Guillermo Petersen Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) cursa 4º año de sociología. Este joven de 21 años, nacido y criado en la comuna de Chiguayante, se inició como vocero estudiantil de la Universidad de Concepción en la movilización por el congelamiento de aranceles y rebaja de matrículas. […]
Guillermo Petersen Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) cursa 4º año de sociología. Este joven de 21 años, nacido y criado en la comuna de Chiguayante, se inició como vocero estudiantil de la Universidad de Concepción en la movilización por el congelamiento de aranceles y rebaja de matrículas. Esa experiencia sirvió al colectivo de estudiantes al que pertenece para tomar conciencia de la necesidad de ganar la FEC, para representar las demandas estudiantiles, tomando distancia de ciertas prácticas políticas viciosas.
¿Participa en algún partido político?
«Soy parte de una organización de estudiantes movilizados a través de distintos colectivos existentes en diversas facultades de la Universidad. Las organizaciones políticas tradicionales estaban utilizando el instrumento federativo para fines que no respondían a los intereses de los estudiantes y se tomaban decisiones sin consultar a los alumnos. Por eso nos decidimos a actuar.
La alternativa que sostenemos se orienta a recuperar para los estudiantes sus espacios de representación a partir de los centros de alumnos, que actualmente responden en 70 por ciento a nuestra posición. Somos ejecutores de lo que mandata el pleno de la Federación y trabajamos estrechamente con los centros de alumnos y colectivos de estudiantes».
¿Cuáles son sus propósitos?
«Nuestra demanda tiene tres ejes principales: financiamiento, democratización y acceso a la educación. Queremos poner fin al lucro. El financiamiento pasa por exigir un aumento significativo de los aportes del Estado a las universidades vinculadas al Consejo de Rectores. Eso significa que estamos en desacuerdo con que seamos los estudiantes y nuestras familias quienes aportemos el 82 por ciento del financiamiento de esos centros de estudio.
En relación con la democratización, vemos la necesidad de derogar el DFL que prohíbe la participación de los tres estamentos (académicos, estudiantes y no académicos) y que nos impide incidir en la definición de los planes de desarrollo de las universidades y en la elección de autoridades, desde jefes de carrera hasta el rector.
Rechazamos la PSU para detectar habilidades y conocimientos de los alumnos. La cantidad de conocimientos que posee un estudiante depende en gran medida de lo que le ha entregado el establecimiento en el que estudió. Esta forma de acceso hace que los jóvenes que provienen de las clases acomodadas y con mejor situación económica lleguen a las universidades tradicionales y terminen aprovechando el aporte fiscal indirecto. Esta realidad reproduce, dentro del sistema universitario, las desigualdades del conjunto de la sociedad».
Los fines de la Universidad
¿Están conformes con el funcionamiento del sistema universitario?
«Estamos descontentos, porque la universidad debe ser una plataforma eficaz para cambiar este país tan desigual, pero no está cumpliendo este rol igualitario. Sólo es funcional al sistema productivo existente y carece de un mecanismo de retribución social del profesional hacia el país que lo formó. Los que hemos estudiado una carrera universitaria tenemos que devolver la mano a la comunidad. Cuando se entrega una beca de postgrado a un titulado que viaja al extranjero, lo más probable es que al volver trabaje para el gran empresariado multinacional o nacional, sin aportar nada a la sociedad en su conjunto.
Las universidades tradicionales viven de su prestigio anterior y olvidan sus objetivos más trascendentes. Se reenfoca el destino de las carreras, sin considerar la opinión, intereses y motivaciones de los estudiantes; menos aún se pregunta a la comunidad sobre cuáles son sus necesidades. Es insólito que una carrera de sociología no contemple salidas a terreno y que para hacer investigación, los profesores dejen de lado el aula, en la medida que la investigación les trae retribución económica a ellos».
El gobierno ha ofrecido un diálogo a los estudiantes…
«Podemos conversar, pero no habrá soluciones reales. Sería iluso pensar que el gobierno actual quiera democratizar las universidades o terminar con el autofinanciamiento. El ministro de Educación proviene de una entidad privada, como la Universidad del Desarrollo, orientada hacia jóvenes de los sectores altos. De un ministro que tiene intereses creados en el sector, que es experto en financiamiento privado de la educación y promotor del lucro, no podemos esperar medidas que resuelvan la falta de recursos públicos para las universidades o que democraticen la educación superior.
Si las universidades nos articulamos, seremos una fuerza capaz de conseguir que el Estado se haga cargo del derecho constitucional a la educación. Con las organizaciones de estudiantes de las otras universidades tradicionales nos relacionamos a través de la Confech. El alumnado de las universidades privadas recién se está agrupando y sus aspiraciones muchas veces son distintas de las nuestras. Necesitamos concordar con ellos un petitorio que nos permita unir fuerzas en torno a una plataforma común.
Los alumnos que llegan a las universidades tradicionales son por lo general aquellos que tienen buen desempeño en la educación media y que han rendido mejores pruebas de selección. Pertenecen en su mayoría a colegios privados, inaccesibles para los jóvenes de menos ingresos. A la universidad tradicional se ingresa con puntajes que están vedados a los estudiantes de colegios municipales, por su deficiente poder adquisitivo y su falta de capital cultural.
La paradoja es que hoy las universidades privadas con vocación social están sirviendo a estudiantes que tienen necesidades económicas, y que más encima son castigados por el sistema: como no tienen acceso al crédito universitario deben endeudarse, cuando pueden, con la banca privada para financiar sus estudios.
A las universidades tradicionales no les interesan los estudiantes pobres, porque no pagan los créditos universitarios, son más propensos a organizarse, desertan con mayor frecuencia y tienen rendimientos inferiores. Las universidades tradicionales están dedicadas a captar ‘clientes’ que cumplan con los pagos y que molesten lo menos posible.
Nuestras universidades deben volver a cumplir un rol social y a conectarse con la comunidad en la que se desenvuelven. Hoy son espacios ajenos a la sociedad y distantes de la cultura popular. Tenemos que trabajar para que el pueblo entre a estas universidades».
Movimiento estudiantil
¿Cuál debiera ser el modelo de reclutamiento de alumnos para revertir la ex-clusión?
«Entendiendo que en el corto plazo no se van a solucionar estas diferencias socioeconómicas de capital cultural o formación pero que hay pequeñas opciones que pueden paliar en parte el problema, proponemos, por ejemplo, que las universidades se hagan cargo de la nivelación de los alumnos de los liceos municipales y que los egresados de las carreras de educación realicen sus prácticas profesionales con alumnos de tercero o cuarto medio del sector más vulnerable. Estos jóvenes deben nivelar sus conocimientos y adquirir elementos de juicio para descubrir su vocación profesional. También debieran rebajarse los puntajes de corte para los estudiantes provenientes de los establecimientos apadrinados por cada establecimiento de educación superior. La Universidad de Concepción debiera entregar, por ejemplo, diez o quince cupos en cada facultad para los mejores egresados de colegios como el Liceo Enrique Molina, de Concepción, o el Liceo A-21, de Talcahuano, con la condición de que mantengan buenos resultados académicos».
¿Qué opina de las nuevas formas de participación social y política, como las expresadas en las marchas contra HidroAysén?
«Son claras manifestaciones de un descontento ciudadano generalizado; ya sea que marchemos por HidroAysén, las termoeléctricas, Pascua Lama, los humedales, la problemática de la educación, de la vivienda, la reconstrucción, el trabajo u otra causa. Las demandas se expresan de esta manera porque los sectores políticos tradicionales no son un canal real para solucionar muchos de los problemas sociales. Once funcionarios de gobierno aprobaron HidroAysén sin preguntar a la comunidad, y serán 120 diputados y unos pocos senadores los que tomarán la decisión acerca de cómo será manejada la educación.
En este contexto, los estudiantes nos vemos como un actor más en la conformación de una fuerza social que se está articulando para dar un golpe al sistema social existente para que sea más que un mero espasmo. Lo importante ahora es cómo vamos a canalizar este descontento y pasar a la ofensiva. Hasta ahora vamos reaccionando cuando nos pisotean».
Nuevas organizaciones
Como dirigente estudiantil de una universidad regional, ¿qué piensa del centralismo, la regionalización y la autonomía regional?
«El centralismo provoca que pocas personas tomen resoluciones que afectan a gran parte de la población. Para romperlo hay que recuperar los espacios de decisión para las mayorías. Al sector político hegemónico de Santiago, le interesa mantener el centralismo porque le favorece. Debemos articularnos con otras realidades parecidas a la nuestra, que afectan a otras regiones, como Valparaíso, para combatir el discurso y la práctica centralista.
Después de un año del terremoto que afectó a la Región del Bío Bío, ¿qué pasa?
«El terremoto fue un catalizador del descontento social ante la falta de respuestas adecuadas. Unas pocas personas decidieron cómo reconstruir la región sin preguntarle a nadie, y muchas de esas decisiones se tomaron en Santiago, sin el más mínimo conocimiento de las necesidades de la población. Por ese motivo los trabajadores están saliendo a las calles y se encuentran en ese espacio con los estudiantes y los pobladores. Todos nos hemos vuelto pobladores y vivimos en carne propia las necesidades de la reconstrucción. Nos damos cuenta de que las problemáticas son parecidas y entendemos que no podemos pelear aislados».
¿Han surgido nuevas organizaciones a raíz del terremoto?
«Han nacido formas de organización muy potentes. Coordinadoras o Consejos de Pobladores, que toman fuerza porque son capaces de representar sus necesidades. Los pobladores de los territorios se están dando cuenta de la utilidad de recuperar las juntas vecinales, que son instrumento para negociar con los que manejan el poder».
¿Este movimiento social sólo se quedará en el nivel de las reivindicaciones inmediatas?
«Nuestra aspiración es que se vuelva un movimiento más político que, de manera responsable y planificada, produzca una articulación para manifestar el descontento de estudiantes, trabajadores y pobladores, sobre la base de una plataforma política común»
Publicado en «Punto Final», edición Nº 736, 17 de junio, 2011)