El coronel Alvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora, quienes fueron maestros en la Escuela de las Américas, ahora conocida como Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, forman parte de un grupo de 13 oficiales de alto rango del ejército colombiano que han sido arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico. […]
El coronel Alvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora, quienes fueron maestros en la Escuela de las Américas, ahora conocida como Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, forman parte de un grupo de 13 oficiales de alto rango del ejército colombiano que han sido arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico.
La mayor parte del resto de los militares arrestados en este caso criminal estuvo en la misma institución castrense, en calidad de alumnos, aseguró School of Americas Watch (SOAW), organización no gubernamental sin fines de lucro que ha estado trabajando en pro del cierre de la Escuela de las Américas desde 1990.
Quijano y Mora fueron «instructores» en la Escuela de las Américas durante los años 2003 y 2004, donde impartieron cursos relativos a Operaciones para el Mantenimiento de Paz y Democracia Sustentable.
Una investigación criminal al interior de la Tercera Brigada del ejército colombiano llevó al arresto de 13 altos mandos acusados de otorgar seguridad y movilizar a las tropas en favor del narcotraficante Diego Montoya (alias Don Diego ), jefe del cártel del Valle del Norte y quien figura en la lista de los 10 criminales más buscados por la estadunidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
El coronel Javier Escobar Martínez, el mayor Javier Isaza Muñoz, el mayor William E. Ortegón, el general Hernando Pérez Molina y el mayor retirado Juan Carlos Agudelo recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas como parte de un programa de asistencia financiado por el gobierno estadunidense para ayudar a Colombia a combatir a las guerrillas, a los paramilitares y cárteles del narcotráfico.
Ellos cinco también están bajo arresto por colaborar con los capos de los narcotraficantes que fueron entrenados para combatir, con cargos de asociación delictuosa con el cártel del Valle del Norte.
Asimismo, el coronel Byron Carvajal, quien recibió entrenamiento de armas de combate en 1985 en la Escuela de las Américas, está siendo enjuiciado por supervisar la matanza de 10 investigadores antidrogas y un informante que realizaban un allanamiento en 2006.
«Cuando tomamos en cuenta la larga historia de los graduados de la Escuela de las Américas que han cometido abusos contra los derechos humanos, se pone en evidencia la mentira de que (esa institución castrense) apoya la democracia y contribuye positivamente al combate contra las drogas», señaló el sacerdote Roy Bourgeois, fundador de SOAW.
«La verdad es que la institución ha servido para erigir regímenes favorables a los intereses económicos de Estados Unidos a cualquier costo», agregó Bourgeois.
SOAW insiste en seguir llamando a la Escuela de las Américas con ese nombre, pues afirma que las autoridades estadunidenses pretenden, al llamarla de otra forma, intentar que se olvide el origen y las consecuencias de esa institución.
Fundada en 1963 con el fin de contrarrestar a escala mundial a los movimientos de izquierda, la Escuela de las Américas cooperó con multitud de gobiernos latinoaamericanos, algunos de ellos violentos regímenes totalitarios.
Varios de sus cursos o entrenamientos incluían técnicas de contrainsurgencia, operaciones de comando, tiro franco, guerra sicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio.
Manuales militares de instrucción de esta iniciativa, entonces confidenciales, se desclasificaron o publicaron en 1996 por el Departamento de Defensa estadunidense.
Entre otras consideraciones, se detallan la vulneración permitida de los derechos humanos, como la utilización de la tortura, la extorsión o la ejecución sumaria, y define como «objetivos de control o seguimiento» a aquellas personas que perteneciendo a organizaciones sindicales, literalmente, distribuyesen propaganda en favor de los trabajadores o de sus intereses, simpatizasen con manifestaciones de protesta o huelgas y realizasen «acusaciones sobre el fracaso del gobierno para solucionar las necesidades básicas del pueblo».