Se abre en el país nuevamente el debate sobre el delito político y la existencia de miles de personas privadas de la libertad por causas políticas, procesadas o condenadas por delitos políticos, conexos o relacionadas con la guerra, que a toda luz evidencian una de las consecuencias del conflicto social y armado colombiano.
Son muchas las contradicciones que pasan por la mente de cualquier librepensador/a al leer la frase pública del ministro de justicia de Colombia al referirse sobre las y los prisioneros políticos en Colombia, de manera puntual el ministro ha expresado: «No presos políticos porque aquí no hay presos políticos, por supuesto no prisioneros de guerra porque aquí no hay prisioneros de guerra» (1).
Sin embargo, a parte de la negación que el ministro expresa, no se vislumbra ninguna explicación, para cualquier lector seria simple interpretar que el ministro dice que no hay prisioneros políticos porque NO, teniendo que conformarnos como cualquier menor de edad con esa respuesta absurda que durante muchas generaciones los adultos incapaces de expresar razones le ofrecen a las y los niños que en un afán de curiosidad preguntan por las cosas mas elementales y simples de la vida.
Pero es inaceptable este tipo de respuesta por parte de una figura pública y representativa del alto gobierno, que no sólo debe tener las facilidades de dirigirse a un pueblo, sino que debe motivar sus declaraciones.
No recibimos un NO porque NO, es necesario que en el ejercicio de la democracia que el gobierno tanto pregona posibilite el debate y explique porque miles de personas en Colombia se reivindican como prisioneras y prisioneros políticos, por qué en la ley penal existen delitos políticos (rebelión, asonada, sedición) y c ontra los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (actos de guerra), y por qué a pesar del reconocimiento del conflicto armado interno por el primer mandatario del país se pretende desconocer a quienes en razón de el han sido tomados prisioneros por el Estado Colombiano.
Es evidente que en Colombia se persiguen conductas descritas como delitos políticos o de guerra y como consecuencia existen en las cárceles de Colombia prisioneras y prisioneros políticos, en sus diferentes categorías: prisioneras/os de guerra, prisioneras/os de conciencia y victimas de montaje judicial.
Se abre en el país nuevamente el debate sobre el delito político y la existencia de miles de personas privadas de la libertad por causas políticas, procesadas o condenadas por delitos políticos, conexos o relacionadas con la guerra, que a toda luz evidencian una de las consecuencias del conflicto social y armado colombiano.
En nuestro reciente informe «Perspectiva en punto de fuga: Propagación del Modelo de Represión por Causas Políticas», presentado junto con la Fundación Lazos de Dignidad al Foro Colombia entre Rejas: En Búsqueda de un Camino para la Libertad y la Paz, develamos que desde los años 70 han sido constantes las denuncias sobre la existencia de prisioneras/os políticas/as en el país. A partir del año 2006, diferentes organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la existencia de alrededor de 7.500 personas privadas de la libertad por causas políticas en Colombia, sin embargo, el 4 de agosto de 2011, los Prisioneros de Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP informaron a la opinión pública sobre el aumento de esta cifra, estimando la existencia de aproximadamente 9.500 prisioneras y prisioneros políticos en el país (2).
Según el INPEC (3), al 31 enero de 2012, la población privada de la libertad asciendía a 102.292, hallándose 21.199 de estas personas asociadas a los delitos de rebelión (1.933), concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de terrorismo (54), secuestro (2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326), financiación a grupos terroristas (18), utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (30), traición a la patria (1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean juzgados por los delitos comunes mencionados al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes (4), lo que conduce a pensar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos.
El gobierno nacional debe desprenderse de la arrogancia de no reconocer a su contradictor político y a las miles de personas encarceladas por ejercer la oposición política, quienes soportan un sin números de violaciones y comportamiento contrarios al debido tratamiento en reclusión, como sucede con el prisionero político de guerra JORGE AUGUSTO GARCES BERNAL, aislado desde hace mas de 8 años en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar, por amenazas de muerte proferidas por parte de paramilitares y por la arrogancia del INPEC y del alto gobierno de no ceder en la creación de lugares especiales de reclusión para las y los prisioneros políticos.
El gobierno nacional, por intermedio de su ministro de justicia, ha negado el ingreso de la comisión internacional de observación a las cárceles y penitenciarias, demostrando su postura de ocultar la crisis carcelaria y la existencia de los más de 9.500 prisioneros políticos en Colombia, por ello, en la actual coyuntura se hace necesario que la comunidad internacional insista en que se abran las puertas de las prisiones para observar sus realidades y verificar la existencia y condiciones de reclusión de quienes se reivindican como prisioneras y prisioneros políticos.
Trato Digno y Libertad para todxs lxs Prisionerxs Políticxs en Colombia
La lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad!
Campaña Traspasa los Muros
Marzo de 2012
NOTAS:
[1] http://www.cmi.com.co/?n=77241
(2) «SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA (I)», Prisioneros de Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, 04 de Agosto 2011. www.resistencia-colombia.org
(3) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia