Con un largo documento de análisis [ver aquí], las FARC vuelven a ser Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, y dejan a l@s compañer@s que no comparten su elección el acrónimo Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) con el que se habían transformado en el partido político de la rosa con la estrella […]
Con un largo documento de análisis [ver aquí], las FARC vuelven a ser Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, y dejan a l@s compañer@s que no comparten su elección el acrónimo Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) con el que se habían transformado en el partido político de la rosa con la estrella en el centro, en agosto de 2017. De este modo, se consuma una escisión larga y problemática que, a partir del grupo dirigente, ha mostrado progresivamente diferencias explícitas de mérito y método que no han encontrado composición.
De un lado está el ex subsecretario de las Farc, Iván Márquez, quien ha vuelto a tomar las armas junto con otros dos líderes históricos, Jesús Santrich, recientemente liberado de prisión, y Hernán Darío Velásquez, apodado El Paisa. Del otro se encuentra Rodrigo Londoño, presidente del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que rechazó el regreso a las armas para reiterar que la mayoría de los ex guerrilleros tiene la intención de cumplir los compromisos asumidos con los acuerdos de paz de 2016.
Ambos grupos se refieren al espíritu de los orígenes, representado por la figura del fundador, Manuel Marulanda (Tirofijo), fallecido en 2008. Las FARC de Márquez hablan de una segunda «Marquetalia», una refundación de la guerra de guerrillas en la continuidad de los principios que inspiraron su formación hace más de cincuenta años. Las de Londoño replican que Marulanda nos «enseñó a cumplir nuestra palabra», y que su palabra, hoy, «es paz y reconciliación». La paz del sepulcro, desafortunadamente, que se impuso después de la firma de los acuerdos del 2016, según un guion ya visto en Colombia, y que desde entonces ya ha provocado la muerte de 500 líderes campesinos e indígenas y 150 exguerrilleros.
Este es el primer punto de reflexión, que se refiere al análisis de la correlación de fuerzas y al balance de la viabilidad de la transición política tres años después de los acuerdos de La Habana. ¿Qué posibilidades tienen los pocos parlamentarios de las FARC de tener un impacto en un sistema tóxico y bloqueado, como el colombiano, que permanece desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, que tuvo lugar en abril de 1948? ¿Qué esperanzas quedan en los «acuerdos de paz» reducidos a una mera enunciación en un contexto internacional en el que el Estado colombiano mantiene en América Latina el mismo papel de gendarme que Israel tiene para el Medio Oriente?
¿Qué posibilidad tiene la «fuerza revolucionaria alternativa» para abrir un debate en la izquierda y en la sociedad colombiana, sobre la necesidad de un cambio estructural si la transición política no ha conducido a un balance real, a una discusión sobre el mérito, fuera de la retórica de «paz y conciliación» que ha garantizado sobre todo los intereses de las cúpulas militares? Las zonas desmilitarizadas en las que debería haberse organizado esto encuentro han visto más boicots que respaldos.
Los espacios de viabilidad política en seguridad para una verdadera «fuerza revolucionaria alternativa» se han reducido progresivamente a cero. La amenaza de extradición contra Santrich probablemente ha acelerado la decisión. Las condiciones insoportables de los presos políticos y las de Simón Trinidad, rehén de USA, ciertamente han pesado mucho.
La cuestión de la entrega de armas, que segun el grupo de Iván Márquez debería haber sido gradual, fue además, un elemento de división con la otra parte de la organización. En una guerra no convencional, tratar con armas o sin ellas no es poca cosa, como lo señaló la otra organización histórica de la guerrilla colombiana, el ELN, que participó también en negociaciones, pero permaneciendo operativa.
Lo hemos visto, en otro contexto, también en Italia, donde la guerrilla derrotada y desarmada no pudo pesar en la batalla por una solución política revolucionaria al conflicto de clases de la década de 1970, que nunca despegó. Y entonces el elemento simbólico de la continuidad, que se debe asumir antes de que todo se disperse en una competencia en la que el enemigo dicta los tiempos y las modalidades, tiene su importancia.
Quienes confunden los principios con el dogmatismo y la demagogia, ignorando el terreno de la táctica, ignorando la combinación necesaria de formas de lucha según el contexto histórico, seguramente pierde el hilo conductor de la historia. Por esta razón, la decisión de entablar las negociaciones con el gobierno colombiano en 2012, como en otros tiempos en el pasado, y de contar con el apoyo de un contexto latinoamericano que estaba en pleno apogeo, tuvo su relevancia. En lugar que recurrir al ostracismo, necesitamos como siempre, reflexión y balance.
«Hemos ganado la más bella de todas las batallas. La guerra con las armas terminó, ahora comienza el debate de ideas», comentó el entonces negociador de las FARC, Iván Márquez, después del anuncio del acuerdo alcanzado en La Habana en agosto de 2016. Y en el nivel de confrontación de líneas y de batalla de ideas, ciertamente deben enmarcarse las opciones de los dos campos revolucionarios, que se medirán en la realidad colombiana.
Ya durante la discusión de las negociaciones, se hizo evidente la diferencia entre quienes definían la fase que seguiría como «post-conflicto» y quienes hablaban de «post-acuerdo», conscientes de que el juego para un cambio estructural en la sociedad colombiana se trasladaría al terreno político, pero abriendo una nueva fase de confrontación con los poderes de siempre.
Y ya en septiembre, durante la ceremonia pública para la firma de los acuerdos, en Cartagena, el rugido de los aviones militares que se alzaron en vuelo cuando las FARC dieron su discurso, insinuó que el juego sería cuesta arriba. Y, en diciembre, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos solicitó la adhesión de su país a la OTAN. En ese momento muchos recordaron el aumento de las ejecuciones extrajudiciales cuando era ministro de Defensa de Álvaro Uribe y el asesinato del comandante de las Farc-Ep Raúl Reyes, el 2 de marzo de 2008, durante el bombardeo de un campamento guerrillero en Ecuador, en la frontera con Colombia. La idea de «paz» de Santos surgió también de la investigación llevada a cabo por el gobierno bolivariano (de Venezuela) sobre su papel en la cobertura de los atentados con drones explosivos poco antes de dejar la presidencia a Duque, en agosto de 2018.
Lo del llamado «postconflicto» parecía tomar la forma de un negocio lucrativo, que también involucraría a los países de Europa, en la mezcla habitual de multinacionales, compañías de seguridad privadas, ejércitos «humanitarios» y grandes ONG encargadas del control social.
Una lógica que también fue evidente en una mega conferencia que tuvo lugar en Roma en diciembre de 2016, a la que asistieron representantes gubernamentales y fiscales de toda América Central, y en la que intervino el entonces presidente Santos, recién premiado con el Nobel.
La conferencia se tituló «Legalidad y seguridad en América Latina: estrategias, experiencias compartidas, perspectivas de colaboración». En ese momento, solo representantes de El Salvador y Nicaragua hablaron durante unos minutos, frente a las cúpulas de todas las fuerzas policiales italianas, sobre las causas que producen la delincuencia y el «terrorismo». El acuerdo firmado entre Colombia y la OTAN, incubado en los años en que Santos fue ministro de Defensa de Uribe, establece un entendimiento común contra el «crimen organizado y el terrorismo», basado en el «intercambio de información durante las misiones humanitarias, las misiones relacionadas con los derechos humanos, la justicia militar, así como ayuda en la lucha contra los delitos relacionados con las drogas y algunos cambios en el sector de la defensa».
Es la filosofía que guía las «intervenciones humanitarias», con las que enmascara la injerencia imperialista en las guerras de un nuevo tipo. Un disfraz fácilmente adaptable al rumbo impuesto por la llegada de Trump, que está pisoteando las instituciones internacionales, reemplazándolas por otras artificiales, en abierto contraste con la misma legalidad burguesa.
Esto se vio claramente con la agresión contra la Venezuela bolivariana, que fue golpeada por verdaderas operaciones de piratería internacional llevadas a cabo con la complicidad de los gobiernos capitalistas vasallos de los USA. Las dificultades en que se encuentra el campo progresista en América Latina, el ataque contra los organismos de la cooperación sur-sur, debido al retorno a la derecha de los dos grandes países, Argentina y Brasil, con la deserción de Ecuador tras la traición de Lenin Moreno, y con la expulsión de Venezuela de Unasur y Mercosur, ha reducido en gran medida la incidencia de quienes, a partir de Chávez, habían trabajado por un paso político en Colombia, pero que mantendría la puerta abierta a un cambio estructural. Por otro lado, tanto la perspectiva de una reforma agraria como la de una Asamblea nacional constituyente fueron ahogadas progresivamente en sangre.
Juan Manuel Santos ha pedido a la JEP (la Jurisdicción Especial para la Paz, vigente en Colombia desde marzo de 2017, cuando el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, fue aprobado por el Senado) nuevas órdenes de arresto para los tres dirigentes de las FARC, definidos como «desertores». Su llamado a los dos ex presidentes, el uruguayo Pepe Mujica y el español Felipe González, para que evalúen el estado de los acuerdos de paz pero suena grotesco, considerando el papel activo en la injerencia imperialista mantenido por Felipe González en el continente.
Para el partido Farc que ha decidido mantenerse dentro de la legalidad, volver a tomar las armas es una propuesta «delirante» en el contexto internacional actual. Sin embargo, el largo documento de análisis presentado por Iván Márquez, dejó ver que el elemento militar es solo uno de los temas propuestos en el programa de refundación de la guerrilla. Surge una visión amplia, una especie de llamado a la unidad nacional contra las fuerzas reaccionarias, en el que la actividad clandestina se conjuga con una reconstrucción política «desde abajo» en los territorios y en el campo. Clandestinos por el enemigo, pero no por las masas, en suma. Una visión que se acerca a la de la otra guerrilla histórica, el ELN, con el cual las FARC están abriendo un acuerdo.
Luego están las críticas de quienes temen que el regreso a las armas de las Farc acelere la agresión armada contra la Venezuela bolivariana, que siempre ha sido acusada de «financiar el terrorismo». Un argumento que nos parece débil, considerando el papel permanente del gobierno colombiano en la desestabilización del país vecino, llevado a cabo durante todos estos años. La conferencia de prensa del ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, proporcionó más evidencias sobre otros atentados también organizados en agosto a partir del territorio colombiano, y frustrados por la inteligencia bolivariana.
El hecho de que Duque, un títere de Uribe y de USA, haya decidido ospedar la banda de Guaidó y sus compinches en Bogotá para inventar a un «gobierno de transición» 2.0, es otro sabotaje explícito de la propuesta de diálogo lanzada por enésima vez por Maduro a una oposición golpista que en cualquier país del mundo ya estaría en la cárcel.
Precisamente, la creciente agresión contra Venezuela muestra lo difícil que es mantener la paz combinándola con la justicia social si estás en el gobierno de un país. ¿De qué tipo de paz podemos hablar en Colombia, donde las instituciones se utilizan para perpetuar la opresión de clase, bloqueando cualquier espacio de actuación política segura por parte de una oposición digna de ese nombre?
Iván Márquez motivó la elección de retomar las armas apelando al «derecho universal que garantiza a todos los pueblos del mundo a levantarse en armas contra la opresión», y como una forma de defensa de las comunidades rurales y urbanas, a merced del paramilitarismo después la desmovilización de la guerrilla. Enumeró, en una visión marxista, las tantas traiciones perpetradas a lo largo de la historia por los gobiernos colombianos contra el proyecto de construcción de la Patria Grande promovido por Bolívar. Al mismo tiempo, agradeció a todos los actores políticos que contribuyeron al proceso de paz que la oligarquía colombiana se dedicó a demoler, y dejó la puerta abierta al diálogo, incluso con esa parte de la organización que decidió quedarse en el terreno legal.
Devolviendo al remitente las acusaciones de Duque y socios, el gobierno bolivariano también ha reiterado su deseo de favorecer un nuevo camino de diálogo, que, sin embargo, no será para mañana y cuyo resultado dependerá de la acumulación de fuerzas de quienes luchan para lograr un verdadero cambio de rumbo en Colombia.
Fuente: l’Antidiplomatico