Señor Presidente de la República de Chile Ricardo Lagos Nos dirigimos a usted para solicitarle vuestra atención frente a un problema que nos aqueja y que que afecta a la vez a nuestras familias y concierne también a la sociedad chilena y al tipo de sociedad que queremos construir para Chile. Han pasado ya casi […]
Señor Presidente de la República de Chile
Ricardo Lagos
Nos dirigimos a usted para solicitarle vuestra atención frente a un problema que nos aqueja y que que afecta a la vez a nuestras familias y concierne también a la sociedad chilena y al tipo de sociedad que queremos construir para Chile.
Han pasado ya casi 15 años de lo que se llama la «transición hacia la democracia», no podemos negar que ha sido un camino difícil de consolidar.
Durante estos años usted y los dos presidentes que lo precedieron han contado con la confianza del pueblo chileno. Es cierto que los tres gobiernos de la Concertación han avanzado en diferentes puntos con respecto a las soluciones que espera desde hace mucho tiempo el pueblo.
Pero desde el inicio de esta «transición hacia la democracia» la Concertación de Partidos por la Democracia no ha resuelto el problema de los Derechos Humanos, el de la justicia y el de la reparación a las víctimas de estas violaciones cometidas por la dictadura militar del General Pinochet.
Es por ello que presentamos a usted, en su carácter de Jefe del Estado, en virtud de las atribuciones y competencias que le señalan los artículos 24 y 32-8 de la Constitución, las siguientes demandas.
Somos un grupo de ex-prisioneros políticos de la dictadura militar que ejercimos el derecho de fugarnos el 30 de enero de 1990 a través de un túnel de la ex-cárcel Pública. Este acto lo decidimos hacer antes del comienzo de la «transición hacia la democracia», para no obstruir la llegada del nuevo gobierno.
Durante esos años, particularmente durante la campaña electoral de 1989, la Concertación prometió liberar a los presos políticos de la dictadura, esclarecer la verdad y hacer justicia con respecto a las violaciones de los Derechos Humanos.
Cuando nos fugamos en 1990 el pueblo chileno saludó nuestro acto de coraje y también muchas fueron las reacciones del mundo político de ese entonces. Entre ellas recordamos sus palabras, cuando usted era el presidente del Partido por la Democracia (PPD): Usted calificó de «lamentable» nuestra fuga y señaló: «Si hay presos que consideran que no ha habido un debido proceso es necesario arbitrar las medidas para que haya efectivamente un debido proceso» . Dijo que lo anterior» es lo que ha sido el compromiso de las autoridades políticas del futuro gobierno. Creemos, en consecuencia, que el camino adecuado es la búsqueda de mecanismos para que todos tengan un proceso justo». (Las Ultimas Noticias, 31 de enero de 1990).
Señor Presidente, han pasado 14 años y nueve meses desde la fuga y sus declaraciones y aún seguimos esperando una solución a nuestro problema.
Hoy muchos de nosotros vivimos, obligados, en el extranjero porque en Chile no se nos ha permitido una inserción dentro de la sociedad chilena, puesto que aún muchos de nuestros procesos judiciales continúan abiertos y otros han pasado a manos de la justicia civil donde hemos sido condenados en ausencia y corremos el riesgo de ser encarcelados.
Para detallarle un poco esto, muchos son los ejemplos de la arbitrariedad que existe frente a los ex-presos políticos que se evadieron y que decidieron ejercer el derecho de vivir en su patria y que pasaron a la clandestinidad. Algunos de ellos y sus familias han pagado un precio demasiado alto. Jamás pensamos que en un Chile post-Pinochet este tipo de injusticias iba a existir.
Para recordarle, tenemos el caso de Diego Lira Matus, quien murió de un paro cardíaco en diciembre de 2003, sin jamás poder legalizar su situación y ejercer su derecho de vivir en su patria como cualquier ciudadano normal en un país «democrático». También está el caso de Eduardo Asenjo González que fue detenido y encarcelado injustamente durante seis meses. A pesar de que su «delito» había sido cometido bajo el régimen dictatorial del general Pinochet, Eduardo Asenjo fue condenado en ausencia por un tribunal civil a 15 años de presidio, sin que hubiera podido beneficiar de la prescripción de su pena ni haber tenido un debido proceso.
Dentro de esta situación se encuentran varias personas que están obligadas a vivir en la clandestinidad, en el Chile que hoy usted dirige, porque aún la justicia chilena sigue condenando a aquellos que se rebelaron contra una de las dictaduras más crueles de la reciente historia de Chile.
A estos casos se suma el nuestro. Muchos de nosotros llevamos más de 14 años fuera de Chile. Los diferentes gobiernos europeos que nos acogieron reconocen nuestro estatuto de opositores a la dictadura del general Pinochet, contamos con la simpatía, la solidaridad y respeto de estas democracias.
Pero no podemos decir lo mismo de nuestro país. Es una paradoja dura y dolorosa que tenemos que vivir. Por un lado, podemos contar con el apoyo y el respeto de los demócratas del mundo, y por otro lado, no podemos volver a nuestra patria, puesto que si volviéramos, sin duda seríamos encarcelados de nuevo.
Y lo más paradojal es que tendremos que pasar más tiempo fuera del país que los exiliados de la dictadura militar. Dentro de este «nuevo exilio» o «exilio democrático» que estamos sufriendo, deberíamos pasar más de 20 años fuera de Chile para que, hipotéticamente, nuestras penas sean prescritas. Penas que fueron emitidas por «delitos» cometidos bajo la dictadura y lo decimos entre comillas porque para las diferentes democracias que nos han acogido, no han visto un «delito» sino un acto de resistencia a una de las dictaduras más crueles de nuestro continente.
Lo que para los tribunales chilenos sigue siendo un «delito» (se trata de actos que fueron motivados políticamente), para las democracias occidentales es un acto de coraje y de dignidad, es el derecho a rebelarse contra la tiranía, derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Señor Presidente nosotros no creemos que usted, el pueblo chileno y nosotros hayamos luchado por una democracia injusta que permita que este tipo de aberraciones y arbitrariedades se sigan cometiendo.
¿Cree usted, Sr. Presidente, que una democracia pueda permitir este tipo de situación, en que un grupo de chilenos esté obligado a vivir fuera de su patria por el solo hecho de haber ejercido el derecho a rebelarse frente a una dictadura sangrienta que ha sido condenada por toda la opinión pública mundial?
¿Cree usted que 15 años es un plazo demasiado corto para haber encontrado una solución humana, política a nuestra situación?
¿Cree usted, Sr.presidente, que a 15 años del triunfo del No, sea democrático seguir aplicando las leyes que creó la dictadura militar para combatir a sus opositores y que se siga procesando a civiles por tribunales militares, en tiempo de paz, como es el caso de los actuales presos políticos y de los mapuches?
¿Cree usted que sea «lamentable» o una justa demanda poner fin a esta inhumana situación que vivimos?
Por ello, le solicitamos respetuosamente, Señor Presidente, que haga todo lo posible para encontrar una solución a nuestro problema, apelamos a su conciencia democrática, para que se termine con este lastre de la herencia de la dictadura del General Pinochet que nos impide vivir en nuestra patria. En otras palabras, le pedimos que termine con la Impunidad y la injusticia.
En espera de una pronta y favorable respuesta a nuestra solicitud, le saludan atentamente,
Lautaro Cruz Sandoval
Francisco Peña Riveros
Germán Alfaro Rojas
Jorge Angulo González
Manuel Fuenzalida Navarrete
Juan Carlos Cancino Acevedo