Las Corporación Solidaridad Jurídica, Organización defensora de Derechos Humanos, en nuestra calidad de sujetos de especial protección a la luz del derecho nacional e internacional, nos permitimos poner de manifiesto nuestra profunda preocupación por la muerte del prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan, recluido en el patio 8 del Barne-Boyacá. Denunciamos ante la comunidad nacional e […]
Las Corporación Solidaridad Jurídica, Organización defensora de Derechos Humanos, en nuestra calidad de sujetos de especial protección a la luz del derecho nacional e internacional, nos permitimos poner de manifiesto nuestra profunda preocupación por la muerte del prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan, recluido en el patio 8 del Barne-Boyacá. Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que por clara negligencia en la prestación de los servicios de salud, falleció el prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan:
Hechos
El prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan, identificado con cedula de ciudadanía número 74321939 y quien se encontraba recluido en el pabellón # 8 del EPAMSCAS del Barne-Boyacá sitio de agrupamiento de los prisioneros políticos como producto de los acuerdos establecidos entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC-EP.
Pese a una tutela en su favor y más de 8 meses de solicitud de atención médica, falleció hoy 22 de noviembre en el hospital San Rafael de Tunja.
Solicitudes y peticiones
Bajo esta circunstancia, exigimos para que de manera inmediata se ordene tomar las medidas necesarias Y SE ORDENE UNA INVESTIGACIÓN EXAUSTIVA que logre determinar las causas reales del fallecimiento del prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan, y en caso tal se ordenen las sanciones penales y disciplinarias en caso de haber responsabilidad por omisión médica o del cuerpo de custodia.
De igual forma reiteramos la solicitud de establecer una reunión de carácter urgente con las directivas del establecimiento y las instituciones de control delegados de la ONU y la OEA así como la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Pazy delegado de nuestra organización para aclarar las circunstancias en las que se presentaron estos lamentables hechos.
Hacemos un llamado a las autoridades penitenciarias así como al gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, el ministerio de Justicia, la Fiduprevisora y el INPEC para que se inicien las investigaciones y se establezcan responsabilidades ante esta repetida e infame situación.
A la comunidad nacional e Internacional a pronunciarse ante estos lamentables hechos.
Cordialmente
Corporación Solidaridad Jurídica