Al decir memoria, Marquetalia o resistencia, nuestros primeros pensamientos en este 50 aniversario de las FARC se dirigen hacia nuestros fundadores, los comandantes Manuel y Jacobo, a nuestros compañeros caídos y lisiados, a nuestros prisioneros y desaparecidos, y a quienes lo han entregado todo por la Nueva Colombia Medio siglo de resistencia de las FARC-EP […]
Al decir memoria, Marquetalia o resistencia, nuestros primeros pensamientos en este 50 aniversario de las FARC se dirigen hacia nuestros fundadores, los comandantes Manuel y Jacobo, a nuestros compañeros caídos y lisiados, a nuestros prisioneros y desaparecidos, y a quienes lo han entregado todo por la Nueva Colombia
Medio siglo de resistencia de las FARC-EP hace parte de la continuidad histórica de heroicas luchas sociales y populares por la verdadera independencia, la soberanía, la democracia real, el bienestar y el buen vivir de nuestro pueblo, que vienen desde la resistencia indígena y negra, desde las mestizas luchas comuneras y la gesta por la primera independencia liderada por Bolívar, y que se han prolongado por todos los tiempos en las movilizaciones campesinas, obreras y populares contra la oligarquía. Nuestra resistencia armada, es la expresión de inconformidad, rebeldía y cambio de los herederos de Jorge Eliécer Gaitán, de los desterrados por la violencia de los años cuarenta, cincuenta y de cada década siguiente en que los de abajo tuvieron que levantarse, con armas o sin ellas, ya durante las memorables jornadas de los años setenta y ochenta, en la luchas populares contra el neoliberalismo de los años noventa, o en las movilizaciones y luchas campesinas, indígenas y afrodescendientes y raizales que en defensa de la tierra y el territorio se han protagonizado en los últimos lustros; nuestra resistencia es expresión del sentimiento solidario con las luchas de las mujeres y de los jóvenes, del movimiento LGTBI por sus derechos, con las luchas de los trabajadores urbanos por la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, la seguridad social y la cultura, y con las batallas de los intelectuales, artistas y demás sectores de las clases subalternas.
Con la herencia de heroínas y héroes populares de la talla de la Gaitana india, de María Cano la obrera, de Jacobo Prías Alape (Charro Negro), Manuel Marulanda Vélez, y Jacobo Arenas, entre millares y millares de otros hijos de la Colombia humilde que han ofrendado su vida a lo largo de nuestra causa insurgente y popular, la marcha por la definitiva independencia persiste como alzamiento armado, porque pertinaces han continuado las condiciones sistémicas de dominación y explotación capitalistas, la dependencia creciente frente al imperialismo y su permanente injerencia en el devenir de la Nación, la no resolución de la cuestión rural y agraria que hoy ha adquirido nuevas dimensiones y contenidos, el cierre del sistema político y de representación que ha desarrollo un régimen antidemocrático, autoritario y de exclusión permanente, la entrega de nuestra riqueza y de nuestros recursos naturales a poderosas corporaciones transnacionales.
Las clases dominantes que han detentado y usufructuado el poder desde 1830 han impuesto una guerra para su propio beneficio, al tiempo que produjeron uno de los países más desiguales del mundo, en el que campea la injusticia y la corrupción. Hemos enfrentado esta guerra contra nuestro pueblo, en medio de condiciones asimétricas y de uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado; hemos combatido un enemigo que ha tenido a su disposición todos los recursos económicos y tecnológicos posibles, que ha contado con el permanente apoyo extranjero de los Estados Unidos, la CIA, y agencias israelíes y británicas; un enemigo, que ha recurrido al terrorismo de Estado creando y promoviendo fuerzas narco-paramilitares en su deseo desesperado por derrotarnos. No obstante, tras cinco décadas de lucha revolucionaria, ese propósito, muchas veces anunciado, no se ha cumplido. Y no podía ser de otra manera, porque además de que las causas que originaron la confrontación aún persisten, así sea con nuevas configuraciones, hemos contado con el irrestricto apoyo de las gentes humildes en campos y ciudades, y logrado construir poder popular a lo largo y ancho del territorio nacional. La subversión contra el Estado, el derecho a subvertir y ser rebeldes contra el orden capitalista mantienen toda su vigencia, mientras la voz herida e indignada de los de abajo, mientras la ronca voz de las gentes del común, siga gritando que cesen ya las injusticias y que las puertas de la democracia plena sean abiertas de par en par.
Con estos pensamientos y con la frente en alto asumimos el presente en cada rincón de Colombia donde, llenos de razones justas, combaten sin pausa nuestros guerrilleros, abriendo con sacrificios caminos hacia los propósitos de cambio, y lo estamos también en el escenario de diálogo al que con optimismo asistimos buscando una solución política al conflicto, que se traduzca en la firma de un tratado de paz con justicia social. Pero la negativa de las clases dominantes a acordar reformas estructurales básicas para la real democratización económica, política, social y cultural de nuestro país, así como la reiterada pretensión de algunos de sus sectores por infringirnos una derrota militar, han sido el obstáculo para encontrar la reconciliación, prolongando de manera innecesaria el dolor en nuestro pueblo, causando centenares de miles de muertos, y millones de víctimas.
En medio de esta realidad debemos reiterar, que si bien nuestros corazones palpitan por la paz y nuestros brazos están abiertos a la concordia, no hemos llegado a La Habana a firmar nuestra capitulación y a someternos a los poderes del Estado que hemos combatido por décadas. Está acordada con el Gobierno de Santos una Agenda mínima que apenas se aproxima a nuestras irrenunciables aspiraciones históricas, de producir y tomar el poder para transitar la senda del socialismo y contribuir a construir la Patria Grande y Soberana con la que soñara nuestro Padre Libertador.
Las reformas mínimas que hemos planteado recogiendo el sentir de las mayorías, no son más que las condiciones elementales que requiere una transición política para posibilitar el avance hacia la real democratización del país. Se trata de tareas históricas pendientes que demuestran, además, la incapacidad de las clases dominantes para resolver la cuestión rural y agraria, superar los límites excluyentes del sistema político y de representación, abordar estructuralmente el problema de las drogas ilícitas, esclarecerle a la sociedad colombiana y a las víctimas del conflicto la verdad acerca del origen y la historia de esta larga contienda, y que son el puente que podría propiciar el tránsito definitivo de la insurgencia al escenario de la política abierta, sin guerra sucia y con democracia real, propósitos en que las FARC-EP y sus estructuras de todo orden, están comprometidas a concretar como corolario de la ejecución de los acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad.
En esta perspectiva, reafirmamos que nos comprendemos como parte del movimiento general que en todo el territorio nacional enfrenta en la actualidad al régimen de dominación y explotación en su formato neoliberal y a la organización mafiosa, corrupta y criminal que se le ha impuesto a la sociedad en su conjunto para sostener y beneficiar a unos pocos grupos financieros y corporaciones transnacionales, a grandes industriales y latifundistas, y a una oligarquía que -buscando sus únicos y propios intereses- tiene sumido al país en una profunda crisis sistémica e institucional.
Con la invaluable riqueza humana y posibilidades materiales que posee esta esquina martirizada de nuestra América, bien pudiera la inteligencia, la fuerza y el arrojo de la inmensa masa explotada y ofendida forjar mancomunadamente un poderoso bloque popular, que de nacimiento a un nuevo gobierno que nos represente a todos, como la verdadera familia colombiana que somos, para beneficio pleno de la nación, como del concierto de los pueblos del hemisferio con los que juntos debemos hacer la ruta de la emancipación continental, en busca del preciado sueño bolivariano de hacer del continente una Gran Nación de Repúblicas hermanas.
Desde nuestra Octava Conferencia, especialmente, más tarde en nuestro pronunciamiento de Oslo y ahora desde La Habana, hemos propuesto la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ella condensa una aspiración histórica que debe ser comprendida en toda su dimensión. En las condiciones actuales, hace parte del complejo asunto de la refrendación de un Acuerdo final y de la superación de las diferencias con el Gobierno nacional que no se logren zanjar en la Mesa de diálogos, y que por tratarse de asuntos fundamentales para la vida nacional por el momento están consignadas como salvedades.
Entendemos que un proceso constituyente implica, además, abrirse al diálogo para encontrar la verdad, buscar la justicia social y alcanzar la paz tras décadas de confrontación fratricida, impulsando sin pausa y con vigor la marcha, asumiendo que ya es un hecho el proceso constituyente, porque nadie tiene la potestad de frenar el protagonismo del soberano, cuando ha decidido actuar para hacer los urgentes cambios estructurales que requiere el desvencijado sistema judicial, el privatizado sistema de salud, los órganos de control, el congreso nacional, el sistema político en general, o para superar la crisis de las regiones, resolver losproblemas de la tierra y el territorio, de los recursos naturales no renovables y el medio ambiente, etc.
El asunto mismo de la soberanía requiere decisiones urgentes del constituyente primario, en un país intervenido como el nuestro donde tenemos que soportar con indignación y dolor la presencia descarada y arrogante de siete bases militares extranjeras que, con el beneplácito de los gobernantes, como dagas hurgan en lo más profundo de nuestro amor de patria.
Las necesidades de transformación social son tales que la marcha constituyente está creciendo como raudal de invierno en la conciencia ciudadana, en la rebeldía juvenil, en la voz de las mujeres que reclaman cambios, en las múltiples organizaciones sociales y políticas del campo popular. Y en ella todos debemos jugar protagonismo decisivo en aras de aportar al proceso de construcción de un nuevo contrato social que le de bases sólidas a la paz.
Como parte de esta dinámica, en este aniversario de medio siglo queremos someter los lineamientos generales de nuestra Plataforma (Bolivariana po la Nueva Colombia) y que trazan la perspectiva para un gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, a la más amplia discusión pública, con lo que aspiramos a contribuir con la cualificación y la resignificación de la política y del debate político, a alentar las discusiones y los contenidos del proceso constituyente que requiere nuestro país, en un contexto en el que los asuntos esenciales del devenir de la Nación y del pueblo están ausentes, o no merecen la atención debida, como ha quedado demostrado en la primera vuelta de la contienda por la elección presidencial que acaba de concluir.
Los Lineamientos contienen nuestras propuestas para la democratización real y la participación en la vida social; la reestructuración y reforma del Estado; la justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto; la desmilitarización de la vida social; el desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narco paramilitares; la desprivatización y la desmercantilización de las relaciones económico-sociales; la reapropiación social de los bienes comunes y de los recursos naturales; la reorganización socio ambiental de los territorios urbanos y rurales; el nuevo modelo económico y los instrumentos estatales de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir; y el restablecimiento de la soberanía y la integración en Nuestra América.
Reiteramos, que esta propuesta para el debate público nacional no agota nuestras aspiraciones estratégicas, sino que contiene apenas nuestra visión acerca de la necesaria reorganización del poder social en la historia presente y en momentos en que la construcción de la paz estable y duradera con justicia social demanda un conjunto de cambios políticos, económicos, sociales y culturales, cuyos fundamentos y necesarios desarrollos legales deben ser traducidos normativamente e incluir la garantía y materialización de la regulación del conflicto social a través de los medios que brinda la política, considerando que éste no terminará, sino que tendrá nuevas expresiones e intensidades como resultado de la finalización de la confrontación armada y la construcción de una alternativa política que le abra espacio a un nuevo orden constitucional para la transición hacia la democratización real que deberá acompañarse de la conformación de un nuevo Gobierno Patriótico, expresivo de la voluntad popular, y del que aspiramos naturalmente a ser parte.
Para que las próximas generaciones no vivan en la guerra, una Nueva Colombia sí es posible. Todo es posible si estremecemos la esperanza, si desbocamos sin miedo el cataclismo de las muchedumbres multiplicando la voluntad de lucha y la determinación de cambio hasta erigir un nuevo poder que funde la Colombia sin exclusiones capaz de abrazar y perdonar a los que le han causado tanto daño, porque su corazón late con los sentimiento de humanidad que jamás tuvieron los opresores.
Montañas de Colombia, mayo 27 de 2014
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Fuente: http://farc-ep.co/?p=3320