La crisis humanitaria en las cárceles de Colombia y la lucha de la población carcelaria para solucionarla no es una novedad, la irracionalidad del sistema penal y de los operadores de justicia que lo aplican guiados por un afán más mediático que como la posibilidad de buscar solucionar el problema social de la delincuencia, han llevado al hacinamiento de los centros penitenciarios (que hoy son más bodegas de pobres que cualquier otra cosa) que sumado a la noción fascista de que los pobres no tienen derecho y a la tradición corrupta de la administración pública, llevan a que quienes manejan el sistema penitenciario se enriquezcan mientras los privados de la libertad no pueden acceder a procesos judiciales respetuosos de la ley, una alimentación digna, a servicios vitales como el agua y la higiene, salud posibilidades de trabajo, resocialización, descuentos, permisos, libertades condicionales o domiciliarias.
La llegada del Covid-19 no hace sino empeorar la situación, pues las condiciones de vida al interior de las cárceles son las propicias para que el virus se propague (hacinamiento y gente mal alimentada). Cuya solución necesariamente tiene que ir más allá de restringir las visitas únicamente, sobretodo cuando se es consciente de la imposibilidad de garantizar la salud y la vida de miles de personas dentro de los centros penitenciarios. Tomar esa única medida demuestra el grado de desinterés por la integridad y la vida de miles de ciudadanos: el desprecio de un verdadero espíritu democrático.
El desespero de los hombres y las mujeres privadas de la libertad no es gratuito, no es un capricho, porque no solo son sus condiciones materiales las que los preocupan, se trata también de las condiciones en las que se encuentran sus familias (en su mayoría son madres y padres cabezas de familia) que también se ven expuestas a cumplir con un confinamiento obligatorio sin que nadie se preocupe por cómo van a hacer para conseguir lo necesario para vivir encerrados, cuando su vida depende de un trabajo informal diario.
Ante el desdén de las autoridades la población carcelaria se ha venido manifestando, en defensa de su vida y la de sus familias, para que se tomen medidas que eviten el contagio y la muerte de miles a través de la excarcelación humanitaria, de decretos de rebajas de penas, de la agilización de libertades condicionales y domiciliarias y de la liberación de sindicados, enfermos y personas de la tercera edad, en el marco de la emergencia social y sanitaria decretada por el gobierno.
Y eso se ha expresado también con el intento de fuga de cientos de internos de la cárcel Modelo de Bogotá. Que terminó en la masacre celebrada por los defensores de la “limpieza social”. Masacre que buscan “legalizar” difundiendo la mentira de que los presos estaban armados cuando lo único que hicieron fue forzar rejas y puertas para buscar salir a la calle, sin armas: falsos positivos, la pena de muerte actuando con impunidad y ante la complacencia de muchos, La tradicional respuesta de quienes tienen poder en Colombia ante cualquier reclamo justo frente a un problema social, el olvido del dolor de las familias pobres que reclaman respuestas por sus familiares asesinados.
¡Excarcelación humanitaria! ¡Por la defensa de la vida de las mujeres y hombres privados de su libertad!