Fuertes protestas en el Congreso colombiano por parte de familiares de asesinados por paramilitares acompañaron hoy las intervenciones de dos cabecillas de esos grupos de extrema derecha en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. La presencia del jefe del Estado Mayor de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y del […]
Fuertes protestas en el Congreso colombiano por parte de familiares de asesinados por paramilitares acompañaron hoy las intervenciones de dos cabecillas de esos grupos de extrema derecha en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.
La presencia del jefe del Estado Mayor de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y del líder político de esa agrupación, Ernesto Báez, estuvo marcada por las consignas y gritos de familiares de sus víctimas desde las barras del legislativo.
Al término del discurso de Mancuso, se elevó el tono de las protestas que obligaron a Báez a subir el tono de su voz para hacerse escuchar por los asistentes, hasta que la presidencia de la Cámara de Representantes decidió recurrir a la policía para que desalojara a los manifestantes.
Entre estos últimos destacaba Dalia Solano, esposa del senador de izquierda Manuel Cepeda, asesinado hace una década por los paramilitares, quien pedía a gritos no dejar impunes los crímenes contra unos tres mil militantes del partido Unión Patriótica por las AUC, desde la década del 80 del pasado siglo hasta el presente.
«La sangre de las víctimas grita. No puede haber paz a costa de la impunidad», exclamó la mujer mientras era sacada del inmueble por la policía.
Fuera del recinto, decenas de personas -vestidas de negro- expresaban su rechazo a la presencia en el Congreso de Macuso, Báez y el veterano jefe paramilitar Ramón Isaza, quienes recibieron salvoconductos del gobierno, que además puso a la disposición de los cabecillas de las AUC un avión de la Fuerza Aérea Colombiana.
Tras los discursos de los paramilitares, algunos legisladores, como el representante a la Cámara Gustavo Petro, manifestaron su oposición, más aún porque en sus intervenciones, los responsables de miles de asesinatos y masacres no expusieron ningún plan para la justicia, la verdad y la reparación.
Todo lo contrario, apuntó Petro, lo que vinieron a decir aquí es que no irán a la cárcel y que la culpa de sus acciones es de las fuerzas guerrilleras y del Estado, incapaz de defender los intereses de terratenientes, ganaderos y otros acaudalados miembros de la sociedad colombiana, quienes crearon los grupos paramilitares.
Para algunos analistas, la desfachatez de Mancuso (sobre quien pesan 10 órdenes de captura) llegó al extremo de presentarse como un «creyente en Dios, padre de familia y un empresario empujado al conflicto» por la incapacidad del Estado de defender a su familia de los ataques de la guerrilla.
En resumen, las fuentes estiman que la participación de los paramilitares no logró el objetivo de darle credibilidad al proceso de paz que, desde el pasado 1 de julio, realizan el gobierno y las AUC en una Zona de Ubicación (despeje) en el noroeste del país.
Tan es así, que hasta el propio vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, tuvo que admitir que «el proceso de paz con las autodefensas tiene un grave problema de credibilidad».
Santos atribuyó lo anterior a que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta este momento no ha ejercido la función de veedor como tiene que ser y a que el compromiso de las AUC no ha sido total.
«No nos digamos mentiras, (los paramilitares) han seguido asesinando, han seguido cometiendo violaciones a los derechos humanos, poniendo al gobierno entre los palos», admitió el vicepresidente.