| Fue un gran honor para mí, cuando en el 1998 Chapman University me confirió su premio a nombre de ese hombre de la paz, Albert Schweitzer. Les agradezco la oportunidad que me extienden para estar nuevamente en esta universidad para participar en el simposio ÒAre We at War? Global Conflict and Insecurity Post 9/11 (Estamos en guerra? Conflicto Global e Inseguridad despues del 9/11). El título del simposio me lleva atrás 30 años a otro 11 de septiembre cuando mi país inició 17 años de terror. Los otros oradores han hablado hábilmente sobre guerra y terror desde perspectivas filosóficas y políticas. Mi experiencia personal, como hermana de una víctima y también mi calidad de abogada dedicada a la defensa de los derechos humanos, quizás ofrece un enfoque distinto a este tema.
En noviembre de 1973 Augusto Pinochet me concedió la entrevista que le había solicitado durante semanas después de la detención de mi hermano Orlando Letelier. Me permitió hablar con él en su oficina solo porque Orlando Letelier había sido Ministro de Defensa y Pinochet su subordinado. Le recordé al General que mi hermano fue detenido sin que le haya acusado de ningún crimen y por lo tanto debiera ser liberado. Pinochet me miró con sus fríos ojos azules y me dijo, «Estamos en guerra con el gobierno de la Unidad Popular y todos sus dirigentes serán enjuiciados». Me aseguró que me daría una respuesta dentro de 48 horas.
Pinochet nunca me respondió, pero al paso de los meses y de los años su mensaje era claro. Y nunca hubo juicio para los oficiales de gobierno encarcelados.
Mi hermano comenzó más de un año preso junto con otros ex oficiales de la Unidad Popular tomados como prisioneros de guerra y encarcelados en el lejano e inhóspito Isla Dawson al sur de Chile donde vientos fríos soplaban mientras fueron sometidos a trabajos forzados. Esfuerzos internacionales obligaron a Pinochet liberarlo y lo expulsó de Chile. Dos años después la Junta Militar despojó a Orlando Letelier de su nacionalidad chilena y enviaron agentes de inteligencia a plantar una bomba debajo de su auto, matándole a él y a su colega Ronni Karpen Moffet en Washington DC el 21 de septiembre de 1976.
El asesinato de mi hermano Orlando Letelier fue el primer acto de terrorismo internacional en suelo norteamericano.
La dictadura militar encabezado por Pinochet ejemplifica la práctica de terrorismo como política de estado para mantener control psicosocial y político sobre la población.
A nombre de la seguridad nacional, el régimen militar persiguió sus opositores sin piedad dentro de Chile y no se detuvo en los limites fronterizosdel país.
Los militares chilenos aprendieron la doctrina de seguridad nacional de instructores de los Estados Unidos. Anterior al 11 de septiembre de 1973, 600 oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas de Chile habían asistido cursos de formación en National War College y la Escuela de las Américas. El mensaje transmitido a los militares chilenos y de otros países de América Latina:
«Hoy nuestros enemigos no vienen de otros países. Hoy día debemos luchar en contra de un enemigo interno más peligroso quien siembra las semillas de comunismo internacional dentro de nuestros países. Es un enemigo que no viste uniforme ni se puede fácilmente identificar.»
Durante los 1960s, 1970s, y 1980s, miles de militares participaron en cursos de formación, posteriormente formando parte de dictaduras militares, implementando terrorismo de estado y la desaparición de más de 200,000 personas en todo el continente.
El concepto del enemigo interno estimuló la creencia que este enemigo debía ser exterminado a todo costo. Igual que los militares argentinos, uruguayos, guatemaltecos y salvadoreños formados por los Estados Unidos en la Doctrina de Seguridad Nacional, estos militares se creyeron la primera línea de defensa de la civilización occidente cristiana, y que peleaban en contra de un enemigo interno «subversivo y terrorista.» Pensaban que métodos extremos para combatirlos eran necesarios y justificados a pesar de cualquier daño que podía producirse («daño colateral») como también las restricciones de derechos civiles y políticos de la población.
El día del golpe la Junta Militar declaró estado de sitio y anunció el decreto 5, que reinterpretó el Código de Justicia Militar por medio del cual estado de sitio llegó a ser sinónimo con estado de guerra interna. Con la excepción de breves periodos de normalidad, el estado de sitio y después estado de excepción fueron mantenidos en Chile desde 1973 hasta1988. En otras palabras, durante más de 15 años, la suspención de libertades civiles y las políticas de represión fueron justificados porque el país se encontraba en estado de sitio.
Bajo el pretexto de una guerra ficticia, los militares chilenos impusieron toque de queda desde la noche hasta la madrugada, encarcelaron a miles, llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, y hicieron de la tortura una práctica sistemática. En 2004 35,000 personas declararon ante la Comisión Nacional de Prisión Política que fueron torturados durante los años de la dictadura militar.
Entre 1974 y 1979 aproximadamente 4,500 mujeres y hombres de todas las edades fueron llevados al centro de detención Villa Grimaldi donde fueron interrogados, torturados, mantenidos en detención secreta, muchos asesinados y hechos a desaparecer. Un sobreviviente de Villa Grimaldi fue una joven estudiante de medicina llamada Michelle Bachelet quien en marzo 2006 llegó a ser la primera mujer elegida Presidenta de Chile. Los prisioneros de Villa Grimaldi fueron mantenidos con los ojos vendados, se les negaron contacto con abogados y familia y fueron sometidos a tortura. El estado de guerra interna fue usada ampliamente por el régimen y los medios de comunicación controlados por los militares para justificar sus prácticas represivas.
Otro sobreviviente de Villa Grimaldi refleja sobre su detención con las siguientes palabras: «Lo que más me ha impresionado, y por que se puede volver a repetir, es que ellos lo consideran normal. Era bueno lo que hicieron y lo hicieron para la patria».
Surgen explicaciones fáciles para explicar el olvido y evitar enfrentar las cosas. Gente dice que a los agentes se les pasaron la mano, o que fueron locos psicópatas. O fue el resultado de la clima convulsionada producida por la Unidad Popular y sus esfuerzos de efectuar cambios de un una manera democrática. Por lo tanto, los que produjeron ese clima tienen la culpa.
Todas estas justificaciones fáciles evitan la verdad. La verdad mas terrible es que Villa Grimaldi no fue la consecuencia de algunos pocos excesosm ni fue la obra de locos. Formó parte de un sistema bien pensado y planificado de terrorismo estatal, que se justificó por medio de la Doctrina Nacional de Seguridad».
A los familiares que desesperadamente buscaban sus seres queridos, el Ministro del Interior negaba que habían sido detenidos. También negaba la existencia de Villa Grimaldi y de otros tantos cárceles secretas. Sin embargo el gobierno chileno pagaba las cuentas de luz para la corriente que se utilizaba para torturar a los prisioneros. Y los verdugos recibieron sueldos del gobierno.
El gobierno chileno también pagó los pasajes y los salarios de los hombres que viajaron a los Estados Unidos para asesinar a mi hermano. Eso es la institucionalización del terrorismo de estado.
La comunidad internacional rápidamente condenó a las graves violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo en Chile. En septiembre de 1973 la Organización de Estados Americanos por medio de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos difundió el primer de cuatro informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Las Naciones Unidas inició actividades de seguimiento a la situación vivida en Chile con el nombramiento en el 1975 de un grupo ad hoc de trabajo bajo la Comisión de Derechos Humanos. Desde 1975 hasta enero 1990, la ONU mantuvo un Rapporteur Especial para Chile.
La condena mundial a la dictadura chilena se profundizó y se extendió después de tres actos de terrorismo internacional planificados en Chile y llevados a cabo en suelos extranjeros. El primer fue el asesinato en 1974 del ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prats, y su esposa Sofia Cuthbert en Buenos Aires. El segundo fue el atentado contra el ex Vice Presidente Bernardo Leighton y su esposa en Roma en 1975. El tercero fue el asesinato de Orlando Letelier el 21 de septiembre de 1976 en el capital de los Estados Unidos, lo cual condujo al Congreso norteamericano promulgar la Enmienda Kennedy que prohibió apoyo militar a Chile durante toda la dictadura.
Las condenas permanentes de la ONU y de la OEA se unieron a la del Tribunal Internacional Bertrand Russell que denunció las dictaduras militares de Brasil y Chile. Los Parlamentos de los países democráticos de Europa y América Latina también expresaron su preocupación por lo que pasaba en Chile.
La dictadura militar chilena se desentendió las repetidas condenas en su contra, argumentando que extranjeros no tenían derecho de entrometerse en asuntos internos de Chile.
Así también responde los Estados Unidos hoy a crítica internacional del encarcelamiento y abuso de detenidos en Guantánamo, Abu Graib y lugares secretos de detención. Igual que el Chile de dictadura, los Estados Unidos son parte de las Convenciones de Ginebra. Villa Grimaldi ayer y Guantánamo hoy violan las Convenciones de Ginebra, al mantener encarceladas a personas sin cargos en su contra, negarles la dignidad humana, negarles contacto con familia, abogados, y médicos durante largos períodos. La lógica es igual que el razonamiento pronunciado en Chile. «Se justifica porque estamos en guerra contra una nueva clase de enemigo».
El Desafío de Globalizar la Defensa a los Derechos Humanos
Durante 25 años los tribunales de Chiles nunca aceptaron el derecho internacional como fundamento de la justicia en materia de derechos humanos, y seguían aplicando la amnistía decretada por la dictadura para cerrar los procesos. Parecía que todos los casos por violaciones a los derechos humanos terminarían en impunidad.
El juicio en contra Augusto Pinochet en España y su detención en Londres en 1998 cambió esa situación. Se animó la expectativa de que por fin sería posible lograr la justicia en Chile. Los 504 días que estuvo Pinochet bajo arresto domiciliario motivaron a los abogados a reactivar procesos antiguos y a presentar nuevos casos por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante dictadura. A partir de 1999, abogados en Santiago y en otras regiones del país presentaron más de 500 querellas criminales por violaciones a los derechos humanos, y con muy pocas excepciones no han aplicado el decreto ley de amnistía.
El juicio internacional dirigido por el Juez Baltazar Garzón en la Audiencia Nacional de España acusó militares chilenos y también sus colaboradores civiles del crímen de genocidio, crímenes contra la humanidad y tortura. Me uní a tres mil chilenos para hacerme parte querellante. En Chile el crimen de genocidio formó un fundamento para muchos de los procesos entablados en las cortes por las graves violaciones a los derechos humanos y los tribunales chilenos empiezan a citar las Convenciones de Ginebra con más frecuencia para procesar a los acusados de cometer violaciones de los derechos humanos.
En julio del 2004, Pinochet nuevamente fue nombrado en los titulares de primera página de los diarios del mundo cuando una subcomisión del Senado estadounidense encontró pruebas que un banco de los Estados Unidos ayudó al ex dictador en el lavado de dinero. Estos hechos ocurridos en territorio extranjero resultan del descubrimiento que Pinochet ocultó millones de dólares en el Banco Riggs de Washington DC durante el tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario. Los ilícitos del ex dictador resultaron de su procesamiento por malversación de fondos, fraude, cohecho, falsificación de documentos y otros crímenes. Su familia ha sido acusada de actuar como encubridores.
Estos acontecimientos son muy positivos, pero es inaceptable que haya mayor tolerancia por delitos económicos que los crímenes relacionados a la violación de los derechos humanos. No puede haber un doble estándar y Pinochet debe ser enjuiciado por ambas clases de delitos. El vínculo entre las violaciones a los derechos humanos y la expropiación de bienes económicos a la fuerza y por medio de la corrupción debe ser investigado. No puede existir tolerancia cero para la corrupción y a la vez impunidad para los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Ciudadanos de los Estados Unidos Víctimas de la Dictadura de Pinochet
Entre los más de 3000 personas ejecutadas o forzosamente desaparecidas en Chile hay tres casos de ciudadanos de los Estados Unidos: Frank Terruggi, Boris Weisfeiler y Charles Horman.
Frank Teruggi, un estudiante de economía, fue detenido en los días después del golpe militar y fue llevado al Estadio Nacional, convertido en prisión masivo. Fue llevado a interrogar y el 2 de octubre de 1973 su cuerpo fue encontrado en el Servicio Médico Legal de Santiago y fue trasladado a los Estados Unidos para su entierro. Boris Weisfeiler fue un judío ruso que emigró a los Estados Unidos y se nacionalizó ciudadano estadounidense. Vino a Chile en 1984 para disfrutar de la naturaleza y sin querer llegó demasiado cerca a Colonia Dignidad, un enclave fundado por Nazis alemanes con vínculos cercanos a la dictadura militar. Desde ese momento se ignora su paradero y hasta la fecha es un de las tantas personas desaparecidas.
Ni el proceso por Teruggi ni por Weisfeiler han avanzado. Sin embargo, el caso de Horman es un ejemplo de lo que la justicia puede lograr en el Chile de hoy. En diciembre 2000, yo y mi asociado, el abogado Sergio Corvalán, presentamos la primera querella criminal por el secuestro, homicidio calificado y tortura del joven periodista, Charles Horman, cuyo caso fue ampliamente difundido gracias a la película «Missing».
En los días antes e inmediatamente después del golpe militar Horman estuvo en la ciudad de Viña del Mar, donde conoció oficiales militares de los Estados Unidos quienes expresaron su satisfacción con el éxito del golpe y dejaron entender que tenían conocimiento previo del golpe. El 17 de septiembre de 1973 en Santiago vecinos vieron una patrulla militar sacar a Horman de su domicilio y allanar su casa.
Una vez que se halló el cuerpo de Horman en el Servicio Médico Legal a fines de octubre de 1973, oficiales militares no dejaron que la familia retirara el cuerpo. Senadores de los Estados Unidos presionaron a su propio gobierno, con la amenaza de impedir el envío de armamentos a la Junta Militar. En marzo del 1974, siete meses después de su muerte, la familia Horman recibió un telegrama del Secretario de Estado Henry Kissinger, informándole que el gobierno de Chile aprobó su solicitud de enviar los restos de Charles a Nueva York. El telegrama también les informó que la Embajada de los Estados Unidos en Santiago requería el pago previo de US$900 para cubrir los gastos de traslado.
Diez ciudadanos de los Estados Unidos que conocieron Horman viajaron a Chile para declarar ante el juez que investiga el caso. El caso Horman ha avanzado mucho y hoy conocemos detalles de la patrulla militar que le detuvo como también elementos que indican la negligencia de parte de la Embajada de los Estados Unidos. Documentos desclasificados del Departamento de Estado y de la CIA han sido importantes esclarecer el caso.
Un informe emitido por un funcionario del Departamento de Estado, con fecha agosto 1976 dice: ÒExiste prueba circunstancial que sugiere que la inteligencia de los Estados Unidos puede haber jugado un papel lamentable en le muerte de Horman. En el mejor de los casos, dio o confirmó información que motivó su asesinato por el gobierno de Chile GOC. En el peor de los casos, la inteligencia sabía que el gobierno chileno tuvo reservas sobre Horman y no hicieron nada para impedir el resultado lógico de la paranoia del gobierno chileno.»
Lecciones desde Chile y América Latina
En la actualidad, creo que nuestra experiencia como abogados de derechos humanos a lo largo de 30 años en Chile ofrece algunas lecciones para el debate sobre una estrategia para proteger a los derechos humanos en el mundo. La experiencia del movimiento de los derechos humanos en toda América Latina nos ha enseñado que una democracia verdadera se construya sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros tratados internacionales. Forma el fundamento ético para toda sociedad.
Doctrina internacional de los derechos humanos nos enseñó que la jurisdicción universal prevalece sobre derecho nacional cuando este no consagra la justicia. La práctica de tortura y crímenes de lesa humanidad están entrando a la conciencia internacional, formando derecho consuetudinario y el principio de jus cogens. Estas son normas obligatorias para todos Estados. Un tribunal chileno llegó a concluir que Chile está obligado a adherir a todos tratados aunque no los haya ratificado.
La creación de la Corte Penal Internacional es el logro más relevante para la comunidad mundial porque establece el principio de la jurisdicción universal en cuanto a las partes que han ratificado el tratado en relación a crímenes de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra. No reemplaza los poderes judiciales nacionales, sino los complementa en tales casos en los cuales los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar y sancionar estos crímenes. Una gran expectativa para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es que el Senado chileno ratifique los Estatutos de Roma.
Colaboración Global para Proteger a los Derechos Humanos
Como ha señalado el historiador norteamericano Steve Volk, Chile y los Estados Unidos están ligados por dos Onces de Septiembre. No solo porque en Chile y en los Estados Unidos el terror llegó sobre las alas de aviones (los Hawker Hunter jets bombardeando El Palacio de L Moneda el 11 de septiembre de 1973, y sobre aviones comerciales que se estrellaron en la Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001). Ambos países están ligados en un sentido más profundo. En los dos países, los respectivos Onces de Septiembre tuvieron como consecuencia el reinterpretar «normas internas y el abandono de conceptos establecidos de derecho internacional para crea un nuevo tipo de criminales (los combatientes enemigos) que son sujetos a detención sin acusación cualquiera, sin acceso a defensa legal o juicio y pueden ser brutalizados por diversos métodos de interrogatorio».
La experiencia y el sufrimiento a través de treinta años en Chile y América Latina ofrecen dos importantes lecciones para la reflexión, mientras luchemos para crear un mundo globalizado donde reina la justicia, la democracia y la seguridad.
Primero, la impunidad en las violaciones de los derechos humanos, dondequiera que estás ocurren, en Villa Grimaldi o Guantánamo, debilita la democracia. Debemos mantener la lucha en contra la impunidad en crímenes de lesa humanidad porque estos delitos no solo afectan la víctima directa y su familia, sino a toda la sociedad.
La impunidad impide la construcción de una sociedad plenamente democrática. La impunidad es otro delito más que se suma a los otros delitos ya cometidos. La impunidad viola el derecho a igualdad bajo la ley porque excluye un grupo específico de criminales del estado de derecho, cuando este debe aplicarse a todos sin excepción. Lograr la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas es un deber legal de los gobiernos, que siempre se debe exigir y que nunca es sujeto a prescripción.
Segundo, la defensa de los derechos humanos requiere la participación activa de los ciudadanos porque Estados y gobiernos a veces dejan de proteger estos derechos y se hacen cómplices en la violación de estos derechos. Un movimiento activo y energético internacional es el mejor garante del respeto nacional y mundial de los derechos humanos. Un aspecto importante para asegurar la defensa de los derechos humanos hoy es extender, no debilitar la jurisprudencia de derechos humanos y de mecanismos de protección. Ahora, más que nunca, los Estados Unidos en particular debe convertirse en el socio de Chile y de América Latina en una sociedad globalizada que busca alcanzar el respecto universal para los derechos humanos, civiles, sociales, económicos y culturales.
Como socios globales, debemos hacer cumplir las normas internacionales que protegen la democracia y los derechos humanos en cada rincón del mundo y bajo todas circunstancias. Ahora, más que nunca, Chile como también los Estados Unidos deben ratificar el Tribunal Penal Internacional y apoyar las instancias internacionales de los derechos humanos.
La lucha contra la impunidad y la permanencia de un movimiento internacional de los derechos humanos es la mejor manera de asegurar que en el mundo globalizado de hoy, la seguridad no se logre a costo de la justicia y de la democracia. |
