Cerca de cien representaciones, en su mayoría de organizaciones de Pueblos originarios de Chile, varias tradicionales, como asimismo, de organizaciones sociales-ciudadanas, de Derechos Humanos, académicas y socio ambientales chilenas, se pronunciaron ante los Poderes del estado y exigen el respeto de los Derechos Humanos Colectivos; El cumplimiento e implementación pleno y de buena fe de […]
Cerca de cien representaciones, en su mayoría de organizaciones de Pueblos originarios de Chile, varias tradicionales, como asimismo, de organizaciones sociales-ciudadanas, de Derechos Humanos, académicas y socio ambientales chilenas, se pronunciaron ante los Poderes del estado y exigen el respeto de los Derechos Humanos Colectivos; El cumplimiento e implementación pleno y de buena fe de las Normas Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169. Reproducimos Declaración pública…
DECLARACIÓN PÚBLICA
Santiago de Chile, 06 de octubre de 2009
Nosotras y Nosotros, personas, miembros de comunidades y organizaciones de los pueblos Mapuche, Lickan Antay, Aymara, Diaguita y chileno, que habitamos los territorios del sur de América, que nos hemos reunido en Santiago de Chile en el Seminario ‘Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT’ queremos expresar a nuestras sociedades, a la sociedad y Estado chileno y a la comunidad internacional nuestra preocupación respecto a diferentes situaciones que atentan contra nuestros derechos humanos, territoriales y de autodeterminación contemplados en textos internacionales que debe cumplir obligatoriamente el Estado de Chile, así como en el derecho propio de nuestros pueblos.
Queremos expresar también todo nuestro apoyo y solidaridad a la justa lucha de diferentes comunidades que realizan procesos de recuperación de tierras y territorios y están rechazando la instalación de Megaproyectos industriales de empresas nacionales, multinacionales y estatales.
De igual forma exigimos el retiro inmediato de la policía militarizada desde las comunidades ocupadas por estas fuerzas especiales de carabineros y exigimos al gobierno chileno una revisión inmediata de las acciones que realiza un pequeño pero poderoso grupo de empresarios vinculados a sectores políticos y medios de comunicación que están operando para atentar contra la protesta social mapuche y de otros pueblos indígenas.
Exigimos justicia por los reprimidos y asesinados por los agentes del estado chileno en el marco de legítimas reclamaciones y protestas sociales por tierras ancestrales, entre otros, Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, y el fin a la institucionalidad fáctica como la competencia militar en estos casos y que el estado chileno está obligado a modificar tal como le exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El estado Chileno, particularmente el Gobierno, cuenta con mecanismos y procedimientos para resolver conflictos y que contemplados por Normas Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas. Asimismo, se hace urgente que el estado chileno asuma la reparación histórica de Tierras ancestrales que dichas normas contemplan y que diversos órganos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de eliminación de la discriminación racial y el Relator Sobre Pueblos Indígenas de la ONU, han conminado para demarcar y titular a la brevedad.
Nuestra solidaridad además es para todos nuestros hermanos y hermanas presas políticas que están injustamente siendo procesados por la justicia civil y militar. Rechazamos rotundamente la aplicación de la Ley Antiterrorista, la cual es una de las dañinas aristas de la dictadura militar que aún está incrustada en la sociedad e institucionalidad chilena. A la vez, exigimos el término inmediato de los juicios que el Estado chileno lleva contra Mapuches a través de la Justicia Militar.
Respecto a los proyectos de Ley incorporados por el ejecutivo con suma urgencia en el Parlamento chileno, entre otros, sobre un Ministerio Indígena, Consejo de Pueblos Indígenas; y la Reglamentación que se quiere hacer a la consulta por parte del Gobierno y empresarios, exigimos que inmediatamente se sometan a consulta de nuestros pueblos indígenas, como corresponde, con buena fe, tal como lo exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Del mismo modo, exigimos que la discusión que se desarrolla en la Cámara de Diputados y en el Senado chileno como son las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Derechos de Obtentores Vegetales que en definitiva privatizan el mar y las semillas, contemplen la consulta, participación efectiva y consentimiento libre, previo e informado de nuestros Pueblos. Pero también exigimos inmediata consulta en otras discusiones legales en todas las áreas de recursos naturales, medio ambiente, radiodifusión, televisión digital, energía, minería y turismo, entre otros temas.
Nuestas comunidades y organizaciones a la vez rechazamos la imposición de megaproyectos industriales en el territorio actual y ancestral de nuestros pueblos. En este sentido y en forma urgente exigimos que se tomen en cuenta los argumentos de las comunidades y el rechazo respecto a:
* La Construcción de megacentrales de generación eléctrica tanto de origen hídrico como geotérmico
* La construcción de megacarreteras en nuestras tierras
* La instalación y actual funcionamiento de vertederos y plantas de aguas servidas
* La imposición de barrios salmoneros, la privatización del mar y la expansión de esta industria insustentable en lo ambiental, inequitativa en lo social e irrespetuosa en lo cultural
* La instalación de proyectos mineros en diferentes lugares que están atentando contra los pueblos Diaguitas, Lican Antay, Aymara y Mapuche
* La expansión y certificación de la Industria Forestal y la imposición de nefastos proyectos de Celulosa
* Y los anuncios de modificación constitucional sobra la propiedad de las aguas que consagra el actual sistema de privatización de este vital elemento.
Hacemos llegar esta carta a la Presidencia de la República de Chile, al Senado y la Cámara de Diputados, a la Corte Suprema y a los diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos.
Suscriben,
• Alan Marchant Mamani
• Alejandro Vivanco
• Alfredo Seguel
• Andrea Sepúlveda
• Arturo Coña Pirul
• Benito Jaramillo
• Blas Pantel
• Camila Maldonado
• Carlos Pilquil
• Carlos Ruiz Rodriguez
• Carola Pinchulef
• Cecilia Carrasco
• Cecilia Sandoval
• Christian Collipal
• Christian Ruggieri
• Claudia Pailalef
• Claudia Villagrán
• Daniel Ñancuvil
• David Nuñez
• Edgardo Mendoza
• Eduardo Palma
• Efraín Cheuquefilo
• Eliab Viguera
• Elizabeth Pilquil
• Esteban Ancatripay
• Eusebio Reumay
• Eva Barriga
• Felix Tranamil
• Fernando Ortiz
• Francisco Vera Millaquén
• Gabriela Calfucoy
• Germán Andrade
• Guillermo Salamanca
• Gustavo Quilaqueo
• Hernando Silva
• Hugo Vera
• Javier Karmy
• Jose Quirilao
• Jorge Abello
• Jorge Araya
• Jorge Hueque
• José Antonio Mamani
• José Araya
• José Gonzo
• Juan Carlos Chávez Pilquil
• Juan Carlos Meliñir
• Juan Oyarzo
• Juana Jaramillo
• Julia Santibañeza Llantel
• Lautaro Coña
• Longko Augusto Nahuelpán
• Longko José Panguilef
• Lorena Muñoz
• Lucio Cuenca
• Luis Castillo
• Marcelino Avila
• Marcelino Jaramillo
• Marco Jimenez
• María Lorena Huircán
• María Luisa Díaz
• Maria Teresa Rivera
• Mariana Egnesu
• Matías Meza
• Mercedes Montalva
• Mónica Pilquil
• Morelia Cancino
• Natalia Marchant
• Natalie Campos
• Olga Chellew
• Olivia Pinto
• Pamela Baeza
• Paola Curihual
• Patricia Panguilef
• Patricia Viera
• Patricio Igor Melillanca
• Paulina Acevedo
• Pedro Campos
• Ramón Nuñez
• Roberto Salinas
• Rodrigo Huaiquilao Huincaman
• Roger Mendoza
• Ronny Leiva
• Sandra Pastén
• Segundo Huentecura
• Sergio Campusano
• Sergio Millamán
• Sergio Paillao
• Susan Herrera Quispe
• Verónica Pérez
• Victoria Saez
• Wilma Reyes Huenupe