La Fiscalía colombiana vinculó al ex subdirector de la policía secreta José Miguel Narváez con el secuestro a manos de paramilitares de la ex senadora Piedad Córdoba, en mayo de 1999. Según el abogado de la Senadora, Eduardo Carreño, declaraciones de jefes paramilitares como Diego Fernando Murilo, alias «Don Berna», Ever Veloza, alias «HH», y […]
La Fiscalía colombiana vinculó al ex subdirector de la policía secreta José Miguel Narváez con el secuestro a manos de paramilitares de la ex senadora Piedad Córdoba, en mayo de 1999.
Según el abogado de la Senadora, Eduardo Carreño, declaraciones de jefes paramilitares como Diego Fernando Murilo, alias «Don Berna», Ever Veloza, alias «HH», y Freddy Rendón, alias «el Alemán», permitieron a la Fiscalía tener evidencias para llamar a indagatoria a Narváez.
Carreño explicó que el antiguo subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) fue quien llevó a los paramilitares la información sobre las reuniones de Córdoba con los jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la cárcel de Itaguí, hecho que motivó el plagio.
Narváez -precisó el abogado- es partícipe de los hechos, pues asiste a reuniones con los paramilitares para coordinar el secuestro.
Las conversaciones de Córdoba con los jefes del ELN giraban en torno a la posibilidad de un proceso de paz entre el Gobierno de ese entonces y el grupo guerrillero.
Córdoba fue secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín, Antioquia, por orden del desaparecido Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Sin embargo, una campaña de presión nacional e internacional en favor de la hoy ex senadora llevó a Castaño a dejarla en libertad el 4 de junio del ese mismo año, aunque debido a las amenaza Córdoba tuvo que exiliarse en Canadá, de donde regresó meses más tarde.
Narváez permanece detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia y es procesado en la actualidad por vínculos con paramilitares.
A su vez, es enjuiciado junto a otros ex funcionarios del DAS por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, falsedad en documento por destrucción y abuso de autoridad.
Inculpaciones relacionadas con las labores de espionaje ilegal del DAS a magistrados, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
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