La ‘ley anti-toma’, junto a otras, como la recientemente promulgada Ley de Gatillo Fácil son parte de una batería de legislaciones que vienen a fortalecer el Estado contrainsurgente, otorgando mayores facultades a las policías y al poder judicial para criminalizar y reprimir a quienes luchan por sus derechos.
La ‘ley anti-tomas’ es un proyecto de ley que busca incrementar las penas respecto de la «usurpación» de inmuebles, propiedades o territorios. Actualmente está avanzando en su tramitación en el congreso, por lo que se hace más necesario que nunca luchar contra ella e impedir su implementación.
Esta ley busca principalmente criminalizar y reprimir a quienes legítimamente demandan viviendas dignas y luchan contra la crisis habitacional que tiene a cerca de 640 mil familias sin acceso a la vivienda y a más de 100 mil en campamentos o tomas, sin hablar de las familias que viven de allegados o que se ven obligadas a endeudarse para arrendar.
La ‘ley anti-tomas’ también afecta al movimiento estudiantil al aumentar las sanciones y otorgar más facultades para desalojar las ocupaciones por demandas justas de las casas de estudios, ya sean secundarias o de educación superior, e instituciones públicas. Las y los estudiantes hemos usado históricamente las tomas para apropiarnos de un espacio y utilizarlo para la organización y la protesta, por lo que hoy se hace necesario defender las tomas como una forma legítima de lucha, denunciando y mnovilizándose contra esta ley.
La ‘ley anti-tomas’, junto a otras, como la recientemente promulgada Ley de Gatillo Fácil son parte de una batería de legislaciones que vienen a fortalecer el Estado contrainsurgente, otorgando mayores facultades a las policías y al poder judicial para criminalizar y reprimir a quienes luchan por sus derechos. Ante esto, es necesaria la unidad y la organización en la protesta popular para denunciar esta ley que es servil a los ricos y sólo se encarga de castigar a nuestro pueblo.
Estudiantes por la Causa Popular