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Extranjerización de la tierra

Fuentes: Resistencia

Es falsa la preocupación de los partidos por la soberanía y los campesinos. Esos mismos han aplicado la receta neoliberal por más de 20 años. Esos mismos entregaron nuestro territorio a los Estados Unidos para la ejecución del Plan Colombia y la instalación de sus bases preparando el terreno para el asalto inversionista. Así lo […]

Es falsa la preocupación de los partidos por la soberanía y los campesinos. Esos mismos han aplicado la receta neoliberal por más de 20 años. Esos mismos entregaron nuestro territorio a los Estados Unidos para la ejecución del Plan Colombia y la instalación de sus bases preparando el terreno para el asalto inversionista.

Así lo dijo categóricamente el Secretariado de las FARC-EP en Oslo. Además reveló los objetivos de la agenda agraria neoliberal de Santos: «El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro.»

Uno de los principales impulsores de esta política es el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo. En el camino hacia el abismo, anuncia un proyecto de Ley para regular la inversión extranjera en tierras y la agroindustria. Convertido en abogado de los intereses foráneos, el titular de esta cartera dijo que tal inversión «no la podemos sacar a escobazos de Colombia cuando es sana, aporte tecnología, genere exportaciones y amplíe el mercado interno… busca darle claridad a las reglas de juego y al panorama jurídico…. la inversión extranjera en el campo es muy baja y hay que estimularla.»

Este proyecto de Ley es, en parte, una respuesta del gobierno mostrándose contrario a otras iniciativas en el Senado que buscan «limitar la inversión extranjera en el campo». Lo paradójico del asunto, es que los senadores integran los partidos políticos de la coalición de gobierno, y es con ellos la polémica generada en éste tema. Paradójico también, pues fueron los mismos congresistas que aprobaron el Plan de Desarrollo Neoliberal de Santos, cuyo articulado promovía la llegada de grandes capitales al sector agropecuario. Esa parte del Plan fue declarada inconstitucional por la Corte.

Polémica con los seguidores de las FARC.

Al Ministro le preguntaron: Pero usted mismo dice que parte del debate coincide con la postura de las FARC… Y él respondió. «(…) algunos proyectos están inspirados en el discurso de ‘Iván Márquez’. No sé si es coincidencia, pero el debate tiene que adelantarse sin un chovinismo premoderno que afecte al pequeño agricultor y siendo plausible para la modernización de la agricultura. Confío en que cuando en la mesa de negociación queden los micrófonos fuera, el discurso sea más realista que lo que oímos en Oslo (Noruega).» Para Restrepo, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical, se inspiran en las FARC.

La discusión entre godos tiene antecedentes en mayo de éste año, cuando el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, manifestó que ciertas reformas en la política agraria, favorecería «la apropiación de tierras, no para fortalecer la economía colombiana, sino para que otros países siembren aquí sus alimentos y los exporten a sus naciones, como podría suceder con inversionistas de los países petroleros del Golfo Pérsico.»

Un paréntesis a manera de objeción a la SAC. Tanto éste gremio como los otros, al fin y al cabo en manos de neoliberales, se han preocupado precisamente por ampliar los mercados y exportar sus productos. De ahí que hayan apoyado la tesis de la internacionalización de la economía y los Tratados de Libre Comercio. Preocupados sí, por la competencia internacional a sus negocios, pero no los pequeños productores y los campesinos en general.

El partido Conservador, del cual viene el ministro, presentó una reforma constitucional según la cual, los extranjeros no deben comprar más del 15% de la tierra. La iniciativa es de Hernán Andrade, y propone, entre otras medidas, evitar que los extranjeros para compren, arrienden o usufructúen más de dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Tampoco se les permitiría ser dueños de predios con bosques nativos, ubicados en áreas protegidas, o que contengan o se extiendan sobre fuentes de agua superficiales o subterráneas. Así mismo, no podrán adquirir minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía dentro de 50 kilómetros de las zonas de frontera. En la justificación alertan que la IE «pondría en peligro la soberanía y la seguridad alimentaria del país».

Con estos mismos argumentos presentó su proyecto Juan Lozano del Partido de la U. En palabras de Lozano, «Colombia ha dejado de producir en muchos campos, los alimentos que requieren nuestros compatriotas; para garantizar la seguridad alimentaria, no se puede exponer al país a que los inversionistas extranjeros se apropien de tierras para sembrar alimentos, que a su vez, exportarán a sus países de origen, y en nada beneficiarán a nuestro país.»

Al paso salió el ministro preocupado y sostuvo, «No estamos ante una invasión de inversionistas extranjeros que estén acaparando grandes porciones de tierra, este proyecto como está planteado ahuyenta todo tipo de inversión, pero no sólo en el sector del agro sino también en el sector minero». Y muy contrario a los otros argumentos, afirma que la IE puede ayudar a fomentar la seguridad alimentaria.» Restrepo ha llegado al punto de decir que «Hay xenofobia contra inversionistas del agro». Además manifestó el desacuerdo del Gobierno a que el control a la inversión extranjera en tierras se establezca fijando porcentajes o que se asocie implícitamente con inseguridad alimentaria.

A su turno, el viceministro de energía, Tomas González, se sumó a la crítica de los proyectos anteriores; en sus cálculos, «los extranjeros tienen capital, en un sector que este año requiere inversiones por 6 mil millones de dólares, de tecnología, porque hay actividades que solamente se pueden realizar con equipos extranjeros, y además competencia, porque sin la participación internacional no se lograrían las mejores condiciones para el país.»

Al presentar la iniciativa para regular la IE en el campo, los Ministerios de Agricultura y del Interior plantean como defensa no tener claridad sobre cuantas tierras están en manos de extranjeros y tampoco conoce que hacen con ellas. Restrepo ha dicho que «no hay censo todavía. Queremos establecer el registro, tanto de las inversiones que hay como las que lleguen». Y en las proyecciones inmediatas, anuncia cerca de 1.000 millones de dólares que están parqueadas por falta de seguridad jurídica.

Inversión Extranjera en la tierra convertida en botín de las transnacionales.

La IE y las ganancias que obtienen las transnacionales son indicadores que bien expresan la extranjerización de la tierra, la desnacionalización de la economía, la entrega sumisa y subordinada de nuestros recursos naturales y la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio. También da cuenta de las nuevas espacialidades del capitalismo buscando incrementar sus negocios, esta vez, de cuenta de la tierra por fuera del triangulo de oro: Bogotá, Cal, Medellín. O del polígono del desarrollo sumando Barranquilla a los tres anteriores.

La confianza inversionista y la atracción de capitales se hace a cualquier costo en desfavor de los intereses del Pueblo colombiano. No deja de ser indignante el dato que nos proporciona Moreno Rivas: el valor de las utilidades y dividendos remitidos al exterior como proporción de la inversión extranjera creció entre 2000 y 2011. Así, la extracción de rentas pasó de 28 dólares por cada 100 de inversión extranjera en 2002, a 107 dólares en 2011: un balance nítidamente negativo para la economía nacional, sostiene el investigador.

A octubre de 2012, la IE ya había superado el total de 2011 cuando alcanzó los 13.3 mil millones de dólares. Según el ministro Restrepo, en la agricultura solo alcanzó el 1.5% de ese total, calculado en 150 millones de dólares. Días antes había contabilizado el 2%. Él cita al Banco de la República, aunque éste informa que fueron 156 millones de dólares y en 2010 sumaron 67. Pero bueno, si acepta que no sabe quiénes son, dónde están y qué hacen con la tierra, menos conoce cuánto invierten y menos aún la explotación y las ganancias del saqueo. Solo debe conocer lo que le ofrecen los lobistas a él y a los congresistas.

El punto es que el gobierno está empeñado en elevar la cifra de IE en el campo. Ya vimos al viceministro de energía mostrando la necesidad de 6 mil millones de dólares. El Ministro dice que hay frenados mil. Y cuando la Corte Constitucional tumbó los artículos del Plan de Desarrollo, el gobierno había lamentado el frenazo a 800 millones de dólares.

Sobre la extranjerización de la tierra, la revista Portafolio, presentó un informe que denominó «la Inversión Extranjera pone el ojo en el campo». Vale la pena la cita extensa que comienza con la alarma de la FAO sobre los negocios que llevan a la propiedad extranjera sobre la tierra. No solo por que los inversores se llevan la comida para sus países, sino, por que están sembrando para biocombustibles como veremos más adelante.

Hace algunos meses, reporta Portafolio, «la multinacional estadounidense Cargill -la mayor comercializadora del mundo de materias primas agrícolas- emprendió en la altillanura colombiana un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta, y ya invirtió 100.000 millones de pesos en la compra de tierras.

En una visita al ministro Restrepo, un grupo de empresarios indios y chinos manifestaron su interés por comprar medio millón de hectáreas, traer la maquinaria y la mano de obra, producir cereales y exportarlos a sus países. Al final, el proyecto resultó poco viable y a algunos les despertó desconfianza.

Entre tanto, sí han avanzado negocios más aterrizados, a criterio de Portafolio: en Puerto Gaitán, la boliviana Mónica Semillas tiene 12.000 hectáreas, en las cuales ha hecho inversiones por 20 millones de dólares, representados en la compra de tierras, maquinaria, equipos, silos, adecuación de tierras, obras civiles, insumos, semillas e infraestructura. Otra inversión está en Pivijay (Magdalena), donde el grupo empresarial israelí Merhav ha invertido 300 millones de dólares en la compra de 10.000 hectáreas, en las obras civiles y en la evaluación de las variedades de caña que se sembrarán para poner en marcha un proyecto de etanol. (Sobre los biocombustibles diremos algo más abajo).

A esto se suma que en el Magdalena Medio, el Grupo Ingacot (Argentina) explota no menos de 1.000 hectáreas de cultivos de soya y maíz, pero no en tierras compradas, sino tomadas en arriendo a sus propietarios. En el sector forestal, son 100.000 las hectáreas en manos de la sueco-ecuatoriana MS Timberland Holdings (Reforestadora El Guásimo), la europea Smurfit-Kappa, las chilenas Compañía Agrícola de La Sierra y Reforestadora del Sinú, y los fondos de inversión multinacionales Inverbosques y Forest First.

Entre los potenciales inversionistas, también se cuentan los grupos André Maggi (Brasil) y Los Grobo (Argentina), de propiedad de Blairo Maggi (gobernador del estado de Mato Grosso) y de Gustavo Grobocopatel. Estos dos empresarios, por el volumen de sus negocios y áreas sembradas, han sido llamados los reyes del cultivo de la soya de Brasil y Argentina, respectivamente.

Lo anterior por el lado de los extranjeros. Los capitalistas criollos no se quedan de brazos cruzados. De hecho, no es difícil pensar que detrás de las iniciativas legislativas para restringir la IE, se encuentren agazapados los intereses de la oligarquía y capitales criollos, para que sean estos los que realmente exploten los agronegocios. No sería la primera vez. Detrás de una supuesta dignidad nacionalista, o el supuesto interés por defender los campesinos, sirve de cortina para los propósitos de los empresarios que se ven amenazados por la invasión que niega el ministro.

El interés de los empresarios colombianos por el campo, fue planteado por el Secretariado de las FARC en Oslo: «Ahora han aparecido unos tales «nuevos llaneros» que de llaneros no tienen nada, como los magnates Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo (hijo), los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el ex vicepresidente Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital), los hijos de Uribe Vélez, entre otros filibusteros, que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que sólo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura.»

Como podemos leer en el texto citado en el párrafo anterior, allí se hace alusión directa a los terratenientes Eder del Valle del Cauca. En ése momento, De la Calle reviró diciendo que no fue de buen recibo la alusión a nombres. Y en entrevista a Francisco Santos, María Isabel Rueda le pregunta: «Entre los mencionados en la rueda de prensa estuvo la familia Éder, del Valle del Cauca. Ni siquiera tuvieron cortesía con Alejandro Éder, uno de sus miembros, actualmente alto consejero para la Reintegración, quien estaba sentado detrás, como enviado del Gobierno… «

Sobre éste grupo, Dinero escribió: «La internacionalización de la agricultura colombiana tiene un símbolo: el Grupo Manuelita,» cuyo presidente es Harold Eder. El análisis de la publicación plantea que mientras los extranjeros quieren venir por nuestra tierra, los nacionales buscan lo propio en otras latitudes. Buscan, claro, pero no significa que abandonen sus negocios aquí, como veremos por ejemplo con los biocombustibles en el siguiente aparte. Dicho sea de paso, el tema de la internacionalización es nombrado en el artículo 68 del proyecto de ley de Desarrollo Rural.

¿Tierra para qué?: «7 millones de hectáreas para biocombustibles»

Vimos en el punto anterior la tierra para quién. La pregunta en éste, es tierra para qué. El centro de la respuesta es presentado por Secretariado: «dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles.»

Así lo demuestra el más reciente estudio de Asocaña y Fedebiocombustibles que calculó en Colombia 7 millones de hectáreas para biocombustibles producto de caña de azúcar y palma africana. El país se perfila como el segundo mayor productor de biocombustibles en la región; en etanol, después de Brasil, y tercero en biodiesel, después de Argentina. Dicho sea de paso, el gobierno ha insistido que el modelo a seguir es el brasilero.

El sector de la caña de azúcar, al cual pertenece Manuelita de los terratenientes Eder, tiene un área cultivada de unas 223.905 hectáreas, y produjo el año pasado 336,95 millones de litros de etanol; tiene proyectado un volumen de 370 millones de litros para 2012. Por su parte, el sector de las palmas de aceite, con un área de 427.367 hectáreas sembradas, produjo el año pasado 443.037 toneladas de biodiesel.

Pero no son solo los empresarios privados los que en lugar de comida, producen biocombustibles adentro y afuera. La estatal petrolera Ecopetrol, debutó en el negocio con el primer barril de biodiesel en Ecodiesel Colombia. Con esta empresa, Ecopetrol y un grupo de palmeros del Magdalena Medio entran en este mercado. Recordemos aquí el informe de Alfredo Molano sobre la siembra de palma africana en el Catatumbo y la relación con el paramilitarismo.

Oficialmente se informa que hace tres años nació Ecodiesel Colombia, cuyo capital es 50% de Ecopetrol y 50% de siete empresas palmeras del Magdalena Medio. Los socios de Ecopetrol en el proyecto son: Extractora Central S.A., Palmas Oleaginosas Bucarelia, Extractora Monterrey, Oleaginosas Las Brisas, Palmeras de Puerto Wilches, Palmas del Cesar y Agroince Ltda. y Cía. S.C.A.

La planta producirá 100 mil toneladas de biodiesel por año, equivalentes a unos 2 mil barriles por día. En la Refinería de Barrancabermeja al diesel convencional se le mezcla un 2% de biodiesel procedente de Ecodiesel. Eso es lo que se conoce en el sector de biocombustibles como «mezcla B2». Las siete plantas en operación están cargando 400 mil toneladas de aceite de palma al año para producir el biodiesel que hoy consume Colombia. En palabras del Secretariado, con los que se alimentan los automóviles.

A propósito de éste tema, el 24 de agosto de éste año, El Tiempo resaltó en una editorial la preocupación de Peter Brabeck, presidente de Nestlé, el mayor grupo alimentario del planeta. Este personaje «instó a gobiernos y políticos del mundo a ponerle fin al uso de alimentos para producir biocombustibles». Más allá de las lágrimas de cocodrilo de Brabeck y de la casa editorial, -pues de ambos podemos dudar en sus verdaderas preocupaciones por el planeta y el hambre de millones de habitantes- lo que llama la atención son las cifras elocuentes sobre biocombustibles:

«A estas alturas, la mitad del maíz que produce Estados Unidos y el 60% de la canola europea hoy se usan con dicho fin. De acuerdo con Brabeck, esto ha presionado hacia arriba, en forma desproporcionada, los precios de los alimentos. Si tal factor se suma a los impactos negativos del cambio climático sobre la agricultura, resulta lógico que las principales fuentes de alimento del planeta ya no sean accesibles a todas las personas, sobre todo a las más pobres.»

Para ir cerrando, por ahora, imaginamos las cifras de las ofertas de los lobistas en el Congreso, las Cortes y en el Ministerio. Cifras no contabilizadas en los indicadores de IE, pero sí pagadas por transnacionales. Ha trascendido por ejemplo que, Mónica Semillas, Poligrow, Refosinú -filial de Falabella- y otras firmas locales que compraron más de 177.000 hectáreas sobrepasando los topes que reguló la Corte Constitucional, están contratando a ex – presidentes de las altas cortes para que sustenten jurídicamente la compra de tierras que han hecho en Colombia. Seguramente le hablarán al oído a sus ex – colegas.

Es falsa la preocupación de los partidos por la soberanía y los campesinos. Esos mismos han aplicado la receta neoliberal por más de 20 años. Esos mismos entregaron nuestro territorio a los Estados Unidos para la ejecución del Plan Colombia y la instalación de sus bases preparando el terreno para el asalto inversionista. Esos mismos han entregado nuestros recursos naturales a las transnacionales. Esos mismos han legislado en contra del Pueblo y a favor de la oligarquía. Han sido estos lo que han permitido la expansión de las empresas capitalistas de colombianos para que hoy se conviertan en translatinas. Si alguna contradicción o temor tienen con la IE, es la competencia a sus negocios por parte de capitales con más músculo que los internos.

Fuente: http://www.resistencia-colombia.org/index.php/pccc/2535-extranjerizacion-de-la-tierra