Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denunciaron, en comunicado divulgado hoy (28) y datado de 23 de junio, la muerte de 11 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que estaban retenidos desde 2002. El Comando Conjunto de Occidente de las FARC anunció que los legisladores habían sido muertos el día 18 […]
La entidad rebelde destacó que siempre fue prioridad mantener la integridad física de los detenidos: «Desde el momento en que se planificó el operativo de retención, así como durante su desarrollo y en el transcurso de estos 5 años, fue prioritario para nosotros mantener la integridad física de todos ellos en medio de los permanentes operativos de rescate y de otro ataque a los diputados por parte del ejército, en otro campamento, de donde habíamos logrado sacarlos sin novedad». Los insurgentes acusan «la demencial intransigencia del presidente Uribe» de provocar la tragedia. El Gobierno colombiano declaró que no tuvo conocimiento sobre ninguna acción de rescate a esos congresistas.
En comunicado, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) repudió y condenó los asesinatos de los legisladores. «La Comisión expresa sus sentimientos de condolencia y solidaridad a los familiares de las víctimas a quienes los acompaña en su dolor», dijo el texto. La organización pide a las FARC que faciliten la intervención humanitaria para permitir la entrega de los cadáveres. Además, solicita a la entidad rebelde y al Gobierno Nacional que encuentren una salida de carácter humanitario que posibilite la liberación de los secuestrados. Requiere también que las autoridades competentes realicen una investigación que esclarezca la realidad de lo sucedido.
Por su parte, los familiares de las víctimas y grupos humanitarios, reaccionaron a la muerte de los congresistas del Valle del Cauca y expresaron su dolor y rechazo por los hechos, responsabilizando al Gobierno de Uribe por su «falta de voluntad política» para lograr un canje humanitario y a las FARC, por su «intransigencia».
Los diputados regionales fueron integrados al grupo de 56 rehenes que las FARC pretenden canjear por más 500 rebeldes presos y entre los cuales se encuentra Íngrid Betancourt, que fue candidata presidencial en 2002, secuestrada junto con Clara Rojas, aspirante a la vicepresidencia en su candidatura. Los familiares de Betancourt piden a las autoridades de España, Francia y Suiza que intervengan para impedir nuevas operaciones de rescate que pongan en peligro la vida de los secuestrados.