El «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», de agosto de 2012, define como sexto punto de la Agenda para discusión y consenso entre las partes «Implementación, Verificación y Refrendación», incluyendo dentro de sus asuntos el de Cronograma (6.3) y Presupuesto (6.4), aspectos sobre los que […]
El «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», de agosto de 2012, define como sexto punto de la Agenda para discusión y consenso entre las partes «Implementación, Verificación y Refrendación», incluyendo dentro de sus asuntos el de Cronograma (6.3) y Presupuesto (6.4), aspectos sobre los que no hemos abordado aún ningún debate en la Mesa de Diálogos.
No obstante, el gobierno nacional reincidiendo en sus prácticas que desconocen la bilateralidad del proceso, ha puesto en marcha una serie de disposiciones inconsultas frente a estos temas, que pretenden ser presentadas ante la comunidad-
nacional e internacional como hechos cumplidos. Los recientes desarrollos institucionales como el Ministerio de Posconflicto, Seguridad y DDHH y sus Estrategias de Respuesta Rápida, (ERR), el Comité Interinstitucional del Posconflicto, o el Documento CONPES 3850 que da origen al Fondo «Colombia en paz», son creaciones gubernamentales, que no toman en cuenta la existencia del punto 6 de la Agenda.
Saludamos que la comunidad internacional, se comprometa y aporte en la construcción de la paz. Su importante y necesaria contribución para la materialización de los acuerdos y la reconciliación de los colombianos, se enmarca en los compromisos que se desprenden del Acuerdo General de La Habana, lo cual implica que corresponde conjuntamente a las partes establecer los diseños normativos y de políticas públicas para la implementación, incluyendo los montos, destinación y mecanismos de manejo de los recursos. Cualquier financiación o cooperación externa, fuera del entendimiento entre las partes y la veeduría de las comunidades, terminaría convertida lastimosamente, en nombre de la paz, en una «danza de los millones», que poco ayuda a cumplir con los objetivos de lo firmado.
Sin parámetros claros sobre requerimientos y posibilidades, y sin haberlo analizado en la Mesa, el gobierno aspira recoger a través de múltiples fondos, U$3300 millones de dólares de donantes internacionales en 5 años, pasando por alto que las FARC-EP, aparte de su insistencia en abordar la temática, dentro de sus 10 Propuestas Mínimas para el Fin del Conflicto, ha presentado entre otras la iniciativa del FONAPAZ, ( Fondo Nacional para la Paz) con vigencia de por lo menos 10 años, y una asignación anual mínima del 4% del PIB, proveniente de aportes internacionales y de la necesaria reestructuración del presupuesto nacional, acorde a un país en paz. Sobre estas propuestas radicadas en la Mesa desde el año anterior no ha habido respuesta alguna.
Por el calado de las transformaciones derivadas de los acuerdos firmados, los recursos de cooperación internacional proyectados por el gobierno parecen exiguos para la implementación efectiva de lo acordado, lo cual no les quita que puedan convertirse en la torta de la discordia para la clase política. Los dineros del erario público y de las contribuciones externas, deben estar orientados hacia la construcción real de la paz y no pueden feriarse en programas asistencialistas o en paliativos que no resuelvan los problemas de fondo. No hemos dialogado por más de 3 años, para que las prácticas clientelistas de siempre, disfrazadas ahora de «tecnocracia eficiente», echen mano a la implementación de los acuerdos, de espaldas al pueblo soberano y a la contraparte en la Mesa, dando al traste con los propósitos altruistas de un Acuerdo Final.
La premura con que se hacen «alistamientos» desde el Ministerio del Posconflicto para 18 proyectos prioritarios de la «Estrategia de Respuesta Rápida», -que ni han sido definidos en la Mesa, ni corresponden a los desarrollos de los Acuerdos Parciales-, es la que debiera tenerse para trabajar mancomunadamente en los desarrollos normativos y diseños institucionales de todo lo firmado, para que los colombianos podamos beneficiarnos de los acuerdos de paz, en el menor tiempo posible. No necesitamos planes de contingencia para la paz, necesitamos un nuevo Plan de Desarrollo para la Paz, ligado a la resolución de los puntos pendientes de la Agenda y la pronta incorporación de lo acordado en La Habana al ordenamiento jurídico, todo ello sin socavar la bilateralidad propia del proceso.
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