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Otro rostro del conflicto

Exhumaciones en Colombia

Fuentes: Reiniciar

«Estar allí, en un cementerio mientras otras personas rascan la tierra para encontrar a un ser querido es un momento que lo transporta a uno a otra dimensión. Tu caminas con tus hermanos, construyes, peleas y te despides pero nunca te imaginas buscarlos en fosas comunes», aseguró Margarita Arteaga Cuartas. Margarita Arteaga, periodista, habla de […]

«Estar allí, en un cementerio mientras otras personas rascan la tierra para encontrar a un ser querido es un momento que lo transporta a uno a otra dimensión. Tu caminas con tus hermanos, construyes, peleas y te despides pero nunca te imaginas buscarlos en fosas comunes», aseguró Margarita Arteaga Cuartas.

Margarita Arteaga, periodista, habla de su hermano Kelmer Mauricio Arteaga Cuartas, desaparecido forzadamente y ejecutado extrajudicialmente, por el ejército, en el departamento de Casanare en el año 2007.

Margarita ha experimentado el dolor de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos y viven el traumático  momento de la exhumación. En el caso de Kelmer, Margarita y su familia participaron en varias exhumaciones, unas cuatro, antes de encontrarlo.

La perseverancia de la búsqueda, admite Margarita, recae en su mamá, quien no se detuvo pese a las circunstancias dolorosas que enfrentó  y a la indiferencia de muchos, incluso miembros de su familia. 

5.735 cuerpos exhumados entre 2007 y 2014
El Grupo de Exhumaciones de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional reportó que -entre el año 2007 y el año 2014-  5.735 cuerpos fueron exhumados y 4.470 fosas halladas.

Los departamentos con el mayor número de fosas y de cuerpos exhumados fueron Antioquia, Magdalena, Meta y Putumayo con 770, 466, 396 y 359 fosas, respectivamente. En esas zonas, y también en Arauca y el Catatumbo, es complejo realizar las exhumaciones por problemas de seguridad.

Una de las razones, explicó el Coordinador del Grupo de Exhumaciones de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Álvaro León Polo Hincapié,  es que el Ejército no puede brindar las medidas de seguridad suficientes. Esto debido a que los militares son objetivo de la guerrilla en esas zonas y como en las diligencias participan familiares de las víctimas esto es muy riesgoso.

«En algunas zonas hay varios actores armados y por eso no se pueden hacer los procedimientos; en otras como el departamento del Chocó es más complejo realizar el trabajo por problemas de acceso al terreno», afirmó Polo.

Polo explicó que 98% de los cuerpos que han exhumado -entre 2007 y 2014- están en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz pero hay algunos de Justicia Penal Militar y las denominadas «Bacrim». De los 5.735 cuerpos exhumados 2.490 corresponden a hombres y 269 a mujeres, también hay menores de edad.

Del total de los cuerpos exhumados, 2.789 fueron entregados físicamente, tras ser plenamente identificados, es decir con 99.9% de certeza tras los análisis forenses, y 144 no han sido entregados porque no han encontrado a sus familiares. (En algunos casos los familiares han muerto o se han mudado y es difícil ubicarlos).

Asimismo, la Fiscalía ha hecho 10 entregas simbólicas, que es una forma de reparar a las víctimas; ésta se hace con fotos y/o documentos tales como registros civiles de defunción. «En algunos de estos casos, los familiares no aceptan que el cuerpo de su ser querido no aparezca, pero la ceremonia simbólica se realiza tras un exhaustivo plan de búsqueda y teniendo certeza de que no se puede recuperar el cuerpo. Por ejemplo cuando son arrojados a los ríos o inhumados como NN», dijo Polo Hincapié.

En todos los casos, agregó Polo, se informa a las autoridades competentes cuando los cuerpos son hallados para que continúen el proceso correspondiente con los familiares de las víctimas. Este fue el proceso que vivieron Margarita Arteaga y su familia.

El impacto psicológico de la exhumación es grande. «Uno construye una historia de vida con sus hermanos y lo que nunca imagina es que deba buscar a uno de ellos en una fosa común. Es como si toda esa historia hubiera sido destruida, y de alguna manera, como sea, hay que desenterrarla, recuperarla y quién  sabe cómo recontarla», comentó Margarita.

Siete años y nueve meses después la búsqueda -no exenta de momentos de cansancio y desesperanza- «culminó» con la entrega de una pequeña urna con los restos de Kelmer Mauricio asesinado por el ejército, y una ceremonia en el Centro de Memoria Histórica.

Allí familiares y amigos acompañaron sus restos en una sentida ceremonia que incluyó una misa en la cual las lágrimas rodaron por los rostros de los asistentes, especialmente de su hijo de 10 años.

«Esto ha sido como una novela de terror contada en capítulos donde el final de la historia es apenas el comienzo de otra muy dolorosa. Mi hermano deja un niño de 10 años y hoy se está enterando de lo ocurrido con su padre», añadió Margarita.

Al igual que ella, miles de colombianos buscan desesperadamente a sus familiares y viven las exhumaciones de la manera más digna posible. En ese proceso de esclarecimiento de la verdad y la reclamación de justicia, la antropología forense cumple un papel fundamental.

Ciencia forenses y conflictos
El doctor Jack Kenney, odontólogo forense y miembro del Consejo de Administración de la Academia Americana de Ciencias Forenses, con experiencia en la recuperación de restos en guerras afirma que la antropología forense es clave en casos de genocidio.

«En casos como los desaparecidos en Argentina,  y también en Bosnia, la exhumación fue crítica para probar que ocurrieron crímenes de guerra (…) La antropología es fundamental para examinar los restos por evidencia de trauma y para individualizar los restos basados en registros militares. La odontología forense tiene una parte en esto, comparando los trabajos dentales conocidos en los registros con la dentadura recuperada entre los restos», explicó Kenney.

Por su parte, Victor Weedn, profesor, director del Departamento de Ciencias Forenses de la Universidad de George Washington y tesorero de la Academia Americana de Ciencias Forenses -quien participó en la identificación de los restos del Zar Nicolás II- señaló que los antropólogos  son claves en lo esfuerzos por identificar víctimas de conflictos.

«Ellos han ofrecido mucho del liderazgo para hacer que esto ocurra. Ellos están envueltos  en operaciones de búsqueda y recuperación (excavación y mapeado), identificación (fundamental el desarrollo del perfil biológico: edad, «raza», sexo, estatura) y análisis de trauma. Esto ha sido esencial en la examinación de las fosas comunes y el retorno de los seres amados a sus familias. Sumado a esto, han sido clave en procedimientos judiciales», afirma Weedn.

Experiencias internacionales
Las políticas sobre desaparición de personas son una demanda constante de las víctimas en las sociedades en transición, explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Actualmente, hay una movilización de la sociedad civil en el Líbano, medio oriente, buscando que se establezca una institución oficial para ese fin.

«Dar respuesta a los familiares de personas desaparecidas sobre el paradero o el destino final de sus seres queridos, es un elemento central del derecho a la verdad. Esto requiere, en efecto, exhumaciones de cuerpos, pero éstos deben ser parte de una política más amplia: una política de búsqueda de personas desaparecidas, que lleve el registro de éstas hasta la devolución de restos en condiciones dignas a los familiares», sostuvo Félix Reategui, investigador asociado senior del Programa de Verdad y Memoria del ICTJ.

Reátegui ha trabajado con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. «En el Perú, casi dos años después de haber tenido una Comisión de la Verdad siguen demandado que se establezca una política de búsqueda, más allá de lo que haga la justicia penal en materia de juzgamiento de los culpables», dijo Reátegui.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú registró más de 4 mil sitios de entierro clandestino y casi 8 mil personas desaparecidas, hoy ese registro supera los 15 mil nombres y propuso una política de exhumaciones.
En Colombia, explica la Defensoría del Pueblo que preside la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el artículo 9 de la Ley 589 de 2000 creó el registro Nacional de Desaparecidos  (RND) cuya finalidad es recopilar la información sobre víctimas de desaparición forzada.

«Este sistema de información es administrado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, quienes desde la Comisión de Búsqueda adelantan un trabajo interinstitucional para llevar a cabo la depuración del registro. El Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) fue puesto en funcionamiento el 1 de enero de 2007. En cuanto a los autores, el registro posee un ítem referente a la presunción de responsabilidad, pero esta sólo hace referencia al grupo», aclaró la Defensoría del Pueblo.

Antropología forense y posacuerdo

La antropología forense cumple un papel importante en el proceso de búsqueda de desaparecidos, especialmente por sus aportes en la exhumación de restos óseos de las víctimas y será destacado su rol tras la eventual firma del acuerdo de paz.

«El proceso al interior de las ciencias forenses es interdisciplinario (medicina, odontología, genética) además del trabajo de abogados y personas victimizadas. «El trabajo de la antropología forense no puede concebirse de manera aislada sino en diálogo con otras disciplinas, ya que el reto en un escenario de «posconflicto» es contribuir a la construcción de la verdad, no solo desde el punto de vista jurídico sino histórico», afirmó Ana Carolina Guatame, antropóloga, profesora adjunta de la Universidad Autónoma de Colombia, maestras en ciencias penales y forenses, consultora de Equitas.

Guatame explica que los informes periciales, por ejemplo, son el instrumento a través del cual los forenses consignan su «parte» de verdad y de ahí la importancia de que sean no sólo descriptivos sino interpretativos.

María Antonieta Corcione Nieto, arqueóloga de la Universidad de los Andes, especializada en antropología forense, considera que el papel de la antropología forense será crucial para el país en el posacuerdo.

«La recuperación, identificación y entrega de restos óseos de las víctimas del conflicto a sus familias permitirá que los procesos de justicia, reparación y verdad sean posibles para las víctimas de los grupos guerrilleros que participan actualmente en los diálogos. De igual manera, contar con la información de las víctimas hará posible el cruce de datos que se han ido recopilando tanto de asociaciones de víctimas, cifras oficiales de las agencias del Estado, las ONG, e implicados en procesos de judicialización en Justicia y Paz, para comprender la dimensión real del conflicto armado en Colombia», dijo Corcione.

En opinión de Guatame tras casi 10 años de la implementación de Justicia  y Paz quedan algunas lecciones para mejorar el proceso de búsqueda de los desaparecidos:

    •    La necesidad de robustecer las bases de datos de desaparecidos con información de calidad que contribuya a la búsqueda y la identificación de los cuerpos
    •    La implementación de sistemas de cotejo masivo de muestras provenientes de cuerpos y muestras de referencias de familiares
    •    La búsqueda en escenarios complejos como ríos
    •    La búsqueda de fuentes alternas de información testimonial entregada por los postulados a la Ley de Justicia y Paz.

«Si no se hacen ajustes a las estrategias de búsqueda, es posible que la conclusión es que no estamos preparados para el posconflicto, ya que los que faltan por encontrar son los casos más difíciles», sostuvo Guatame.

Pero además de los obstáculos que representan para el trabajo de los antropólogos forenses, los problemas de orden público y condiciones de seguridad; Ana Carolina plantea otras dificultades tales como la necesidad de una formación adecuada de los peritos; la brecha enorme entre forenses y operadores de justicia, ya que la información pericial no es adecuadamente usada en el proceso penal, y la desarticulación entre el trabajo de las entidades del Estado y las organizaciones de sociedad civil, que tienen un rol importante en la recolección de datos.

Un aspecto preocupante es el nivel de formación de los nuevos profesionales. «Las personas con más trayectoria en el área son aquellos antropólogos que ingresaron a entidades como Medicina Legal y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la década de los 90 que han construido su conocimiento sobre la práctica, pero es preocupante el nivel de formación de los profesionales más nuevos quienes deben especializarse en el exterior», añade Guatame.
Mientras Colombia se prepara para el posacuerdo muchas familias siguen buscando a sus desaparecidos. Según la defensoría del Pueblo, que preside la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para el mes de agosto del año 2014 fueron reportadas 4.539 personas como desaparecidas.

Para Margarita recibir los restos de su hermano marcó el inicio del duelo. «Fueron siete años de búsqueda: al cabo de los tres primeros supimos que estaba muerto; además, que su caso fue una desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Al cabo de cuatro años más, aparece el cuerpo», dice.

Por eso, las leyes 1448 de 2011 y 1408 de 2010 prevén el ofrecimiento de atención psicosocial integral para los familiares de las víctimas durante todo el proceso  de entrega de cuerpos o restos, de manera pública o privada.
Para Ulianov José Franco, abogado y subdirector de Familiares Colombia, quien representa jurídicamente a los familiares de desaparecidos en los procesos judiciales, en una situación «ideal» en la exhumación debe estar acompañado por un asesor independiente, es decir un antropólogo forense, y al menos un psicólogo, eso sí respetando el proceso de la Fiscalía.

«Los casos de desaparición forzada generan una afectación psicológica en las víctimas que hacen oportuna la presencia de psicólogos en algunas actividades como las exhumaciones, en las entregas, en las versiones libres y en muchas actividades. Para mí como abogado es de gran ayuda ya que me permite manejar tranquilamente una situación que de otro modo se me podría salir de las manos», explicó Franco.

Aún con todo el dolor y el cansancio que produce la búsqueda, Margarita les dice a otras familias que viven lo que ella ha vivido: «no se detengan, busquen ayuda, tengan redes de apoyo, no invisibilicen el caso, persistan (…) ¡Hay que buscar, por lo menos buscar la verdad, esa es nuestra esperanza!».

«Los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente no aspiramos a restablecer la normalidad en nuestras vidas porque el daño perpetrado a nuestro ser querido se potencia en nosotros por los años de incertidumbre, la creciente angustia de la desesperanza y los cierres fríos, burocráticos y sumarios que dan por cancelada una vida inocente», familia Arteaga Cuartas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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