La defensa adelantó que, de persistir el incumplimiento, solicitará al Tribunal nuevas medidas de control, incluida la intervención de autoridades superiores de Gendarmería y del Ministerio de Justicia.
Este 9 de diciembre de 2025 vence el plazo judicial para que Gendarmería informe por qué no ha corregido las fichas institucionales del werken y preso político mapuche Héctor Llaitul.
La defensa del werken Héctor Llaitul Carrillanca, representada por el abogado John Maulén Zamorano, advirtió que este martes 9 de diciembre vence el plazo judicial otorgado por el Juzgado de Garantía de Temuco para que Gendarmería de Chile informe el estado de cumplimiento de la resolución del 25 de agosto de 2025.
Dicho mandato obliga a la institución penitenciaria a revisar y rectificar integralmente las fichas institucionales de Llaitul —clasificación, conducta y registros internos—, eliminando antecedentes erróneos, no verificados o falsos, entre ellos:
– La equivocada referencia a una supuesta condena bajo la Ley Antiterrorista, desmentida por sentencia firme.
– Registros sin sustento sobre consumo de sustancias, pertenencia a bandas o antecedentes familiares delictuales.
– Anotaciones lingüísticas que confunden expresiones coloquiales con el uso legítimo del mapudungun.
Pese a que el Tribunal ordenó que el trabajo se realizara bajo parámetros objetivos y científicos, han transcurrido más de tres meses sin que Gendarmería remita informe, avance o señal alguna de cumplimiento.
El abogado John Maulén afirmó que “la falta de rectificación vulnera la dignidad, identidad cultural y derechos fundamentales del werken, además de incumplir la obligación legal de mantener registros veraces y no discriminatorios, conforme al Código Procesal Penal y al Convenio 169 de la OIT”.
La resolución del 4 de diciembre otorgó a Gendarmería un plazo fatal de cinco días corridos, el cual finaliza este martes 9 de diciembre, obligando a la institución a entregar un reporte detallado de las medidas adoptadas.
La defensa adelantó que, de persistir el incumplimiento, solicitará al Tribunal nuevas medidas de control, incluida la intervención de autoridades superiores de Gendarmería y del Ministerio de Justicia.