Liberarán al mayor de la Policía Guillermo Solórzano, al cabo del Ejército Salín Sanmiguel, al infante de marina Henry López Martínez, y a los presidentes de los concejos municipales de San José del Guaviare, Marcos Vaquero y de Garzón Huila, Armando Acuña, como gesto de «desagravio a la senadora de la Paz».
El Secretariado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunció en una carta pública dirigida a la senadora Piedad Córdoba, difundida este 8 de diciembre a través de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) que liberarán al mayor de la Policía Guillermo Solórzano, al cabo del Ejército Salín Sanmiguel, al infante de marina Henry López Martínez, y a los presidentes de los concejos municipales de San José del Guaviare, Marcos Vaquero y de Garzón Huila, Armando Acuña, como gesto de «desagravio a la senadora de la Paz», que ha sido objeto de persecución y hostigamiento incesante de parte del establecimiento colombiano y fue recientemente inhabilitada de sus funciones como senadora por el Procurador General de la República, una retaliación que ha valido la condena internacional y ha aumentado si cabe el reconocimiento de una de las personalidades que más esfuerzos ha realizado para allanar el camino del intercambio humanitario y de la paz dialogada y con justicia social en Colombia.
Aunque no especifican la fecha de la liberación, las Farc señalan que dependerá de «las garantías que otorgue el Gobierno para que la senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados».
«La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo. Si persiste la injusticia, nadie podrá impedir que se levante en Colombia un poderoso movimiento por la paz liderado por sus hijos e hijas más preclaros», dice el comunicado.
Las Farc también aseguran que mantiene el interés de hacer un canje de prisioneros.
Uno de los posibles liberados es el mayor de la Policía, Guillermo Javier Solórzano Julio, un cartagenero que tiene 34 años y es padre de una hija. Ingresó a la Policía en 1993 y ha prestado servicio en los departamentos de Policía de Bolívar, Cauca y Valle y en la Dirección de Inteligencia, en su hoja de vida reposan 97 condecoraciones y menciones especiales.
En el momento de su apresamiento era Capitán y estaba al comando de de la Estación de Policía de Florida (Valle). Las Farc lo tomaron como rehén la noche del 4 de junio de 2007 en zona rural del municipio de Miranda (Cauca), junto con el comerciante Humberto Loaiza, empresario dedicado a la explotación de chance y lotería, y a su hijo Carlos Humberto de 18 años.
El empresario Loaiza y su hijo ya fueron liberados y el Mayor Solórzano fue incluido en la lista de militares y policías que las Farc quieren cambiar por guerrilleros presos.
«Nosotros esperamos ahora que el gobierno facilite las cosas y permita la entrega de los secuestrados a la señora Piedad Córdoba», afirma Angelica López, esposa de Salim Sanmiguel Valderrama, cabo del Batallón Jaime Rook, adscrito a la Sexta Brigada con sede en Ibagué.
Este suboficial de 26 años, oriundo de Ibagué fue capturado por las Farc el 23 de mayo d 2008 en zona rural del municipio de Cajamarca (Tolima), cuando desarrollaba operaciones militares en la zona de El Tambo.
«Ojalá que el gobierno le de la atuorización a doña Piedad para que ella pueda seguir adelante con los trámites de la liberación de mi esposo y de los demás secuestrados», agrega Angelica López, que reside en Bogotá. Dice que toda la familia del suboficial está feliz con el anuncio y «no caben de la dicha».
«Estos han sido años muy difíciles, de mucho sufrimiento por no saber qué suerte ha corrido Salim», dice Angelica, y explica que la última prueba de supervivencia la tuvo su familia en abril pasado.
Por su parte Hilda Valderrama, tía del cabo Salim Sanmiguel, residenciada en Ibagué, confía que la liberación se de de manera rápida par que el cabo «pueda pasar la Navidad y fin de año con su familia».
«Nosotros ahora le estamos pidiendo a Dios para que todo el trámite de la liberación no tenga obstáculos, o si los hay, se puedan solucionar para ponerle fin a este sufrimiento», afirma la tía del cabo.
Reproducimos a continuación el contenido completo de la carta enviada (sin editar) a la senadora Córdoba:
Doctora
PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá
Cordial saludo
Impulsados por el más justificado imperativo ético nos dirigimos a usted para expresarle, en este momento crucial de su vida política, nuestra solidaridad incondicional frente al brutal atropello de la Procuraduría General de la Nación contra su esfuerzo humanitario por la paz de Colombia.
La decisión del Procurador Alejandro Ordoñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la para – política en Colombia.
El país nacional no puede permitir que se abra paso la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto. Ordoñez actúa contra derecho. Es más prevaricador que Procurador. Al inhabilitar por 18 años a la senadora, pretendiendo su muerte política, no sólo se extralimita usurpando funciones propias del Consejo de Estado; además sustenta su miserable decisión en los supuestos datos de un computador, que no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la policía, violándose así la cadena de custodia.
En este caso no hay derecho a la defensa ni al debido proceso. Nadie ha vencido en juicio a Piedad Córdoba. Constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia.
La actuación del «Prevaricador General», que convierte en delito la lucha por la paz, lo evidencia como mandadero torpe e incauto. La senadora Córdoba no solamente actuaba con el aval del ejecutivo; ella ha obrado en el marco de la Constitución, que consagra como derecho y deber, la búsqueda de la paz.
El engañoso término de la FARC-política fue una invención del cabecilla paramilitar que ocupó la presidencia de la República durante ocho años, como desesperado recurso para desviar la atención sobre su responsabilidad penal en caso de la para – política.
El proceso de la para-política está referido a votos y a proselitismo armado de grupos paramilitares a favor de unas candidaturas al Congreso. El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, se ufanó en su momento de que su facción había logrado elegir más del 30 por ciento de los congresistas colombianos. El paramilitarismo también contribuyó a elegir al presidente de la República en dos oportunidades, a través de presiones, fraudes electorales y financiación en dólares.
No puede haber proceso de FARC-política, porque nunca hemos orientado votar por Piedad Córdoba. No hemos participado en debates electorales desde que la intransigencia oligárquica del país masacrara a la Unión Patriótica.
En el intercambio epistolar sostenido con la senadora en torno a la solución política del conflicto, siempre hemos sostenido que el acuerdo de paz que surja de la mesa de conversaciones FARC-gobierno, debe ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente, que le dé fuerza constitucional a los mismos, a fin de que se asegure por esa vía, la aclimatación de la paz. En el manifiesto de las FARC, documento en el que exponemos la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, invitamos al país a trabajar por la construcción de una alternativa política hacia la paz, propósito que hoy reiteramos.
La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo. Si persiste la injusticia, nadie podrá impedir que se levante en Colombia un poderoso movimiento por la paz liderado por sus hijos e hijas más preclaro s.
Como un gesto de humanidad y de desagravio a la senadora de la paz , liberaremos a los siguientes cinco prisioneros: Mayor de la policía Guillermo Solórzano, Cabo del ejército Salín Sanmiguel, Infante de marina Henry López Martínez, y a los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuña, estos últimos investigados por las FARC por corrupción . La decisión está tomada y la fecha dependerá de las garantías que otorgue el gobierno para que la senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados.
Nuestra lucha por el canje de prisioneros de guerra se mantiene. No cejaremos en el propósito de buscar la liberación de Simón Trinidad -arquetipo del decoro y la firmeza del revolucionario fariano, y el retorno de los nuestros, desde las cárceles del régimen y del imperio, a los campamentos insurgentes. Para todos ellos nuestro mensaje de aliento y esperanza.
Senadora Piedad Córdoba: compartimos con usted y con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que la guerra no puede ser el futuro de Colombia.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC – EP
Montañas de Colombia, diciembre de 2010
más información en www.piedadcordoba.net