El 31 de julio de 1999, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se presentaron oficialmente en el corregimiento La Moralia, jurisdicción del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca. Más de 6.000 víctimas dejó el Bloque Calima mientras operó en el suroccidente del país entre 1999 y […]
El 31 de julio de 1999, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se presentaron oficialmente en el corregimiento La Moralia, jurisdicción del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca.
Más de 6.000 víctimas dejó el Bloque Calima mientras operó en el suroccidente del país entre 1999 y 2004. Diecinueve años después, estos crímenes permanecen en la impunidad.
Para luchar contra el olvido y la ausencia de justicia por parte del Estado colombiano, organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos organizan en Tuluá, desde el año 2012, el evento Memoria y dignidad campesina, cuya sexta versión inició este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de julio.
Durante la apertura de esta actividad, REMAP dialogó con representantes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava) y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)
«Memoria y dignidad campesina es un acto de movilización en contra del olvido para exigirle al Estado que cese la impunidad, y que quienes orquestaron desde altos poderes políticos y económicos este tipo de crímenes, respondan por lo que hicieron y den a las víctimas la verdad, les den una posibilidad de sanar para que avancemos en el camino de la reconciliación y construir la paz real», explicó Anderson Álvarez de Astracava.
La posibilidad de que la verdad se conozca y la responsabilidad de los terceros, es decir, que los sectores de la economía y clase política reconozcan que financiaron el accionar paramilitar del Bloque Calima, y cuenten la verdad a las víctimas, podría resolverse mediante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismos creados por el Acuerdo de Paz.
«Uno aspiraría a que, por los caminos de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz e, incluso, por medio de la justicia penal tradicional, distintas expresiones organizativas, políticas o institucionales puedan acudir en la defensa y exigencia de la restitución de esos derechos de las víctimas, incluida la plena verdad «, afirmó Diego Arias del Centro Nacional de Memoria Histórica.
A pesar de existir desde el año 2010 testimonios en la Fiscalía que vinculan a políticos y poderes económicos donde aparece el Ingenio San Carlos, en cabeza de sus exgerentes Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, quienes, según testimonios de exparamilitares, aportaban 20 millones de pesos mensuales, no hay investigación o condena alguna.
La FARC que pasó de grupo insurgente a convertirse, luego de la firma del Acuerdo de Paz, en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también recuerda la importancia de la JEP, instancia donde toda su dirigencia está compareciendo para asumir responsabilidades dentro del marco del conflicto.
«Reconocer la verdad ayuda a que un país se reconstruya y a que las víctimas sean reparadas de manera integral, eso está dentro del marco del Acuerdo de paz. Por eso es necesario que el sector del empresariado, militares y la clase política que apoyaron el paramilitarismo vayan a la JEP a contar la verdad, porque la JEP no es solo para la FARC«, expresó ‘Camila Cienfuegos’ de la dirección nacional de la FARC.
Sin embargo, contrario a lo acordado en el Acuerdo de paz, la Corte Constitucional quitó el carácter obligatorio para los terceros que debían concurrir a la JEP, decisión que afecta a las víctimas del paramilitarismo que exigen verdad. En eventos como Memoria y dignidad campesina se demuestra que este tipo de decisiones solo perpetúan la impunidad.
Fuente: http://www.laremap.com/2018/07/la-jep-no-es-solo-para-la-farc.html