A Chirly Morenza Vázquez le costó ocho años atreverse a entrar a un aula universitaria, porque con 17 años y asumida su identidad trans, el acoso escolar que había vivido y el que sabía le esperaba aún le habían impedido continuar sus estudios cuando debió hacerlo. Sin embargo, tanto tiempo después, no fueron pocos los obstáculos para terminar su carrera y trabajar.
El recorrido ha sido difícil para ella. Tras concluir, hace años, el 12 grado en el Instituto preuniversitario vocacional de su provincia y ser el primer expediente, optó por la carrera de Contabilidad.
«Llegué hasta la puerta y no me atreví a entrar. Vengo de Caimanera, un poblado cercano a la Base Naval de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba. Allí no existía ningún referente de persona trans, yo era la única, y sentía todas las miradas sobre mí», comentó la hoy licenciada en Contabilidad y Finanzas.
Esa sensación la acompañó durante muchos años porque, para completar los estudios y luego laborar en su perfil, tuvo que pagar el costo de «bajar la cabeza», resistir el hostigamiento constante, trabajar hasta altas horas y ceder a exigencias absurdas que nada tenían que ver con los requisitos necesarios para la carrera o el puesto de trabajo que ocupaba.
«Algunos profesores ponían énfasis en la asistencia, solamente para mencionar mi nombre, el que aparecía en mi carné de identidad«, recuerda, junto a las expresiones de sus rostros y los reclamos por su pelo, los aretes, las sandalias, el pulóver ajustado…»Era terrible, pero yo quería estar en la universidad y fui aguantando», relata Chirly.
«Logré terminar la carrera y me incorporé a trabajar. En recursos humanos me pidieron cosas que estaban fuera de los requerimientos necesarios en mi boleta de empleo y fue una odisea obtener mi plaza de técnica en Gestión Económica. Tuve que esforzarme al máximo y, cada vez que cambiaba un director, perdía el entendimiento o comprensión que hasta entonces había logrado».
Su relato, compartido durante el panel «Personas trans en el ámbito laboral», realizado el 29 de noviembre de 2022 como parte del «Primer coloquio transidentidades, violencia de género y derechos humanos«, es una de las tantas historias de discriminación que sufren las personas trans en el escenario escolar y laboral.
Bien lo sabe Dayana de la Torre Miranda, maestra de inglés en Educación Primaria, para quien defender su vocación por el magisterio y ejercerla, como mujer trans, ha sido un camino hostil y lleno de estigmas.
Cuando inició sus estudios en la Escuela Pedagógica de Camagüey, a 540 kilómetros de La Habana, Dayana aún no tenía definida su identidad de género. Aunque le gustaban «las cosas femeninas», pasó sus primeros años de carrera como un varón. Fue en tercer año, justo en medio de la pandemia de covid-19 y el aislamiento que esta impuso, que la joven se dio cuenta de lo que quería.
«Comencé a recibir hormonas, dejarme crecer el pelo, las uñas, empecé a cambiar mi armario… y cuando de nuevo retornamos a la escuela y me vieron así, como mujer, comenzaron los problemas porque no me aceptaban. Cedí en todo, menos en cortar mi pelo; trataba de aplastarlo para que no se notara», recordó Dayana.
Fueron años de «aguantar», junto a otras amigas trans en la misma situación; de hablar con profesores y directivos, de no ceder al impulso de abandonar… «Mi graduación la hice vestida de chica», cuenta. Pero las dificultades apenas comenzaban.
«Me incorporé a la escuela primaria donde aún estoy trabajando. El primer día me piden que muestre mi carné de identidad, donde decía Danger y no Dayana, junto a la foto de varón. La directora me dijo: ‘esto a mí no me lo informaron, a mí me dijeron que venía a trabajar un teacher, no una teacher. Tú no puedes estar así aquí’. Sentí que había perdido la carrera, estaba desorientada», refirió la joven.
Lo siguiente fue la búsqueda de ayuda con otras mujeres trans; presentarse a reuniones donde le informaron que podía seguir trabajando, pero sin vestir de mujer. «Los niños de la escuela estaban muy confundidos, no sabían qué yo era, cómo llamarme, y yo les decía que no me dijeran nada, que profe estaba bien. Empecé a trabajar así, pero me sentía mal, quería dejar la carrera, entré en depresión, bajé de peso, se me caía el pelo de los nervios…».
Transcurrió mucho tiempo para que, a golpe de insistir, respetaran su espacio. «Hoy tengo el respeto y apoyo de los padres y de mis alumnos», dijo.
Para Naomi Castillo Bicet, especialista de segundo grado en Oftalmología, el camino hacia el respeto «ha sido mucho más largo, porque estudié una carrera de Medicina de seis años», en medio de la cual decidió transformar su identidad.
«Pese a que en los servicios de salud existen muchas personas de la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexual y queer), hay homofobia y transfobia», comentó la doctora, quien fue de las mejores graduadas de su año y recibió la especialidad por vía directa.
Naomi recordó su tránsito por el hospital Calixto García de La Habana, «un hospital muy docente, pero que tiene arraigados muchos prejuicios y dogmas patriarcales». Allí vivió muchísimos problemas con los profesores, por su apariencia. «Siempre me ayudó el apoyo de los pacientes y mis deseos de ser una gran especialista», sostuvo.
Sus habilidades quirúrgicas resultaron una especie de amuleto que la ayudó «a brillar», dijo, «porque a las trans se nos exige ganarnos el respeto siendo las mejores. Ir contra la heteronorma hace que nos vean como que no podemos».
Tanto en el Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, al cual se trasladó para seguir la especialidad en la capital cubana, como en el Hospital nacional Enrique Cabrera, donde comenzó a trabajar una vez concluidos los estudios, Naomi continuó viviendo episodios de discriminación.
Derecho esencial en juego
Angil Castillo Quiñones, especialista de asistencia y prevención social en la Dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social del municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, consideró que «aunque en Cuba está garantizado el derecho a la educación, la incomprensión de las trans identidades en dichos centros promueve el abandono escolar y la no culminación de estudios».
Ello trae como resultado un bajo índice escolar y, en consecuencia, ubicaciones laborales en plazas menos remuneradas, como las de servicio, aun cuando en muchas ocasiones tenemos mayores capacidades, sostuvo.
Con ella coincidió la jurista y subdirectora del Cenesex Ivón Calaña Pérez, quien subrayó que el ámbito laboral es un espacio donde las personas trans son víctimas de vulneraciones, al no reconocerles su identidad de género.
De ello ofrecen evidencias los resultados científicos de la institución y la experiencia del Servicio de Orientación Jurídica del centro, que desde 2007 brinda asesoría y acompañamiento a personas trans.
«De las situaciones atendidas en el contexto laboral destacan el trato indigno, las resistencias para el acceso al empleo, imponer una imagen contraria a su identidad de género, enfatizar el nombre legal y no el reconocimiento de su nombre social, entre otras discriminaciones», señaló la jurista.
A su juicio, hay un escenario favorable en el ordenamiento jurídico a partir de la entrada en vigor de la Constitución en 2019, que de manera expresa ubica la categoría identidad de género, enlazada con el principio y derecho a la vez de igualdad y no discriminación.
Sin embargo, existen desafíos en el orden social y jurídico para alcanzar la máxima constitucional citada: «la dignidad es el valor supremo en el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos», dijo.
Calaña Pérez señaló que, en el caso de las personas trans, la identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer, de acuerdo con los patrones hegemónicos y los mandatos socioculturales.
«Por tanto, el derecho a la imagen y al cambio de nombre y sexo en los documentos legales es esencial para el libre desarrollo de su personalidad», explicó.
El actual Código del Trabajo, en vigor desde 2014, establece el principio de igualdad y no discriminación. Ese texto pone énfasis en categorías relativas a la sexualidad, como género y orientación sexual, no así el sexo y la identidad de género.
No obstante, la jurista puntualizó que la Constitución llama a la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos, como uno de los fines esenciales del Estado. «La igualdad efectiva no se trata del mero reconocimiento en la norma jurídica, sino de la aplicabilidad y la exigibilidad, en la práctica, de todas las oportunidades, libertades y garantías», dijo.
Ello, ejemplificó la jurista, implica que cuando interpretemos el artículo 43 de la Constitución -que declara que el hombre y la mujer tienen iguales derechos y responsabilidades en lo laboral-, no podemos hacer una interpretación restrictiva de la norma y asumir que solo hace referencia a las personas cisgénero; sino que debemos entender también a las mujeres y hombres trans.
«Para que esa interpretación se efectúe en esos términos, es necesario promover una cultura jurídica, esencial para el ejercicio de una ciudadanía, y garantizar una educación integral de la sexualidad en espacios formales y no formales», dijo la subdirectora del Cenesex.
Calaña Pérez recordó que a inicios de 2022 fue derogada la Instrucción No. 1 del Ministerio de Justicia, que durante 10 años orientaba proceder al cambio de nombre una vez que la persona hubiese modificado el sexo en el asiento registral correspondiente. Si bien esto allana el camino del proceder registral, no sucede lo mismo con el cambio legal de sexo, advirtió.
«Hoy podemos encontrarnos que una mujer trans ha logrado modificarse el nombre, pero su carné de identidad sigue refiriendo sexo masculino. Esto puede suceder por la judicialización del proceso de cambio de sexo registral y su encauzado favorable solo en los casos de previa readecuación genital», explicó.
Ese proceder debe quedar modificado con una reforma a la Ley del Registro del Estado Civil, que en otros ordenamientos jurídicos ha tenido una regulación independiente y se identifica como Ley de Identidad de Género», apuntó Calaña Pérez.
«Desterrar la genitalidad como sello distintivo y comprender que la identidad interna y autopercepción es lo que determina nuestra expresión de género y no a la inversa, es hoy un desafío», reconoció.
Partidaria de que el derecho al trabajo no puede verse divorciado de los derechos a la igualdad, la imagen, la personalidad y a una vida libre de violencia, sostuvo que ante esas vulneraciones existen opciones de reclamación desde lo administrativo y también por la vía judicial, a partir de que el nuevo Código Penal replantea el «delito contra el derecho de igualdad», y crea además el delito de «actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona».
Otras brechas las colocó en la carencia de reconocimiento legal del transformismo como actividad laboral que ejercen personas trans, sin que tenga un reconocimiento como actividad por cuenta propia o vinculada a centros de recreación y cultura, salvo limitadas excepciones. Ello las coloca en situación de desventaja respecto a sus derechos laborales, señaló.
Para Chirly, las leyes y los códigos están, pero las mentes que las malinterpretan también. «No tenemos que bajar siempre la cabeza, tenemos derecho a estudiar y a trabajar. Superarse es también una manera de goce y disfrute, no de sufrimiento», dijo.
«Tenemos derecho a ser lo que queramos ser», sostuvo Dayana. Con ella coincide Naomi: «Aspiro a que algún día todas las trans seamos profesionales, personas integradas a la sociedad, que logremos todo lo que nos propongamos», dijo.
«Más que un deber, es una obligación no claudicar. No es fácil, pero nadie dijo que la vida lo era, y esta es la vida que escogimos», ratificó Angil.