Camila Cienfuegos es guerrillera de las FARC-EP y miembro de la delegación que desde hace más de un año dialoga con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Desde la capital cubana es quien habitualmente se encarga de gestionar las relaciones con los medios de comunicación y sus peticiones. En la entrevista concedida a GARA a través de e-mail, aborda la situación de los hijos de los guerrilleros, de aquellos niños que han nacido en medio de la guerra.
La situación de los hijos de los guerrilleros, el destino de esos niños nacidos en medio de la guerra, a veces en plena selva, no acapara grandes titulares y ni tan siquiera suele figurar en la agenda mediática. Pero esa realidad desconocida y relegada es también parte del conflicto en Colombia. En respuesta al cuestionario enviado por GARA, la guerrillera y delegada de las FARC-EP en La Habana y también madre, Camila Cienfuegos, retrata un escenario de persecución, amenazas, exilio e, incluso, muerte por «el mero hecho de ser hijo de guerrilleros».
La también delegada Victoria Sandino ha afirmado en alguna ocasión que renunció a tener hijos incluso antes de entrar en la guerrilla, por lo «arriesgado que es tener un hijo en la selva tanto para la madre como para el resto de compañeros».
La renuncia a tener hijos no es un caso aislado de una guerrillera, es de la mayoría, lo hacen para preservar la vida propia y de la criatura. A lo largo de la violencia, padres y madres, luchadores populares, eran asesinados con sus hijos en brazos, que muchas veces corrían la misma suerte que sus padres. No es una exageración, basta revisar los diarios nacionales y regionales de los años 80 y 90 por mencionar un periodo, para confirmar que ha existido una práctica constante del terrorismo de Estado en Colombia. Los hijos e hijas de guerrilleros y guerrilleras son utilizados como mecanismo de presión para lograr la ubicación de sus padres, y si no logran quebrantar la moral del combatiente no les importa la suerte del menor; incluso cuando son niñas adolescentes, ponen agentes de inteligencia para que las enamoren, les prometen matrimonio hasta que llegue el momento que se les contacte, y cuando va a visitar a su ser querido, en esos momentos valiéndose de la confianza y el enamoramiento, les introducen micro-chips, y en cuanto tienen la certeza de que están con su familia, llega el bombardeo. Así han muerto padre, madre e hija.
Así que, tener un hijo o hija produce dolor y angustia, no solo por la renuncia de verlos crecer, de criarlos, de incidir en su formación, sino por la suerte que corren, por la persecución constante, por la presión social de estigmatización y marginación, por la guerra mediática a la que se ven enfrentados sin la más mínima posibilidad de contrarrestarla. En definitiva, se tiene que renunciar a amar a los hijos e hijas, a sentirlos, protegerlos, para posibilitarle un pequeño espacio con las personas que las cuidan, en el anonimato y clandestinidad.
¿En qué circunstancias se autoriza seguir con el embarazo?
Cuando está muy avanzado, es decir, si a partir de los tres meses no se ha producido la interrupción se deja continuar; igual si no hay condiciones de atención profesional que garanticen la seguridad de la combatiente. También ha ocurrido que la pareja tiene condiciones a través de sus familias de garantizar la estabilidad de sus hijo. En tal caso solicitan el permiso para un embarazo, y es determinación de los organismos superiores concederlo o no. Hay casos en los que por la confrontación misma la guerrillera queda embarazada, y es imposible interrumpirlo, así que es menos arriesgado seguir con el embarazo. Toda la guerrillerada ama profundamente a los niños y niñas, a los hijos de todos, porque son la expresión de cada uno de nosotros, son nuestros hijos, sobrinos, nietos.
En una de las reflexiones publicadas en la página web de las mujeres guerrilleras se denuncia la aplicación del «delito de sangre». ¿En qué se traduce?
Delito de sangre es el nombre que se le ha dado a la persecución, la tortura, el encarcelamiento o el asesinato de familiares -fundamentalmente hijos e hijas- de los que dedican su vida a la construcción de una sociedad mejor. En algunos casos, estos familiares tienen algún tipo de relación con el proceso de construcción; en otros no, y aun así reciben los embates del terrorismo de Estado. En el caso de los niños, la situación es igual de cruda. Lo importante a señalar aquí es que el motivo para cualquiera de estos actos en contra de la condición humana es, sencillamente, un vínculo familiar, en otras palabras, de sangre. Por poner algunos ejemplos de materialización de este fenómeno podemos mencionar los montajes que realizan los grandes medios de comunicación a familiares de líderes guerrilleros. Hijos de algunos camaradas muertos en combate han sido echados del trabajo, de la universidad, han perdido a sus amigos, son blanco de palizas, insultos, llamadas acusatorias y, en el peor de los casos, han tenido que salir del país, cambiar su identidad, negar todo vínculo familiar para preservar al menos la vida.
Otro ejemplo está relacionado con el cumplimiento obligatorio del servicio militar. Hermanos, primos, hijos de combatientes de las FARC-EP son asignados en la primera línea de combate para el cumplimiento de su servicio militar, condenándolos a una muerte segura a manos de nuestra organización.
Diversas e injustas son las formas en las que se expresa la condena por el delito de sangre.
¿Qué significa para ese menor ser hijo de guerrilleros? ¿Y para el resto de familiares, especialmente, para quienes se han hecho cargo de ese menor?
Los hijos de los guerrilleros, si tienen la posibilidad de crecer en Colombia, viven en el anonimato. Reciben la influencia de los medios de comunicación que a veces logran convencerles de que sus padres son unos seres despreciables que los abandonaron a su suerte. Eso depende en gran medida de quién está cuidando al menor. Si son personas que tienen conciencia social, que entienden la situación de los padres guerrilleros y las motivaciones de ellos para estar en la guerrilla, se logra contrarrestar ese efecto nocivo de los medios y la presión sicológica que éstos ejercen sobre el menor. También hay muchos hijos de guerrilleros o guerrilleras que asumen la lucha revolucionaria, se vinculan al Movimiento Bolivariano, a las milicias o a las mismas filas guerrilleras.
Aparte de la carga emocional de no disfrutar de la presencia física de sus padres, tienen que soportar la persecución constante por parte de los servicios de inteligencia del Estado, quienes tratan de convencerlos, a punta de chantaje, amenazas o dinero, de entregar a sus propios padres, o de dar información sobre el paradero de ellos. Eso se extiende a las personas que están encargadas de criarlos y educarlos. Muchos de ellos han terminado en la cárcel, acusados de auxiliadores de la guerrilla, basándose en montajes judiciales o suposiciones. Muchas veces, el Estado hace allanamientos en las casas; cualquier cartica o fotico puede ser la prueba reina para mandarlos a la cárcel o, si no lo logran, aparecen los paramilitares para atemorizarlos y agredirlos físicamente. Muchos guerrilleros dan testimonio de sus familiares desaparecidos, secuestrados, torturados, por no querer colaborar con el Estado. En mi caso particular, el Ejército y los paramilitares han violentado mi familia. Algunos están en el exilio, otros fueron desterrados de sus tierras. Padres y hermanos muertos, una prima menor de edad fue desaparecida. Familiares cercanos fueron torturados y asesinados por el mero hecho de haber cuidado a mi hija cuando era bebé.
Afirman que «de ser hijo o hija de combatientes que tengan cierta vida pública, la presión aumenta». ¿En qué sentido?
Al ser una persona pública, se vuelve más importante para el Estado quebrantar su voluntad de lucha, lo que aumenta la presión sobre las familias. Pero ésta no es la única presión que sienten las familias; también aumentan la presión social de su entorno, el sentimiento de inseguridad y las agresiones físicas y verbales. En otras palabras, existe cierta exclusión social.
Al inicio de los diálogos hace un año, la delegación de las FARC denunció presiones por parte de policías a familiares de una guerrillera para que facilitaran información sobre el paradero de un guerrillero, amenazándoles incluso con quitarles la custodia de sus hijos. ¿Contribuyó la denuncia pública e internacional del caso a aminorar las presiones?
Es el caso específico de la guerrilla Mireya, las amenazas pararon a raíz de la denuncia pública. Sin embargo, este tipo de casos se siguen presentando con familiares de otros guerrilleros y guerrilleras. La denuncia pública sí ejerce cierto efecto, pero en la mayoría de los casos los familiares prefieren guardar silencio porque tienen miedo y no están dispuestos a salir de sus tierras, de los lugares donde trabajan, del país. El exilio es una consecuencia casi inevitable de una denuncia nacional e internacional y no todo el mundo está dispuesto a ello.
En el caso de las madres presas, ¿en qué condiciones están?
Las cárceles en Colombia, tanto de hombres como de mujeres, están en condiciones de hacinamiento, hay una situación sanitaria deplorable y una falta permanente de asistencia médica. En el caso de una embarazada que cae presa, esas condiciones donde existen todo tipo de agresiones se vuelven más duras.
Cuando cumplen tres años, los niños son separados de sus madres, algunas veces entregados al Instituto Colombiano Bienestar Familiar, si la prisionera no cuenta con familiares cercanos que se puedan hacer cargo de ellos. La situación es similar a la de los niños que tienen sus padres viviendo en la guerrilla, con el agravante de que cuando crezcan, adquieren conciencia de que sus madres están sufriendo. Hay un alejamiento calculado y sistemático de las prisioneras. Es decir, las trasladan a cárceles diferentes permanentemente para que los hijos (y otros familiares o amigos) no las puedan visitar, así pierden todo contacto.
Las llamadas telefónicas son constantemente monitoreadas y se convierten en elementos de chantaje a los hijos y familiares, como prueba de que son auxiliadores de la guerrilla. Todo esto genera una falta de estabilidad emocional para los niños y niñas; es un drama por el cual pasan todos los hijos de presos.