«El mundo está lleno de negocios y la muerte también puede ser un negocio. Mantener artificialmente la vida de un paciente suele ser un negocio que juega con el sufrimiento de seres humanos». El debate sobre la eutanasia crece al mismo ritmo en que la vida se hace más larga, aumentan los adultos mayores y […]
«El mundo está lleno de negocios y la muerte también puede ser un negocio. Mantener artificialmente la vida de un paciente suele ser un negocio que juega con el sufrimiento de seres humanos».
El debate sobre la eutanasia crece al mismo ritmo en que la vida se hace más larga, aumentan los adultos mayores y las patologías asociadas a su edad: diabetes, hipertensión, padecimientos coronarios, artrosis, cataratas, alzheimer o parkinson. En Chile, las personas de la llamada «tercera edad» sobrepasan ya el 15%. Se calcula que los mayores de 60 años serán hacia 2025 el 20% de la población.
El doctor Víctor Carrasco Meza, geriatra del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, de la Universidad de Chile, opina: «Me cuesta entender que como sociedad no seamos capaces de definir hasta dónde debemos llegar en la ayuda a una persona que está sufriendo con una enfermedad terminal, como ocurre con distintos tipos de cáncer, alzheimer avanzado, una insuficiencia de órganos u otras patologías no oncológicas, sabiendo que los cuidados paliativos, como los opioides o la morfina, ya no serán suficientes para evitar el dolor».
Eutanasia significa en griego «buen morir»; en última instancia se refiere a la ayuda médica que un paciente o sus familiares directos solicitan en una condición de enfermedad terminal para que fallezca en condiciones dignas y con el menor sufrimiento posible. La eutanasia puede ser provocada directamente mediante un fármaco o indirectamente por la suspensión de un tratamiento. El suicidio asistido es, por el contrario, la autoeliminación del paciente con ayuda externa por los mismos motivos; como ocurrió al español Ramón San Pedro, cuyo caso inspiró el filme Mar adentro .
La discusión sobre eutanasia y suicidio asistido está interferida por creencias religiosas y/o valores conservadores, que los califican como contrarios a la vida. En última instancia, hay una imposición cultural de las creencias religiosas de un grupo a toda la sociedad, pese a que el Estado se proclama laico y respetuoso de la libertad personal.
Pocos días antes de fallecer de una cruel enfermedad, en enero de 2014, el doctor Manuel Almeyda Medina, dirigente socialista, envió una carta al Colegio Médico de Chile pidiendo la creación de una comisión que estudiara la mejor forma de poner término a la vida de personas que estén en condición terminal, si así lo desean. Almeyda expresó: «La vida que tengo es insufrible e indigna» y abogó por una forma de poner fin a la vida de quien sufre un daño irreparable, ajustada a los derechos humanos que cualquier ciudadano debe tener.
La solicitud del doctor Almeyda reactivó en Chile una moción parlamentaria iniciada por los senadores y médicos Guido Girardi (PPD) y Fulvio Rossi (PS), que se actualizó cuando la niña Valentina Maureira (14), afectada de fibrosis quística avanzada, solicitó ayuda para morir en febrero de este año a la presidenta Bachelet. El 14 de mayo, Valentina falleció como consecuencia del mal que la afectaba, dos días después que la Comisión de Salud del Senado rechazara legislar sobre muerte asistida con los votos de los senadores Francisco Chahuán (RN), Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Carolina Goic (DC).
LIBERTAD, DESIGUALDAD Y NEGOCIOS
En el país existe gran desigualdad en el acceso de los enfermos a cuidados paliativos de enfermedades crónicas o catastróficas y el sistema público de salud no logra ofrecer a sus pacientes condiciones que permitan afrontar de una manera digna sus enfermedades. Cerca del 80% de los enfermos terminales muere con dolor, un 24% debe recurrir a reanimación cardiaca, un 55% se encuentra con sonda nasogástrica en el momento de fallecer y un 60% muere en un hospital, aunque antes casi siempre expresara que no quería estar allí.
El doctor Víctor Carrasco señala al respecto: «Si una persona tiene recursos, su partida será en mejores condiciones y con mayor dignidad: en su casa con cuidadora, oxígeno, morfina, analgésicos o algún suero. Su situación se hace mucho menos ingrata, aunque siga siendo dolorosa. Si no tiene recursos, esos cuidados paliativos simplemente no existirán». Agrega que «los grandes opositores a la eutanasia dicen que con los cuidados paliativos se resuelve todo. La realidad es que no todos pueden acceder a estos cuidados paliativos y, aun accediendo, esos cuidados no resuelven todos sus problemas. Hay, por ejemplo, personas que no responden a la morfina como tratamiento analgésico. ¿Qué hacemos en ese caso?».
Víctor Carrasco dice que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes es una trampa, porque no permite apoyar a una persona que al final de su vida sufre una enfermedad que la expone a grandes padecimientos. «Yo creo -dice- que en esa circunstancia la gente debe morir en las mejores condiciones posibles, disminuyendo su sufrimiento a lo menos con una eutanasia pasiva. Este es un vacío de nuestra legislación que se debe llenar cuanto antes».
El profesional añade: «Soy partidario de que las personas reciban la atención médica adecuada en todas las circunstancias de su vida. Creo firmemente en la libertad en todos los sentidos y no solo en la libertad de unos pocos para ganar dinero a costa de una mayoría que lo pasa mal. El mundo está lleno de negocios y la muerte también puede ser un negocio. Mantener artificialmente la vida de un paciente suele ser un negocio que juega con el sufrimiento de seres humanos».
El doctor Víctor Carrasco piensa que no se debe imponer a nadie un tubo para alimentarlo, una cirugía u otros tratamientos cruentos. Sostiene que las opiniones previas del propio paciente, planteadas por algún medio, ayudarían a que se cumpla su voluntad. «A veces los enfermos son personas que no están tan lúcidas y los arrastra la marea. Si un médico dice a una familia que si a su paciente no lo conectan a un ventilador se muere, sin decirle que si no lo conectan también morirá, eso es contar la mitad de la verdad. Hay gente que vende la casa o el automóvil para pagar treinta o cuarenta días de UTI, aunque un mes después igual pasará lo inevitable».
Agrega: «Si tengo un paciente en sus cabales, que no le encuentra sentido a su vida, que está con dolor y discapacitado, me la jugaría por respetar su voluntad, aunque sea en contra de su familia. Tuve la fortuna de atender a uno de mis maestros en medicina, un querido profesor que tuvo cáncer. Era de una familia de un nivel sociocultural alto, relacionada con la medicina. El definió claramente lo que quería y aún en contra de algunos de sus familiares, impuso su deseo. Murió como quiso, con sus seres queridos, en casa y sin procedimientos invasivos. Probablemente se fue un poco antes de lo que se hubiera ido con una mayor intervención tecnológica, pero con muchos menos padecimientos».
¿CUIDADOS PALIATIVOS, PARA QUIÉNES?
El doctor en filosofía Francisco León Correa, director del Programa de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, ha dedicado su carrera profesional al tema de la muerte asistida, participando en España, su país natal, y en Chile en comités de ética asistencial.
Dice que la ley reconoce en Chile el derecho de las personas a los cuidados paliativos, pero en la práctica no existen suficientes equipos médicos para cumplir ese cometido y la consecuencia es que muchas personas mueren con dolor por falta de atención adecuada. Siente que en el país existe una deuda social y que se debe hacer mucho más. «Las peticiones de eutanasia de los pacientes muchas veces ocultan en la práctica demandas de acompañamiento o ayuda, como sucedió con la solicitud de la niña Valentina Maureira a la presidenta Bachelet (…) Desde el punto de vista teórico tengo muchas dudas sobre la eutanasia activa; es la ayuda que se presta a un paciente para terminar su vida, a petición del propio paciente y por compasión. Para validarla tienen que concurrir varias circunstancias, como que el procedimiento lo solicite un paciente en estado terminal que no quiera seguir degradándose y desea morir antes que el proceso evolutivo de la enfermedad esté concluido».
Para Francisco León, la eutanasia debe ser la consecuencia de un juicio en conciencia de alguien que no acepta la evolución de una enfermedad progresiva que es paralizante, como la esclerosis múltiple o el alzheimer. Al respecto se pregunta: «¿Qué pasa cuando la persona ya no tenga conciencia de sí misma y no pueda comunicar su decisión a los demás?».
Para él, es difícil que otro decida sobre algo tan personal.
Es ante todo partidario de los cuidados paliativos. «En el aspecto clínico veo la eutanasia como una situación muy excepcional y circunscrita a ciertos enfermos en particular. La mayoría de los casos límites corresponden a pacientes mal atendidos, que mueren con dolor y en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, cuando podrían terminar en su casa acompañados de los suyos».
Opina que los médicos en Chile no saben cómo ayudar a una buena muerte del paciente y recuerda que en Holanda, donde la eutanasia es legal, los médicos debieron entrenarse largo tiempo para enfrentar el trance de ayudar a morir a un paciente terminal. También considera que las directrices previas emanadas del propio paciente ayudan a resolver muchos de los dilemas que se les plantean a los seres queridos y médicos tratantes en los últimos momentos de vida de un paciente enfrentado al trance de la muerte.
OTRAS LEGISLACIONES
En Holanda está despenalizada la eutanasia desde 2002. Este fue el primer país en permitir la intervención de un médico para acabar con la vida cuando el paciente padece una enfermedad terminal y decide ponerle fin por propia voluntad. Desde que entró en vigencia la Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia y de Auxilio al Suicida, un creciente número de personas ha acudido a la eutanasia. La ley holandesa se aplica a tres tipos de situaciones: la eutanasia en sentido estricto, para responder a la solicitud de un paciente terminal, la asistencia médica al suicidio y el término de la vida para enfermos que no pueden expresar su voluntad.
En febrero de 2014, Bélgica se convirtió en el primer país en legalizar la eutanasia en menores de edad. Ya estaba permitida para los adultos y se amplió a aquellos jóvenes con la capacidad de discernir o que cuenten con el consentimiento de sus padres. El paciente debe padecer de una enfermedad terminal y se requiere su voluntad expresa por escrito. La normativa belga exige además el financiamiento estatal de los tratamientos paliativos para personas con enfermedades incurables. El médico tiene en ese país la responsabilidad de informar al paciente de su condición y no puede actuar sin su consentimiento escrito.
El único país de América Latina que ha legislado sobre la eutanasia es Colombia. En ese país la normativa se aplica a pacientes afectados por una enfermedad terminal y con la venia del médico tratante. El enfermo que se encuentra en estado vegetativo solo puede ser asistido con la muerte si dejó previamente expresada su voluntad por un medio verificable.
Antes de tomar la decisión, el médico debe presentar al paciente todas las opciones terapéuticas posibles, la persona debe reiterar su voluntad de morir de manera asistida y recién entonces el tratante recurrirá a un comité compuesto por un médico especialista, un abogado y un siquiatra o sicólogo, que decidirá si la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la ley.
En Suiza no está permitida la eutanasia, pero sí el suicidio asistido. La persona debe estar consciente y padecer de una enfermedad mortal. La ley le permite recibir orientación y sustancias letales prescritas por un médico que provoquen su muerte. En cinco Estados de EE.UU. también está permitido el suicidio asistido. En Oregon rige una ley de muerte con dignidad: permite que enfermos con patologías incurables y proyección de vida no superior a seis meses, terminen con su vida mediante fármacos. El paciente debe ser mayor de edad y capaz de tomar la decisión por sí mismo
Publicado en «Punto Final», edición Nº 836, 21 4 de septiembre, 2015