A las 3 de la tarde del lunes 12 de mayo se dio la orden en la Casa de Nariño de iniciar los operativos necesarios para extraditar a los principales jefes del paramilitarismo en Colombia. A la medianoche se inició el traslado de los cabecillas desde sus correspondientes cárceles de alta seguridad de Bogotá, Medellín […]
A las 3 de la tarde del lunes 12 de mayo se dio la orden en la Casa de Nariño de iniciar los operativos necesarios para extraditar a los principales jefes del paramilitarismo en Colombia. A la medianoche se inició el traslado de los cabecillas desde sus correspondientes cárceles de alta seguridad de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Aviones de la DEA, escoltados por helicópteros artillados, los transportaron a la base aérea militar de Catam en Bogotá. A las 6:45 a.m. del 13 de mayo volaban rumbo a EE.UU., con escala técnica en Guantánamo. La razón: haber incumplido con el proceso de Justicia y Paz.
Fueron extraditados por narcotráfico y lavado de activos 14 capos entre los cuales se encontran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40′), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), Hernán Giraldo y Ramiro ‘Cuco’ Valoy entre otros. Lo más granado y tenebroso del narcoparamilitarismo en Colombia. Lo último que se le escuchó a ‘Jorge 40′ fue: «¡Nos traicionaron hijueputas!»(Darío Arizmendi, Caracol-radio)
Mancuso había dado varias declaraciones a la prensa. Sostenía que todas las esferas del Estado habían sido permeadas por el narcoparamilitarismo y que el 35% de los congresistas había sido impuesto por ellos. Naturalmente a través del terror, la intimidación y la compra de votos. Un reciente libro de carácter académico, Parapolítica, de la Fundación Arco Iris, sostiene: «La investigación de la corporación Arco Iris llegó a la siguiente conclusión: En una gran ola de expansión, los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 Departamentos, transformar parcialmente el de otros, establecer una gran bancada parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el Estado.» Negociación que se plasmaría en la «refundación de la patria» por parte de la mafia y sus organizaciones mercenarias a través de los parapolíticos (el pacto de Ralito) y luego a través del proceso de Justicia y Paz que pretendía originalmente «castigarlos» con dos o tres años de cárcel y soltarlos luego con sus capitales intactos y legalizados ante la sociedad. Es evidente que la frustración de esta negociación condujo a la actual extradición como se verá más adelante.
Se afirma en Parapolítica que en el libro que escribió Mancuso con la colaboración de la periodista Glenda Martínez se dice: «Con las Convivir (organizaciones de autodefensas creadas por Uribe Vélez cuando eran Gobernador de Antioquia) y la posibilidad de replicarlas entre los ganaderos que le habían pedido apoyo en Cesar y Sucre, Mancuso se concentró en fortalecer su propia organización (su propia Convivir). Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40′) sería la cabeza en el Cesar, mientras que Diego Vecino se encargaría de Sucre…» Es de anotar que las enormes haciendas de Mancuso y de Uribe (‘El Ubérrimo’) en Cordoba colindan entre sí.
En estos días Mancuso le había concedido una entrevista al periodista Steve Kropft para el programa ’60 minutos’ de la cadena CBS y en ella había dicho que las multinacionales bananeras nunca pagaron por presiones sino que lo hicieron con total libertad.
El diario El Espectador (13-05-08) trascribe parte de la entrevista: «No, no es cierto que hayan sido presionados -dijo Mancuso-. Ellos pagaban impuestos porque eran como un Estado en la zona, y porque se proporcionaban la protección que les permitía seguir haciendo inversiones y su beneficio económico «. Comprometió a la Chiquita Brands a la Dole Food Company y Del Monte Fresh Produce, todas gringas. Sobra advertir que estos «impuestos» que generosamente pagaron las multinacionales a los ejércitos ‘paracos’ sirvieron para realizar múltiples genocidios, descuartizamientos, desplazamientos, etc.
Es decir, algunos jefes paramilitares estaba ‘cantando’ mucho y otros amenazaban con ‘cantar’. Se ha dicho que sólo entre las confesiones de ‘Macaco’ -reciente e intempestivamente extraditado- y Don Berna tumbarían el gobierno y pondría a temblar el establecimiento que está seriamente comprometido. El mismo Mancuso contó cómo Bavaria y Postobón, empresas de los distinguidísimos magnates Julio Mario Santo Domingo y Ardila Lule también pagaban impuestos a los ‘paracos’. Todos untados de sangre.
Entre las negociaciones con el Estado se encontraba la ley de Justicia y Paz, concebidamente originalmente para legalizar vida, obras y capital de los narcoparamilitares en un dos por tres. De la verdad, justicia y reparación, parámetros en los cuales debía moverse este proceso, apenas se les exigía una inocente declaración de sus crímenes no sujeta a ninguna sanción en caso de mentir. «Una declaración libre» como se dijo en esa época. De 8 a 5 años de cárcel reducibles a dos o tres por buena conducta y de la reparación lo que quisieran dar (han entregado neveras, motos, cachivaches, algunas tierras que han ido a parar de nuevo a los mafiosos). Sólo que la Corte Constitucional modificó el proyecto original y exigió, entre otras cosas, que a quien se le comprobara que mentía perdía los beneficios de la ley y sería sometido a la justicia ordinaria que establece penas hasta de 40 años de cárcel. Con estas modificaciones ya quedaba muy difícil cumplir lo pactado y comenzó a deteriorarse el negocio original. Y como si fuera poco el 35% de congresistas que el narcoparamilitarismo tenía como cuota en el Parlamento comenzó a caer como resultado de las denuncias que valientemente hizo el Polo Democrático y la respuesta eficaz que la Corte Suprema de Justicia dio a estas denuncias. Hoy dos cárceles de «alta seguridad» están abarrotadas con todos estos personajes, a despecho de que los atiendan a cuerpo de rey, Pero, bueno, algo es algo…De todas maneras el proceso marchaba, afloraba la verdad, así fuera a pedacitos, miles de fosas se encontraron, las víctimas tuvieron la oportunidad de encontrar los restos de sus seres queridos.
Con la extradición de los grandes jefes del paramilitarismo se rompió el proceso de Justicia y Paz. Se supeditaron los crímenes de lesa humanidad al narcotráfico, delito que, como se ha repetido hasta la saciedad, es un delito menor frente a las atrocidades cometidas. El deber del Estado era entregarlos a la justicia ordinaria en caso de que incumplieran la ley de Justicia y Paz, hacer prevalecer los intereses de las víctimas sobre los intereses del imperio al que únicamente le interesa llegar a acuerdos con los capos para que les entreguen rutas de narcotráfico a cambio de una nueva identidad y gran parte de sus fortunas colosales o, en el mejor de los casos, dejarlos confinados en sus mazmorras siniestras, pero confinada también la verdad y la reparación, garantizada para siempre la impunidad y en consecuencia la violencia que nunca cesará mientras persista aquella.
Hoy mientras las víctimas lloran, respiran tranquilamente los parapolíticos y el establecimiento. Excepto que actuemos, que nos movilicemos, que activemos la solidaridad internacional.