-paramilitares, quienes desde los acuerdos de Ralito, viene firmando acuerdos secretos, cuyo contenido, aún sin conocerlo en su totalidad, dan cuenta del beneplácito y la facilidad con que el régimen colombiano trata la delincuencia mafiosa-paramilitar. Al frente de esos acuerdos han estado Luis Carlos Restrepo, Frank Pearl y los sucesivos ministros del interior o de gobierno. La iglesia también ha ofrecido sus buenos oficios.
II. Pretender ignorar la existencia del conflicto y del interlocutor válido.
La organización insurgente, FARC-EP anuncio hace meses su intención de liberar, unilateralmente, previos protocolos de seguridad, a dos prisioneros de guerra en su poder, entre ellos al hijo del profesor Moncayo y los despojos mortales de un prisionero de guerra, muerto en cautiverio.
A pesar del anuncio hecho hace meses, y de la lucha tenaz de familiares de los prisioneros de guerra y de los colombianos y colombianas por la paz, ni el citado, luis carlos Restrepo en su momento, ni el actual alto consejero de paz, Frank Pearl han estado a la altura de las responsabilidades dignas de su mandato. Esta actuación, contrasta con la entrega y compromiso mostrado por estos dos, supuestos comisionados de paz, frente a los acuerdos con paramilitares y bandas mafiosas.
Si algo define a este gobierno de sinvergüenzas, es la capacidad que han tenido de darle estatus político al delito mafioso, -bajo la mirada cómplice de medios de comunicación, partidos políticos, la iglesia, gremios económicos, parlamento, entre otros estamentos-, el régimen corrupto reprime con su terrorismo de Estado al movimiento social, léase, -estudiantes, indígenas, trabajadores, campesinos, comunidades negras-.
El silencio frente a insurgencia, un actor político que cuestiona la legitimidad del régimen y que propone una seria de reformas para conseguir la paz con justicia social, es ignorado por el régimen, mientras centra todo su accionar en negociar acuerdos bajo la mesa con bandas criminales, mafiosas y paramilitares. Esta actitud demuestra la manera selectiva como el gobierno escoge sus interlocutores.
Esta política de negar la existencia del conflicto armado, y de negar la interlocución de la insurgencia para resolverlo se paga con un alto precio en la agudización del conflicto social, político y armado que vive el país. Sobre todo ahora en periodo electoral, cuando la insurgencia viene demostrando que no permitirá que candidatos de origen paramilitar-mafioso, es decir delfines, familiares de para-políticos y de otros feudos mafiosos hagan campaña como si en el país no pasara nada.
El mensaje que el gobierno envía a la sociedad en general, a la comunidad internacional y a la insurgencia en particular, es claro. Este gobierno no reconoce la interlocución de los movimientos sociales, pacíficos que mediante movilizaciones regionales y nacionales han puesto el dedo en la llaga sobre el acabose social del país. Los movimientos sociales, son reprimidos con el terrorismo de estado, bajo la falsa premisa de ser apéndices de la insurgencia. Tampoco se reconoce a la insurgencia como interlocutor válido para discutir los problemas del país.
Entonces a quien se reconoce?. Solamente a las bandas mafiosas y paramilitares.
III. Besitos y acuerdos entre mafiosos, sintetizan la política de paz de uribe.
La visita de los jefes paramilitares al congreso, con el visto bueno del parlamento, las visitas consecutivas a palacio, la toma de la fiscalía, y la entrega del DAS a las mafias paramilitares son las síntesis de esta política de Estado, que le han dado estatus político a la masacre paramilitar, al desplazamiento y al tráfico de drogas en el país.
Esta actitud confirma, lo denunciado nacional e internacionalmente, el régimen que preside uribe, fue elegido por el accionar paramilitar-mafioso y financiado por el dinero sucio del narcotráfico. No otra cosa, puede explicarnos el beneplácito para firmar acuerdos con bandas mafiosas y garantizar con la ley de justicia y paz, la impunidad a sus socios políticos.
La famosa tregua firmada entre bandas mafiosas en Medellín en los últimos días, nos confirma la anterior premisa. Bajo la mediación de la iglesia y con el aval del gobierno mafioso de uribe Vélez. Este aval, tiene la firma del alto consejero de paz, oficio: OF109-00118611/AUV12300 fechando el 12 febrero 2010, vuelve y se reitera la complacencia e cohabitación del régimen uribista con sus parceros paramilitares.
El gobierno de uribe Vélez le ha otorgado patente de corso al terrorismo paramilitar, a la infiltración del dinero sucio a las campañas y cerrando con broche de oro, este régimen paramilitar traicionó a sus otrora socios, los jefes paramilitares, extraditándolos a los EEUU impidiendo que el país, la justicia y las víctimas de estos masacradores sepan la verdad de quienes son los verdaderos instigadores de este desangre.
IV. Quien gobierna en Colombia?
Al final de su mandato Uribe confirma una vez más que con él, la mafia-paramilitar se tomó todas las instituciones del Estado, se tomo al régimen político, y eligió un presidente acorde al proyecto de refundar la patria, a punta de encuestas y de estados de opinión.
Medellín por ejemplo es ingobernable. Para nadie es un secreto que durante la administración del ahora candidato a la presidencia, supuestamente independiente, Sergio fajardo (2004-2007) en Medellín gobernó don Berna. La Bernabilidad en Medellín, y la Paraco-gobernabilidad en palacio, Bogotá.
En Medellín se institucionalizó las bandas paramilitares, bajo el compromiso de reprimir toda expresión de descontento social, y Alonso Salazar, actual alcalde de Medellín toma el relevo, sin que nadie se sonroje en este país del sagrado corazón. Fajardo y Salazar terminaron firmando acuerdos y pactos que satisfacían sus apetitos electoreros, por un lado y por el otro, garantizaban una pax romana paramilitar, sobre el miedo y el terror.
V. Mensaje del gobierno a la juventud colombiana y a la sociedad en general
Es grave, el mensaje que este régimen mafioso-paramilitar le envía a las nuevas generaciones de colombianos: Jóvenes para qué estudiar, para qué prepararse para ser alguien en la vida, si, para ser sicario y jefe de banda de cobros o paramilitar no se necesita ir a la escuela. Si la juventud quiere ser algo en este país, es fácil, escojan el camino de las bandas, ellas son escuchadas por el Estado, desde allí se puede ascender socialmente, devenir representante a la cámara, senador, y porqué no presidente de la república.
Joven ingresa a las bandas, eso da poder, dinero fácil, mujeres lindas.
Esta no puede ser la opción de vida que el régimen le depare a las nuevas generaciones de colombianos. Ni por el putas podemos permitir que esta herencia maldita, de la cultura mafiosa y del dinero fácil, sea la única opción para las nuevas generaciones.
A este régimen mafioso hay que derrotarlo, con una gran convergencia nacional que este presta a dignificar la vida digna, y la justicia social, Colombia no puede ser un paraíso mafioso y corrompido, bajo el silencio cómplice de todos.
Combatir a las bandas mafiosas debe ser tarea de la sociedad en su conjunto, de sus instituciones, y no cohabitar con ellas. Mientras se le da carta de ciudadanía al delito, se cierran los espacios para discutir entre todos/todas la solución política al conflicto, social y armado que vive el país; represión para los movimientos sociales y bombas inteligentes para los alzados en armas, no solucionan el problema. Contrariamente a eso, lo perpetúa en el tiempo.
A este macabro precedente, se impone como imperativo ético la derrota del régimen narco-paramilitar que rige en Colombia. Lo demás es cuento chino.