Dos decisiones de la Corte Constitucional de Colombia han dificultado temporalmente el avance bélico de Washington sobre Venezuela: la negación a la tercera elección de Uribe y la declaración de no-vigencia (inexequibilidad) de la cesión de siete bases militares a Estados Unidos. Mientras Washington y las fuerzas bolivarianas de América Latina reacomodan sus planes al […]
Dos decisiones de la Corte Constitucional de Colombia han dificultado temporalmente el avance bélico de Washington sobre Venezuela: la negación a la tercera elección de Uribe y la declaración de no-vigencia (inexequibilidad) de la cesión de siete bases militares a Estados Unidos. Mientras Washington y las fuerzas bolivarianas de América Latina reacomodan sus planes al escenario emergente, Santos fue atrapado entre la espada de Monroe y la pared de la Patria Grande.
Para actuar adecuadamente en ese escenario emergente hay que entender la situación general de la guerra de reconquista que Washington desató a partir de 1998 contra el espacio andino-centroamericano, y el estadio actual en que se encuentra. En la última entrega (¿Paz o Guerra entre Colombia y Venezuela?) explicamos que el plan maestro de Washington estaba pasando de la fase dos, destrucción de la capacidad operativa de la guerrilla, a la fase tres: el inicio de la destrucción militar directa o indirecta del gobierno de Hugo Chávez, cuando las decisiones de la Corte bloquearon su ejecución.
Bloquear la agresión bélica en este momento era casi comparable a bloquear el inicio de la intervención militar en Irak, cuando toda la logística de intervención ya se había construido a través de largos y costosos años de preparación. La violenta reacción del pentagonismo estadounidense expresó el grado de frustración de Washington. Esperamos, dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, «que el gobierno de Santos tome las medidas apropiadas para garantizar la preservación de nuestra relación bilateral». Estamos haciendo preguntas al «gobierno colombiano para entender lo que planea hacer».
La respuesta de Santos fue ambigua. Su gobierno estudiará «si vale la pena o no poner a consideración del Congreso de la República el acuerdo como un tratado… Vamos a evaluar el paso siguiente. De pronto podemos acordar unas normas, inclusive más ambiciosas con Estados Unidos, lo cual podría ameritar la llevada al Congreso del acuerdo», explicó.
La respuesta evasiva de Santos refleja su debilidad estratégica: representa apenas el 28 por ciento del padrón electoral; ha de neutralizar el Estado narco-paramilitar de Uribe; resolver la crisis social e institucional y tiene que entregar a Washington las bases militares, es decir, tiene que seguir siendo peón de la Doctrina Monroe. Habiendo logrado Estados Unidos dos de sus objetivos estratégicos en Irak, la apropiación del petróleo y bases militares permanentes en el país, y pretendiendo alcanzar lo mismo en Venezuela, no permitirá que la Corte Constitucional colombiana o Santos se pongan en su camino.
Sin embargo, la presión que el bolivarianismo puede ejercer sobre Santos para contrarrestar la presión de Washington, también es considerable. En lo económico el intercambio con Venezuela es un medio de presión fuerte. En lo militar, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa abandonó sus ilusiones pacifistas a raíz de la agresión bélica de Uribe. Desde entonces moderniza a la Fuerza Armada. En diciembre se termina de integrar la defensa aérea de su frontera norte con radares avanzados de China, un nuevo centro de control y mando y el reforzamiento de fuerzas terrestres y aéreas. Lula moderniza la «estructura nacional de defensa», con el cambio del centro de gravitación militar hacia la frontera con Colombia, para defender el Centro y la Amazonia, donde se duplicarán las tropas a cincuenta mil; con el avance del complejo militar-industrial; la colaboración con China en misiles balísticos y la terminación del primer submarino nuclear de América Latina. Venezuela, a su vez ha aumentado su capacidad bélica considerablemente. Los centros de gravitación militar —es decir, las zonas de guerra más probables— de Brasil, Ecuador y Venezuela, hoy día, son las fronteras de Colombia. Para Brasil ya no es Argentina, y para Ecuador ya no es Perú.
En lo político y lo jurídico el arsenal de negociación de la Patria Grande abarca la orden ecuatoriana de aprehensión contra Santos; la demanda ante la Corte Penal Internacional contra Uribe; la posibilidad de conceder status de «fuerza beligerante» a la guerrilla colombiana, como lo hicieron Francia y México con el FMLN salvadoreño (1981); la formación del Frente de Defensa Político-Militar y el enorme apoyo popular a Correa, Chávez, Evo y Lula (60 a 70%).
Esta es la matriz bidimensional de sobrevivencia de Santos. Entre la espada del Monroeismo y la pared del Bolivarianismo se decide su futuro. Pronto se definirán más los vectores: con las elecciones venezolanas de septiembre, la probable derrota electoral de Obama-Demócratas en noviembre (sic) y, sobre todo, la situación de Irán. Si Washington decide desestabilizarlo, difícilmente habrá fuerza que le salve.
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