El ex magistrado solidarizó con la causa de los mapuches encarcelados en Angol. En su visita a La Moneda le pidió al ministro Velasco que «intercediera» para tener una entrevista con la Presidenta Michelle Bachelet, con el fin de revisar la situación que afecta a los comuneros mapuches que ya cumplen 51 días de huelga de hambre. También solicitó al gobierno nombrar un mediador ante el grave estado de salud de los prisioneros políticos.
|
|
– Ex Juez Juan Guzmán Tapia. Foto de Archivo.
|
|
El actual decano de Derecho de la Universidad Central también solicitó al secretario de Estado el fin de «la militarización de la Araucanía», cuyas comunidades denuncian ser víctimas de hostigamiento.
|
En Angol, en tanto, un promedio de 15 kilos de peso ya han perdido los cinco huelguistas, según han informado sus familiares, quienes permanecen en las afueras del recinto penal, alertas ante cualquier posibilidad de traslado forzado.
|
|
El ex juez Juan Guzmán realizó la tarde de ayer una visita al Palacio de La Moneda, hasta donde llegó para reunirse con el ministro del Interior, Belisario Velasco, con el fin de que el Gobierno designe un mediador en la huelga de hambre que mantienen José Huenchunao, Héctor Llaitul, Jaime Marileo, Patricia Troncoso y Juan Millalen en la cárcel de Angol. El ex magistrado le pidió además al jefe de gabinete que «intercediera» para tener una entrevista con la Presidenta Michelle Bachelet, con el fin de revisar la situación que afecta a los comuneros mapuches que ya cumplen 51 días de huelga de hambre.
Juan Guzmán Tapia se ha identificado en los últimos años con la causa del Pueblo Mapuche y ha solicitado, incluso, la intervención de tribunales internacionales para terminar con la persecución hacia comunidades en diversos puntos del Wallmapu. «La lucha de los mapuches es política y, de hecho, como se hizo durante la dictadura, se le fabrican delitos para criminalizarlos», escribió el ex magistrado en una columna publicada por La Nación. «Ellos persiguen -agregó- el cumplimiento de las promesas hechas por presidentes anteriores, el reconocimiento por el Estado de los derechos que les son inherentes y su igualdad dentro de la diversidad que les es propia».
A juicio de Guzmán, el gobierno de Michelle Bachelet no solo estaría desoyendo las demandas históricas de los mapuches, sino además incrementando aquel escenario de criminalización de la protesta social que caracterizó la administración de Ricado Lagos y alertó a diversos organismos internacionales. «Lo cierto es que durante la gestión de doña Michelle Bachelet, la represión, el hostigamiento y la persecución política contra las comunidades, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado. Además, han sido víctimas de la persecución policial, como también de la de los fiscales, conforme a la Ley de Conductas Terroristas».
Cabe señalar que en su mayoria, los presos en huelga están encarcelados consecuencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista, lo que abultó considerablemente sus condenas y limitó las acciones de una adecuada defensa judicial. A José Huenchunao, Patricia Troncoso y Jaime Marileo se les sentenció a 10 años y un día de cárcel, luego que se les encontrara culpables de provocar un incendio a plantaciones de pinos del fundo Poluco Pidenco, propiedad de Forestal Mininco, en el cual no hubo víctimas. Todos ellos deben pagar además una multa de 420 millones de pesos. Esta situación, a juicio de Guzmán, «implica una abierta discriminación y una manera de torcer la ley con tal de tenerlos amordazados, perpetrando así una forma de terrorismo estatal frente a actos de protesta social legítimos».
«Los jueces -subrayó el ex magistrado- en algunas ocasiones han seguido la línea dura de mantenerlos presos frente a delitos excarcelables, en circunstancias que estas mismas acciones punibles, en otras partes del país, se perciben en su perspectiva adecuada. El pueblo mapuche considera que el Gobierno y la institucionalidad chilena pretenden poco a poco exterminarlos o que, perdiendo su identidad, se asimilen a lo que es ser chileno». A juicio de Guzmán, este sería el trasfondo de un conflicto histórico y que los gobiernos de turno en Chile no habrian querido jamás asumir en su real dimensión política. «Hablamos de un pueblo que demanda su reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, no de delincuentes o antisociales que protestan sin razón alguna», indicó.
En atención a este escenario de represión que persiste en la zona mapuche, el actual decano de Derecho de la Universidad Central también solicitó al secretario de Estado el fin de «la militarización de la Araucanía», cuyas comunidades denuncian ser víctimas de un constante hostigamiento de parte de la policía uniformada. También advirtió Guzmán que el inicio del diálogo entre representantes del Gobierno y los comuneros en huelga de hambre tiene que darse en un clima serio y de respeto, «no puede haber actuaciones violentas y deben desarrollarse reuniones pacíficas», enfatizó.
Poco antes del encuentro en La Moneda, el abogado Federico Aguirre, de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), criticó la «pasividad del Gobierno» ante las peticiones de los mapuches encarcelados. Aguirre señaló que las demandas de los huelguistas son el término de la criminalización de la protesta social mapuche, la revisión de las condenas por la Ley Antiterrorista y el otorgamiento inmediato de los benmeficios carcelarios de quienes se encuentren en condiciones de acceder a ellos. «El Estado chileno no puede permanecer impasible antes estas reivindicaciones, más cuando la juridicción internacional (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha acogido a tramitación las demandas de los comuneros», afirmó Aguirre.
Juan Guzmán se ha transformado en un ferreo defensor de los derechos humanos. Lo precede una impecable trayectoria como magistrado. El año 1998 formó parte activa de la detención del dictador Augusto Pinochet a través de la investigación de varias querellas por homicidio dentro de la operación conocida como ‘Caravana de la Muerte’. Guzmán continuó su labor de condena a las infracciones contra los derechos humanos cometidas en el periodo de 1999 a 2004 mediante exhumaciones de restos de los detenidos. En 2000 el juez logró imputar a Pinochet 19 delitos de secuestro permanente, a los que después se añadieron cargos por 57 casos de homicidio que lograron que fuera procesado, hasta que la Corte Suprema ordenó sobreseer la causa por motivos de salud del acusado. Guzmán se retiró de la actividad judicial el año 2005.
Situación crítica
En Angol, en tanto, un promedio de 15 kilos de peso ya han perdido los cinco huelguistas, según han informado sus familiares, quienes permanecen en las afueras del recinto penal, alertas ante cualquier posibilidad de traslado forzado de los comuneros hacia algún recinto asistencial por parte de Gendarmería. Otro grupo de familiares inició, el pasado miércoles 21 de noviembre, una huelga de hambre indefinida en las inmediaciones de la catedral de la comuna de Cañete, provincia de Arauco, VII región. «Esta movilización nace al interior de las comunidades en conflicto de Arauco, con el propósito de exigir al estado la libertad inmediata de nuestros lamngen que se encuentran injustamente condenados», señalaron en un comunicado de prensa emitido ayer miércoles.
Las condiciones de salud de estos nuevos huelguistas (Mercedes Huenchunao, Nelida Huenchunao, Rosa Coronao, Maria Santis, Valentina Peralta y Julio Nahuelhual) también se agravan con el paso de los días. «Algunas de nosotras presentan enfermedades de base, tales como déficit de proteína e hipertensión y hasta ahora hemos perdido un peso promedio de 6,5 kilos presentando diversas sintomatologías, como cefalea, nauseas, mareos, pérdida de la concentración, piel seca, dolor abdominal, entre otras. Sin embargo esto no aminora nuestras ganas de mantenernos firmes en esta huelga, aguardando con urgente espera una pronta solución y un pronunciamiento de parte del gobierno chileno», señalaron.
Diversas han sido las movilizaciones que se han organizado en pos de una respuesta del gobierno. Sin embargo, la mayoría de ellas han sido respondidas solo con represión, tal como acontenció ayer miércoles en Santiago, cuando una marcha en apoyo a los huelguistas terminó con cuatro detenidos. Se trató de Rodrigo Colin, Isaac Márquez, Belen Paillal y Carlos Llaitul, quienes fueron liberados cerca de la medianoche tras ser informados que serán citados ante la Fiscalía Militar bajo el cargo de «desórdenes públicos». Según informó Elias Paillan, periodista de radio Wixage Anay, en la marcha estuvo presente Roberto Troncoso, padre de Patricia Troncoso, una de las huelguistas en Angol.
«Hasta aquí nadie nos ha escuchado, hemos golpeado puertas durante todas estas semanas y no hay respuesta. Hemos viajado de Temuko a Valparaíso, después a Angol para ver si encontramos alguna respuesta y hasta ahora no hay ni de gobierno, ni de la iglesia, nada… Yo como papá ya estoy desesperado, no hallo que hacer porque no hay quien me escuche. Le he mandado carta a la Presidenta, al ministerio de Justicia y hasta aquí no he tenido respuesta, por eso nos movilizamos a ver si alguien nos escucha. Porque en el sur estamos rodeado de carabineros, donde vamos nos andan siguiendo. Por eso les pido a mis hermanos que nos pongamos fuertes y no tengamos miedo», señaló Roberto Troncoso ante la multitud.