Los abajo firmantes, ex prisioneros políticos del campo de concentración de Chacabuco, quienes padecimos las graves condiciones de estar privados de libertad en el desierto más árido del mundo entre noviembre de 1973 y noviembre de 1974, valoramos en toda su dimensión el trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura y […]
Los abajo firmantes, ex prisioneros políticos del campo de concentración de Chacabuco, quienes padecimos las graves condiciones de estar privados de libertad en el desierto más árido del mundo entre noviembre de 1973 y noviembre de 1974, valoramos en toda su dimensión el trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura y agradecemos a sus integrantes y profesionales el compromiso demostrado.
Nuestra cooperación con la Comisión y nuestra presencia allí para declarar lo que nos tocó vivir hace 30 años, con todos los quebrantos de las remembranzas sufridas, ha sido un gesto de confianza en el camino democrático al que contribuimos a que Chile recuperara y como un reiterado aporte a que se restablezcan la verdad, la justicia y la reparación, tan necesarias para sanar el alma nacional herida durante tanto tiempo.
Apreciamos, a la misma vez, que el Presidente de la República haya tomado la decisión de convocar a su constitución y a proporcionar los medios para su funcionamiento. En esto, vemos un esfuerzo por avanzar en la formulación de una política más coherente sobre derechos humanos.
En lo que no podemos estar de acuerdo con el Presidente Lagos es en su aseveración de que las reparaciones que surgirán tras el conocimiento detallado del informe presentado por la Comisión Nacional encabezada por monseñor Sergio Valech, serán «simbólicas y austeras». El propio reconocimiento del Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, de que durante el régimen militar la tortura fue una práctica institucional promovida por el Estado, echa por tierra cualquier justificación para no proceder a las reparaciones correspondientes al daño provocado por los agentes del Estado a tantos compatriotas.
Aunque, claro está, nada podrá reparar las secuelas físicas y morales de la prisión y de la tortura, extendidas también a nuestros familiares y descendientes, diversos convenios internacionales sobre derechos humanos de los cuales Chile es Estado signatario contemplan la reparación integral a las víctimas de actos atentatorios a la dignidad humana que fueron provocados por agentes del Estado. «La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», aprobada por Naciones Unidas en 1984, estipula en su artículo 14 que «todo Estado parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible».
Diversas naciones, como ha sido en Argentina, determinaron reparaciones integrales y hace pocas semanas los propios Tribunales de Justicia ordenaron reparaciones pecuniarias también para los casos de exiliados y expulsiones injustificadas durante el régimen militar en ese país hermano. La dignidad recuperada, implícita en haber sido escuchados en una instancia formal tan significativa y creada por el Poder Ejecutivo en virtud de nuestra condición de ex prisioneros políticos, requiere ser reforzada con la comprensión cabal de la situación que enfrentamos y que a más de 31 años del golpe militar de 1973, aún tiene consecuencias serias.
Es por ello que al igual que cómo lo han formulado diversas organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y parlamentarios le solicitamos respetuosamente al Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, que promueva los actos legales y administrativos adecuados para que las medidas de reparación que proponga tengan un sentido integral.
No hay que soslayar que nuestros familiares, descendientes nuestros, en numerosos casos se vieron privados de igualdad de oportunidades y de derechos por ser parientes de prisioneros políticos de la dictadura, condición que durante los años del régimen militar tuvieron que enfrentar como verdaderos parias de la sociedad.
Confiamos en la comprensión de nuestras aspiraciones y tenemos la certeza de que las próximas decisiones que se adopten en torno a este tema tan sensible de derechos humanos serán justas.
Manuel Cabieses Donoso, Alberto Gamboa Soto, Mariano Requena Bichat, Guillermo Torres Gaona, Augusto Jiménez Jara, Jorge Montealegre Iturra, Julio Palestro, Guillermo Orrego, Mario Muñoz, Andrés Crisosto, Pedro Moreno, Tulio Galgani, Juan Yuseff, Santiago Morales, José Contreras, Andrés García, Servando Becerra, Vicente Poblete, Sergio Arancibia, Oscar Carrasco Ruminot, Ricardo León, Milton Lee, Manuel Flores, Mario Benavente, Luis Benavente, Adolfo Cozzi, Adrián Vásquez, Manuel Ipinza, Héctor Morales, Tyndall Walton, Luis Saavedra, Hugo Valenzuela, Luis Calderón, René Espejo, Oscar Ulloa.