En el marco de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las organizaciones de familiares de este crimen atroz y perpetrado de manera sistemática en Colombia en contra de más de 45.000 personas en el país, se reunieron con representantes de la comunidad internacional, de la Naciones Unidas y miembros del […]
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las organizaciones de familiares de este crimen atroz y perpetrado de manera sistemática en Colombia en contra de más de 45.000 personas en el país, se reunieron con representantes de la comunidad internacional, de la Naciones Unidas y miembros del Congreso comprometidos con los derechos humanos, ante los cuales presentaron la situación actual del crimen de desaparición forzada, la ineficacia de los mecanismos estatales para prevenir y luchar contra este fenómeno y el estado de impunidad estructural de este delito.
Ante representantes de las Embajadas de Suecia, Suiza, Alemania, Francia y el Embajador de Noruega, y el Delegado Adjunto de la Oficina de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, las Organizaciones de familiares de personas víctimas de desaparición forzada señalaron que de los más de 45.000 casos de desapariciones forzada registradas en el país, los afectados por este delito son jóvenes en un 25% de los casos en tanto un 17% de las víctimas corresponden a mujeres. Sin embargo, anotaron que hay una falencia continuada de las entidades estatales para consolidar sus estadísticas, pues reposan cerca de 69.300 casos en las diferentes instancias de la Fiscalía, en tanto solo se contabilizan cerca de 21.000 casos en el Registro de Medicina Legal. La impunidad es de mas del 95% de los casos y no hay una estrategia de priorización dentro de la Fiscalía sobre el tema de la desaparición, que permita avanzar en las investigaciones e individualizar a sus perpetradores, como tampoco hay esfuerzos efectivos para llevar a cabo la búsqueda de los desaparecidos, dejando en el abandono a las víctimas. Es preocupante que en el marco de las negociaciones para poner fin a 50 años de conflicto armado el Estado Colombiano siga omitiendo su obligación de búsqueda de los desaparecidos (as) y dejando de impulsar los procesos de investigación, señalaron los familiares de las personas desaparecidas.
Rechazaron la continua persecución que da contra las organizaciones de familiares de personas desaparecidas y contra quienes denuncia este tipo de crímenes, tal y como viene sucediendo contra integrantes de la Fundación Nydia Erika Bautista, contra miembros de Familiares Colombia y contra familiares que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE y los desplazamientos forzados a familias por haber denunciado donde podrían encontrarse los cadáveres de sus seres queridos, tal y como ha acontecido en el Valle del Cauca.
«Vemos con esperanza que se haya incluido en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pactada en al Habana, el tema de la Desaparición Forzada, pero solicitamos la conformación de una Subcomisión dentro de la Comisión de la Verdad para la búsqueda de las personas desaparecidas, que sea un mecanismo eficaz para buscar vivos a las personas que fueron desaparecidas por razones políticas o por razón del conflicto armado», expresó Yannethe Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista. Solicitó además que se establezca un Programa Nacional de Identificación para los más de 20.453 cadáveres de personas que permanece sin identificar en diferentes cementerios del país.
Las organizaciones de familiares que hacen parte de la Mesa sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos exigieron además avances firmes en las investigaciones judiciales y disciplinarias, que permitan la Individualización y sanción de los responsables de estos crímenes, y expresaron rechazo a que crímenes de desaparición forzada se tramiten bajo el fuero penal militar mediante diferentes figuras (secuestros, tomas de reuniones, detenciones ilegales) previstas en la reciente reforma que amplió la competencia de la Justicia Penal Militar.
Al denunciar la situación de desapariciones forzadas en los departamentos de los Llanos Orientales, Isabel Ortigoza de la Corporación Socio-Jurídica Orlando Fals Borda, reconoció que se han llevado a cabo algunas exhumaciones e identificación de personas que estaban desaparecidas, pero que los esfuerzos estatales son tan insuficientes que harían falta mas de 143 años para entregar los cadáveres de solo 5 de esos cementerios con fosas comunes en esta región, donde se han documentado recientemente más de 2.000 cadáveres: «Muchos de los casos son casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que en la gran mayoría han reportado los casos como si tratara de personas muertas en operaciones militares».
Refiriéndose a la situación de las desapariciones en la ciudad de Medellín, Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, resaltó como un logro de las familias de las personas desaparecidas que luego de 13 años de reclamos por fin el Estado haya procedido a realizar las excavaciones para hallar las personas desaparecidas en el sitio denominado la Escombrera, donde por más de una década las autoridades autorizaron que cientos de miles de toneladas se depositaran sobre el lugar donde cerca de 300 personas fueron enterradas tras haber sido detenidas y desaparecidas luego de la Operación Militar Orión, en la cual fuerzas conjuntas de la IV Brigada del Ejército, la Policía Nacional y paramilitares del Bloque Cacique Nutibara detuvieron, desaparecieron y asesinaron cientos de ciudadanos de la Comuna 13 de Medellín, con la cual se dio comienzo a la denominada Política de Seguridad Democrática, al comienzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Siendo la Escombrera la mayor fosa común de personas desaparecidas en zonas urbanas del continente, pidieron no solo mayores esfuerzos para hacer efectivas la exhumación e identificación de las personas desaparecidas allí enterradas, sino que además pidieron que se investigue, enjuicie y sancione a los responsables de este crimen cometido de manera sistemática entre el 16 de octubre y el 25 de noviembre de 2002. De entre las víctimas que allí fueron enterradas, la Corporación Jurídica ha documentado los casos de al menos 104 victimas. Allí, los paramilitares siguen actuando y constituyen una gran amenaza para las familias que hacen veeduría a las excavaciones.
La desaparición forzada es un crimen que se continua cometiendo en distintas regiones del país, tal y como sigue sucediendo en Buenaventura, Tumaco o Quibdó, en la región del Pacífico colombiano. Luz Dary Santisteban de la Fundación Madres por la Vida denuncia que en Buenaventura la Fiscalía lleva a cabo algunas exhumaciones, pero con una política selectiva y falta de avances, que deja por fuera inexplicablemente muchas familias. Menciona que las desapariciones en los últimos 5 años suman centenares en los Ríos Raposo, Anchicayá y Yurumanguí y distintos barrios de Buenaventura, donde el terror sobre los familiares que denuncian lo siguen ejerciendo los paramilitares.
Pilar Navarrete, de los Familiares del Palacio de Justicia, denunció que a 30 años de haberse perpetrado las desapariciones forzadas en Palacio de Justicia, sus perpetradores no han contado la verdad para permitir encontrar sus seres queridos, no hay sentencias en firme contra los máximos responsables, y por el contrario se evidencian maniobras para poner fin a los procesos en medio de la impunidad.
Las organizaciones de familiares que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, denuncian que a pesar de que por ley se creo una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual fue creada por iniciativa misma de las víctimas, esta no entidad no ha cumplido su papel en el ejercicio de sus funciones de ayudar en la búsqueda y promover las investigaciones sobre las personas desaparecidas, pues las entidades con mayor responsabilidad en el tema, como la Fiscalía y sobre todo la Procuraduría, no tienen ninguna prioridad en buscar a sus seres queridos ni avanzar en las investigaciones para enjuiciar a sus máximos responsables.
En este sentido, dicen las víctimas, La Comisión ha llegado a representar un mecanismo más de impunidad. Para organizaciones de familiares de víctimas con representación en esta Comisión, ha sido difícil cumplir allí su papel, y especialmente llevar a cabo su objetivo de que los miembros de las entidades de la Comisión le dieran la cara a los familiares de las víctimas en las regiones. Aunque se llevaron a cabo 10 audiencias en diferentes regiones del país con funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría (encargados de los procesos penales y disciplinarios respectivamente), las expectativas de las víctimas sobre los procedimientos para buscar sus familiares fueron decepcionantes e igualmente conocer del prácticamente nulo avance en las investigaciones.
La hostilidad en contra la delegada de la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas ante la Comisión, por parte de los representantes del Defensor del Pueblo y el Ministerio de Defensa y la toma de decisiones cuestionables en la ausencia de la representante, han generado un clima adverso para la continuidad en este espacio por lo cual las organizaciones están considerando seriamente repensar su continuidad en este espacio, que tampoco rinde cuentas del ejercicio de su labor ni presenta regularmente los informes sobre la efectividad de sus funciones.
Las organizaciones anuncian que en acuerdo con congresistas comprometidos con los derechos de las víctimas se llevará a cabo un debate de control político sobre el tema de las obligaciones estatales de búsqueda e investigación sobre los casos de desapariciones forzadas, que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre.
La organización de acompañamiento forense a las víctimas «Equitas» resaltó que para que la identificación de las personas reportadas como desaparecidas sea efectiva es necesario robustecer el proceso de investigación preliminar (ante mortem), una participación activa de las víctimas en la toma de información adecuada y oportuna sobre los hechos que rodearon la desaparición. Se requieren además sistemas de información que permitan cotejos masivos de datos aleatorias que faciliten al Banco Genético lograr mas fácilmente la identificación de los desaparecidos, fortalecer la presencia en las regiones del Instituto Nacional de Medicina Legal y la capacitación de otras entidades estatales que permita tomar las muestras genéticas que apunten a la identificación de personas desaparecidas, lo mismo que estrategias de seguimiento y control sobre las personas no identificadas que permanecen en los cementerios públicos en el país con un plan de intervención y de conservación adecuada de estos restos para poder implementar estrategias de identificación, obligando a que se destine presupuesto por los municipios, gobernaciones y ministerios para esta labor. La facilidad para declarar territorios donde ha sido insuficiente o nulo el esfuerzo por excavar o hallar e identificar los desaparecidos, atenta contra la verdad a que tienen derechos los familiares. En este sentido, la declaración de «santuarios de la memoria» debe ser la última opción, mucho mas teniendo en cuenta la práctica de inactividad estatal en la búsqueda de las personas desaparecidas.
Al igual que en Medellín y Buenaventura, las familias que emprenden acciones para encontrar sus seres queridos, denunciaron problemas de seguridad para los familiares en Casanare, en Recetor y Chámeza, donde se presentaron mas de 300 casos de desaparición, solo en esos 2 pequeños municipios. El paramilitarismo continua haciendo presencia e intimidando a los familiares.
El Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Dr. Guillermo Fernández anotó que a pesar de la legislación y jurisprudencia avanzada en Colombia sobre la desaparición forzada la realidad muestra fallos en la operación de estos compromisos e insuficiente voluntad política. Es clave una política pública integral para la búsqueda de los desaparecidos, multiplicando los fondos para esta labor.
Los congresistas Alirio Uribe y Ángela María Robledo, respectivamente del Partido Polo Democrático y del Partido Verde, anunciaron la proposición de una Audiencia de control político en el Congreso de la República en el que se pretende que las entidades estatales rindan cuentas de sus obligaciones de búsqueda de los desaparecidos y de efectividad en las investigaciones, donde además se deberá evaluar el mecanismo de la Comisión de Búsqueda y conocer que va a pasar con el nuevo mecanismo previsto en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad
Finalmente el señor Embajador de Noruega Lars Vaagen resaltó el compromiso de las organizaciones de familiares, manifestó su asombro por la poca eficacia de los mecanismos estatales con responsabilidad en este ámbito, y destacó el enorme amor de los familiares por sus desaparecidos expresado en su persistencia de la lucha por encontrarlos. Enfatizó que la base para un proceso de paz no puede ser otra que la plena efectividad de los derechos humanos en Colombia, para lo cual resulta clave la fortaleza de redes como la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Igual respaldo dio la delegada de la Embajada de Suecia, anunciando que en la nueva estrategia de cooperación de Suecia el tema de los derechos humanos sigue siendo crucial.
El día 30 de Agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada fue conmemorado en Bogotá con diferentes galerías de la Memoria con las cuales las organizaciones de Familiares recordaron la memoria de sus seres queridos, y exigieron una vez más al Estado acciones eficaces para su búsqueda, y para que se adelanten investigaciones que permitan aclarar los casos y llevar ante las justicia a los perpetradores de la desaparición de más de 45 personas en Colombia.