Exigir democracia en la Universidad Nacional

«Sus historias apasionadas, enriquecidas con sueños, adoloridas por la persecución, me hicieron olvidar la tesis y las caras doctorales de mis calificadores franceses. Fue en Bogotá donde, a cambio de una historia, cedí a la tentación de tener un cartón. No me cupo duda, era demasiado lo que me habían contado los colonos, era muy grande mi compromiso. Opté a conciencia por contar lo que me habían contado, diría mejor, lo que me habían confiado. Lo escribí en primera persona como si ellos, los colonos, lo hubieran escrito. Tal subjetividad -dictaminó la doctrina- reñía con la naturaleza objetiva y aséptica de la ciencia. No se podía distinguir entre la verdad y la fantasía. Para mí, la cuestión no era de método sino de ética. Se produjo entonces un rompimiento a ciencia y conciencia, una «ruptura epistemológica» con lo que parecía más un juez que un maestro.»

Alfredo Molano

En primer lugar, quiero agradecer los gestos de compañerismo y hermandad a quienes nos han acompañado en este proceso por el que atravesamos desde hace dos años y medio, cuando fuimos capturados, puestos presos, violando nuestros derechos fundamentales; nos han condenado sin un juicio y en cada etapa procesal previa al juicio los jueces (de garantías, los magistrados del tribunal superior, de conocimiento – los juzgadores) afirman sin pudor que somos culpables, así mismo, hemos sido usados como un caso ejemplarizante y como forma de pacificar la Universidad mediante un montaje judicial. Agradezco a quienes, desde sus distintas posiciones, con sus acciones nos han dejado ver su respaldo, pero el problema no es que nos respalden a nosotros; pues con seguridad al tiempo buscan y luchan por una Colombia democrática, por un Estado que mínimamente respete sus propias leyes, en la posibilidad de superar esta tragedia histórica como país. Es el caso del plantón que tuvo ocasión el día siete de noviembre de 2019 como respuesta a la negativa de continuar desarrollando los estudios de maestría en Sociología de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional.

Las directivas de la universidad, con un actuar ruin, nos expulsaron de dicha Maestría bajo el argumento de la inasistencia a una de las asignaturas inscritas, según me fue comunicado en la respuesta firmada por Juan Carlos Celis Ospina – Director del Departamento de Sociología y Patricia Rodríguez Santana – Coordinadora de la Maestría en Sociología, que dieron al derecho de petición que presenté tras conocer el bloqueo de mi historia académica para el posgrado (adjuntándome además las listas firmadas en las clases como si yo mismo desconociera que no estuve presente en el salón porque estoy privado de la libertad en la Cárcel La Picota, ¡como si necesitara algún tipo de recordatorio institucional!):

«siempre que en el programa-asignatura de una materia aprobada por el Consejo de Facultad se señala de forma clara el porcentaje de asistencia mínimo exigido, este requisito será obligatorio para los estudiantes y, por lo tanto, cuando este requisito se incumple, la consecuencia es una calificación de 0.0, independientemente de las notas que se hayan obtenido en razón de talleres, parciales, etc.

Con base en su número de inasistencias, y teniendo en cuenta lo previsto por la normativa de la Universidad y por el programa-asignatura aprobado por el Consejo de Facultad, se concluye que usted no superó la asistencia mínima exigida en la asignatura Seminario de Teoría Sociológica Clásica».

Al mismo tiempo, han abierto procesos disciplinarios a tres docentes (Nubia Ruiz, Rosembert Ariza y Miguel Ángel Beltrán), digámoslo abiertamente, por el hecho de no cerrar el Alma Mater en su torre de marfil, por el intento de abrir la universidad a la cárcel, en un acercamiento para que el centro de pensamiento de la Nación aporte en algo a las personas privadas de la libertad.

Evidentemente esta negación del derecho fundamental a la educación cierra las puertas para que la Universidad Nacional abra convenios con el INPEC para los procesos de «resocialización» que son en demasía precarios, por decir lo menos, cuando no una burla a la condición humana. Como egresado de esta institución me resulta preocupante y ofensivo que ésta, por acción y omisión, reproduzca las prácticas carcelarias que apuntan a quebrantar la dignidad de las personas y se reduzca a una fábrica de títulos y cartones en la que algunos profesores y directivas no tienen nada que envidiarle al criterio «amplio» y la «perspectiva intelectual» de cualquier cabo del INPEC.

Además, vulgar es ver los argumentos con los que deciden abrir un proceso disciplinario a la maestra y maestros que ven en la universidad algo más que una fábrica de cartones y títulos:

«La vicerrectoría general de la Universidad Nacional de Colombia, remitió a la dirección de veeduría disciplinaria, mediante oficio VRG-224-19 de fecha 25 de julio de 2019, el documento oficio identificado: «B: FSCH-1616-19», de la Facultad de Ciencias Humanas, relacionado con información sobre una presunta anormalidad dentro del proceso de admisión para la Maestría en Sociología en el segundo semestre de 2018, referente a la aplicación de la prueba de conocimientos en el centro carcelario, a los aspirantes privados de la libertad, decisión que al parecer fue tomada por la coordinadora de la maestría profesora Nubia Ruiz, y los profesores Miguel Ángel Beltrán y Rosembert Ariza; estos últimos quienes al parecer han venido dictando sus asignaturas a los 2 estudiantes privados de la libertad en la cárcel, sin que el Consejo de Facultad y el Comité Asesor de la Maestría hubiese autorizado este procedimiento.

De conformidad con lo anterior, la dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional de Colombia, por auto 212 de 26 de julio de 2019, asignó competencia para el conocimiento de la referida noticia a la oficina de Veeduría Disciplinaria de la Sede Bogotá, la cual mediante reparto TD-B-199-2019 de 30 de julio, lo remitió a este despacho.»

La Universidad Nacional ha atravesado un proceso complejo de segregación y exclusión, en una pugna abierta por la definición, sin lugar a diversas interpretaciones, de quiénes son los ciudadanos que conforman la nación, y, por ende, quiénes pueden formar y formarse en esta institución como «intelectuales, académicos, artistas» y desde allí aportar con su accionar. Claramente no se ha tratado de un proceso abierto y democrático; por el contrario, ha sido un proceso lleno de persecución y criminalización y, si lo vemos a lo largo de la historia que contiene desmemorias, desaparecidos, muertos, encarcelados, exiliados, despreciados por los cenáculos de académicos que confunden el valor con el precio. Es la Universidad como un campo de disputa y conflicto, en el que se confrontan modelos de país ¿El para qué de la ciencia y el arte? Y como se ha dicho ¿Quiénes conforman la nación y quiénes son ciudadanos?

Deplorable es observar cómo los principios de la universidad son pisoteados cotidianamente y cómo se atenta contra el espíritu de la ciencia. La libertad de cátedra es despreciada y pisoteada groseramente por la institucionalidad, puesto que ahora se controla el contenido de los planes curriculares, de las mismas asignaturas y hasta el lugar donde se pueden dar dichas cátedras y, obviamente, como consecuencia lógica, quiénes pueden acceder a esas ya bien restringidas cátedras.

Como se ha insistido, por fortuna, esto no es una realidad homogénea: está en disputa y hay quienes nos oponemos a ese a aconductamiento. Sin embargo, no estamos en posiciones de poder. Siendo así, a los maestros que honran el ser profundo de esta Alma Mater les imponen un disciplinamiento con todas las formalidades del caso, para procurar meterlos al redil o expulsarlos de esa comunidad excluyente. Y para los que hemos deseado y hemos tenido la escasa oportunidad de seguir con nuestros estudios superiores, y que además tenemos la «letra escarlata» con la que nos marcan la institucionalidad y el poder, incluida la de la universidad que nos designan como desadaptados (mote que cargamos con dignidad profunda y por convicción, puesto que hay que ser un ente insensible o un beneficiado para adaptarse a este estado de cosas), no tienen más remedio que negar nuestros derechos, negarnos como ciudadanos y expulsarnos con el pretexto más inverosímil.

Mientras el discurso institucional se jacta de ser un proyecto de inclusión y diversidad, como lo afirma la rectora Dolly Montoya:

«La Universidad Nacional de Colombia, principal casa de estudios de los colombianos, es sin duda una de las instituciones que desde sus orígenes se ha constituido en un espacio de convivencia en la pluralidad que sin distingo de raza, género, religión o ideología logra recoger la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Además de la calidad de sus investigaciones y el impacto que alcanza sobre el desarrollo de los territorios y las comunidades, la Universidad es reconocida como un centro de encuentro de todo tipo de formas de sentir, pensar y hacer. Hoy quiero compartir con los lectores algunas de las características que hacen de nuestra Universidad Nacional una institución inclusiva, diversa y multicultural.»[1]

Lo anterior en la práctica se desmiente y muestra su talante autoritario, dogmático y antidemocrático. Quienes realmente se enfrentan y luchan por una universidad encaminada a un proyecto de país que sea incluyente, diverso y democrático, tiene que confrontar al poder y las instituciones que lo encarnan con el evidente resultado de afrontar procesos de censura, persecución y acoso. Acá se expresan las formas que tienen y usan los arriba para encarar cualquier conflicto social existente, basados en la negación del otro, es decir, no solamente es la construcción de la otredad que atenta contra el orden, sino que se va más allá y ese otro tiene que ser negado y eliminado; de esta manera se legitima cualquier proceder para acabar con la tendencia que representa ese otro, esa otra, que va desde la muerte política (y académica, para el caso) y el destierro, hasta la muerte física. Estas prácticas institucionales son adoptadas, reproducidas y desarrolladas por la universidad pública de manera generalizada: el nuestro es un caso más.

Es una realidad que hay presos y presas en el país, es una realidad que hay presos y presas políticas. Es cierto que se requiere un trabajo fuerte de educación (no disciplinamiento) -aunque no sea necesariamente institucional, sino popular, y otras formas de educación y de transformación cultural-. Pero también es una realidad que la Universidad Nacional que se jacta de ser el centro de pensamiento de la Nación, niega esta realidad y se encierra en sus muros y rejas para no enfrentar las realidades sociales, construyendo una universidad acorde a las necesidades de las élites y sus negocios. No en vano dejan caer facultades (hasta sus edificios, reconfigurando el territorio en un proceso de gentrificación), arrebatándoles su misión democrática. Y que esto sea así, incluso en la Facultad de Ciencias Humanas, es un hecho paradigmático.

De aquí que la lucha por la universidad pública no se circunscriba únicamente a un problema económico relacionado con su financiación, sino que se extienda hasta la defensa y la construcción de un proyecto universitario democrático abierto al pueblo, a solucionar sus necesidades, a construir una Nación que no se repliegue a los intereses de las élites, que no niegue con posturas dogmáticas las realidades sociales y los conflictos existentes, que no censure lo políticamente incorrecto ni a quienes asumen posturas y posiciones a favor de los marginados.

Un primer y transcendental paso de construcción democrática de la universidad pasa obligatoriamente por la construcción de una comunidad de sentido y que aquella sea respetada. Esto implica una transformación en el funcionamiento interno que se ha impuesto autoritariamente, en el que este tema ha quedado relegado a un quinto plano por unas burocracias administrativas, unos funcionarios y algunos profesores que se erigen como «vacas sagradas» complacientes con el poder para mantener sus privilegios y prestigios, que resultan en desmedro de un proyecto democrático de la UN.

«Es necesario que la convicción revolucionaria del estudiante lo lleve a un compromiso real, hasta las últimas consecuencias. La pobreza y la persecución no se deben buscar. Pero, en el actual sistema, son las consecuencias lógicas de una lucha sin cuartel contra las estructuras vigentes. En el actual sistema, son los signos que autentifican una vida revolucionaria. La misma convicción debe llevar al estudiante a participar de las penurias económicas y de la persecución social de que participan los obreros y campesinos. Entonces, el compromiso con la revolución pasa de la teoría a la práctica. Si es total, es irreversible; el profesional no podrá́ volverse atrás sin una flagrante traición a su conciencia, a su pueblo y a su vocación histórica.»

Camilo Torres

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